El luto de las costas chilenas: la cifra de cetáceos varados muertos aumentó más de un 400% en los últimos 13 años

En el verano de 2020 la noticia sobre la supuesta caza furtiva de ballenas en el extremo sur de Chile dejaba incrédulos a los habitantes de Magallanes. Cerca de un faro en Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, apareció muerta una ballena de especie sei con un dispositivo en su cuerpo que parecía ser un arpón.

Mientras el rumor se esparcía, Juan Capella, investigador y biólogo marino de la Fundación WhaleSound, notó que la ballena a la cual hace unos días le había implantado un transmisor satelital dejó de generar señales. En el marco de un estudio sobre el comportamiento de estas especies, Capella había logrado registrar los movimientos de este animal durante una semana en la zona del estrecho de Magallanes frente a Punta Arenas. El investigador veía a una ballena sana, en su ciclo normal de alimentación, pero pronto comprobó que el ejemplar muerto de Porvenir era el mamífero que él estaba estudiando. Dos días después del hallazgo, el cuerpo fue analizado por funcionarios del Museo de Historia Natural de Río Seco y encontraron que el animal tenía un gran golpe en el costado. “Fue un choque de embarcación”, cuenta el biólogo marino.

Este fenómeno persiste al día de hoy y a fines de junio de este año se encontró una ballena franca varada muerta en la localidad de Melinka, región de Aysén. El director regional del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Jorge Padilla, indicó que, tras el varamiento, la institución presentó la denuncia ante el Ministerio Público de la zona, pero aclaró que aún no se puede confirmar la causa de muerte, pues las muestras serán analizadas en una universidad extranjera.

Con cerca del 43% de las especies de ballenas a nivel mundial, las costas chilenas son un santuario para este animal milenario que es capaz de degradar altas cantidades de CO2 de la atmósfera, en especial las ballenas grandes que constan de 13 especies, dentro de las que se encuentran la ballena sei y la fin. Aunque existe una ley de protección de cetáceos, al analizar documentos oficiales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para esta investigación, se reveló un aumento del 444% de muertes de estas especies a nivel nacional entre 2009 y 2022, pasando de 9 ejemplares fallecidos al año a 49 registrados durante el año pasado.

Si bien la Ley 20.293 penaliza la caza, captura, posesión y transporte de ballenas, no establece sanciones en situaciones no intencionales, como por ejemplo, cuando el animal muere a causa de un enmalle o por colisionar con un buque, siendo esta última una amenaza creciente según expertos. Distintos especialistas dedicados al estudio de estos mamíferos analizaron dicha legislación y reconocen como principal falla la ausencia de castigos para los responsables de ese tipo de muertes, así como la poca fiscalización para prevenir estos incidentes.

Desde Sernapesca aseguran realizar las denuncias en casos que involucran seres humanos como responsables, sin embargo, de acuerdo con registros de dicho servicio obtenidos mediante la Ley de Transparencia, de los 567 varamientos registrados desde que se promulgó la ley, solo 13 han sido denunciados. Así mismo, mediante una solicitud de Transparencia, Fiscalía Nacional indicó que no existen causas ni sentencias respecto a muertes de ballenas por accionar humano, dado que ese descriptor no se puede hallar, es decir, que el delito no existe (puedes revisar la respuesta completa aquí).

Bajo esta misma línea, funcionarios de la Fiscalía y Policía de Investigaciones (PDI) involucrados en las periciasde los varamientos, consultados para este reportaje, detallan la falta de recursos y de profesionales para llevar a cabo las indagaciones correspondientes. Al momento de realizar las necropsias, solo pueden acudir a expertos pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, investigadores de universidades o de centros de conservación, personal generalmente escaso. De hecho, las muestras de la ballena franca varada en junio debieron ser enviadas a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España.

