Mapa Constituyente | Defensoría de la naturaleza, el guardián de la justicia ambiental

Mientras el Gobierno anunció el cierre de la fundición Ventanas, ubicada en el centro de la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví, la discusión sobre las formas que actualmente tiene nuestro ordenamiento jurídico tiene para resolver este tipo de conflictos socioambientales muestra sus forados por los cuatro costados.

Frente a un panorama repleto de injusticias y falta de fuerza para enfrentar crisis socioambientales, la convención constitucional aprobó, dentro de las últimas normativas incluidas en el borrador constitucional, la creación, atribuciones y organización de la Defensoría de la naturaleza. El texto plantea que «la Defensoría de la naturaleza será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas».

El borrador constitucional apunta que habrá defensorías regionales cuyas atribuciones incluyen «fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza; formular recomendaciones en las materias de su competencia; tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar en su caso; deducir acciones constitucionales y legales, cuando se vulneren derechos ambientales y de la naturaleza, y las demás que le encomiende la Constitución y la ley». Este organismo autónomo estará a cargo del defensor de naturaleza, autoridad que será designada por la mayoría de las y los integrantes del Parlamento, de acuerdo con una terna presentada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que determine la ley.

Verónica Delgado Schneider, directora del programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC) de la Universidad de Concepción, apunta que esta iniciativa es un gran avance en el acceso a la justicia ambiental, pues su principal misión será promocionar y defender la protección de los  derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución y en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile. “No olvidemos que las comunidades no siempre pueden costear la asesoría jurídica y que, en casos, por ejemplo, en que sólo puede accionar organismos estatales, municipales, los afectados directamente. La defensoría será, en cambio, un organismo autónomo, que podrá actuar donde a veces no hay capacidad o voluntad política de hacerlo. Y además, su ámbito de aplicación es amplio, pues ya no sólo se trata del derecho de las personas a un ambiente sano o aire limpio  (como en Quintero-Puchuncaví) sino además defender los derechos de acceso (a la información, participación etc. propios del Tratado de Escazú) y los recién creados derechos de la naturaleza, que en el fondo implica defender la naturaleza por el valor que tenga en sí misma, por ejemplo, en la Patagonia, donde puede que no haya personas directamente aprovechando sus beneficios. O que no se agote un acuífero, o no se seque un río, o no se drague un humedal, o que no se tale un bosque etc. sin racionalidad, sin una mirada a largo plazo, para mantener aquello que necesitarán también las generaciones futuras”.

Daniel Lillo, abogado y profesor de la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales explica que el gran problema que presenta el sistema actual es que los derechos de la naturaleza y ambientales son derechos colectivos. “Para el ejercicio de estos en tribunales, se exige una afectación privada y eso provoca un desincentivo para acceder a las herramientas de la justicia para solucionar problemas ambientales, porque efectivamente cuando se exige tener una afectación individual, lo que te están diciendo es que la afectación a vivir en un medio ambiente libre de contaminación decae frente a otros derechos privados  como son la vida, la salud, la educación, la propiedad”. Lillo sostiene que, sin esa afectación privada, “te encuentras en una posición bien limitada de poder ejercer esos derechos. La defensoría de la naturaleza pretende solucionar ese problema, con un rol similar al que se le dio a la Defensoría de la Niñez”.

Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable apunta que los deberes de proteger y respetar la naturaleza se fundamentan en el “estatuto constitucional de  inseparabilidad e interdependencia  de las personas y los pueblos con la naturaleza.  Este es el corazón de una Constitución ecológica. La Defensoría de la Naturaleza  es clave, pues es la nueva institucionalidad encargada de  promover y proteger los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas y de los pueblos frente a  actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de entidades privadas. Esta atribución de fiscalizar el cumplimiento de los deberes del Estado es lo que justifica su independencia y autonomía, como así mismo que su máxima autoridad, (defensor o defensora) sea seleccionada por las Cámaras de Diputados y de las  Regiones, en base a una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil, es decir propuesta por aquel sector de la sociedad que hoy ya cumple esa función, pero  sin herramientas institucionales del nivel necesario para enfrentar al Estado o  a los privados”.

