Julia Miranda, la defensora de los parques naturales de Colombia
Esta destacada abogada estuvo 17 años a cargo de las áreas protegidas en su país, donde le hizo frente al peligro de la guerrilla que se tomó los parques y a la presión de los intereses inmobiliarios. Julia Miranda es un convencida de que se requiere invertir en el capital natural, porque “es lo que nos va a permitir la supervivencia, el desarrollo y el bienestar”. En esta entrevista, explica además cómo la Constitución colombiana le otorgó una función ecológica y social a la propiedad, que incluso permite la expropiación: “Tu derecho a la propiedad es legítimo, pero no puedes hacer lo que te da la gana en tu predio”.
Julia Miranda (61) vive en Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, como se promociona la capital colombiana, aunque ella prefiere el mar. Mientras dirigió Parques Nacionales Naturales -la entidad encargada de la administración y manejo de las áreas protegidas de Colombia-, visitaba los parques marinos y en muchas ocasiones aprovechó de bucear, un pasatiempo que aprendió pasados sus 30 años. “El mar me inspira, me encanta desde niña”, dice. “Y bucear es una fascinación absoluta”.
-¿Cuál es el mejor lugar donde buceó?
-El santuario de Malpelo te quita el aliento. Fui algunas veces a bucear a Galápagos y, aunque es fantástico, puedo decir que Malpelo es muy superior. Te rodean centenares de tiburones, hay arrecifes de coral y ves cardúmenes tan enormes que te ocultan el sol.
Esta abogada, que tiene una importante trayectoria en materia de conservación de áreas protegidas, fue una de las expositoras en la jornada que dio inicio al Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, organizado por el programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile y apoyado por la ONG The Pew Charitable Trusts, donde contó su experiencia y habló de la importancia de las áreas protegidas en las tres grandes crisis que enfrentamos actualmente: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la pandemia.
“Las áreas protegidas brindan soluciones naturales para enfrentar el cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la pandemia”, explica Miranda. “Sobre la pandemia, hay varios documentos recientes acerca de cómo los ecosistemas bien conservados establecen el hogar de las especies de animales que pueden transmitir las enfermedades zoonóticas y cómo el deterioro de los ecosistemas y las talas de los bosques provocan que migren especies de fauna o cómo el tráfico ilegal de fauna llega a transmitir enfermedades a los humanos. Esta no es la primera pandemia producto de esto”, dice.
Luego agrega: “El rol de las áreas protegidas para enfrentar la pérdida de biodiversidad es muy obvio, porque vemos cómo se están desarrollando estrategias para frenar pérdida de fauna, de flora y de ecosistemas. Lo mismo en el cambio climático, porque las áreas protegidas son sumideros de carbono si están bien conservadas. Un páramo, un manglar, los pastos marinos o los corales bien conservados son extraordinarios sumideros de carbono”.
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No fue fácil para Julia Miranda dedicarse al medioambiente y la conservación. Como proviene de una familia de abogados, nunca pensó en otra carrera, pero cuando ingresó a la universidad no existía la cátedra de derecho ambiental. Julia cuenta que trabajó varios años en “cosas que no me llenaban el alma” y que ya había tenido a sus tres hijos cuando surgió la primera especialización en Colombia: derecho medioambiental de la Universidad Externado. No dudó en tomarla. “Me ha apasionado el derecho ambiental, porque es una oportunidad maravillosa de proteger la naturaleza”, dice.
-Usted fue directora de Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020. ¿Cómo cambió la realidad de las áreas protegidas en ese período?
-Colombia tenía un compromiso por la conservación de los parques muy grande, a pesar de que tienen muchas amenazas. Al llegar al cargo había 49 parques y yo aporté con 13 áreas protegidas más, además de ampliar otras, como Malpelo y Chiribiquete. Creo que pude aportar a una mayor tecnificación de la entidad y un fortalecimiento presupuestario. Cuando llegué, Parques vivía prácticamente de la cooperación internacional y a punta de hablar al más alto nivel, incluso con el Presidente, y demostrar la importancia de los parques, multiplicamos por mucho el presupuesto: de 14 mil millones de pesos colombianos a 120 mil millones de pesos (casi US$ 32 millones).
