¿Qué haremos con el problema de la leña? El desafío de la transición energética en los hogares chilenos

Cada invierno desde que tiene memoria, Claudia Hernández ha visto cómo la ciudad de Puerto Montt se cubre de una espesa capa de humo. Cuando era niña, sus padres se hacían cargo de encender la estufa a leña que calefaccionaba su hogar todos los días. Como la leña no alcanzaba para mantenerla encendida durante toda la noche, simplemente debían acostarse con varias capas de ropa de cama para no pasar frío.

Hoy en día, a sus 56 años, Claudia tiene su propia casa y estufa a leña. A diferencia de sus padres, a ella sí le tocó sentir el olor a humo en el uniforme de sus hijos cuando llegaban del colegio y en su ropa cada vez que vuelve a su casa del trabajo. Pese a que usa leña seca, asegura que no todo el mundo tiene esa posibilidad, debiendo recurrir a leña húmeda de combustión incompleta y más contaminante, pero más barata.

“Hemos usado leña toda la vida. La calefacción a leña es para nosotros una calefacción que se siente mucho más rica, como que uno siente el calor, la sensación térmica se siente más”, asegura.

La historia de Claudia no es la excepción, sino más bien la regla: la leña es la fuente energética más usada en los hogares de Chile. Según datos del Ministerio de Energía, el 72% de las viviendas entre las regiones de O’Higgins y Aysén utilizan leña para calefacción y cocina, siendo el combustible más utilizado en el sector residencial. Se estima que el consumo anual es de unos 12 millones de metros cúbicos (9 millones de toneladas), lo que equivaldría a 18 veces el volumen del Estadio Nacional.  

Sin embargo, a medida que el país avanza hacia una transición energética en la que se busca reemplazar la matriz basada principalmente en combustibles fósiles por fuentes renovables, cabe preguntarse si los hogares también serán capaces de sumarse al cambio tecnológico a energías menos perjudiciales para su salud y el medioambiente. 

“Una transición energética justa debiera considerar que la energía es un elemento primordial del desarrollo de las personas, para calefaccionarse, movilizarse o escribir en el computador. Una transición justa debe tener foco en los que les es más difícil subirse a la transición por sus propios medios, que generalmente son los hogares de menor ingreso, pero no son los únicos”, afirma Adolfo Uribe, máster en ingeniería ambiental y doctor en economía de la Universidad de Talca, especializado en desarrollo sostenible.

El invierno aún no empezaba y la Región Metropolitana vivió nueves días con alerta ambiental, primero fueron cinco días consecutivos en mayo y luego otros cuatro en junio debido a las malas condiciones del aire, producto de las pésimas condiciones de ventilación. El uso de calefactores a leña está prohibido en la capital, aunque se ha visto que sigue siendo usado en el sector residencial. 

Estos acontecimientos son cada vez más tempranos y constantes en el país. En la actualidad, para aproximadamente un 96% de los días de invierno, al menos una ciudad en Chile presenta un episodio de alerta por la mala calidad del aire. Sin embargo, estos números no solo son cifras, pues la pésima calidad del aire se traduce en personas que se enferman e, incluso, mueren.

Impacto en la salud: el costo humano de no tener opciones

“La gente creció con esto de que la casa estaba ahumada, el olor a leña, pero todo eso significa que están expuestos a contaminantes, pero claro, nunca se les dijo que eso tenía un impacto en su salud, entonces, ahora empezar a decirlo cuesta un poco, pero hay que hacerlo bien. Cuesta, pero hay que seguir insistiendo”, asegura Nicolás Huneeus, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y coautor de varios informes sobre la contaminación atmosférica en el país.

El uso indiscriminado de la leña asoma como uno de los principales factores en el deterioro de la salud de los chilenos: a nivel nacional, el Ministerio del Medio Ambiente determinó que la leña es la principal fuente emisora de material particulado fino o MP2.5, en un 86,7%.

Estas partículas penetran a lo largo de todo el sistema respiratorio hasta los pulmones, produciendo enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cuya mortalidad es atribuible principalmente a la contaminación atmosférica. Según el estudio Lancet Countdown Sudamérica – lanzado en marzo de este año – Chile es el primer país con más muertes atribuidas a la contaminación del aire en Sudamérica.