Injusticia ambiental

El ejemplo del cierre de la fundición de Ventanas sirve de claro ejemplo respecto al tiempo que puede pasar antes que una problemática ambiental sea resuelta, a lo que se suman las asimetrías de poder entre Estado, los privados y las comunidades. Verónica Delgado asegura que esas diferencias hoy son vergonzosas. “Los privados son asesorados por estudios jurídicos especializados, el Estado también tiene abogados en los servicios públicos que terminan a veces defendiendo proyectos y las comunidades ni siquiera tienen asesoría en las Corporaciones de asistencia judicial, menos aún para costear estudios técnicos y peritajes”, dice.

Para Delgado, la defensoría podrá ayudar pues “tendrá personalidad y patrimonio jurídico propio y además será un organismo independiente, al cual no debería importante si quien está afectando estos derechos es una empresa estatal o un consorcio internacional o una empresa importante en la comuna”. En esa línea, Sara Larraín alerta que nuestro país sufre un grave retraso en la protección y defensa de la naturaleza y el medio ambiente.  “Chile ha sobrexplotado y degradado su patrimonio ambiental y enfrenta serios problemas de contaminación atmosférica y vulnerabilidad hídrica. Constitucionalmente hoy solo existe la garantía constitucional para las personas que tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art 19, Nº 8), pero no existen derechos ni defensa de la naturaleza. Pero en Chile el Estado no  garantiza ese derecho, y ha amparado por décadas actos u omisiones de empresas estatales o privadas que violan ese derecho, obviamente en las llamadas “zonas de sacrificio” donde el estado permite niveles de hospitalizaciones y de mortalidad muy superiores a la media nacional. Pero también en todos aquellos lugares entre Arica y Magallanes donde existen eventos persistentes de contaminación por chancheras, celulosas, pesqueras, salmoneras; o allí donde habiendo agua, las comunidades no tienen acceso al agua para usos domésticos y de subsistencia”. En ese panorama, plantea la directora ejecutiva de Chile Sustentable, los problemas de inequidad en el acceso a la justicia tampoco permiten que la vía judicial sea una alternativa para la mayoría. “Se establece con la Defensoría un acceso expedito de a la justicia, ya que  puede fiscalizar  a las instituciones del Estado en materia de derechos de la naturaleza y derechos ambientales; tramitar y hacer seguimiento de reclamos sobre vulneración de estos derechos y también iniciar acciones constitucionales y legales”.

Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile sostiene que el rol fundamental de la Defensoría  va a ser “poder ejercer esos derechos de la naturaleza en circunstancias en que la naturaleza no puede exigir su respeto o alegar su eventual vulneración por sí misma”. Moraga enfatiza, respecto a nuestra situación medioambiental, que somos un país en desarrollo, que cuenta con una institucionalidad ambiental fuerte que se ha ido perfeccionado a través de los años. “El problema es que hay deficiencias que se traducen por el conflicto socioambiental, que se explica por la tensión entre un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, que nos ha llevado a una situación de presión de estos por la actividad industrial pero también por un contexto climático que va exacerbando esta presión”.

Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, el caso del agua es emblemático, “pues sirve para procesos productivos, pero además esta presionada por la falta de precipitaciones y la crisis climática. En ese contexto, la nueva constitución lo que hace es poner una nueva relación de la sociedad con la naturaleza y reestablecer un mayor equilibrio en el que los seres humanos no solo nos apropiemos, sino que además comprendamos que somos parte de la naturaleza y que nuestra supervivencia también depende de las buenas condiciones de los ecosistemas y el medioambiente en su conjunto”. Moraga apunta a que podemos esperar “un nuevo camino de mayor equilibrio y que no se hace de un día para otro, requiere de una implementación y cambio de culturas que significa que el medio ambiente y las cuestiones climáticas pasan a ser ejes transversales del quehacer cotidiano en todos los actores de la sociedad y órganos del Estado”.

