Áreas Marinas Protegidas: Una herramienta para compatibilizar la conservación y el desarrollo económico

Los ecosistemas sanos sostienen actividades productivas, generan empleo y abren nuevas oportunidades para las comunidades costeras. Sobre esta base se desarrollan las Áreas de Conservación de Múltiples Usos (ACMU), una herramienta que Chile impulsa desde 2005 como política de Estado para promover el desarrollo económico vinculado al cuidado de la naturaleza, en contraste con visiones que suelen presentarlos como objetivos en conflicto.

En la práctica, estas áreas buscan ordenar los usos que conviven en un mismo territorio, reconociendo que, si no se gestionan adecuadamente, algunos pueden afectar a otros. La lógica es simple: permitir que actividades que sostienen la vida y la economía local continúen desarrollándose, pero de manera responsable y en equilibrio con el entorno, evitando conflictos y asegurando beneficios en el tiempo.

Miguel Espíndola, director de Conservación Oceánica de la ONG Pesca Sustentable, ha participado en diferentes procesos de planificación a lo largo de todo Chile y señala que son la clave para ordenar los territorios en base a evidencia. “Hay que mapear las actividades que se realizan, evaluar su compatibilidad, identificar conflictos y gestionarlos. En general, los principales problemas surgen cuando se intenta instalar actividades intensivas que no se alinean con esta lógica, porque ponen en riesgo otras de menor impacto, pero de alto valor socioeconómico para las comunidades locales”.

En esta línea, agrega que respetar y entender la vocación de cada territorio es determinante, ya que “relajar las barreras ambientales para proyectos de alta conflictividad puede terminar desplazando usos como la pesca artesanal, el turismo o la acuicultura de pequeña escala, que dependen de ecosistemas sanos para sostenerse en el tiempo”.

Juan Fernández: pioneros en compatibilizar el desarrollo económico con la protección

Uno de los casos más emblemáticos es el del archipiélago de Juan Fernández, donde las normativas e instituciones vinieron a poner en el papel lo que ellos hacían por conocimiento ancestral. Ya en 1935 los pescadores de langosta (Jasus frontalis) comenzaron a autorregularse: prohibieron la captura de hembras con huevos, fijaron una talla mínima para sacarlas del mar y establecieron una veda de cuatro meses: tres medidas orientadas a asegurar la reproducción y el crecimiento de una especie que es el principal sustento de la comunidad.

Más recientemente, ante la amenaza de la pesca industrial, la comunidad impulsó la protección efectiva de su maritorio. Por un lado, mediante la creación del Área de Conservación de Múltiples Usos “Mar de Juan Fernández”, que permite la coexistencia del turismo, la pesca artesanal y deportiva; y por otra parte, a través del establecimiento de cinco parques marinos al interior del ACMU, junto con la creación de un parque adicional que resguarda la Zona Económica Exclusiva en torno al archipiélago y a las Islas Desventuradas.

Espíndola destaca que en este caso es la propia comunidad la que ha definido su camino. “Hemos tenido la oportunidad de acompañar este proceso, fortaleciendo actividades coherentes con la vocación del territorio, como la pesca artesanal y el turismo de intereses especiales. Además de ordenar los usos del mar, esto ha permitido posicionar a Juan Fernández a nivel internacional, atrayendo recursos para la investigación, la conservación y el desarrollo local”.

Esta visibilidad internacional del archipiélago, que llevó a la comunidad a protagonizar documentales y aparecer en portadas, generó impactos inesperados. Julio Chamorro, presidente de la Organización Comunitaria Funcional Mar de Juan Fernández, lo explica: “En 2008 el precio playa de nuestra langosta era de 5 mil pesos y hoy es de 22 mil y sigue subiendo. Comercialmente no hicimos nada, solamente nos beneficiamos con la exposición internacional como pesquería sustentable”.

Consultado por las lecciones que deja la experiencia de Juan Fernández para otras comunidades que buscan avanzar en proteger su territorio, Julio señala: “Estas medidas tienen mucho que ver con el sentido común. Un pescador no te va a decir ‘quiero pescar todo y no me importa si se termina’. Las comunidades saben lo que tienen que hacer; el desafío es cómo hacerlo, y ahí el apoyo de la ciencia y las instituciones es indispensable”.

