ENTREVISTA | David Fajardo desde Ecuador: “Ningún defensor de la naturaleza debe pensar que su destino sea la cárcel o la persecución”

“Dependemos del páramo”, asegura David Fajardo mientras a paso firme avanza por el Parque Nacional El Cajas, en el sur de Ecuador. Su mirada se detiene en el horizonte. A lo lejos se ve la laguna de Illincocha y de su boca escapa: “Aquí empieza la vida porque aquí nace el agua y hay que defenderla”. Con 31 años, ha dedicado más de una década de exponer los impactos socioambientales de distintos proyectos extractivos en los Andes y la Amazonía. Pertenece al Cabildo por el Agua de Cuenca y a Yasunidxs. Según Front Line Defenders, Fajardo atraviesa un proceso de hostigamiento judicial y financiero impulsado por el gobierno ecuatoriano.

Para él, incluso en medio de la crisis que atraviesa el país, defender el agua sigue siendo urgente. Se autodefine como una persona de páramo y eso es evidente en la tranquilidad con que habita este ecosistema, que funciona como una esponja natural donde se resguarda y redistribuye el agua.

“Escucha”, susurra, al hacer una pausa y sacar unos binoculares de su maleta. “Ese es el Xenodacnis”, un pájaro azul intenso que solo habita en los bosques de Polylepis. Sonríe, al seguir el recorrido de su vuelo. “Por eso tanto luchamos”.

El diálogo para Mongabay Latam se da en ese pequeño bosque de polylepis, escuchando al azulito altoandino (Xenodacnis parina).

—Usted creció en el páramo y hoy también defiende la Amazonía. ¿Cómo se sostiene esa defensa cuando la relación entre ambos ecosistemas no siempre es visible?

—La naturaleza es, en esencia, un conjunto de relaciones entre los elementos que componen aquello que definimos como lo natural. Necesitamos entender que somos parte de ellas y si las afectamos, se afecta todo el ecosistema. La naturaleza no entiende de límites políticos o administrativos, entiende de interacciones. Ahí se puede ver que existe una interdependencia bellísima entre el bioma amazónico y el bioma andino. Por ejemplo, el agua que nace en los glaciares y páramos andinos, como el río Tomebamba que termina alimentando al Amazonas, es la misma que luego la selva devuelve a las montañas mediante la evapotranspiración de sus ‘ríos voladores’. Por eso, permitir proyectos extractivos es un error histórico.

—El 7 de febrero de 2021, la ciudad de Cuenca realizó una consulta popular donde más del 80 % de la población votó por el “sí” a la prohibición de las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos. ¿Qué se logró?

—La consulta significó un golpe contundente al centralismo y una expresión directa de la voluntad popular. Fue una forma de decir que las decisiones deben tomarse en el territorio, desde la experiencia de quienes lo habitan. Sin embargo, el Gobierno central respondió ignorando esa voluntad. Durante años sostuvo que la consulta no podía aplicarse retroactivamente, a pesar de que la pregunta se refería a la explotación y no a las concesiones.

El resultado es vinculante y de obligatorio cumplimiento, pero mientras no se reviertan las concesiones y se eliminen del catastro minero, no hay certeza de que la minería no avance.

—Por los resultados de esa consulta y otras decisiones judiciales, la minería de oro en los proyectos Loma Larga y Río Blanco debería estar suspendida. ¿Esto se está cumpliendo en el territorio?

—Sí. En Río Blanco la suspensión es indefinida desde 2018 debido a una acción de protección ganada. Después de eso, tanto el Gobierno como la empresa minera presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para intentar revertir la decisión. Sin embargo, en mayo de 2026, la Corte concluyó que ese recurso no puede utilizarse como una tercera instancia para volver a revisar la acción de protección. En la práctica, eso significa que, por sentencia, en Río Blanco no habrá minería. Aun así, la empresa mantiene una demanda arbitral contra el Estado.

En Quimsacocha, el proyecto [Loma Larga] está suspendido principalmente por la presión política ejercida por la ciudad de Cuenca y por el resultado de la consulta popular de 2021, que prohibió la explotación minera en zonas de recarga hídrica del cantón. A pesar de que el Gobierno entregó la licencia de explotación [en julio de 2025], la fuerte movilización de Cuenca ha mantenido el proyecto parado y llevó a la suspensión dictada por parte del Ministerio de Ambiente y Energía en octubre de 2025.

