Este 23 de marzo, el gobierno del presidente Gabriel Boric recibe su primer Día Meteorológico Mundial, que año a año conmemora la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) planteando una reflexión sobre la crisis climática global. Lo hace en buen momento, tras la esperada firma del Acuerdo de Escazú y con la intención declarada de abordar la crisis climática con mayor transversalidad en los distintos sectores públicos, como fue anunciado en su discurso inaugural.

El tema planteado por la OMM para este año es “Alerta temprana y Acción temprana”, que aparece como una discusión necesaria, sobre todo ante los alarmantes hallazgos publicados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en su informe más reciente (1)

El énfasis que ese informe pone en la adaptación permite comentar sobre las oportunidades del nuevo gobierno para implementar la acción temprana a través de medidas de adaptación basadas en ecosistemas en un sector de particular importancia: el océano.

El océano es el principal regulador climático del planeta. Se calcula que ha absorbido entre el 20 y 30% de las emisiones antropogénicas de carbono y el 90% del exceso de calor en la atmósfera (2). Esta función crucial está bajo amenaza por el propio cambio climático —debido a la creciente acidificación— y por otros impactos, entre ellos los de la contaminación directa del océano, la industria extractiva de la pesca, la acuicultura y la minería submarina, por mencionar algunas.

Aleta Ballena Azul ©Marcelo Flores – WWF Chile
Aleta Ballena Azul ©Marcelo Flores – WWF Chile

Chile ha sido consciente de la importancia del océano. De hecho, en 2021, llegó a proteger un 88,76% de áreas marinas, sobre los 18 millones de hectáreas totales del sistema nacional de áreas protegidas del Estado. Sin embargo, el escaso financiamiento disponible para esas áreas es una primera alerta roja: el presupuesto para áreas marinas en 2021 fue de $432.200.000, el 2.39% del total del presupuesto para áreas protegidas y equivalente más o menos a $3 pesos por hectárea. 

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En paralelo, el Estado ha impulsado una serie de programas de transferencias públicas para beneficio de la salmonicultura, una de las actividades que más impacto ha causado en el mar en las últimas décadas. Desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), destacan el Consorcio Tecnológico para la Acuicultura Oceánica y el Programa Estratégico Mesoregional Salmón más Sustentable, que han destinado más de $4.500.000.000 para el mejoramiento del rendimiento económico del salmón sin considerar oportunidades de mejora de su desempeño ambiental. 

El caso más alarmante es el de la Ley Navarino, que se planteó fomentar el poblamiento y desarrollo productivo de algunas zonas aisladas de la Región de Magallanes. La única empresa salmonera que opera dentro del área beneficiada es Nova Austral, que ha recibido más de la mitad del total de los subsidios otorgados durante la vigencia de la Ley y que solo durante 2021 recibió $9.356.868.649. 

La gravedad de este caso no termina ahí. Los centros salmoneros que se benefician con este subsidio se ubican en el interior del Parque Nacional Alberto de Agostini y han afectado gravemente sus ecosistemas (3). De hecho, la compañía actualmente enfrenta un juicio penal precisamente por fraude a la normativa ambiental para la obtención de los subsidios de Ley Navarino (4)

Salmoneras – Gentileza Fundación Terram (3)
Salmoneras – Gentileza Fundación Terram (3)

La acción temprana que recomienda el IPCC, en el caso del océano chileno, requiere, como mínimo, partir de un análisis de la efectividad de los mecanismos de protección actualmente vigentes. El gasto exiguo destinado a proteger las áreas marinas no parece ser una inversión pública eficiente, mientras se financia fuertemente la expansión de una industria que tiene el efecto exactamente contrario. En rigor, e incluso considerando las multas cursadas al sector por infracciones ambientales (5), las cifras demuestran que el Estado de Chile ha favorecido más la producción de impactos ambientales en el mar (muchas veces irreparables), que la gestión de las áreas protegidas marinas.

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La tendencia internacional en materia de subsidios es hacia la prohibición de aquellos que tienen un efecto negativo sobre los recursos naturales y su recuperación.

Una política pública interna coherente con dicha tendencia y con la imperiosa necesidad de implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas debiera apuntar hacia la instauración de incentivos que promuevan la conservación y recuperación de los recursos pesqueros y acuícolas, así como al mejoramiento del nivel económico de las comunidades costeras.

 

Referencias Bibliográficas:

(1) Ver: https://wrimexico.org/bloga/6-grandes-hallazgos-del-informe-del-ipcc-de-2022-sobre-impactos-clim%C3%A1ticos-adaptaci%C3%B3n-y

(2) IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O.Pörtner, D.C.Roberts, V.Masson-Delmotte, P.Zhai, M.Tignor,E.Poloczanska, K.Mintenbeck, A.Alegría, M.Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]

(3) Ver: https://portal.sma.gob.cl/index.php/2021/09/09/region-de-magallanes-sma-sanciono-a-nova-austral-s-a-por-mas-de-1-mil-225-millones/

(4) Ver: https://www.cde.cl/cde-se-querella-contra-ejecutivos-de-nova-austral-por-delitos-de-fraude-de-subvenciones-y-en-contra-de-su-persona-juridica-por-responsabilidad-penal-basada-en-dano-al-medio-ambiente/

(5) El total acumulado de multas al sector acuícola desde el año 2012 es de $4.536.484.308 (datos obtenidos de las estadísticas de la Superintendencia de Medio Ambiente, en línea en: https://snifa.sma.gob.cl/Estadisticas/Resultado/4

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