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Bosques deforestados en Costa Rica vuelven a «cantar» tras décadas de regeneración
Un monitoreo acústico a gran escala realizado por científicos del ETH Zurich registró casi un millón de minutos de sonidos en bosques de Costa Rica, revelando señales concretas de recuperación de biodiversidad en áreas regeneradas. El estudio entrega nueva evidencia sobre el impacto positivo del programa de Pagos por Servicios Ambientales, una política pública que hoy protege cerca de 200 mil hectáreas de bosque al año mediante incentivos a propietarios privados.
Por meses, Giacomo Delgado, investigador de la universidad suiza ETH Zurich, tuvo oídos en los bosques de casi todo el Pacífico Norte de Costa Rica. Una cantidad de audios que nadie más había podido escuchar. En 2022, luego de tres meses de instalar micrófonos en más de cien puntos de la zona, logró congelar una fracción de la historia y obtener “para siempre la prueba viviente de lo que hubo en ese momento en esos bosques”, dice.
Hace solo unas décadas, esos mismos bosques que recorrió no existían. El paisaje estaba cubierto por fincas ganaderas y pastos secos, mientras Costa Rica perdía bosque a un ritmo de 36 000 hectáreas por año. Entre 1960 y 1986, el país perdió casi un millón de hectáreas de bosque, un área equivalente a casi toda la provincia de Guanacaste, en donde además se concentró gran parte de la deforestación. Sin embargo, en los últimos 30 años, bosques jóvenes comenzaron a repoblar la zona y, según las grabaciones que registró Delgado, una estridente diversidad de especies les siguió.
Aunque podría parecer lógico, se trata de la primera vez que en Costa Rica se documenta la regeneración de especies a gran escala con esta técnica.
Delgado recolectó casi un millón de minutos de audio. Si alguien se sentara a escuchar el material completo le tomaría cerca de dos años terminarlo. Las grabaciones son capaces de transportar al oyente: se escuchan moverse los insectos, compiten los diferentes llamados de aves, rugen los truenos y bajan las gotas de lluvia por las hojas.
Para evidenciar cómo aumentó la biodiversidad en sitios de restauración forestal, el científico comparó los sonidos de los bosques maduros (es decir, que llevan en pie cientos de años con poca perturbación), los bosques más jóvenes —conocidos como secundarios— y los pastos y plantaciones agrícolas.

En el análisis, el investigador tomó dos puntos de comparación: por un lado la relativa monotonía sonora de los pastos ganaderos y por el otro el bullicioso caos de los bosques más maduros. Al tener estos dos escenarios, Delgado podría comparar estadísticamente a cuál se parecen más los bosques regenerados.
Al revisar y procesar los datos encontró que los bosques regenerados bajo PSA muestran patrones de sonido similares a los bosques más viejos que a las plantaciones agrícolas, un hallazgo que se publicó recientemente en la revista científica Global Change Biology. La “escala y consistencia” de los hallazgos, indica la publicación científica, es evidencia de que, en áreas de cientos de hectáreas, los bosques regenerados trajeron lentamente la biodiversidad de vuelta, algo que los expertos llaman “restauración ecológica efectiva a gran escala”.
Durante las últimas tres décadas, contrario a la tendencia en el resto de América Latina, Costa Rica logró recuperar cobertura boscosa, aumentando de un 40% en 1996 a cerca de un 60% en 2020, según el más reciente inventario forestal del país. Un inventario independiente publicado en 2025 arrojó resultados similares.
El incremento se ha dado principalmente en bosques secundarios —es decir, en áreas regeneradas como las que observó Delgado— en parte gracias a un programa de incentivos llamado Pagos por Servicios Ambientales (PSA), en el que el gobierno de Costa Rica paga a finqueros privados para conservar el bosque en sus terrenos desde 1997. Los datos muestran que, mientras las áreas protegidas del país albergan los bosques más viejos, las fincas privadas regeneran poco a poco el paisaje.
Si bien hay evidencia de que el PSA ha logrado aumentar la cobertura boscosa del país, estudios independientes como el de Delgado confirman “el gran esfuerzo que está realizando el país para conservar su capital natural”, afirma Cristian Díaz, director de servicios ambientales en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), la entidad pública que administra los pagos de PSA.
Escuchando los sonidos del bosque
Giacomo Delgado decidió enfocar su análisis sonoro en el Pacífico Norte de Costa Rica, una región de bosque seco que, gracias a sus valiosas maderas, concentró gran parte de la deforestación que experimentó el país durante los años 70 y 80. Debido a esto, también se encuentra allí una fracción importante de los bosques secundarios del país: junto con la región Norte concentran el 40 % de estas coberturas. Si la meta de Delgado era escuchar cómo suena la “restauración ecológica”, este era el lugar ideal.

