Una tarea pendiente: la importancia de la educación ambiental en la nueva Constitución para afrontar la crisis climática
Ante el complejo escenario planetario que enfrentamos como humanidad, urge poner en el corazón de la ciudadanía la educación ambiental. Para ello se necesitan una serie de medidas, como capacitar a profesores, reformar el sistema educativo, e impulsar la resiliencia, regeneración y pensamiento crítico con el fin de adaptarnos, mitigar los daños y potenciar un nuevo paradigma de desarrollo. En este sentido, la futura Constitución abre la puerta para consagrarla transversalmente como un deber de la sociedad en Chile. De ese modo, las actuales y futuras generaciones podrían prepararse y responder a uno de los mayores desafíos que encaramos: la crisis climática. Por Juan Manuel Rivera Uribe.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 ºC, desencadenando la intensificación de diversos fenómenos meteorológicos y climáticos, como las olas de calor, sequías o el aumento continuo del nivel del mar.
Por ello, la supervivencia de la naturaleza y de nuestra propia especie está en jaque, aunque todavía existen chances para que la humanidad se adapte con resiliencia a este escenario incierto, vulnerable y complejo, pero, ¿estamos preparados/as para asumir estos desafíos?
Hoy urge cultivar la capacidad crítica, así como la resiliencia, adaptación y regeneración ambiental de los territorios, objetivos donde la educación ambiental cumple un rol primordial. Ésta, ya sea a nivel formal como informal, es la base desde donde la humanidad puede potenciar una transformación social y valórica hacia un nuevo paradigma de desarrollo en tiempos donde la crisis climática apremia.
Si bien existen múltiples factores de los que depende la formación ambiental de la población, la nueva Constitución se transforma en un instrumento que podría ayudar a inspirar futuras normativas que preponderen efectivamente esta temática en la ciudadanía, para así revertir las conductas insostenibles, contribuir al ineludible cambio cultural que debemos asumir y desarrollar nuevas soluciones, ante un nuevo mundo.
Controversia conceptual sobre la educación ambiental
Antes de entrar de lleno al proceso constituyente chileno, vale precisar que la definición de educación ambiental ha sido dinámica. Su expresión fue empleada por primera vez en 1972, durante la “Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente Humano”. Otras de las reuniones angulares fueron Belgrado (1975) y la “Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental” en Tbilisi (1977), donde se plasmó la perspectiva interdisciplinaria y holística del concepto.
Luego en 1987, en el Congreso Internacional de Moscú “se insistió en la necesidad de hacer énfasis en un desarrollo sustentable”, según una publicación de la Universidad Católica del Maule (UCM). Así, este campo de estudio se fue tiñendo con nuevas visiones y ya en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) se comenzó a hablar de educación ambiental para la sustentabilidad, formando los cimientos para que en 2002, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretase el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (desde 2005 a 2014). Estas influencias y modificación de énfasis ha conducido a un debate político e ideológico, pues como lo plantea la investigadora Lucie Sauvé, el problema no es la existencia de un amplio rango de concepciones, “sino el hecho de que muchas de esas concepciones conducen a una práctica reducida de la educación ambiental”. En este sentido, Souvé ha escrito que “el concepto de desarrollo sustentable acentúa la estrecha relación entre la economía y el ambiente (como lo hace la educación ambiental) pero enfatiza el polo desarrollista de la problemática. El ambiente ha llegado a ser una restricción que debe tomarse en cuenta a fin de mantener la trayectoria del desarrollo”.
Asimismo, en un artículo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se señala que “se pasó a una educación para el desarrollo sustentable, alineada con los planes de negocios de corporaciones y países ricos e ideada para mantener la premisa del crecimiento en el centro del modelo de desarrollo, así como la ruta aspiracional de pertenencia a la sociedad de consumo prohijada por los países en desarrollo”.
Guillermo Pérez Abusleme, profesor de Historia y Geografía y parte del directorio del Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, afirma que este debate lleva años en América Latina, sin embargo, no se ha llegado a una postura regional. En tanto, “el Estado (chileno) lisa y llanamente lo único que ha hecho es asumir lo que dice la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) o la ONU sin hacer un filtro”, explica el académico. Enfatiza que es imprescindible dialogar sobre los valores y principios detrás de la educación ambiental en el país, para así comprender las acciones realizadas y mejorar las que vendrán.
¿Educación ambiental en Chile?
En la nación existen dos cuerpos legales que se estructuran como los marcos normativos sobre esta materia. Una de ellas es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300), promulgada en 1994, en la que “se consigna por primera vez a la educación ambiental en un marco regulatorio nacional”, explica un libro que ofrece una mirada desde la institucionalidad chilena. Esta legislación establece a la educación ambiental como un instrumento de gestión ambiental y la define como: “Proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante”.
La segunda normativa es la Ley General de Educación (20.370), la cual establece que el sistema educativo chileno se inspira en principios como el de la sustentabilidad, indicando que “incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad”. Además, desde 2009 existe la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable.
