¿Qué son las tierras raras? El proyecto minero aprobado en Penco, Chile, que vuelve a ponerlas en el centro de la discusión en medio de oposición ciudadana

El 8 de junio, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío, dio luz verde por unanimidad al proyecto que busca extraer tierras raras en Penco, minerales estratégicos utilizados en tecnologías clave para la transición energética, como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Se trata de la primera iniciativa de este tipo impulsada en Chile, a cargo de la empresa minera Aclara Resources, que opera en Chile en asociación con el Grupo CAP.

Según la compañía a cargo, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$130 millones y operaría en tres zonas —Victoria Norte, Luna y Maite—, con una producción de 320 toneladas por hora de arcillas húmedas. Sin embargo, su aprobación intensifica un conflicto socioambiental histórico en el que se enfrentan las expectativas de desarrollo económico con las inquietudes de comunidades locales respecto de sus posibles impactos socioambientales.

La base de todo: ¿Qué son las tierras raras?

Bajo el nombre de tierras raras se agrupan 17 elementos químicos: los 15 lantánidos de la tabla periódica más el escandio y el itrio. Pese a su nombre, no son especialmente escasos en la corteza terrestre. Sin embargo, lo que es difícil y les otorga valor estratégico es encontrarlas en cantidades lo suficientemente grandes para que hagan rentable su extracción. 

El neodimio y el praseodimio, por ejemplo, son utilizados en imanes permanentes de alta potencia que impulsan los motores de los vehículos eléctricos. El disprosio y el terbio, por su lado, se añaden a esos imanes para que resistan altas temperaturas sin perder sus propiedades magnéticas, lo que los vuelve especialmente innovadores para la electromovilidad. Además, están presentes en cámaras, teléfonos inteligentes y equipos de salud, baterías recargables e iluminación LED, entre otras cosas.

En esta línea, el Dr. Ricardo Barra, Director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, y académico de la Universidad de Concepción, explica que las tierras raras forman parte de lo que la ciencia denomina minerales tecnológicamente críticos, ya que son insumos indispensables para el desarrollo de tecnologías bajas en carbono necesarias para el combate de la crisis climática. 

Irene del Real, geóloga e investigadora del Departamento de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destaca: «Las tierras raras efectivamente son importantes para la creación de tecnología para la transición energética. Estos superimanes se necesitan en turbinas eólicas y en automóviles eléctricos. Si uno piensa en los buses eléctricos del Transantiago, ahí hay tierras raras».

Pero, ¿qué tipo de tierras raras hay en Penco? De acuerdo con la descripción del proyecto publicada en el sitio web de Aclara Resources, el yacimiento de Penco está compuesto por arcillas superficiales. En otras palabras, según explica del Real, el depósito no corresponde al tipo de minería de roca sólida que suele asociarse a la extracción de otros países como China, que mantiene el liderazgo mundial en extracción de tierras raras.

«Hay una roca bien consolidada bajo el suelo que con el tiempo se va erosionando y meteorizando. Y se hace un suelo. Esa roca que está abajo originalmente estaba enriquecida con ciertos minerales que tienen tierras raras. Al erosionarse, al formarse el suelo, van a formar arcillas van a ser muy ricas en tierras raras. No es el tipo de depósito que nos imaginamos de la minería del norte de Chile, que es una roca sólida”, indica del Real.

Es importante aclarar que no todas las tierras raras son iguales, sino que se dividen en dos grandes grupos: livianas y pesadas. Esa distinción determina su valor en el mercado internacional. En el caso de Penco, según detalla del Real, existen ambas. Por eso es un recurso de especial interés para la industria. 

Un territorio en transición industrial

La historia del proyecto de tierras raras en Penco no se entiende sin el papel del Grupo CAP en la reconfiguración de su presencia industrial en la Región del Biobío, a través de Siderúrgica Huachipato, que en 2024 cerró sus operaciones tras 74 años de funcionamiento. 