La parte logística fue la más complicada, relata el investigador. Con un número limitado de días en el campo, su misión diaria era salir lo más temprano posible e instalar micrófonos en la mayor cantidad de sitios, casi siempre orientado por guías locales. Una semana después regresaba a recolectar las grabaciones. Su mayor orgullo —bromea— es que nunca perdió un micrófono.
Al final, logró cubrir 119 zonas a lo largo de la Península de Nicoya, en el Pacífico Norte del país, y recolectar un volumen masivo de datos. “Pudimos monitorear un espacio gigante que solo contando pájaros o con otros métodos no se podría hacer”, dice.
“Grabando completamente todo, obviamente llegas a tener un montón de ruido”, explica el científico. Por eso, filtrar sonidos como el viento o la lluvia fue clave para poder analizar los datos de la biodiversidad. También era importante diferenciar los momentos de silencio para identificar los picos de actividad animal. “Logramos identificar una parte de las frecuencias y una parte del tiempo que creemos corresponde a la actividad ecológica de esta comunidad”, dijo.
El análisis de paisajes sonoros no es nuevo y en Costa Rica se ha usado, por ejemplo, para monitorear especies específicas de aves. Pero, en palabras de Delgado, utilizar esta técnica a gran escala aportaría evidencia que no existía antes en la región.
Los datos hablaron de forma abrumadora: los bosques restaurados bajo el PSA suenan más similares a los bosques más viejos que a los pastos y plantaciones. Si bien aún existen incertidumbres sobre qué tan rápido se recuperan las áreas y qué especies proceden a repoblarlas, el investigador asegura que el estudio aporta pruebas de que la fauna puede volver con las soluciones que se están implementando.
Esto es parte de un problema más grande en el campo de la conservación, añadió, en el que muchas veces se realizan intervenciones sin tener datos para justificarlas. Un reciente editorial en la revista Nature también alza esta preocupación, asegurando que la conservación tiene “un problema de evidencia” y que algunas medidas se toman sin apoyo de fuertes datos científicos.
En Costa Rica —señala Díaz, de FONAFIFO— tener esta evidencia también es importante para justificar las inversiones públicas que se están haciendo en la protección de la biodiversidad. “Estos resultados nos motivan y nos confirman que vamos por buen camino para seguir mejorando nuestras estrategias de conservación a partir de proyectos de inversión pública”, insiste.
El reto de pagar por la biodiversidad
Hace más de 20 años, cuando Manuel Guerrero y Pedro Zúñiga comenzaron a trabajar como regentes forestales, una especie de asesores forestales que participaban en el proyecto de PSA, necesitaban incentivar a otros finqueros a sumarse al programa. Convencerlos, recuerdan, era difícil en parte por el desconocimiento, pero también por la desconfianza que le tenían al Gobierno. En contraste, “hoy la demanda es altísima. Solo uno de cada cuatro o cinco finqueros que intentan ingresar al programa lo logra”, dice Zúñiga, quien junto a Guerrero trabaja actualmente con la Fundación para el desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), una organización forestal sin fines de lucro.
Por eso, pese a que el PSA ha tenido éxito, ambos señalan varios retos a futuro y, con ellos, la rentabilidad y permanencia de los bosques en regeneración.
En 1996, la Ley Forestal (que aún sigue en vigencia) prohibió de forma definitiva la tala de bosque, y convirtió esta actividad, por primera vez, en un delito ambiental. Para efectos prácticos, explica Zúñiga, “a mucha gente se le expropió el bosque de sus fincas, por decirlo de alguna forma”, ya que no podían usarlo. El PSA emergió, entonces, como una forma de compensar a esos dueños de fincas.
Conforme se comprobó su éxito, más dueños de finca decidieron destinar sus terrenos para la conservación, por lo que la demanda se volvió inmanejable. Solo en 2024, los datos oficiales de FONAFIFO muestran que de 1700 dueños de tierra que aplicaron al programa, alrededor de 600 fueron rechazados. El Gobierno prioriza tierras bajo ciertos criterios como, por ejemplo, territorios indígenas o cerca de áreas protegidas.
Con esa decisión quedaron afuera más de 30 000 hectáreas de bosque que pudieron estar bajo protección, pues los recursos actuales no alcanzan para cubrir toda la demanda. Si bien esto no necesariamente implica que estos bosques son talados, sí pierden monitoreo estatal y algunos podrían eventualmente ser degradados.