No obstante, bajo la óptica de Pérez, los intentos de educación ambiental en el país son “muy escolarizados e infantilizados”, aludiendo a que no hay un enfoque dirigido a todos los rangos etarios de la población, lo cual repercute en que hoy la sociedad en general no sepa responder a conflictos socioambientales y exista un bajo replanteamiento de prácticas que no son apropiadas en ese sentido.
Otra falencia detectada por el académico es la falta de coherencia con lo que se dice en la bibliografía oficial o lo que se suscribe, apuntando por ejemplo al desarrollo puntual con que se manifiesta la educación ambiental en los establecimientos (contraviniendo el carácter “permanente” explicitado en la Ley 19.300). “Los procesos educativos son de largo aliento si se quiere tener efectos reales en la sociedad” y agrega que “no se van a los temas de fondo en materias ambientales, sociales, políticos, destrucción de la biodiversidad (…) no van más allá de la etapa de concientización o sensibilización”.
Falta de formación docente
De acuerdo a la mencionada Ley General de Educación, la sustentabilidad y la educación ambiental son principios del sistema educativo chileno y objetivos generales de aprendizaje de los niveles parvulario, básica y media. Con esto, ambos fundamentos están presentes en las bases curriculares y programas de estudio.
Pese a ello, “el currículum está ambientalizado, pero los profesores no estamos preparados para relevarlo”, expresa Pérez. Foco de problematización en el que coincide la catedrática y escritora sobre educación ambiental, Dra. María Novo, quien dice que es fundamental que la ética ambiental sea “encarnada” por cada educador/a.
Según una publicación de la Revista Académica de la UCM, de las 19 casas de estudio -pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas- que imparten la carrera de Pedagogía General Básica, 16 plantean asignaturas alusivas a las ciencias naturales o comprensión del medio, “pero ello no implica que dentro del abordaje de la asignatura se consideren temas alusivos a la educación ambiental (EA). Es decir, esas universidades incorporan la EA como tema o abordan algún contenido específico de esta en las cátedras, pero no se asume la EA como asignatura, ni mucho menos es vinculada con otras asignaturas de las mallas curriculares”.
De esta manera, la educación ambiental está invisibilizada y no es un requisito para egresar de pedagogía, lo que repercute en las aulas. “Si no tienes profesores bien preparados en esta materia, que asuman la filosofía, los principios, es muy difícil que pasemos de hacer una actividad puntual”, concluye Pérez.
La educación ambiental en la redacción de la nueva Constitución
Si bien la formación ambiental requiere de reestructuraciones profundas que involucran diferentes aristas, el actual contexto político nacional abre la posibilidad de consagrar esta temática como un deber transversal por parte del Estado. Eso sí, los efectos fructíferos de estas nuevas bases no son inmediatas, pues el aprendizaje ambiental es un proceso de largo aliento, por lo que se necesita un entramado colaborativo de diversos actores sociales e instituciones.
Como coordinadora de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, la convencional constituyente Camila Zárate (Distrito 7) sostiene que discutir este asunto es importante para así generar un nuevo paradigma biocéntrico, tanto a nivel jurídico, como político y social. “Sería también importante determinar no solo la educación ambiental, sino también la educación socioambiental, para entender la correlación con los procesos políticos, sociales, que tienen los problemas ecológicos”, añade.
Por su parte, Dayyana González (Distrito 3), profesora, activista ambiental y convencional que integra la Comisión sobre Derechos Fundamentales (donde se abordará la arista educativa), detalla que aún no hay un proyecto concreto sobre este contenido y que falta profundización al respecto. No obstante, señala que la educación ambiental es un punto central para generar un pensamiento crítico en la ciudadanía y que es considerada como un principio base para el sistema educativo. “Cuando hablemos de educación, no solo vamos a hablar sobre cuál es el derecho, sino cuál es el objetivo (…) y en general la perspectiva ecológica viene a dar respuesta al documento que se va a sacar de aquí”, afirma González.
Pese a lo anterior, el 7 de octubre la Convención Constitucional aprobó el reglamento para comenzar con la elaboración de la nueva Carta Magna, quedando establecidas siete comisiones permanentes y sus respectivas temáticas que a lo menos abordarán. Tanto en la Comisión sobre Derechos Fundamentales, como en la relacionada con el medio ambiente, no se consideró la educación ambiental como tema.
Al respecto, Zárate explica que este hecho no significa que no se vaya a tratar, dado que son a lo menos 15 temas que tiene que ver la comisión, y que existe la posibilidad de incluirla, por ejemplo, a través de la participación ciudadana en las audiencias públicas. Otras maneras, según la convencional, serían “ingresar una iniciativa popular de norma respecto al tema o una iniciativa constituyente. A su vez ahora estamos en una discusión en donde los constituyentes vamos a ingresar nuevos temas y la educación ambiental es muy probable que sea uno de ellos y que además se analice de los primeros por ser más paradigmático”.
Dentro de los casos contemporáneos de países que han relacionado la educación con algún foco medioambiental, al momento de redactar su Carta Magna, está Ecuador, cuya Constitución de 2008 manifiesta en el Art. 27: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia”.
En este sentido, Pérez asevera que para el caso de Chile, es elemental que en el debate constitucional se responda una interrogante básica, como qué tipo de educación ambiental queremos incorporar y fomentar.