El hecho significó la aceleración de un giro que la compañía ya venía preparando: En abril de 2024, meses antes del cierre definitivo, adquirió parte de la empresa Aclara Resources, dueña del proyecto de Penco, como parte de su Estrategia 2030 orientada a minerales críticos para la transición energética. La apuesta, además, quedó respaldada por la política del gobierno anterior, el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, lanzado por el Ministerio de Economía en septiembre de 2024 para mitigar el cierre de Huachipato (información específica de la Tabla A8: Proyectos de inversión privada priorizados del tipo minería e industria).

En ese contexto, el académico Ricardo Barra sostiene que este tipo de iniciativas contaba con respaldo transversal entre distintas administraciones, lo que, a su juicio, evidencia una continuidad sobre la reindustrialización de la zona: “En ambas administraciones este proyecto estaba también considerado dentro del plan de reindustrialización que se establece cuando se cierra Huachipato, y que hoy día ya desapareció porque hay otro plan que se llama Biobío 2050”.

En paralelo, el proyecto de tierras raras al SEIA en junio del mismo año. Desde entonces, se sometió a un proceso de evaluación ambiental extenso y observado desde múltiples frentes. La tramitación obligó a someter la iniciativa a la revisión de diversos organismos públicos con competencia en la materia —entre ellos la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Consejo de Monumentos Nacionales y distintas Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS)—además de cerca de 2.100 observaciones ciudadanas.

Eso conllevó a una modificación del proyecto y que, al cierre de ese proceso, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío emitiera el 29 de mayo de 2026 un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable. Con ese respaldo técnico, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), integrada por secretarios ministeriales de distintas carteras, votó diez días después. 

Un proyecto que genera dudas en la ciudadanía 

Desde el territorio de Penco se ha expresado una constante preocupación por el desarrollo del proyecto desde una perspectiva medioambiental y social. Autoridades locales como el alcalde y el Concejo Municipal han manifestado su rechazo absoluto a la iniciativa y su intención de declarar la zona como un territorio libre de minería, que impulse acciones de educación ambiental, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario. 

Es en este contexto que surgen campañas como “Parque para Penco” o  “Penco-Lirquén Libre de Mineras», compuestas de juntas de vecinos, habitantes e interesados en la defensa del territorio. 

María José —integrante de “Parque para Penco”, quien solicita no dar su apellido para esta nota— comenta que, en conjunto, las campañas componen una gran red que lleva años trabajando en la zona: “No es el primer proyecto que hace que la comunidad se organice. Hay un ala que llama a las marchas, hay otra que conversa con las instituciones, también se organizan actividades; nos complementamos. Yo creo que es una de las grandes fuerzas que tiene Penco”. 

En general, la crítica de organizaciones locales y vecinos a este proyecto en particular, según han manifestado, se centra principalmente en la posible afectación de suelos, vegetación nativa y fuentes de agua, además de la transformación de un territorio que combina uso residencial con ecosistemas de valor ecológico. 

Camila Arriagada, vecina de Penco, exconsejera regional y vocera de la última campaña mencionada fue explícita sobre los motivos del rechazo en declaraciones a Radio Cooperativa: «Las faenas mineras estarán a menos de dos kilómetros de las poblaciones más cercanas, donde hay centros de salud, escuelas o canchas» y fue enfática en que «el daño ambiental a los ecosistemas será irreversible».

Por su lado, María José comenta sobre la aprobación de la iniciativa: “La semana antepasada, las instituciones públicas aprobaron esta instancia no participativa, el derecho a voto tienen solamente los seremis y las instituciones públicas, entonces en realidad la decisión no fue una sorpresa para nadie, no nos esperamos nada diferente. Sin embargo, no deja de ser fuerte, de ser frustrante, de que como comunidad no podamos tomar las decisiones que afectan a nuestro territorio, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Entonces, lo encontramos nefasto”. 

De esta forma, más allá de los impactos ambientales que atribuyen al proyecto, cuestionan un proceso de evaluación en el que consideran que la participación ciudadana tuvo un rol limitado.