Ya no las cazan, ahora las chocan: la creciente amenaza contra las ballenas

Existe certeza sobre el aumento de varamientos gracias a los datos de Sernapesca, sin embargo, las causas no son claras. Especialistas como Elsa Cabrera, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Centro de Conservación Cetácea, aseguran que la principal amenaza de las ballenas ya no es la caza, sino los barcos de carga: “Toda la actividad de las salmoneras industriales es una amenaza creciente”, dice ella.  Por su parte, Luis Bedriñana, biólogo marino de la ONG Centro Ballena Azul, reafirma esta idea a través de una investigación que realizó en 2021. El experto retrató con una animación cómo una ballena azul que buscaba conseguir alimento debió esquivar más de 1.000 barcos durante una semana en el Golfo de Ancud. Esto fue publicado en la revista científica Nature y arrojó que el 83% de las embarcaciones que se interponen en el camino de las ballenas en dicha zona son flotas de la industria acuícola.

Investigadores como Juan Capella y Luis Bedriñana revelan que es imposible determinar una cifra definitiva que refleje el aumento de tráfico naviero en el mar chileno. La información sobre el flujo y posición de embarcaciones grandes es propiedad de la Organización Marítima Internacional (OMI), y acceder a ella tiene un precio. Bedriñana plantea que si el Estado pudiese pagar para conseguir esta información durante un periodo sostenido de tiempo, se podrían evaluar mejor las áreas en las que se concentra el peligro para los cetáceos.

Durante 2022 vararon en total 59 especies de cetáceos, tanto vivos como muertos. De ellos, según datos de Sernapesca, 18 correspondieron a ballenas que llegaron sin vida a la orilla. Este mamífero marino se encuentra en peligro de extinción y de acuerdo a datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, a lo largo de su vida, una ballena es capaz de captar cerca de 33 toneladas de CO2, es decir, pueden almacenar la misma cantidad de carbono que miles de árboles en un bosque. Su aporte al ecosistema pone a Chile en el ojo del huracán, pues la abundancia de krill y crustáceos en nuestro océano atrae la presencia de estos grandes mamíferos con sus crías por periodos de tiempos extensos desde Centroamérica. Por esto, el Pacífico chileno permite avistar a casi la mitad de las especies de ballenas existentes en el mundo.

El rol ecosistémico de estos animales cobra relevancia al ver los resultados de la revista médica The Lancet que posiciona a Chile como el país de Latinoamérica con más fallecimientos relacionados al cambio climático, con 240 muertes por millón de habitantes, principalmente por enfermedades respiratorias a causa de la contaminación del aire y el aumento de gases de efecto invernadero, siendo el CO2 el que posee mayor concentración en la atmósfera.

Ley 20.293 que protege a los cetáceos: pocas claridades frente a un gran problema

Corría el año 2008 y las gestiones realizadas por la ONG Centro de Conservación Cetácea, dedicada a la preservación de estas especies, lograba unanimidad en el Congreso para aprobar el proyecto de ley que buscaba velar por la protección de cetáceos en Chile. La legislación establece penas de cinco a diez años de cárcel a quienes capturen o den muerte a una ballena y 541 días a tres años de prisión a quienes comercialicen estas especies, vivas o muertas. Pero, ¿qué ocurre cuando la muerte es provocada por seres humanos, sin intencionalidad?

En su artículo nº4, esta ley establece que las naves pesqueras deben contar con un plan de contingencia en caso de colisiones con ballenas, sin embargo, no se dicta ninguna sanción para quienes se vean involucrados en estos hechos y menos para aquellos que no posean un plan de acción ante este tipo de eventualidades. Dichas disposiciones debiesen ser establecidas por Sernapesca y la Armada de Chile. A pesar de ello, Rodrigo Abásolo, capitán costero superior de la embarcación Eidsvaag Atlantic, explica que si bien existen protocolos de avistamiento de ballenas gestionados por universidades y la Armada, al contrario de lo que estipula la ley, funcionan de manera opcional. “No es una obligación, es por si quieres cooperar con la institución encargada”, aclara el capitán.

