Caída de presupuesto en programas del MMA: áreas marinas protegidas, humedales, estudios ambientales y el Fondo de Reciclaje están entre los afectados

Reactivación económica y recuperación de empleos. Esos han sido los dos pilares con los que se han referido el presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al hablar de la propuesta presupuestaria para 2021. En ánimos de enfrentar los efectos de la crisis sanitaria, este Proyecto de Ley contempla cerca de 73 mil millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 9,5% respecto al 2020 y que tiene como ejes la “recuperación del trabajo, un mejor gasto público y el impulso social, con el objetivo de crear nuevos y mejores empleos; enfrentar la pandemia, reactivar la economía mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas, la inversión en regiones y vivienda; y proteger los ingresos de las familias”, según se explica en un comunicado del Ministerio de Hacienda.

Pero ¿qué sucede con el medio ambiente? En concreto, según un informe comparado desarrollado por la Dirección de Presupuestos, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) no disminuye, de hecho, aumenta un 0,1%, alcanzando un monto cercano a los $61 mil millones. Pero si se hace un análisis por programa, el panorama cambia, ya que hay programas que han disminuido hasta en un 50%.

En este sentido, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA afirma: “Considerando la crisis climática, ecológica y social en la que estamos, el presupuesto destinado al Ministerio del Medio Ambiente no responde a las necesidades actuales”. Algo que complementa Marcelo Mena, ex ministro del MMA y actual director de Acción Climática Universidad Católica de Valparaíso: “Si bien no es correcto pensar que toda acción climática viene del punto de vista del sector público, sí hay programas importantes que hay que seguir manteniendo, que siempre han estado sub financiados”.

Manejo de Residuos

El programa más afectado por la reducción de presupuestos es el Fondo de Reciclaje. Este es un mecanismo de apoyo a la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, más conocida como Ley REP. Según se especifica en el Artículo n°31 de esta ley, este fondo está “destinado a financiar proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas”, y que está financiado, en gran parte, por los recursos de la Ley de Presupuestos.

Sin embargo, en 2021, el presupuesto destinado a este fondo disminuye en un 53,3%, destinando cerca de $224 millones, una gran diferencia al año anterior en el que se destinaron cerca de $480 millones. ¿Qué financia? Iniciativas como los 21 proyectos de los fondos “Exequiel Estay” y “Orgánicos”.

En contraparte, una cifra que también llama la atención es que por primera vez el Ministerio del Medio Ambiente destinará $4.388 millones al Programa de Nacional de Residuos Sólidos, el que depende administrativamente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), del Ministerio del Interior, por lo que ese dinero será transferido a dicha entidad. Esta cifra corresponde a un 7,2% de todo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, y estará destinada a un programa que, según se define en la web de la Subdere, busca “mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental de los centros urbanos y rurales del país, a través de la implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo eficiente de residuos sólidos domiciliarios”. Algo que apuntaría a un enfoque manejo de economía circular de los residuos.

Descontaminación ambiental

Una de las áreas que sí aumentó en presupuesto, son los Planes de Descontaminación Ambiental. Si en 2020 se destinó a este programa cerca de $1.300 millones, hoy esa cifra asciende a cerca de $1.745 millones, lo que en porcentajes significa un 31,8%. Eso sí, de acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuestos del Ministerio del Medio Ambiente, estos $421 millones son para dar cumplimiento a la obligación de implementar una nueva Red de Monitoreo Ambiental para la zona de Puchuncaví, Quintero y Concón, que tiene un plazo de 5 años y un costo estimado de $5 mil millones.

En esta línea, se mantiene el presupuesto de los Programas de Recuperación Ambiental y Social, que desarrolla en comunas como Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel, y que busca intervenir en comunas con conflictos ambientales históricos, a través de, como se explica en el Proyecto de Ley, “un modelo participativo, para mejorar la calidad de vida de quienes habiten en esos sectores”.