—El Gobierno afirma que, tras la suspensión del proyecto minero en Río Blanco, la zona fue tomada por minería ilegal y se convirtió en un sitio de alta peligrosidad. También hay registros periodísticos que sostienen la presencia de mineros ilegales en la zona, pero usted dice que no es así. ¿En qué basa su afirmación?

—Porque no es cierto. Tras la suspensión del proyecto en 2018, las comunidades de Molleturo y Río Blanco retomaron el control territorial, pero el Gobierno instaló la idea de que ahí era fácil hacer minería ilegal y eso, sumado a su propia incapacidad de controlarla, terminó funcionando como una invitación. Además, cuando la empresa se fue, dejó túneles abiertos y material expuesto, lo que atrajo a extrabajadores y a otras personas a intentar extraerlo. Frente a esto, la comunidad se organizó para impedir la minería ilegal y exigió al Estado el cierre técnico de la mina.

Ante la falta de respuesta, implementaron un control comunitario que se debilitó con la pandemia, cuando muchos jóvenes emigraron de la región. En ese contexto se dieron nuevos intentos de extracción y, lamentablemente, los asesinatos de los defensores del agua Andrés Durazno y Alba Bermeo. La minería ilegal no es viable en la zona. El oro no está en la superficie sino a gran profundidad, entre 100 y 150 metros y se encuentra difuminado en la roca, lo que requiere maquinaria especializada y una operación a gran escala. Por eso, la idea de que Río Blanco está tomado por mineros ilegales, incluso por grupos como “Los Lobos”, ha sido más bien una justificación para reactivar el proyecto y legitimar una posible intervención estatal. Ya con la respuesta de la Corte Constitucional, el Gobierno debería proceder con el cierre técnico del proyecto minero.

—En febrero de 2026 se expidió una ley minera que, según expertos, posiciona la productividad por encima de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo impacta esto en Quimsacocha, donde la posibilidad de hacer minería aún permanece latente?

—Lo realmente preocupante es que la ley unifica las etapas de exploración en una sola. Esto es riesgoso porque, si bien antes la exploración avanzada requería una licencia ambiental, ahora el Ministerio del Ambiente tiene la potestad de determinar qué nivel de autorización ambiental se necesita para esta etapa unificada, con lo que podría reducirlo a un registro o certificado ambiental. Algo similar ocurre con la consulta previa, libre e informada. Aunque no la modifica directamente, sí unifica las etapas de exploración y esto limita la participación social.

Pero el mayor riesgo para Quimsacocha está en la creación de las “zonas de seguridad minera estratégica”, que permiten al Ejecutivo militarizar territorios bajo el argumento de combatir la minería ilegal o el crimen organizado. En ese escenario se podría imponer la explotación minera, obligando a la resistencia social a enfrentarse con las Fuerzas Armadas, lo que significa un escenario de violencia mucho más complejo. Este mismo escenario facilita las condiciones para la criminalización y persecución hacia las y los defensores del agua movilizados para defender Quimsacocha.

—Si hay resistencia social sostenida para que no haya minería, ¿por qué el Estado insiste en proyectos mineros?

—Porque la minería es una política de Estado, no solo del Gobierno, desde hace décadas, al menos desde los años 80. En nuestra historia reciente la minería se presentó como una opción para reducir la dependencia del petróleo y sostener el desarrollo, con la idea de no ser “pobres sentados sobre sacos de oro”. Pero eso implicaba sacrificar territorios, ecosistemas y comunidades.

Con el gobierno de Daniel Noboa vemos una transformación de una élite agroexportadora hacia una élite minero-energética que está incrementando su participación en proyectos mineros. Esto se alinea con la demanda global de minerales críticos y estratégicos, como lo demuestra el acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador.

—Líderes que defienden la naturaleza se encuentran multados y hay decenas de defensores criminalizados, ¿por qué insistir en la defensa de los territorios?

—La respuesta es que no solo se puede, sino que se debe seguir luchando. El Gobierno ha encontrado nuevas formas de persecución económica y judiciales. Lo que busca es instalar el miedo. La historia nos ha mostrado que cuando el miedo se impone, lo que se desactiva es la resistencia. No podemos permitir que eso ocurra. Hay que seguir luchando, pero también hacerlo desde nuevas estrategias, sostenidas en la solidaridad, en lo colectivo y en los cuidados, para que la defensa del territorio no termine convirtiendo a quienes la sostienen en mártires. Ningún defensor de la naturaleza debe pensar que su destino sea la cárcel o la persecución.

