MAPA CONSTITUYENTE | Las tensiones entre modelo económico y medio ambiente

Mientras el debate por el sistema político se lleva toda la atención, esta semana todavía hay un punto en que no se ha logrado avanzar en el borrador: el choque entre medio ambiente y modelo económico, temas vistos por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que gran parte del problema y confusión reside en que se rechazó el informe de la comisión de medio ambiente en la que se definía el modelo económico. 

Según explica Moraga, ese informe se está reformulando para entrar de nuevo al pleno, probablemente a finales de esta semana o el sábado a votación, nuevamente, con el texto reformulado. “Efectivamente esas normas de modelo económico se rechazaron. Para mí, el rechazo a esas normas de manera definitiva no influiría en absoluto en cómo se está perfilando el modelo económico futuro para este nuevo texto constitucional en caso de aprobarse, puesto que las definiciones de la protección ambiental, de manera transversal, en principios, en normas de definición de bienes, en derechos, en obligaciones del estado, son suficientes para definir un modelo económico que ponga en el centro la protección ambiental”, argumenta.

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Para el economista y ex presidente de Codelco Óscar Landerretche, el problema está en la premisa, muy discutible a su juicio, sobre la existencia de alguna forma o modelo de desarrollar el país que no involucre una tensión con el medio ambiente. “La idea de esa premisa es que el efecto de la actividad humana sobre el medio ambiente es un problema ideológico, porque existen otros modelos que no habrían tenido ese impacto. Yo me pregunto: ¿cuáles son esos otros modelos? ¿han sido implementados en alguna parte? ¿han funcionado? ¿tienen sustentabilidad política? ¿Son modelos que requieren invitar a la gente a no progresar, a no consumir, a no ahorrar? ¿funciona eso? Y ojo, las respuestas a estas preguntas debiéramos tratar de que sean genuinas, aspirar a describir lo que creemos que es cierto y no simplemente afirmaciones de lo que queremos que sea cierto”. 

Según Landerretche, en este tema, lamentablemente ha predominado una visión utópica y, “una constitución requiere de una visión práctica. Necesitamos una estrategia de desarrollo que nos permita crecer como país, mejorar el estándar de vida de nuestros ciudadanos, generar mayores derechos sociales y sostener más bienes públicos. Eso requiere, inevitablemente, el uso y explotación de recursos naturales. Decir lo contrario es mentirse. Entonces el desafío es cómo hacemos para que esa interacción, y sí, explotación de recursos naturales, sea sustentable y lo más sostenible posible. Más aún, requiere que establezcamos límites para que la naturaleza tenga espacios protegidos. Para lograr ese equilibrio se requiere un enfoque práctico, o si quieres… practicable, implementable. Me parece que el debate ha sido de carácter más utópico en la comisión y se han encontrado con un enfoque más práctico en un plenario que está incrementalmente preocupado de lograr un documento que sea aprobado”, sostiene el autor del libro “Siete nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente” (Paidós).

LOS TEMORES AL CAMBIO DE PARADIGMA

La profesora de derecho ambiental de la Universidad de Chile y exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, sostiene que es importante tener presente que no solo en Chile, sino que a nivel global asistimos a un cambio de paradigma. “El medioambiente requiere ser objeto de una atención muy delicada y con evidencia técnica y científica, pues el deterioro ambiental es evidente y su máxima expresión es el cambio climático que, para Chile, reviste particulares impactos negativos, siendo el agua uno de los factores más críticos”. 

Para la exministra, pese a que existe un consenso mayoritario en la necesidad de avanzar a una protección ambiental que nos permita encaminarnos a un desarrollo más sustentable, cuando se confronta esa necesidad con el imperativo de plasmar en la Constitución y luego en la ley, esa nueva realidad de más y mejor protección ambiental, “surgen los temores propios de los cambios de perspectiva y de modo de hacer las cosas. Los cambios generan aprehensiones y medio ambiente, puesto de frente a la dimensión económica del desarrollo, levanta temores, incertidumbre, molestia. Dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho es un reto para cualquier área del quehacer humano”.

Tratando de trasladar esta discusión a lo que ha ocurrido en la Comisión de Medioambiente y en el pleno, Uriarte sostiene que “lo que resulta de ello es que, por una parte, en la comisión de medioambiente se generó un número de normas que pudieron ser escritas y enfocadas de un modo distinto (susceptibles de ser mejoradas para obtener mayores consensos) y, por otra parte, la realidad que venimos expresando: el cambio de paradigma genera temores”.