Julia Miranda dice que tuvo una ardua tarea de posicionar a la entidad y convencer de la importancia de los parques a empresarios y colegas del gobierno. “Un ministro de Hacienda decía: ‘Ah, los parques, sitios bonitos y punto’. Entonces nos dedicamos a demostrar cómo los parques le aportan al desarrollo del país en agua para la agricultura, ganadería, industria y energía. Tratamos de hablarles en su idioma: los parques aportan en millones de dólares y no se cuidan solos, menos en este país. Hay amenazas por todos los costados: guerras, guerrillas, paramilitarismo y falta de control territorial”.
-Usted tuvo que lidiar con la militarización y las plantaciones ilegales. ¿Cuál es hoy la principal amenaza de las áreas protegidas en Colombia?
-Hay muchas, pero la principal es la ocupación ilegal de campesinos que están desplazados y que llegan a hacer su vida y a desarrollar actividades ilícitas por falta de control del Estado. En general, la cultura campesina no está alineada con la conservación, sino con la explotación. Aquí en Colombia hay comunidades indígenas y afrocolombianas viviendo en los parques, pero eso está amparado por la Constitución y la ley. Sin embargo, las ocupaciones campesinas no, porque llegan a talar, a instalar ganadería o cultivos. Ahora hay menos cultivos de coca en los parques, pero hubo una época en que los cultivos ilícitos y los laboratorios de coca estaban allí. Hay deforestación ilegal y hay tráfico de fauna, que es muy grave también en este país. Pero te digo: esos problemas afectan en un porcentaje muy marginal. En este momento, Parques administra unos 20 millones de hectáreas, de las cuales están afectadas unas 500 mil.
-¿De qué manera afectó a Parques el conflicto armado y la guerrilla?
-Afectó mucho a los parques y muchísimo a los funcionarios. Tanto es así, que en la Justicia Especial para la Paz (mecanismo creado en el proceso de paz en Colombia en reconocimiento de las víctimas del conflicto armado) se presenta a los guardaparques como víctimas del conflicto. La presencia de las guerrillas en muchos parques era tema de todos los días: había que pedirles permiso para transitar, en algunos parques hubo secuestros, robo de implementos, asesinatos, quemaban las cabañas. Es una situación sumamente dura para el ejercicio de los guardaparques.
Agrega Miranda: “Quienes estaban a favor del proceso de paz dicen que este gobierno no ha implementado todos los puntos y si lo ha hecho, ha sido en cámara lenta, y eso ha provocado que recrudezca la violencia en muchas áreas de Colombia. La coca ha aumentado exponencialmente, se habla de que hay carteles mexicanos asociados con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con lo que se llama hoy las nuevas FARC o las disidencias de las FARC, de manera que, como decían los funcionarios, ya no hay con quién hablar. Antes sabíamos quién era el jefe guerrillero, pero en este momento no se sabe quién maneja el territorio.
-¿Vivió usted algún momento de amenaza o vio peligrar su vida?
-Llegaron amenazas, pero nunca me sentí en peligro inminente. Pero mi gente sí: mis directores territoriales y los guardaparques.
-Los guardaparques en Colombia son una especie de héroes.
-Totalmente.
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Julia Miranda se hizo cargo de la dirección de Parques Nacionales Naturales en 2004 y desde entonces trabajó bajo la administración de tres presidentes: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y dos años con Iván Duque. Luego de casi 17 años al mando de Parques, el ministro de Ambiente del gobierno de Duque, Carlos Correa, le solicitó la carta de renuncia y dejó su puesto en diciembre de 2020. En su lugar fue nombrado el arquitecto Orlando Molano. En varias entrevistas, Julia Miranda aseguró que no quería salir de la entidad
Diversos medios barajaron la idea de que la salida de Miranda se debió a su resistencia al desarrollo hotelero en el Parque Tayrona, un área protegida ubicada en los alrededores de Santa Marta, que tiene las segundas playas más bellas del mundo, según el diario inglés The Guardian.