Frente a la situación, el Dr. Barra afirma que, junto con los desafíos técnicos y ambientales propios de este tipo de proyectos, también existen dificultades de carácter social. En su análisis, plantea que, si bien la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente en Chile y cuenta con su permiso respectivo, enfrenta un problema distinto: la ausencia de licencia social: “Se va a desarrollar en un territorio en el cual el principal líder del territorio, el alcalde de la comuna y todo su concejo municipal se oponen al proyecto, y la comunidad en general tiene mucha incertidumbre de los impactos negativos que una iniciativa de esta naturaleza pueda tener”

Por otro lado, existe una oposición respaldada en la experiencias previas de minería de metales en otros países, relacionada a sus impactos socioambientales. Por ejemplo, uno de los miedos más extendidos en la ciudadanía y entre los vecinos de Penco es que la minería de tierras raras genere residuos radiactivos. 

El temor no es infundado en términos generales, en la minería de tierras raras sobre roca dura, como la que se practica en China y Estados Unidos, el procesamiento puede generar residuos radiactivos conocidos como TENORM, materiales radiactivos de origen natural tecnológicamente concentrados, según define la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). 

Sin embargo, en este caso en particular, se investigó la potencial emisión de compuestos radiactivos en la evaluación ambiental y la Comisión Chilena de Energía Nuclear concluyó que el proyecto no representaba riesgo de contaminación radioactiva. Sin embargo, el académico Ricardo Barra explica que la percepción de riesgo podría persistir entre la comunidad, por lo que considera necesario implementar un monitoreo ambiental permanente.

La arista medioambiental

El naranjillo (Citronella mucronata) es, probablemente, un ícono en la discusión del proyecto de tierras raras en Penco. Su presencia en la zona del proyecto fue parte de las observaciones Conaf durante el proceso, transformándolo en un eje clave de la viabilidad ambiental del proyecto y un símbolo en la lucha ciudadana que se posiciona en contra de la iniciativa argumentando daños en el ecosistema.

Como esta, hay más especies inmersas en ecosistemas de alto valor de conservación como el queule (Gomortega keule) y el pitao (Pitavia punctata). Ambos están declarados Monumento Natural en Chile desde 1995 y se encuentran en peligro de extinción, con poblaciones reducidas y una distribución acotada a la zona centro-sur.

Además, se encuentran en una zona que presenta riesgos de incendios forestales, como el vivido en enero de 2026. Según un reporte oficial de Naciones Unidas en Chile, el fuego afectó de forma especialmente grave a la ciudad de Penco, donde destruyó un establecimiento educacional y obligó a trasladar a 51 pacientes desde el hospital comunal, además de quemar especies nativas y plantaciones exóticas.

Es en ese contexto de alta presión ambiental y pérdida reciente de cobertura vegetal donde se inserta el proyecto. Desde la empresa afirman “recuperar especies nativas” a través de su programa “Biodiversidad en Acción”, que ha permitido la donación de más de 12.000 árboles nativos a distintas organizaciones, con el objetivo de contribuir a la recuperación de ecosistemas locales. En el caso específico de Penco, la compañía indica que ha impulsado un plan piloto de reforestación de más de 1.800 ejemplares nativos en el sector de Primer Agua, área afectada por incendios forestales en 2024.

Sin embargo, para María José de “Parque para Penco”: “Ellos hacen negocios con la tierra, entonces, de todas maneras, no es suficiente, la cantidad de bosque nativo que ellos van a matar, eso no se puede comparar con un par de árboles, porque no son solo árboles nativos, son especies que son complejas, que forman un entramado completo de vida. Entonces, tú sacas un árbol, no solo estás sacando el árbol, estás sacando los hongos asociados, las bacterias asociadas, los animales asociados”.

Relacionado a la calidad de vida, uno de los puntos sensibles se centra en el método de extracción propuesto por la empresa. A diferencia de la minería clásica de tierras raras, donde suelen utilizarse ácidos fuertes para separar los minerales de la roca, en Penco se contempla el uso de una solución de amonio, considerada menos agresiva.

