Pesca ilegal del loco en Chile: de qué se trata y cómo abordarla

Infaltable en las preparaciones culinarias del Pacífico Sur y emblemática para las y los pescadores artesanales y buzos, el loco (Concholepas concholepas), un molusco bentónico que habita fondos rocosos entre los O y 50 metros en las costas de Chile y Perú, destaca por su  textura suave y cremosa al paladar. Su exquisito sabor lo ubican entre una de las especies más valoradas por la gastronomía nacional e internacional, llegando a los mercados asiáticos y de norteamérica. 

Sin embargo, de acuerdo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), su alto precio de compra hace que este molusco sea frecuentemente explotado de manera ilegal, lo que trae graves consecuencias para la sostenibilidad de esta pesquería y, a su vez, de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), en las que organizaciones de pescadores artesanales han co-gestionado este recurso a lo largo del país, durante los últimos 20 años.

En Chile, la pesca ilegal es una realidad que afecta diariamente a la pesca artesanal, convirtiéndola  en una amenaza para la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, al generar pérdidas económicas importantes para la pesca de pequeña escala. Por ello, un grupo de investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), realizaron un estudio en el que estimaron la pesca anual ilegal del loco, realizada por personas externas a las organizaciones o sindicatos que gestionan las AMERB. 

“Debido a la veda extractiva, el loco solo puede ser extraído dentro de las AMERB, entonces, se considera una acción ilegal cuando el loco es extraído por agentes externos a la organización, que ingresan al área de manejo de forma ilícita”, explica Pedro Romero, investigador semi senior de Áreas de Manejo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y coautor de la investigación. “También se considera pesca ilegal cuando socios de la propia organización extraen recursos, sin contar con la autorización o la coordinación entre los miembros de la misma organización, lo que se sanciona por los dirigentes o asociación de pescadores. En este caso, estudiamos la primera forma de extracción ilegal”, añade. 

El estudio

Susana Galleguillos, es presidenta del Sindicato de Pescadores de Punta Talca, localidad cercana a Ovalle, en la Región de Coquimbo. Esta asociación fundada hace 28 años, está integrada por 25 personas, quienes tienen autorización para extraer locos. “Debido a los robos de distintos recursos que nos afectan, nos vimos en la obligación de poner cámaras de vigilancia en un sector del área de manejo. Así, cuando alguien entra a esta zona, las cámaras envían una notificación al celular y se pueden prender luces para que quienes entran al área, queden al descubierto y se vayan”, indica Galleguillos. Aún así, la vigilancia que les otorga estas cámaras no es suficiente.

En esta línea, el paper titulado Estimaciones de Pesca Ilegal de Líderes de Asociaciones de Pesca Artesanal en sus Áreas de Manejo Exclusivas, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, da cuenta de una investigación exhaustiva realizada en 100 áreas de manejo ubicadas entre las ciudades de Tal Tal (Región de Antofagasta) y Ancud (Región de Los Lagos). 

El estudio, da cuenta de las percepciones de los líderes de las asociaciones de pescadores artesanales sobre la pesca ilegal, realizada en sus áreas de manejo por personas externas a esta. Además, la investigación explica qué determina la realización de esta actividad ilegal y proporciona información para priorizar oportunidades para abordar la pesca ilegal en las pesquerías a pequeña escala co-gestionadas.

“El problema de la pesca ilegal en áreas de manejo (AMERB), es un problema complejo que requiere múltiples miradas y aproximaciones para avanzar hacia su resolución. Uno de los elementos para avanzar, como complemento a las acciones de fiscalización que tienen que realizar los servicios de gobierno, es fortalecer las capacidades de automonitoreo, autocontrol, desarrollo de tecnología y la generación de incentivos para que sean las propias comunidades que puedan establecer sistemas de vigilancia dentro de sus áreas de manejo. Avanzando en esta mirada integral, podemos ir reduciendo o controlando de alguna manera este fenómeno de la pesca ilegal en las áreas de manejo”, explica el académico de la Universidad Santo Tomás e investigador SECOS, Rodrigo Estévez, coautor del paper.