Según el médico Manuel Oyarzún, coordinador de la Comisión de Contaminación Ambiental de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, los aumentos de 10 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de MP2.5 se asociarían a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y mortalidad por afecciones cardiovasculares.

Sin embargo, pese a que la recomendación sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de exposición anual a contaminantes de MP2.5 en el aire no debería ser más de 10 µg/m3, la norma nacional de exposición anual permite el doble con 20 µg/m3. Según esto, se estimó que, si se cumpliera con la recomendación de la OMS, un promedio de 4.590 muertes podrían evitarse anualmente. 

“Este exceso de riesgo, que podría parecer discreto, es importante dada la alta proporción de población expuesta. Concentraciones elevadas de MP2.5 se asocian en el largo plazo a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos de 35 a 70 años”, asegura Oyarzún. 

Las partículas sólidas en suspensión MP2.5 incluyen sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales. Entre ellas se encuentra el carbono negro, un contaminante que no solo afecta la salud, sino también al planeta. Estudios recientes muestran que su reducción podría ser clave para alcanzar lo propuesto en el Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura por debajo de los  2 °C a finales de este siglo, con el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5°C. De hecho, se considera la temperatura máxima que la Tierra podría soportar sin riesgo de impactos catastróficos en la producción de alimentos, el nivel del mar, la escasez de agua y la pérdida de fauna y flora.

Se ha comprobado, además, que los niños expuestos a la contaminación del aire desde temprana edad sufren efectos a largo plazo que comprometen su función pulmonar. Es decir, en el caso de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por ejemplo, estos futuros adultos la enfrentarán con menores valores de función pulmonar en comparación a la población no expuesta tempranamente a la contaminación atmosférica.

“La población tiene el derecho a conocer los riesgos ambientales a los que se encuentra expuesta y, por otra parte, nuestro país debe disponer de planes de mitigación de la contaminación ambiental, que reconozcan las realidades locales”, agrega Oyarzún.

Ley de biocombustibles sólidos: una ley urgente, ¿pero al debe?

“Hay barreras sociotécnicas, socioculturales y económicas. Por supuesto que la gente no usa leña solamente porque siempre ha usado leña, sino porque es mucho más barato”, asegura Huneeus. 
Según el experto del (CR)2, uno de los principales desafíos es el gran e informal mercado de la leña, el que no ha permitido la exigencia de un producto de calidad. Fueron años de insistencia, hasta que a fines del año pasado se aprobó la Ley de biocombustibles sólidos, con la intención de regular la calidad de la leña, el pellet y otros combustibles derivados de la madera que se comercialicen en el país.

“Es una ley que favorece a todos, a los productores y a los consumidores finales porque vamos a comprar un producto de calidad y más eficiente”, asegura la secretaria regional ministerial (Seremi) de Energía de la Región de Los Ríos, Claudia Lopetegui. Se ha comprobado que el uso de la leña seca con un 25% de humedad, en comparación con aquella con un 35% de humedad, produce 9 veces menos emisiones de material particulado. Además, la leña seca entrega entre 12% y 14% más de calor que la húmeda.

Sin embargo, la próxima tarea de fiscalización y certificación por la que tendrán que pasar los productores de leña, no será tarea fácil. Este avance positivo conlleva también muchos desafíos que se deberán solucionar en el corto y mediano plazo.

En la ciudad de Valdivia, por ejemplo, no hay más del 6% de leña seca disponible y la ley obliga a que al menos sea de un 80% en dos años.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura, la producción de leña la realizan unas 18 mil explotaciones silvoagropecuarias que declaran esta actividad, por lo que el proceso de certificación pareciera ser una tarea de largo aliento para asegurar la calidad de los procesos productivos.

Según Lopetegui, aún habría tiempo y se está avanzando en ello, dado que la ley recién empezaría a operar cuando el reglamento esté listo, lo que ella calcula sería más o menos a fines del 2024. Es decir, se publicaría el 2025 y, a un año de publicado el reglamento, o sea el 2026, se podría empezar a aplicar la ley. 

“Me parece que la regulación, al dificultar que se utilice leña de mala calidad, debiera aumentar la demanda de los combustibles limpios lo cual es una meta en sí para su desarrollo, de esa forma se generan los incentivos para que los productores ofrezcan más combustibles limpios. El Estado más que observar, debe acompañar este proceso, pues si no se promueve el desarrollo de estos mercados podrían aumentar los precios”, afirma Uribe. 