Revolucionar el sistema educativo: más allá de una clase
Acotar el contenido de la educación ambiental en una asignatura no sería suficiente, más bien sería necesario transversalizar sus contenidos en los colegios, junto con asegurar su implementación efectiva y eficaz en espacios de educación no formal.
La Dra. Novo ha planteado que el sistema de enseñanza actual está obsoleto, pues “les estamos dando a los estudiantes respuestas para preguntas que no se han hecho nunca”.
La investigadora enfatiza que la labor del educador ambiental, por una parte, es provocar interrogantes para así disparar la imaginación, la creatividad y la posibilidad de encontrar respuestas desde la propia situación, cualidades esenciales en un mundo en que “lo excepcional es lo más frecuente”, comenta. En miras de este propósito, han aparecido distintas metodologías pedagógicas, tal como la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela, en donde por medio del Ciclo de Indagación (construcción de preguntas, acción para contestarlas y reflexión acerca de los resultados), el patio escolar se convierte en un laboratorio vivo donde se puede examinar y discutir los fenómenos del paisaje y sus habitantes.
Por otro lado, la Dra. Novo insta a las y los docentes ambientales a diseñar proyectos para formar a las personas que tomen decisiones que puedan afectar a las colectividades (por ejemplo, las y los políticos/as), ya que “si no tenemos la complicidad de esa gente no vamos a lograr un cambio”.
También la catedrática sugiere que se debe procurar en las salas de clases enseñar el valor de lo pequeño y lo local; comprender y acercarnos a los ritmos de la naturaleza, en contraposición a la rapidez de los sistemas de producción, consumo y contaminación imperantes; además, plantea una pregunta que debiese estar sí o sí en las aulas y trabajos: ¿Cuánto es suficiente?
Según el citado artículo del IISUE, educar para el cambio climático implica prepararnos y aprender a decidir. En el texto se plasma que los objetivos de un nuevo programa pedagógico-ambiental deben ser “enseñar y aprender a transitar hacia la descarbonización y el decrecimiento; aprender a formular planes de contingencia, simulacros de evacuación, alertas tempranas, ejercicios participativos, mapas de riesgo, investigación basada en evidencias; impulsar buenas prácticas de responsabilidad socioambiental y sentido de autoeficacia y de eficacia colectiva; manejar la incertidumbre y aprender a preguntar más que a responder, con formación docente, desarrollo de currículos integrados, materiales didácticos persuasivos y tecnologías ad hoc, entre otros”.
Resiliencia humana y la regeneración ambiental
En miras de la adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático, otros de los constructos que urge valorar en las aulas de clase son la resiliencia humana y la regeneración ambiental.
En un ensayo de la Revista Electrónica Educare, la resiliencia se describe como una capacidad amortiguadora que impulsa a la adaptación fisiológica, cognitiva, emotiva y organizacional a entornos cambiantes o adversos. Los investigadores argumentan que quien educa debe comprender este concepto, porque “su acción debe ser mediadora para coadyuvar a la resiliencia de los núcleos humanos en su proceso de adaptación a nuevas zonas de vida, entendiendo que los incrementos de temperaturas y las variaciones de la precipitación presionarán a los seres humanos a movilizaciones territoriales internas y externas, lucha por los recursos disponibles, cambios en sus sistemas productivos y enormes niveles de estrés fisiológico”.
En tanto, fomentar la regeneración ambiental es perentorio, ya que es la respuesta humana a siglos de destrucción de los ecosistemas, implicando un cambio de paradigma de desarrollo y postura frente a la naturaleza. “Las universidades, y la educación en general, deben generar narrativas innovadoras que apalanquen una nueva sostenibilidad al formar a las nuevas generaciones humanas en competencias cognitivas (reconstrucción ambiental), axiológicas (valores, actitudes y comportamientos hacia la consolidación de sociedades regenerativas), del saber hacer (habilidades para la reconstrucción ambiental) y del convivir (disfrute armónico del medio ambiente)”, concluyen en el ensayo.
La gran tarea
Sin duda, los colosales desafíos ambientales suponen transformaciones de fondo en múltiples aspectos sociales, culturales y éticos, los cuales serán un correlato de los cambios que se implementen en los procesos educativos vigentes. Transformar el sistema educativo para formar a la sociedad a sobrevivir en un planeta más caliente, deteriorado y perturbado en sus procesos de equilibrio natural, debe ser garantizado hoy más que nunca. Propiciar de forma intersectorial una efectiva educación ambiental es una exigencia que no puede ser vista como una tarea tangencial en la sociedad.
“Los educadores ambientales somos gente muy optimista, porque si no lo fuéramos, en realidad nos dedicaríamos a otra cosa, simplemente nos rendiríamos, y yo creo que este no es un tema para rendirse, al contrario, es un tema para pelear, para organizarse (…) Yo les digo a mis estudiantes: las acciones individuales son importantes, pero las acciones colectivas son fundamentales”, sentencia Pérez.
Este trabajo fue producido en el marco del proyecto Cambio Climático y Nueva Constitución de FES Chile, Climate Tracker y ONG FIMA.