Julia lo explica: “Al interior de los parques hay propiedad privada, pero la única actividad productiva que pueden realizar los dueños de los predios es el ecoturismo (…) Los dueños de unos predios en el Parque Tayrona nos mostraron un proyecto hotelero bastante grande, de 300 cabañas, y el Tayrona tiene el ecosistema de bosque seco tropical en mejor estado del país, pero también el más fraccionado, entonces les dijimos que tramitaran su licencia (permiso) ambiental. Recibieron una licencia ambiental que les permitía hacer una serie de cosas que no están autorizadas en los parques, como talar o excavar. Entonces se demandó esa licencia ambiental y la autoridad la suspendió argumentando que no podían talar ni excavar. La licencia que se les dio finalmente hacía imposible el proyecto que ellos se imaginaban”.
-¿Le pasaron la cuenta a usted?
-Hubo un pataleo fuerte. Ellos perdieron en el tribunal y en el Consejo de Estado, y todo eso ocurrió dos meses antes de que yo saliera. Lo que quedó claro es que ahí no se podía hacer ese proyecto, porque así lo decidió la justicia colombiana, no la directora de Parques.
-¿Pagó usted el costo político?
-Yo creo que no fue por ese proyecto, pero lo que el presidente (Iván) Duque sí me decía con mucha frecuencia es que él quería hacer mejoramiento de infraestructura en los parques y me preguntaba cuándo iba a poder él inaugurar esas obras.
-El Presidente Duque quería cortar cintas.
-Y así me lo decía: “¿Cuándo voy a cortar la cinta?”. Yo le respondía: “Pues, Presidente, lo que tenemos que hacer es conseguir la plata, porque no la tenemos, y hay cosas que sí se pueden hacer y otras que no”. Y pues lo diciente es que la persona que nombraron (el arquitecto Orlando Molano) se dedicaba a eso: hacer infraestructura en los parques urbanos de Bogotá. ¿Ves? Entonces, no fue el caso del Parque Tayrona, pero sí querían un cambio en el énfasis en el tema de infraestructura y de apertura al turismo en los parques de Colombia.
-¿Qué se siente pararse delante del Presidente de la nación y decirle “usted no puede hacer esto que quiere hacer”, con el objetivo de cuidar la naturaleza?
-Yo lo hice con toda la convicción todas las veces que tuve que hacerlo. No fue una, fueron muchas veces. Porque, mira, por ejemplo, en el Parque Sanquianga querían hacer una autopista cortando el manglar, entonces nos opusimos. El presidente (Álvaro) Uribe quería hacer una carretera que atravesara el Parque Los Katíos… Yo sentía que mi deber era proteger los parques con respeto y con argumentos. En Colombia eso no es tan difícil, porque la Constitución, la ley y la jurisprudencia son claras sobre lo que se puede y no se puede hacer en los parques. Yo decía: “Si me quieren botar, pues ¡me pueden botar! Yo no estoy aquí para cuidar mi puesto; estoy aquí para ejercer mi cargo con responsabilidad y hay que defender los parques”.
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Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más ha evolucionado en materia de legislación sobre medioambiente y recursos naturales, especialmente a través de la Constitución Política de 1991, llamada la “Constitución Ecológica”. Esa carta magna le otorgó al medioambiente el carácter de interés superior.