LAS TENSIONES ECONÓMICAS

Según Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, no hay un choque entre protección del medio ambiente y la naturaleza y modelo económico, pues el modelo económico “no se define solo en las normas explícitas que se refieren a modelo económico, sino que también en las normas que inciden en la definición de ese modelo económico”.

Para la experta, el modelo económico se define, por ejemplo, con el contenido del derecho a poder realizar cualquier actividad económica, que en la constitución actual tiene como límite el orden público, la seguridad nacional y la moral y no tiene aspectos ambientales, cuestión que se cambia en la constitución actual.  “El borrador contiene ciertas limitaciones de orden ambiental hasta libertad económica. También en materia de derecho de propiedad. En ese sentido, por ejemplo, en las normas referidas a bienes comunes, se establece explícitamente que las autorizaciones para el uso del agua no pueden conceder derechos de propiedad, como sucede en la actualidad, gracias al contenido de normas constitucionales como están definidas hoy”.

Moraga apunta que las normas referidas o que tienen impacto en la definición de modelo económico, como derecho de propiedad o derecho a desarrollar cualquier actividad económica, “están definidas actualmente por la convención de manera compatible con la protección al medio ambiente y a su vez ha sido tratada de manera transversal en el texto constitucional de manera de también definir cuál es modelo económico, al reconocer los derechos de la naturaleza, bienes comunes inapropiables, los principios de derecho ambiental como el preventivo, precautorio, el principio a la acción climática justa. Todos ellos también se van a aplicar al modelo económico. Para mi hoy no existe esa dicotomía entre normas del modelo económico y las de protección ambiental”, sostiene.

Respecto a las tensiones entre medio ambiente y modelo económico, Landerretche critica el uso del término “modelo económico” y prefiere hablar de “estrategia de desarrollo”. “Un modelo es algo rígido, una estrategia es algo flexible. La lealtad de un “modelo” es a una ideología y una doctrina, la lealtad de una “estrategia” es hacia un objetivo y una meta. El “modelo” se atrinchera, la “estrategia” se adapta. Al “modelo” le importa el color del gato, a la “estrategia” le importa que cace ratones. Los “modelos” no son sustentables, se rompen ante el primer vendaval por su rigidez, las “estrategias” son resilientes, adaptables y flexibles”, explica y agrega que lo que necesitamos en Chile “es salir de la mentalidad del debate entre “modelos”, tanto quienes defienden el actual como los que quieren el opuesto y pasar a un debate de “estrategias” que tomen lo mejor de diferentes experiencias y perspectivas para alcanzar la meta. Y la meta es generar una estrategia que lleve Chile al desarrollo democrático, social y económico, con mayor equidad y una relación saludable con la naturaleza. No veo este tipo de debate presente hoy en la política chilena, dentro o fuera de la convención”, argumenta.

Por su parte, Ana Lya Uriarte plantea que las mayores tensiones entre medio ambiente y modelo económico se ubican en el plano de la propiedad de los recursos naturales, el rol de Estado, y las firmas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. “Esos temas despiertan inquietudes mayores en el mundo de la inversión, que ha apostado siempre a un pilar de su actividad: “la seguridad jurídica” como sinónimo de inmutabilidad y perpetuidad de sus derechos”. 

La exministra cree que a la luz de la vida que llevamos hoy, llena de incertidumbres e inestabilidades, “el sector económico, pretende mantener ese pilar inmutable, cuestión que, a mi parecer, colisiona de frente con la realidad. La pretensión de que el desarrollo de una actividad esté garantizada a todo evento: aunque no haya agua, aunque perjudique el medio ambiente, aunque no existan condiciones (de interés público) para el desarrollo de la actividad, son pretensiones que no son sostenibles. Ciertamente no se trata de pedir saltos al vacío, pero tampoco se trata de entregar derechos perpetuos”.

EXTRACTIVISMO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Lo claro es que, frente a tantas incertidumbres, sería saludable para la ciudadanía saber si en la discusión existen intenciones de virar desde un modelo económico extractivista de materias primas como el de Chile a uno que resguarde el medio ambiente. Sobre todo, por los temores que se han instalado respecto a la pérdida de empleos y a una posible contracción del crecimiento. En ese sentido, Landerretche apunta a que él no usa el término “extractivista”, pues no está de acuerdo con la connotación que le dan quienes lo usan mayoritariamente. Además, agrega, no es cierto que las industrias chilenas de exportación basadas en recursos naturales solamente “extraigan”. “Eso no es así. Esas industrias involucran actividades industriales, de procesamiento y logísticas muy significativas sin las cuales no sería posible exportar. El mayor problema que tiene Chile no es que haya algo intrínsecamente malo con hacer minería, o agricultura, o piscicultura, o pesca o silvicultura. El problema es que el potencial de crecimiento de esos sectores es limitado y ya nos encontramos cerca a ese límite y, por ende, el potencial para el desarrollo de nuestro país se encuentra en el desarrollo de nuevos sectores industriales, tecnológicos y de servicios. Es en ese sentido que la economía evoluciona hacia una estructura productiva menos dependiente de los recursos naturales”. 

