OPINIÓN | ¿Puede el Acuerdo de Escazú garantizar una transición energética justa en América Latina?

América Latina será sede el año que viene de conversaciones clave de la Naciones Unidas sobre el cambio climático y puede presumir de muchos éxitos ambientales, desde la adopción a gran escala de fuentes de energía renovables hasta la creación de vastas zonas marinas protegidas. Pero sigue siendo la región más mortífera del mundo para los defensores del ambiente. En 2022, el 88% de esas muertes se produjeron en la región, debido principalmente a disputas por la tierra y a las industrias extractivas, con la ayuda de instituciones débiles y de la impunidad oficial.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe y el primero del mundo que incluye los derechos de los defensores: «gente corriente», como define Gabriella Bianchini, de la ONG Global Witness, «que intenta proteger pacíficamente sus hogares, sus medios de subsistencia y la salud del planeta en general de los impactos nocivos de industrias como el petróleo, el gas, la minería, la agricultura y la tala».

Del 22 al 24 de abril, los 15 países que hasta ahora han ratificado el tratado se reúnen en Santiago de Chile, en el tercer aniversario de su entrada en vigor, para debatir formas de acelerar su implementación. En Escazú es fundamental el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), que exige a los gobiernos consultar a las comunidades afectadas antes de emprender proyectos que puedan afectar a sus tierras, territorios y recursos.

Esto es especialmente importante en medio de la transición energética que ya está en marcha en América Latina y el Caribe. Según la Agencia Internacional de la Energía, la región puede desempeñar un papel «descomunal» en el abandono mundial de los combustibles fósiles. Esto se debe a que posee un tercio de las reservas mundiales de cobre y litio, fundamentales para la transición energética mundial, y tiene un enorme potencial para el despliegue de energía solar y eólica.

Aunque esto podría apoyar la descarbonización en muchos países de dentro y fuera de la región, ya está creando tensiones en las comunidades y preocupación en las organizaciones sociales y ambientales. La extracción de litio del llamado «triángulo del litio» amenaza el suministro de agua y el sustento de los agricultores. Los proyectos eólicos, solares y de hidrógeno verde, si se llevan a cabo sin la debida atención y consulta, corren el riesgo de crear nuevas «zonas de sacrificio», paisajes peligrosos o incluso inhabitables debido a las exigencias del desarrollo.

Los ejemplos abundan en toda la región. Nuestro trabajo en Dialogue Earth ha mostrado cómo en Colombia los parques eólicos están creando tensiones violentas entre el pueblo indígena wayuu. En Uruguay, los residentes cercanos a un centro de hidrógeno planeado expresan su preocupación por el impacto que podría tener en las aguas subterráneas. En Chile, una enorme línea eléctrica para energías renovables pasaría justo al lado de una comunidad, lo que ya está fomentando la angustia.

En este contexto, el Acuerdo de Escazú surge como una herramienta crucial en América Latina y el Caribe para garantizar que los beneficios de la transición energética se distribuyan equitativamente y que se protejan los derechos de las poblaciones vulnerables. El acuerdo coincide con el concepto de transición energética justa, promovido como herramienta para garantizar que la transición se produzca de forma justa para todos.

Pero aunque Escazú es muy prometedor, su eficacia depende en última instancia de la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y las partes interesadas de toda la región. A pesar de haber sido firmado por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, su ratificación y aplicación han sido lentas y desiguales. Varios países clave, como Perú y Brasil -anfitrión de las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático de 2025-, aún no han ratificado el acuerdo, alegando preocupaciones sobre la soberanía y el desarrollo económico.

La tercera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que se celebra en Santiago, brinda la oportunidad de cambiar el rumbo y acelerar la aplicación del acuerdo. Al promover la democracia ambiental, proteger los derechos de las comunidades indígenas y marginadas y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, Escazú ofrece una hoja de ruta para lograr una transición energética justa en la región.