Por otro lado, algo que llama la atención es que el programa de Calefacción Sustentable disminuyó su presupuesto en un 25%, pasando de $6.683 millones a $5.015 millones. Este plan tiene como objetivo disminuir los contaminantes producidos por la combustión a leña para la calefacción en ciudades del centro y sur de Chile, entre la Región de O´Higgins y la de Aysén. Estas ciudades se encuentran bajo las metas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) y dentro de sus labores está retirar los artefactos que funcionen a leña por nuevos sistemas de calefacción, menos contaminantes y más eficientes.

En términos de avance de este programa, según la Evaluación Programa de Recambio de Calefactores a Leña del Ministerio del Medio Ambiente, encargada por la DIPRES, existen grandes avances como en Coyhaique, Talca y Maule, y menores en Chillán y Valdivia. Estas diferencias se pueden explicar por “la baja asignación de recursos y la obtención de fondos complementarios”, sumado a la diferencia de zonas geográficas y años de vigencia del PDA, entre otras cosas.

En el mismo documento se explica que manteniendo un presupuesto anual promedio de $5.407 millones en dos años, y siguiendo las mismos lineamientos en la estrategia, recién en 27 años podrían cumplir la meta de calefactores: “Por lo tanto, de no mediar mejoras de eficiencia en la ejecución del programa tales como la reducción del precio de adquisición, sólo queda como alternativas el aumento del financiamiento anual de este Programa para poder cumplir con el plazo de tiempo estimulado en cada uno de los PDA”.

“El programa de recambio de calefactores baja cuando debería multiplicarse por cinco. Es un programa que ha dado inversión, generado empleo, y que va hacia lugares que deprimidos económicamente. Reviste el tipo de programa que uno podría pensar que puede avanzar hacia la reactivación económica”, explica Mena.

Por otro lado, el Modelo Pronóstico de la Calidad del Aire, que se enmarca en un convenido del Ministerio del Medio Ambiente y la Dirección Aeronáutica Civil, y que pronostica la calidad de aire y ventilación de la Región Metropolitana también redujo su presupuesto en un 2,5%, alcanzando cerca de $90 millones.

Fiscalización y Servicio de Impacto Ambiental

Sobre los programas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los recursos aumentaron en un 8,8%, alcanzando los $2.125 millones. Más en desglose, la administración de procesos de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aumentó en un 8,6%, mientras que la administración del Sistema electrónico del SEIA lo hizo en un 9,1%. En el caso de este último, se especifica en el Proyecto de Ley que se destinan cerca de $464.215 millones para la última etapa de implementación de la participación ciudadana telemática (PAC Telemática), “en el marco de las iniciativas que propenden a reactivar la actividad económica, en este caso, destrabando proyectos sometidos a evaluación ambiental”.

Por otro lado, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recibe una baja de 8,8% en su presupuesto, destinando $1.117 millones a esta área. Los programas de fiscalización que forman parte de este presupuesto recibirán una baja de 5,3%, destinando cerca de $842.000 millones al programa, y el Laboratorio de Alta Complejidad, que está en su tercera etapa de implementación, tiene una baja de 18,1% en su presupuesto, lo que corresponde a cerca de $276.000 millones. Según el documento del Proyecto de Ley, se permitiría operar adecuadamente.

Con respecto a esto, a Costa le preocupan las cifras y cuestiona que sea suficiente: “Además del presupuesto de la subsecretaría, me preocupan mucho los presupuestos del SEA y la SMA, y especialmente esta última, puesto que no tiene recursos para cubrir las necesidades mínimas del área, desde hace tiempo”.

Áreas protegidas marinas, estudios ambientales y ciudadanía

Quizás una de las cosas que más llama la atención es la disminución de presupuesto para áreas marinas protegidas y humedales en un 33,4%, llegando a los $133 millones. En 2020 esta cifra llegó a $199 millones  Algo que se cuestiona, sobre todo, con una Ley de Humedales Urbanos recién aprobada, un Plan Nacional de Protección de Humedales en marcha y diez parques marinos que todavía no cuentan un Plan General de Administración (PGA), documento que define su manejo, fiscalización y conservación, según consigna CIPER, explicando que ocho de ellos están en preparación y dos en consulta ciudadana.

Algo relevante, además porque Chile tiene cinco reservas marinas y 13 Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, que corresponden a cerca de 150 millones de hectáreas.