Diego Lillo, abogado de la UDP, enfatiza que “lo que sabemos es que la mayor parte de los conflictos son de gran recurrencia, como los que se producen por falta de participación ciudadana en proyectos locales, que se evalúan por declaraciones de impacto ambiental, han sido fallados una y otra vez por la Corte a favor de las comunidades y aun así el Servicio de Evaluación Ambiental no disciplina su actuar a esa línea que tiene la Corte Suprema en esos conflictos. Cuando es el Estado el que no cumple con un derecho es un gran problema que el sistema permita la reiteración eterna de esos conflictos ambientales. Mientras más tiempo pase, más difícil solucionarlo, como es evidente con las zonas de sacrificio”.

Tiempo de oportunidades 

En un contexto de crisis climática y ambiental, con zonas de sacrificio y más de 70 conflictos socioambientales vigentes en el país, la directora del programa Derecho, Ambiente y cambio Climático (DACC) de la Universidad de Concepción cree que “solo una ciudadanía informante cuidará lo que es valioso; y en la defensa del planeta hay que evitar a toda costa lo que puede ser luego irreparable o muy caro de reparar o restaurar”. Delgado indica que lo más apremiante “es la contaminación en que viven miles de chilenos que están en zonas saturadas de contaminantes y en especial en las mal llamadas zonas de sacrificio donde la concentración altísima de ellos se traduce en intoxicaciones masivas y vivir en un entorno en que todo se contamina pues todo decanta en las aguas y suelos.  Pero también en aquellas zonas devastadas por actividades que terminan con los paisajes naturales, que depredan lo que existe, que construyen donde no hay que construir, que consumen el agua sin dejarla para los ecosistemas o las personas, como en Petorca”.

Diego Lillo coincide que entre las cuestiones más fundamentales y que debería abordar la Defensoría está el lamentable fenómeno de las zonas de sacrificio y de concentración que se producen por la disponibilidad de un bien ambiental que la industria persigue conseguir a bajo costo. “Una central hidroeléctrica o una fundición de cobre, como Ventanas, requiere el servicio ecosistémico de ventilación adecuada. Se va a la costa y como ya hizo un trabajo de ingeniería civil para llegar ahí, produce un incentivo para que las otras industrias, que buscan lo mismo, vayan y se instalen al lado y ahí se producen los cordones industriales como el de Quintero-Puchuncaví. El caso de las salmoneras es similar, buscan las aguas más prístinas y frías y eso primero lo encontraron en la región de Los Lagos y ahora que eso está contaminado por su propia acción, siguen buscando en Aysén y Magallanes”.

Sara Larraín sostiene que la Defensoría de la Naturaleza “ética y políticamente debiera priorizar el poner fin a las zonas de sacrificio; allí donde la salud y la vida de compatriotas está siendo vulnerada por actividades industriales estatales o de privados con fines de lucro. Quintero- Puchuncaví es una de ellas. Simultáneamente priorizar la defensa y protección de los glaciares, los ríos, salares, humedales y demás reservas y fuentes de agua dulce para enfrentar la inseguridad hídrica en que se encuentra la mayoría de las regiones; y al mismo tiempo las acciones necesarias para que el derecho humano al agua sea una realidad (como establece la Nueva Constitución y la reforma al Código de Aguas recién promulgada)”.

Pilar Moraga apunta que el cierre de Ventanas en un símbolo muy importante para establecer que “el desarrollo tiene límites y esos límites, que a mi juicio eran muy laxos al momento que aceptamos que comunidades enteras sufran los niveles de contaminación que sufrido la gente que vive en Quintero-Puchuncaví. Es un punto de quiebre en que el Estado de Chile declare que esto no aceptable y se debe tomar otro camino. Esa reorientación y tránsito hacia un desarrollo bajo en contaminación y respetuoso de la biodiversidad es un camino que se está iniciando, pero requiere tiempo para desarrollarse y establecer nuevas bases y valores. Eso implica que en este tránsito hay situaciones sociales que deben ser atendidas, como la de los trabajadores de empresas contaminantes que tienen que reconvertirse”.