En base a esto, Celeste Jiménez, abogada penalista dedicada a la defensa de derechos animales, tilda la Ley 20.293 como “ineficaz”, pues sostiene que no posee “un hilo conductor que la haga exigible judicialmente”, ya que los delitos que sanciona esta legislación no han sido incluidos en el Código Penal, por lo que carece de coercitividad: “Lo único que en realidad en Chile es coercitivo es lo penal, porque ahí llegan los Carabineros y te toman preso”, lo cual bajo su punto de vista, sería el problema central en la aplicación de la ley, la que califica como una “declaración de principios”, más que una normativa. Por su parte, el fiscal adjunto jefe de Aysén Pedro Poblete, cree que el problema deriva de que “en estas materias tenemos una capacidad reactiva” y que una legislación pasa a ser “letra muerta” si no existen las facultades para perseguir y sancionar efectivamente.

Para la abogada eso es lo que ocurre en el caso de esta normativa y cree que su inoperancia se debe a una falla en la fiscalización por la falta de capacitación de Sernapesca para levantar denuncias: “¿Cómo llega esto a la Fiscalía? Es un problema, porque no saben. Tú les preguntas cómo hacer una denuncia y no saben. No saben manejar un formato, tomar una declaración, ni los derechos del imputado”, asegura la experta.

Desde un lado más técnico, Carlos Olavarría, biólogo marino y director del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), sostiene que es difícil llevar la Ley de Protección de Cetáceos a la práctica: “Te están diciendo, por ejemplo, las distancias mínimas que deben respetar las embarcaciones, pero realmente medir 50 o 300 metros es complejo en el mar”, por eso la califica  como una normativa con objetivos que son “poco reales”.

Vara una ballena en las costas, ¿ahora qué?

Contar con un registro de varamientos no necesariamente refleja el panorama completo de todos los cetáceos que mueren, en especial aquellos que se ven afectados por una actividad humana. Muchas veces los cuerpos de las ballenas impactadas por barcos se hunden en altamar, por lo que no se pueden obtener antecedentes y pasan desapercibidos. Luis Bedriñana, del Centro Ballena Azul, explica que es complicado estimar una cifra macro de todos estos eventos: “No es posible, porque la toma de información es muy errática” y añade que llevar un buen registro de estos varamientos de ballenas “va a depender mucho de la voluntad de la persona que la vio”.

Sin embargo, hay casos donde quienes se enfrentan a estas situaciones toman cartas en el asunto. Es por eso que, por lo general, la cadena de notificación sobre varamientos de ballenas no parte desde un fiscalizador, sino de la propia ciudadanía. La mayoría de las veces son los pescadores de las caletas quienes al llegar a la orilla de la costa se encuentran con los cuerpos de estos gigantes animales. Es ahí cuando ellos hacen un llamado al teléfono de Sernapesca para denunciar un varamiento. De acuerdo a lo indicado por funcionarios de dicha entidad, tras recibir la llamada al 800 320 032, los telefonistas realizan una serie de preguntas al denunciante, principalmente para esclarecer si la especie aún se encuentra viva o bien para determinar en qué estado de descomposición se está su cuerpo en caso de varar muerta. Estos antecedentes sirven para tomar la decisión respecto a los próximos pasos a seguir.

Muchas veces las necropsias que permiten identificar la razón de la muerte no se pueden llevar a cabo, debido al estado de descomposición, al actuar de aves carroñeras o la dificultad de acceso al cuerpo del animal. Sin embargo, cuando los antecedentes presentados por el denunciante indican que la situación permite realizar el procedimiento, funcionarios de Sernapesca preparan los elementos necesarios para ir a constatar el varamiento. En terreno, registran todo lo encontrado, para luego ingresarlo a una plantilla de Excel.