“Efectivamente hay una baja en el presupuesto, pero eso demuestra que el MMA no gastó el año pasado todo el dinero que estaba destinado, lo que tiene un efecto directo en la renegociación del presupuesto. Si no te gastas la plata, ¿cómo vas a pedir más dinero? Eso daña la posibilidad de pedir más recursos que sí son necesarios y que enlentecen el proceso de implementación de las áreas marinas protegidas (…) Si Chile se dice ser un líder en estos temas, obviamente tenemos que hacer los planes de manejo e implementarlos. No pueden ser parques de papel”, explica Maximiliano Bello, experto en política pública oceánica y asesor ejecutivo de la ONG Mission Blue.

“La disminución de presupuesto en áreas marinas y humedales es negativa por dos cosas. La más importante es que son ecosistemas que necesitamos cuidar por su relevancia en materia climática. Luego, el gobierno ha hecho énfasis en la protección de estos ecosistemas -como el organizar la “COP de los océanos” o la tramitación de la Ley de Humedales Urbanos-, pero a la hora de ver el presupuesto, ello se contradice. Me pregunto: ¿Cómo se hará efectiva la protección de los ecosistemas sin recursos?”, dice Costa.

Sobre este punto en específico, desde la Fundación Terram dicen : «Si bien la glosa se creó en 2019, los recursos destinados han disminuido progresivamente, a pesar de que al año siguiente se le incorporó el presupuesto para humedales. Esta reducción, queda claro, no es coherente con el discurso público del gobierno a propósito de las NDC y los compromisos asumidos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica».

Por otro lado, un programa que recibió bajas fue el Fondo de Protección Ambiental (FPA), disminuyendo en un 30% pasando de $778 millones en 2020 a $545 millones en 2021. Según se define en el Proyecto de Ley, este es un “fondo concursable para apoyar iniciativas ciudadanas y financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección del medioambiente, desarrollo sustentable, preservación de naturaleza o del patrimonio ambiental”. En ese sentido, se financian iniciativas ciudadanas de establecimientos educacionales o pueblos indígenas, pero también iniciativas en áreas protegidas marinas y humedales urbanos.

Mena explica que esta reducción probablemente reduzca la capacidad de generar nuevos concursos: “Este sistema tiene cientos de postulaciones al año, siempre está sobrecargado y es altamente competitivo”. Agrega que en 2017 este sistema tuvo un financiamiento de más de $1.000 millones y que con los años sigue bajando, “es una herramienta altamente valorizada por la ciudadanía, que permite tomar medidas y que se debilita. Es un problema importante”. Algo que complementa Costa: “el financiamiento estatal de las organizaciones de la sociedad civil es esencial y el hecho de que se esté disminuyendo tan bruscamente, es una pésima señal”.

También, los recursos destinados a la Certificación Ambiental Municipal bajaron en un 36,3%, llegando a los $120.000 millones. Según el Proyecto de Ley, este programa cuenta con 245 municipios los cuales trabajan en 5 niveles de certificación para la gestión ambiental en las comunas.

Los estudios ambientales fueron el segundo programa con mayor disminución de presupuesto, con un 44%. Es decir, que pasó de cerca de $1.015 millones a cerca de $565 millones. Según se detalla en el Proyecto de Ley, esta iniciativa contempla, por ejemplo, los gastos de arrastre de la “Red de Monitoreo Ruido Ambiental”, la “Hoja de Ruta de Economía Circular” o los gastos de monitoreo de las normas secundarias de calidad ambiental de las aguas del Lago Llanquihue.

Con todo esto, ¿es suficiente el presupuesto asignado para medio ambiente? Para Ezio Costa, el presupuesto para Medio Ambiente podría haber crecido más por la importancia de la naturaleza para la vida de las personas, pero que también es necesario tener en cuenta que más carteras también se relacionan con el cuidado de los ecosistemas. Por su lado, Mena cuestiona que sí se debería haber aumentado el presupuesto, puesto que programas todavía se pueden mejorar inyectando recursos para aportar tanto a la reactivación económica como para la generación de empleos.