Entre quienes logran entrar al programa, los pagos suelen ser bajos comparados a los costos de mantener el terreno. Para algunos dueños de finca como William Núñez, dueño de una propiedad de 130 hectáreas en la provincia de Guanacaste y quien ha formado parte del programa de PSA por 20 años, los pagos incluso se han reducido. Núñez asegura que en años anteriores recibió cerca de 6000 dólares al año, pero el monto se ha reducido a cerca de 4000. “Esta es una forma de subsistir… no de vivir”, dice el beneficiario del programa.
Su finca incluye una quebrada y un bosque que, en sus palabras, se torna de color esmeralda cuando comienzan las lluvias. Una cámara trampa colocada con asesoría de científicos extranjeros detectó recientemente una especie de felino rondando el área, además de la gran variedad de aves, saínos y venados que habitan el bosque.
El terreno estaba previamente destinado a la ganadería. Al heredarlo de su padre, William decidió dedicarlo a la conservación tras escuchar el programa del Gobierno. Actualmente la protección del bosque es su única actividad económica, pero asegura que los ingresos del Estado ya no son suficientes para mantener a su familia de seis personas.
“Yo ahorita necesito arreglar el camino, pero no tengo el dinero. Nosotros le damos cierto mantenimiento al camino para que el agua fluya. Queremos conservar el bosque, pero le digo que, si me llega un cliente, vendo”, insiste.
El dinero para pagar a los participantes del programa de PSA proviene de impuestos a sectores contaminantes como el gravamen al consumo de gasolina y de un canon al agua, que reconoce el servicio de los bosques para abastecer fuentes hídricas. Por eso, Zúñiga y Guerrero coincidieron en que estudios como el del ETH Zurich permiten demostrar cómo el PSA está cumpliendo su función de conservación efectivamente, lo que ayuda a justificar la inversión pública en el programa.
Guerrero, quien es biólogo de profesión, explica que los bosques secundarios —como los que se encuentran en los terrenos que participan en PSA— permiten que algunas especies aprovechen los claros de luz y transiten por ahí. “Hay especies de aves, ranas, mamíferos o anfibios que tienen un alto grado de especialidad y que necesitan de esos espacios —tal vez no un bosque totalmente maduro— con ciertos recursos para poder transitar”, afirma. «El estudio deja muy en evidencia que esas especies están presentes en áreas de regeneración”, agrega.
Además, según él, el método de analizar el paisaje sonoro podría ser replicado en fincas específicas y ayudar a monitorear la biodiversidad en esos sitios por períodos más largos. Sin embargo su despliegue estará sujeto a los costos. “Yo no veo por qué no se pueda utilizar siempre y cuando no implique una inversión mucho más grande”, dice Guerrero.
Conservación sin hambre
Delgado dice que, para cuando terminó su trabajo de campo, se encontró entendiendo mejor el lenguaje del bosque después de escucharlo por meses. Para él, los resultados del estudio son importantes para darle aún más credibilidad al programa de PSA, que es una forma de convertir la conservación en desarrollo para las comunidades rurales.
Zúñiga y Guerrero coinciden en que el enfoque debe estar siempre en la gente. Para ellos, encontrar nuevas fuentes de ingresos —como la producción de madera sostenible u otros productos forestales— es importante para hacerle frente a la alta demanda por los pagos de PSA. “No puede haber conservación con hambre de la gente que está ahí gestionando sus fincas”, dijo Zúñiga.
Para Delgado, la visión de desarrollo no puede separarse de la conservación, una de las razones de la alta demanda por entrar al programa. “Las personas quieren conservar y restaurar la naturaleza. Pero si no tienen los fondos para vivir ni los métodos económicos para vivir y enviar a la escuela a sus niños, se quedan sin opciones y van a degradar la naturaleza. El enfoque debería ser quitar esas presiones económicas que sufre la gente”, concluyó el investigador.
La finca de Núñez es un ejemplo vivo de los resultados que puede dar el programa, al convertir una finca ganadera en un refugio para la biodiversidad y hogar para decenas de especies. Él asegura que esto no solo sucedió por sí solo, sino porque los dueños tenían la voluntad de conservar el bosque. “Pero esto tiene ciertos gastos. Si queremos naturaleza y somos un país verde, nosotros tenemos que comer. No nos pueden desmotivar”, señaló.
*Las imágenes de este artículo cuentan con autorización para la difusión de la noticia bajo los créditos correspondientes en los canales de Ladera Sur.
Mongabay Latam
Sebastián Rodríguez Mongabay Latam