Los documentos que constatan estos sucesos y a los cuales esta investigación tuvo acceso, detallan antecedentes sobre la hora y fecha, además del peso y sexo de la ballena. Muchos de los casos cuentan con descripciones de las heridas que presentan los cadáveres y en otros se adjuntan los datos de la persona que reportó el varamiento. La cantidad de información varía dependiendo del caso.

La plantilla Excel posee una sección que indica si los casos son denunciados ante Fiscalía, sin embargo, a pesar de que la base de datos contempla desde 2009, solo existen registros de denuncias desde el año 2018. A partir de esa fecha hasta hoy, se han registrado 256 varamientos de cetáceos, de los cuales solo 13 han sido denunciados, es decir, un 5%.

En los casos que se realiza la querella, las pericias quedan a cargo de Fiscalía en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI (Bidema). Para obtener detalles del proceso de investigación, se contactó a autoridades de ambos organismos de la región de Aysén, la cual cuenta con una de las zonas más importantes del país para la crianza de ballenas: el parque marino Tic-Toc Golfo Corcovado. Este corresponde a un espacio protegido de 100 mil hectáreas en la Patagonia Norte y su riqueza radica en las favorables condiciones para la alimentación de ballenas, principalmente azules, especie que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción.

El fiscal adjunto jefe de dicha región, Pedro Poblete, explica que una vez que se toma conocimiento de los hechos, no deben pasar más de 24 horas para decidir si se ordenará investigar o no. “Por lo general, nosotros tomamos en este tipo de delitos órdenes de investigar. Estamos hablando de hechos que son serios, es un bien jurídico que cada vez toma mayor relevancia”, indica la autoridad.

El comisario Rodrigo Vadillo de la Bidema de Aysén, añade que una vez que se corroboran los hechos, se debe informar al Ministerio Público si hay o no participación de terceros. Esto permite determinar si efectivamente existe alguna responsabilidad que implique formalización, ya sea bajo el delito de maltrato animal o alguna de las faltas indicadas en la Ley 20.293 que protege a los cetáceos

Sin embargo, desde ambas instituciones encargadas de investigar, reconocen limitaciones que pueden aparecer al momento de comenzar las pericias. “Acá no tenemos, lamentablemente, por un tema de costos o de base, una entidad técnica que pudiese periciar en investigaciones penales”, explica el fiscal Poblete. Debido a esto, la forma de enfrentar las denuncias cuando se necesitan expertos con los que ni Fiscalía ni las policías cuentan, es en base a coordinación con otros agentes de la sociedad, como lo son organizaciones no gubernamentales, centros de investigación o profesionales pertenecientes a universidades. Lo mismo indican desde la Unidad de la Bidema en Aysén. “Los servicios sí o sí estamos obligados a trabajar unos con otros”, dice el subprefecto Claudio Reyes.

Mediante Ley de Transparencia, esta investigación tuvo acceso al presupuesto destinado por Sernapesca para la ejecución de las fiscalizaciones y sanciones que establece la Ley 20.293 que protege a los cetáceos. En el documento se aclara que la promulgación de dicha legislación no implicó una nueva inyección de recursos a dicho Servicio y establece que entre 2009 y 2022 se destinó un monto aproximado de $64,5 millones para atender eventos de varamientos a lo largo de todo el país, lo cual sería un estimado de casi cinco millones anuales durante 13 años. Esto es problemático para el fiscal Poblete, pues cree que para estar a la altura de la institucionalidad lo que hay que hacer es dotar de mayores recursos al Servicio Nacional de Pesca. “Ese costo tiene que ser asumido obviamente por el Estado a fin de poder investigar respecto de hechos que son, sin duda, cada vez más relevantes para la sociedad”, finaliza.