Miranda explica que en la Constitución anterior, la de 1886, “no había ningún reconocimiento al país megadiverso y megacultural que es este, entonces podría partir diciendo que esta Constitución reconoce a Colombia como un país multiétnico y pluricultural, que tiene una gran diversidad ecológica”. Luego agrega que “en la parte de los derechos fundamentales establece el derecho al ambiente sano y la obligación del Estado a proteger el ambiente, y no solo del Estado, sino también de los ciudadanos. También hay un artículo muy clave para Parques Nacionales -el artículo 63- que dice que los parques y los resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y sobre eso ha habido una gran cantidad de jurisprudencia maravillosa de todas las cortes en Colombia dándole contenido a esos atributos. Por esos atributos los parques en Colombia son declarados a perpetuidad, no se les puede reducir el área ni cambiar el uso”.
-En Chile, la autoridad ha permitido la instalación de concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas. ¿Qué le parece?
-Absolutamente terrible.
Miranda destaca un artículo de la Constitución colombiana que establece que “la propiedad privada tiene una función ecológica y social”. “Eso quiere decir que esa función prima a los intereses del particular dueño del predio. Por ejemplo, en el Parque Tayrona, luego de demostrar que el dueño de un predio había causado unos daños ambientales terribles para hacer su proyecto ecoturístico, logramos que le dictaran la expropiación de su predio. Eso es absolutamente ejemplarizante, porque tú estás ejerciendo tu derecho a la propiedad, que es legítimo, pero no puedes hacer lo que te da la gana en tu predio, y menos si estás dentro de un área protegida. En ningún predio puedes hacer lo que se te da la gana, en términos de daños ambientales, porque tu propiedad tiene función ecológica y social. Entonces cualquiera puede venir a reclamar un daño ambiental que cause una persona y se le puede expropiar ese predio, que es la sanción más estricta”.
-A propósito de la discusión constitucional que se está dando en Chile, ¿cómo ha resuelto Colombia la tensión entre conservación y explotación de recursos naturales?
-Soy de la opinión que en el territorio de un país deben estar muy claros los sitios donde debe haber conservación estricta y donde debe haber un uso sostenible de los recursos, por la riqueza de esos lugares, la fragilidad, la biodiversidad y por el servicio ecosistémico que prestan. En el resto del país se puede hacer desarrollo de actividades productivas, e incluso extractivistas, siempre y cuando se apliquen buenas prácticas. Eso es lo que aspiramos que se apruebe en la COP, porque no hay otra manera de desarrollar las actividades productivas. Y te decía también que aspiramos a que se apruebe la ambición del 30% (la ONU quiere lograr la protección del 30% de la biodiversidad terrestre, marina y de aguas dulces para 2030), pero que en el 70% restante haya medidas de prácticas conscientes, de tal manera que se puedan desarrollar actividades productivas de la manera que se debe hacer.
-Chile tiene el 21,5% de su superficie terrestre y el 40,5% de sus aguas oceánicas protegidas. Sin embargo, el Estado invierte solo 1,54 dólares por cada hectárea protegida, lejos de los 92 dólares de EE.UU., por ejemplo. ¿Qué le parece esa baja inversión?
-Es muy grave. A Colombia le pasa lo mismo. Si queremos lograr resultados efectivos, hay que invertir en conservación. Esto lo dice mucho Carlos Manuel Rodríguez, el director del GEF (Global Environment Facility), que fue ministro de Ambiente de Costa Rica: si no invertimos, no lo vamos a lograr. Podremos tener muy buenas intenciones, podremos llegar al 30%, podremos crear mecanismos, pero se requiere invertir en el capital natural, que es lo que nos va a permitir la supervivencia, el desarrollo y el bienestar. Es como no invertir en lo más importante. Los países tienen que crear instrumentos financieros: por ejemplo, el sistema de parques no puede depender exclusivamente del presupuesto nacional de la nación, sobre todo países en desarrollo o países pobres, sino que se deben crear herramientas financieras para que haya ingresos permanentes sin depender de lo que el Estado quiere dar cada año. Por ejemplo, la sobretasa a la gasolina, como existe en Costa Rica. Acá se creó el impuesto al carbono y tratamos -pero no logramos- establecer un porcentaje a los tickets aéreos. Existe una gran cantidad de herramientas que permiten engrosar el presupuesto dedicado a la conservación.