“Tenemos que enseñarle al consumidor, porque acá el uso de la leña es muy cultural. Desde que nacemos vemos echar el palo de leña en la estufa, pero eso también tiene que ir de la mano de la tecnología. Tendremos que tener cada vez más estufas con mejores filtros, entonces también hay un área tecnológica en la que se debe avanzar”, agrega Lopetegui.

Las oportunidades: recambio de estufas y energías renovables

Pese a que la regulación de la leña de calidad es necesaria, la mayor reducción en la contaminación por MP2,5 se obtiene para el escenario donde las políticas de recambio de calefactores de leña a pellet y mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas se aplican a nivel regional.

Desde 2009 que se han implementado los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDAs), los cuales han permitido que varias familias reciban un subsidio para cambiar su estufa a leña por una a pellet menos contaminante. Sin embargo, durante los últimos años, los quiebres de stock de este combustible y el aumento en su precio, dejó a muchos sin querer transicionar al pellet.

“Estamos trabajando con los leñeros y también con los pelleteros, eso también necesita un plan de acción por parte del Ministerio para asegurar que este año y los venideros esto no vuelva a ocurrir”, advierte Lopetegui, quien recuerda que ya se firmó un acuerdo entre el gobierno y los productores para que no exporten pellet y así asegurar el abastecimiento nacional.

Para Uribe, asegurar el plan de recambio sigue siendo y será una buena opción en la transición energética domiciliaria, siempre y cuando se tomen los resguardos para su disponibilidad. El experto afirma que, si se compara el costo del pellet y la leña, la evidencia señala que usar pellet es más caro, pero si se compara su precio con el de la leña certificada, la diferencia se acorta considerablemente.

Otra gran oportunidad a considerar para una transición energética domiciliaria justa son las energías renovables. Pese a los desafíos, Chile posee una matriz energética cada vez más diversa y limpia.

“Una forma de aprovechar la expansión de energías renovables es considerar sus beneficios. Por ejemplo, en la construcción de viviendas sociales, introduciendo en las licitaciones al sector privado la construcción de estas unidades con criterios de eficiencia energética y considerando la posibilidad de tener consumo solar por las mismas unidades”, asegura Luis Gonzales, coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de CLAPES UC.

Según Gonzales, esta medida aliviaría la demanda de vivienda, reduciendo el costo energético de los hogares que vayan a habitar esas unidades, además de contribuir a una generación distribuida,  un desafío tecnológico y regulatorio que las economías deberían considerar para lograr mayores beneficios de productividad. 

“Otro avance importante que permite la penetración de las energías renovables a escala residencial es el aprovechamiento de la caída en los costos de instalación y de los paneles solares que, además, debe ser acompañado con medios de sistemas de generación distribuida para que los hogares que tengan esta tecnología también puedan aportar al sistema y beneficiarse de su autoconsumo”, agrega Gonzales.

Ambos expertos coinciden en que la oportuna regulación y la adopción tecnológica juegan un rol importante en la transición energética domiciliaria. A esto se suma el hecho de que la electrificación de los hogares es clave para enfrentar la crisis climática.

“La estrategia energética de largo plazo para Chile, de acuerdo a sus compromisos climáticos, asigna una gran participación de la electrificación de la calefacción, pero es muy difícil frente a los altos costos de la electricidad”, agrega Uribe.

Ante esta situación, los proyectos de hidrógeno verde y litio que se promueven en el país podrían contribuir en ese camino. Pero, de seguir apuntando a una política basada en la exportación de estos recursos, se perdería la oportunidad del desarrollo local de tecnologías de almacenamiento que permitan aprovechar esa energía, la que tendría el potencial de beneficiar la cadena completa de consumo energético, incluyendo a los hogares, dado que permitirían – teóricamente – un mayor acceso a una energía más limpia y barata. 

Sin embargo, esta transición seguirá en juego a menos de que se cuente con políticas públicas que distribuyan los beneficios de manera justa. El recambio de estufas y la implementación de energías renovables representan oportunidades fundamentales para promover una transición energética domiciliaria más limpia y económica para los hogares de Chile, que vayan en concordancia no solo con la acción climática, sino también con una mejor calidad de vida para la población.