—Su situación es considerada un caso de hostigamiento por Front Line Defenders. ¿Qué significa el apoyo internacional? ¿Cree que tendrá impacto en el Gobierno ecuatoriano?

—A nivel personal representa un respaldo enorme. A nivel social es un llamado de atención al Gobierno y a la sociedad en general, ya que en el comunicado se señala que el supuesto Estado democrático se está debilitando y que se intenta silenciar a quienes cuestionan, ya sea mediante mecanismos penales, financieros o electorales. Y este comunicado plantea exigencias claras al Estado para que recupere condiciones democráticas.

También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento a través de Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, donde advierte que existe un patrón sistemático de hostigamiento. Eso es una muestra de que los derechos humanos no están siendo garantizados dentro de Ecuador y de que, más bien, existen condiciones que los están afectando. Así mismo, CIVICUS [una alianza internacional de organizaciones de la sociedad civil y activistas fundada en 1993] ha señalado un deterioro democrático en el país.

En cuanto a si el Gobierno hará caso, es muy complejo, pero estos llamados internacionales se van acumulando y afectan su credibilidad. Un logro importante de la presión internacional es que la Defensoría del Pueblo ya activó el mecanismo de investigación y protección para defensoras y defensores de la naturaleza.

—¿Qué estrategia tienen las organizaciones que defienden los derechos humanos?

—Desde el Cabildo por el Agua intentamos tener vocerías rotativas, pero también hay que tener claridad en que el Gobierno ha fortalecido sus capacidades de inteligencia, levantando perfiles e identificando los roles dentro de las organizaciones, lo que hace muy difícil enfrentarse a esa maquinaria desde espacios sin financiamiento. Por eso es clave construir estrategias colectivas de cuidado y protección, sobre todo porque el Gobierno está encontrando nuevas formas de criminalización que operan en distintos niveles del Estado, desde la UAFE [Unidad de Análisis Financiero y Económico] hasta la administración de Justicia y la Fiscalía, que hoy actúa alineada con el poder y activa mecanismos como los “actos urgentes”, que pueden implicar bloqueo de cuentas o incluso prisión preventiva.

También se expresa en espacios como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, que han sancionado a organizaciones como Yasunidxs, por lo que la respuesta necesariamente tiene que ser colectiva.

—¿Cree que existe un patrón de persecución?

—Sí, inicialmente el gobierno de Noboa persiguió económicamente a ONG que recibían financiamiento del exterior para proyectos de defensa territorial frente al extractivismo, catalogándolos como actividades ilícitas. Esto incluyó el congelamiento de cuentas de dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de organizaciones como Fundación Pachamama. Posteriormente, la persecución se dirigió a vocerías visibles que defendían el agua y los territorios, con el objetivo de amedrentar e inmovilizar. En mi caso, me congelaron las cuentas tras la Marcha por el Agua y nuevamente en marzo de 2026, luego de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley minera.

Esto ocurre porque la defensa de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y los derechos colectivos se han convertido en un obstáculo para el plan de negocios, al que el Gobierno le llama proyecto político, alrededor del extractivismo minero y energético.

—¿Qué significa realmente defender la naturaleza?

—A priori, defender la naturaleza es proteger ecosistemas concretos, pero lo que está en disputa es un modelo de Estado y de sociedad. Queremos un Ecuador postpetrolero, una bioeconomía que se sostenga sobre la vida. Sin embargo, esa discusión no se ha aterrizado del todo en un modelo concreto, aunque ya se habla de opciones como un Estado más cooperativista, comunitario o ecosocialista.

Lo que sí está claro es que implica transformaciones estructurales, desde una redistribución real de la riqueza a nivel fiscal hasta formas de colectivización de los medios de producción. Ahí entra la necesidad de una reforma agraria con enfoque ecológico que recupere la soberanía alimentaria.

—¿Tiene esperanza de que eso progrese?

—La esperanza siempre va a estar en la organización social, eso es indiscutible. Pero también hay que pensarla en dos dimensiones. Por un lado, los espacios organizados, los colectivos. Y por otro, cómo esos colectivos logran llegar a los espacios no organizados, donde hace falta acceso a información, a conocimiento, y salir de ese nivel de abstracción al que muchas veces nos llevan las formas de comunicación del poder.

Lo que está en juego son los medios que sostienen y reproducen la vida, la tierra, los medios de producción. La esperanza, al final, está en poder encontrarnos más allá de donde el poder quiere que estemos.

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