Dentro de los anuncios que se realizaron en la Coalición de ministros para la Acción Climática en la COP25, presidida por los ministros de Hacienda de Chile y Finlandia, y que reunió por primera vez en una COP a los ministros de Hacienda, fue el lanzamiento del Plan de Acción de Santiago y la primera Estrategia Financiera de Chile frente al Cambio Climático. Ambas medidas tienen como fin establecer economías bajas en carbonos y que sean resilientes al cambio climático, según informó el ministro de Hacienda chileno, Ignacio Briones, quien anunció ambas medidas.

El Plan de Acción de Santiago es un compromiso que busca generar un mecanismo para implementar los principios de Helsinki y mejorar la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) de los países. Se trata de un compromiso, entonces, para integrar la discusión climática en la formulación de políticas económicas en el marco de los Principios de Helsinki. Así, buscan identificar los riesgos que el cambio climático supone para la estabilidad financiera y la forma de gestionarlos. Además, buscaría estudiar los costes económicos y fiscales de la adaptación al cambio climático.

Esta iniciativa ya comprende a 51 países que cubren el 30% del PIB mundial. Entre ellos, Reino Unido, Suiza, Francia, Alemania, Canadá, Países Bajos, Argentina, Colombia, Dinamarca, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Se busca revisar la aplicación de este plan en la COP26 que se celebrará en Glasgow, en Reino Unido.

Este plan se enmarca en los Principios de Helsinki, los cuales buscan promover buenas prácticas y experiencias en macrofinanzas, impuestos y gestión pública para acelerar una transición justa a una economía baja en carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. Todo esto en la línea de la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) del Acuerdo de París.

La Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, por su lado, se creó al alero del Banco Mundial, y tiene como misión adoptar los Principios de Helsinki. Por ahora está bajo el liderazgo de los ministerios de Hacienda de Chile y Finlandia.

“Esto refleja la reacción del mundo internacional de las finanzas que ya comprende que los costos de la inacción son mucho mayores que los costos de la acción climática. Esta coalición busca promover buenas prácticas en finanzas públicas para acelerar una transición justa hacia una economía baja en carbono, y resiliente a los impactos del cambio climático. Cuando se habla de transición justa, o de justicia climática, de lo que se trata es de tomar medidas efectivas que consideren los derechos humanos y pongan a las personas en el centro”,  cuenta a Ladera Sur Valentina Durán, directora de Espacio Público, un centro de estudios independiente que busca aportar para la construcción de una sociedad más justa, entre otros objetivos.

Primera Estrategia Financiera frente al Cambio Climático

Otra de las medidas anunciadas por el ministro Briones fue el lanzamiento de la Primera Estrategia Financiera frente al Cambio Climático de Chile, que sigue la línea del Plan de Acción de Santiago y los Principios de Helsinki. En este sentido, busca desarrollar una economía baja en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático.

“Esta Estrategia, uno de los compromisos de Chile tras el Acuerdo de París en 2015, refleja el compromiso de Gobierno frente al desafío climático y la necesidad de impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo de tecnologías hacia sectores que nos permitirán continuar creciendo de forma sostenible e inclusiva”, dijo el ministro de Hacienda chileno, Ignacio Briones. A esto agregó que en 2021 se realizaría una actualización a la estrategia y así cada 5 años, desde 2025.

Esta estrategia se basa en tres ejes de trabajo. El primero es la generación de información, datos y análisis sobre los gastos públicos y privados en relación al cambio climático. El segundo es el diseño de instrumentos financieros verdes, como los bonos verdes soberanos. Por último, se busca fortalecer la comprensión y capacidad de acción del sector financiero en materia de riesgo y oportunidad asociada al cambio climático.

“Esto que era impensable hace pocos años hoy es un imperativo, ya que con todas las advertencias que nos da la ciencia sobre los efectos catastróficos del calentamiento global, la responsabilidad que pesa sobre los Estados, en términos de gestión y de alinear al sector privado y financiero, es muy alta. Es un buen comienzo que merece todo nuestro apoyo. El desafío será cómo lograr que el enfoque, la gobernanza y los instrumentos que se proponen sean vinculantes y de largo plazo. Hay que destacar el eje de transparencia y acceso a la información sobre las finanzas climáticas, una razón más para no negarse a firmar el Tratado de Escazú», explica Durán.

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