Impactos diferentes en el norte y sur del país

Los resultados del estudio, muestran que el 83% de las asociaciones de pescadores declararon estar afectadas por la pesca ilegal, de las cuales el 84% indicaron que el principal recurso que se extrae ilícitamente es el loco. Sin embargo, la investigación revela diferencias en los sitios estudiados en el norte del país y el centro-sur. La mayor cantidad de pesca ilegal se concentró en la zona sur del país, mientras que en la zona norte, si bien el volumen de recursos extraídos ilegalmente fue menor, la frecuencia de eventos ilegales fue mayor. Por tanto, según la investigación, la mayor abundancia de locos que se da en la zona sur, genera un mayor incentivo para la pesca ilegal.

El estudio, también detectó que la extracción ilegal en la zona sur se lleva a cabo, en su mayoría, por embarcaciones que operan en grupos de tres a diez individuos, que extraen desde varias áreas de manejo por día, lo que podría explicar que la pesca ilegal ocurra de mayor forma en la zona sur. 

En tanto, en la zona norte, la extracción ilícita es realizada principalmente por buzos que entran en las áreas de manejo desde la costa, lo que limita el número de unidades que pueden ser extraídas. La mayor frecuencia de eventos de pesca ilegal en la zona norte podría explicarse por las mejores condiciones climáticas, que permiten la extracción de recursos marinos durante la mayor parte del año. 

Gastos en vigilancia, denuncias y sanciones 

Adicionalmente, la investigación reveló que en las áreas de manejo que co-gestionan el loco, las asociaciones de pescadores gastan, en promedio, 22.000 dólares en vigilancia (alrededor de 14 millones de pesos en 2017), lo que representa un 73% de los costos totales de funcionamiento. Estos esfuerzos económicos se destinan principalmente a la contratación de guardias o al pago de pescadores, por el tiempo dedicado a las actividades de vigilancia. Sin embargo, el estudio explica que las zonas que realizan una mayor inversión económica en vigilancia, son las más afectadas por la pesca ilegal. 

Este importante esfuerzo de las asociaciones de pescadores, contrasta con el bajo nivel de denuncias formales ante las autoridades por eventos de pesca ilegal (8% en promedio) y el bajo nivel de sanciones con respecto a las denuncias formales (9% en promedio).  Según lo manifestado por pescadores en el marco de la investigación, una de las razones del bajo nivel de denuncias ante las autoridades es la complejidad del proceso y las dificultades para generar pruebas de la pesca ilegal.

“A través de las áreas de manejo, los pescadores artesanales ya han hecho su parte. Aquí estamos en un modelo de co-manejo, donde hay distintos actores que tienen que cumplir diferentes roles. Uno de esos actores es el Estado, que tiene que tener un rol importante en la fiscalización, lo que ha tenido dificultades. Estamos ante una piedra de tope en donde, si no hacemos efectivo el co-manejo, como el apoyo del Estado a los pescadores que están cuidando sus áreas, corremos el riesgo que un buen sistema de gestión colapse. Tanto las capacidades para la fiscalización o el apoyo tecnológico para ello, como el apoyo jurídico para las sanciones, necesitan fortalecerse”, analiza Stefan Gelcich, director del Instituto Milenio SECOS y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, también coautor del paper.

Colapso del sistema de co-gestión

La definición de las capturas totales permisibles establece cuántas unidades de loco se pueden extraer en cada área de manejo. El estudio arrojó que, para esta especie, se extrae ilegalmente, en promedio, un 98% más que la cuota asignada para cada año a cada área de manejo, es decir, lo que se extrae del loco en forma legal, es casi la misma proporción de lo que se extrae ilegalmente. Esta proporción fue mayor en la zona sur en donde el porcentaje de la cuota extraída fue de 124%, frente a la zona norte en donde ocurrió en un 80,9% sobre la cuota.“La gente no entiende. Hasta a mí me han venido a ofrecer locos personas que no tienen áreas de manejo. Creo que falta fiscalización por parte de las autoridades y que deben haber penas reales para quienes extraen ilegalmente los locos y otros recursos. Nosotros como área de manejo ya tenemos mucho trabajo, como para hacer también el de fiscalización. Hoy las personas saben que no les van a llegar partes o multas, por lo que vuelven a hacer lo mismo”, concluye la dirigenta sindical, Susana Galleguillos.