Soluciones que proponen los expertos: fiscalización y reducción de velocidades

Los estudios del CEAZA se desarrollan en la península de Mejillones, zona clave para la alimentación de cetáceos como la ballena jorobada y la ballena fin. En el mismo lugar, hay cerca de 13 plantas termoeléctricas que implican la constante entrada y salida de barcos. “Se explica por sí solo por qué hay una mayor cantidad de colisiones con las ballenas, ya que andan por el mismo sector”, dice su director Carlos Olavarría. Sin embargo, no es posible establecer una cifra concreta al respecto, debido a que los datos sobre el tráfico naviero se compran.

El Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos (Cifamac) fue la ONG que se encargó de analizar el aumento de tráfico naviero en dicha zona. Una de sus fundadoras e investigadora, Ana García, logró registrar que, entre el 2021 y 2022, vararon siete ballenas, de las cuales tres murieron por colisión. A pesar de que todas las indagaciones se hicieron junto a miembros de Cifamac, los registros oficiales de varamientos de Sernapesca muestran ingresados cinco de estos siete eventos y solo tres indican haber sido denunciados ante la justicia.

En 2018, es decir, tres años antes de los varamientos registrados, García cuenta que su tesis “predijo que podían morir por colisión las ballenas fin y jorobada”. Además, explica que los resultados mostraron que sí había un riesgo de encuentro con embarcaciones, porque donde se alimentan las ballenas coincide con la zona en la que transita la mayor cantidad de buques mercantes en la bahía de Mejillones. La investigadora estimó que esa zona de flujo comercial “coincidía en un 67% con el hábitat”.

Tras meses de observaciones, García llegó a la conclusión de que los choques con los mamíferos se debían a las altas velocidades en las que transitaban las embarcaciones. Ante esto, llegaron a una solución: un acuerdo de reducción de velocidades firmado por el gobernador marítimo de Antofagasta de ese entonces, Roberto Alfaro, y distribuido por entidades como Sernapesca y Cifamac (puedes revisar el documento aquí). Esto comenzó a funcionar en enero del 2021 y el cambio fue disminuir la velocidad de los barcos desde los 15 a los ocho nudos, lo cual sería suficiente, de acuerdo con expertos, para alertar a estos grandes mamíferos de que se está acercando el barco y darles la posibilidad de moverse fuera de su trayecto.

Más de dos años después, la iniciativa sigue vigente, pero no ha logrado mitigar el problema. La base de datos de Sernapesca registra que, posterior al acuerdo, siguieron varando ballenas en la zona de Mejillones.

Carlos Olavarría, investigador del CEAZA, propone como solución el trabajo en conjunto entre las embarcaciones y las autoridades competentes para establecer mejores procedimientos frente a encuentros con ballenas y que se fomente el cuidado de ellas, más allá de aplicar la ley. El biólogo marino lo llama “una cuestión de espíritu”. 

Le sigue en esta misma línea de pensamiento el veterinario y director de la ONG Panthalassa, Frederick Toro. Si bien dice que las medidas tomadas por Cifamac en Mejillones pueden ser una vía de acción, también opina que hay que esperar a ver qué sucede a largo plazo con esta solución. “Lo más sensato, creo yo, son las multas. Multar a los probables causantes, yo creo que cuando se afecta al bolsillo, ahí se preocupan”, opina Toro y denuncia que “los fiscalizadores no están ahí haciendo su trabajo”.

A pesar de que la legislación establece que Sernapesca está a cargo de fiscalizar y hacer cumplir la ley, expertos coinciden en que los recursos del servicio no dan abasto para realizar dichas labores. Así como tampoco cumplen con reglamentar y supervisar a las embarcaciones involucradas en estos eventos.

En primera instancia, Sernapesca accedió a explicar a esta investigación el procedimiento que seguían en casos de varamientos. Tras analizar los datos y consultar opiniones con expertos, se les solicitó una segunda entrevista para aclarar por qué no se denunciaron todos los casos que involucran accionar humano. Ante esto indicaron “no tener tiempo” para una nueva conversación.

*Este reportaje fue realizado por las estudiantes Constanza Palma y Tanya Stock, en la sección de la profesora Gabriela Pizarro del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.