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Landerretche piensa que hay que inducir un cambio tecnológico en los sectores que explotan los recursos naturales “para que adopten mejores prácticas ambientales. Por ejemplo, en mi paso por Codelco durante el gobierno de la presidenta Bachelet, establecimos el programa de Cobre Verde, que introducía un sistema de trazabilidad de huellas de carbono, agua y territoriales. Lamentablemente, fue cerrado por el gobierno del presidente Piñera. Es cierto que, si estas transiciones se hacen mal, de un sopetón y sin pensar en la lógica de las empresas, se puede generar un efecto recesivo, un freno a las inversiones y menos empleo. Pero mi experiencia es que, incluso cuando se ha propuesto un camino hacia la sustentabilidad que incorpore al medio ambiente como parte de la propuesta de valor de la empresa, como ocurrió con el Cobre Verde, esto ha sido ninguneado, menospreciado y finalmente revertido por la cultura empresarial y de la derecha chilena”, sostiene.

Ana Lya Uriarte apunta a que los ciudadanos debemos saber que esta nueva constitución concibe el medioambiente de una forma apegada a la realidad: el medioambiente es un sistema que tiene distintos componentes (que incluye a las personas y sus modos de vida), y estos componentes se relacionan entre sí. “El desarrollo de actividades económicas puede y debe hacerse, lo que se pretende es que se realice con apego a criterios de protección ambiental, porque si se hace agricultura industrial intensiva, el agua que se ocupe y cómo se ocupe, no puede ser indiferente para el Estado que debe garantizar que, al mismo tiempo que se hace agricultura, las poblaciones dispongan de agua para uso doméstico”. Uriarte cree que es posible conciliar, pero, indudablemente, “con ajustes que en ocasiones podrán implicar restricciones, que, por supuesto, deben estar justificadas y aplicadas en un marco de legalidad. No es realista pensar en la desaparición de las actividades productivas. Eso NO va a ocurrir. Lo que sí puede – y es deseable que ocurra- es que si un río se está secando (como el río Copiapó), se puedan adoptar medidas para evitar que esa tragedia ambiental se consume y no asistamos, de brazos cruzados, al funeral del río”.

LAS CLAVES PARA CONSTRUIR UN FUTURO SUSTENTABLE

Y aunque a fines de esta semana deberíamos comenzar a ver los resultados del trabajo de la comisión de Medioambiente en el pleno, el tema de fondo es entender cuáles son los puntos más relevantes que en estos días están en juego para pensar en el desarrollo sustentable de Chile. En ese sentido, Ana Lya Uriarte dice tener “total confianza en que los nudos serán superados. Ya están instalados conceptos claves para la interpretación de una nueva Constitución. Interpretación que tiene a la protección ambiental como un eje estructurante del quehacer social”.

Por su parte, Óscar Landerretche considera que es correcto que una constitución moderna declare como objetivos de desarrollo la sustentabilidad y una relación más sana de la actividad humana con la naturaleza. “Me parece que es un principio compartido. Y considero correcto que exista un sistema riguroso de evaluación y mitigación de impactos ambientales de inversiones, sean públicas o privadas. Desafortunadamente, ninguna de estas dos cosas es suficiente”.  Según Landerretche, necesitamos una acción estratégica del Estado para transformar nuestra economía y eso se hace “desplegando las capacidades de las empresas estratégicas el Estado: CORFO, ENAP, CODELCO. CORFO es nuestro banco de inversión y debiera ser desplegado como tal para el desarrollo de una economía de exportación con un sello verde y sustentable. Chile debiera convertirse en un exportador de soluciones ambientales. ENAP debiera ser transformada en una Empresa Estratégica Energética del Estado que salga del nicho de los hidrocarburos y entre en las energías renovables y en la carrera por el almacenamiento de energía verde, como es el caso del hidrógeno, el arsénico y las baterías mayoristas. CORFO debiera reabrir CODELO Tech y usarla para convertirse en un apalancador de investigación tecnológica en minería que sirva para que pasemos de ser solamente un exportador de minerales a un exportador de tecnologías, maquinaria y servicios industriales mineros”, indica.