Presupuesto 2019 para el SNASPE disminuye pese al aumento de áreas protegidas
Los aportes del Estado al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) disminuirán en un 13,3% si se compara con 2018. Esta situación es preocupante, según la Fundación Terram, porque las áreas protegidas por el Estado llegaron a 103 durante este año y seguirán aumentando.
Fue una noticia que alegró a muchos. En septiembre de este año se lanzó la Ruta de Parques de la Patagonia, una iniciativa público-privada entre el Estado y la familia Tompkins que destinó hectáreas de la Patagonia para la conservación. Así se sumaron dos nuevas unidades de áreas protegidas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, llegando a 103.
Sin embargo, las áreas aumentan y el presupuesto disminuye. Si se compara lo destinado desde el Estado al SNASPE en 2018 y lo que se proyecta para 2019, hay una disminución del 13,3%.
Según lo que explica Fundación Terram, cabe destacar que desde 2009, existe dentro del presupuesto de CONAF una glosa para el SNASPE compuesta por aportes fiscales e ingresos de operación, estos últimos provenientes de la recaudación por entradas a las áreas protegidas. Los gastos asociados a esos ingresos se dividen en 5 ítems, que divididos en orden de representatividad son los siguientes: gastos en personal, gastos en bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión.
Los gastos más representativos del sistema están asociados al personal, alcanzando un promedio del 70% de los ingresos totales asignados entre el 2009 y 2018. En este último año, un 66% del presupuesto fue destinado al gasto en personal. A pesar de lo anterior, el aporte fiscal no alcanzó a financiar el gasto total de este ítem, cubriendo un promedio anual del 72% durante el mismo periodo (2009-2018) y un 68% en 2018. Lo preocupante es que para el 2019 se proyecta que el aporte fiscal sólo alcance a costear un 60% del gasto en personal.
Además, de las 103 unidades del SNASPE, solo 86 cuentan con planes de manejo y 80 con administración efectiva, dejando una serie de áreas a su merced y reflejando un evidente abandono por parte del Estado. Desde la fundación opinan: “El aporte fiscal al presupuesto del SNASPE debiese cubrir al menos los gastos en el personal. No es posible que los sueldos de los trabajadores del SNASPE no sean financiados desde el Estado y dependan del flujo de visitantes a las áreas protegidas”. Además, la organización ambiental señala que la Ley de Presupuesto 2019 mejoraría mucho en este ámbito si se realiza una actualización de un 3% (ajuste IPC) sobre los ingresos ejecutados a septiembre de 2018, ya que aumentaría el aporte fiscal a M$11.854.598, cifra que alcanzaría, al menos, para cubrir los gastos en personal.
Esta situación se torna aún más preocupante, de acuerdo a Terram, cuando se consideran las propuestas del Ministerio de Bienes Nacionales, cartera que lanzó la agenda “Parques Nacionales para Chile”, planificación que entre sus pilares contiene la “coadministración de servicios en parques nacionales”, es decir, la entrada de privados en las áreas del SNASPE a través de licitaciones entregadas por el Estado. “Antes de comenzar a aplicar un sistema de concesiones sobre áreas protegidas, el Gobierno debería establecer un piso mínimo de financiamiento que garantice el gasto asociado a personal y equipamiento básico”, señala Fundación Terram.
Este año se llegó a 103 áreas protegidas luego de la publicación en el Diario oficial sobre la creación de los parques nacionales Pumalín y Melimoyu, además de la ampliación del Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena. Además, se recategorizó a Cerro Castillo como Parque Nacional. Sin embargo, todavía falta la creación del Parque Nacional Patagonia y la recategorización de la Reserva Nacional Alacalufes a Parque Nacional Kawésqar.
Así, el SNASPE llegaría a 105 áreas protegidas, un número importante si se toma en cuenta, de acuerdo a lo que comentan desde Fundación Terram, que hoy existen 23 áreas sin presencia de guardaparques y 14 de ellas están en la Patagonia chilena. Por lo tanto, según explican, es necesario revisar cuáles áreas que integrarán la red de “Parques de la Patagonia” ya cuentan con una dotación de guardaparques y en cuáles de ellos será necesario invertir en infraestructura y personal, para así establecer un sistema de financiamiento adecuado a las necesidades de este nuevo escenario.