Para Ricardo Barra, esa diferencia es relevante, porque reduce algunos de los riesgos asociados a los drenajes ácidos que han marcado a otras operaciones de tierras raras en el mundo: “En este caso se va a usar una solución de amonio que es mucho más suave. Entonces eso ya condiciona una serie de efectos negativos, porque gran parte de los impactos que tiene la minería de tierras raras a nivel mundial se relaciona con drenajes ácidos de mina. Ese no es el caso de Penco”.

Pero el especialista advierte que eso no significa ausencia de riesgos. La solución de amonio contiene nitrógeno y debido a los volúmenes que procesaría el proyecto, podría generar preocupación por eventuales filtraciones hacia aguas subterráneas o cursos de agua superficial: “Lo que sabemos desde la ciencia es que cuando hay aportes de nitrógeno y de estos elementos nutrientes, se pueden producir fenómenos de enriquecimiento y eutroficación”, explica, señalando que estos impactos podrían extenderse más allá del área de extracción y generar efectos sobre la biodiversidad y la fauna del sector, “por otro lado está el tema del aire, van a ser camiones que tienen que mover 320 toneladas por hora, que van a tener emisiones y podrían estar impactando en la calidad del aire”.

Desde la empresa Aclara Resources sostienen que el proyecto se enmarca en un modelo de “Cosecha Circular de Minerales”, el cual se caracteriza por recircular el 95% del agua utilizada en el proceso productivo.

Al respecto, el especialista explica que la empresa contempla el uso de agua servida tratada como insumo para el proceso productivo, lo que considera un elemento innovador en términos de eficiencia. Sin embargo, Barra advierte que esta medida no elimina completamente los riesgos asociados. El sistema contempla el almacenamiento de agua en estanques con geomembranas, infraestructura que podría eventualmente presentar fallas. “Hay que tener una serie de precauciones para minimizar los riesgos, no existe el riesgo cero, no existe el impacto cero en este caso. ”, explica.

El doctor plantea que la clave no está en la eliminación total de los impactos, sino en la implementación de sistemas de control y prevención que permitan reducir su probabilidad y magnitud: “Lo que viene ahora es que el proyecto tenga un robusto programa de seguimiento ambiental. De manera que las predicciones que el estudio de impacto ambiental hace en relación a los impactos sobre el agua, sobre el aire, sobre la biodiversidad, puedan ser confirmadas con los datos que se vayan a obtener”.

¿Qué viene ahora?

Tras conocerse la aprobación ambiental, tanto el alcalde como voceros de las campañas manifestaron su preocupación por el hecho, aunque no fue una sorpresa. En ese entonces, la vocera Arriagada señaló ante la Radio Universidad de Chile: “Aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto”

De esta forma, la movilización ciudadana entra en una nueva etapa, donde la articulación entre organizaciones, vecinos y equipos jurídicos será clave en el futuro del proyecto.

María José explica: “Nosotros como corporación tenemos varios frentes, sobre todo nos dedicamos a la educación de divulgación científica y comunitaria, y vamos a seguir en eso. En temas legales lo estamos asesorando con la ONG de Defensa Ambiental. Ellos son los que nos han acompañado a la comunidad desde hace mucho tiempo con otros proyectos también. Y ahora ya le dieron la RCA, la resolución de calificación ambiental”.

“Tenemos 30 días hábiles para hacer las reclamaciones, presentar recurso de reclamación y todo ese proceso lo está llevando lo están llevando ellos, pero asesorando a la comunidad, no solo a nosotros como corporación. Hay varios grupos que también forman este entramado, nosotros somos una parte, un ala. Pero hay muchas organizaciones y vecinos también individuales”, agrega.

De esta manera, las comunidades locales sostienen que la movilización no se ha detenido, sino que ha cobrado mayor fuerza, manteniendo activa la defensa del territorio y la demanda por su protección.

Por su lado, el Dr. Barra apunta que el proyecto, ya teniendo la autorización ambiental “es muy factible que se implemente, se va a judicializar, pero la idea es que justamente estos proyectos tengan un diálogo con las comunidades, y que haya una suerte de acuerdo entre la comunidad y los proponentes de manera de que efectivamente cuando hablemos de desarrollo, nos desarrollemos todos”. 

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