Conservación para dinamizar las economías locales

En la Región de Los Lagos también se impulsa una experiencia relevante bajo este enfoque: el Área de Conservación de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, en la costa de Osorno. Allí, los habitantes de Caleta Huellelhue, comunidad mapuche lafkenche que integra el área, basaron durante décadas su economía en la extracción de choro zapato, pero se volvió cada vez más escaso debido a la explotación intensiva.

En la actualidad buscan reinventarse y recuperar este recurso emblemático. En este proceso, el cuidado y restauración de los ecosistemas ha sido clave para resguardar la belleza escénica del territorio, que abre nuevas oportunidades vinculadas al turismo.

Desde la promulgación de su plan de manejo en 2019, se han establecido lineamientos que promueven la participación de las comunidades y el desarrollo de prácticas sostenibles, lo que se ha traducido en un trabajo articulado entre el Ministerio del Medio Ambiente, actores locales y organizaciones de la sociedad civil.

Esta recuperación comenzó con una veda impulsada por la propia comunidad, que ya suma más de siete años sin extracción y ha mostrado resultados concretos: según los monitoreos, la abundancia del choro zapato (Choromytilus chorus) se ha triplicado entre 2015 y 2026. Actualmente, gracias al impulso del Proyecto GEF Incentivos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad, la comunidad ha dado un paso adicional, sembrando más de un millón de semillas en el estero del río Huellelhue.

Raúl Romero, buzo local que vivió la época dorada de este recurso, comenta que los resultados los mantienen muy entusiasmados ante la oportunidad concreta de fortalecer la economía local. “Esperamos que sea un éxito y que nos permita generar ingresos trabajando de manera responsable y sustentable en el futuro”.

La siguiente etapa del proyecto busca retomar su extracción de manera sostenible y posicionarlo en el mercado con valor agregado. “En este contexto, estamos trabajando en un esquema de certificación y reconocimiento que se llama “Comunidades Azules”, que otorga la plataforma futuroazul.org. A través de esta herramienta buscamos conectar a estas comunidades con mercados nacionales e internacionales que valoran la trazabilidad, la historia y el esfuerzo de conservación detrás de cada producto”, comentó el director de la ONG Pesca Sustentable.

Generando valor desde el norte de Chile

La Reserva Marina Isla Chañaral (RMICHA), creada en 2005, se ha consolidado como un caso emblemático en materia de generar beneficios concretos para las economías locales. A diferencia de otras figuras de conservación, aquí no está permitida la extracción de recursos, favoreciendo altos niveles de biodiversidad. Esto se refleja en el desarrollo de extensas praderas de algas y en la presencia de diversas comunidades de peces, configurando un entorno especialmente atractivo para el buceo deportivo en Chile continental.

Lejos de limitar el desarrollo, esta condición ha impulsado nuevas oportunidades. La riqueza de fauna marina, que incluye delfines, pingüinos y cetáceos, ha posicionado a la reserva como un destino de interés turístico nacional e internacional, siendo parte de la oferta promovida por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

Embarcaciones locales realizan recorridos de avistamiento que atraen a miles de visitantes cada año, generando una actividad económica que se extiende más allá del mar y se proyecta en territorios cercanos. En localidades como Punta de Choros y Chañaral de Aceituno ha crecido exponencialmente la demanda por servicios de alojamiento, alimentación y transporte, contribuyendo directamente a la generación de ingresos y empleo para las comunidades costeras.

En esta línea, un estudio desarrollado para el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, basado en una muestra aleatoria de la comunidad de Chañaral de Aceituno, evidenció que el 100% de los encuestados percibe un impacto positivo en la actividad económica gracias a la existencia y gestión de la Reserva; mientras que un 87% reporta mejoras en sus ingresos. Estos resultados refuerzan la idea de que estas iniciativas pueden convertirse en un motor relevante para el desarrollo local.

Certeza e incentivos: condiciones clave para que conservar impulse el desarrollo local

Para que más territorios puedan avanzar en modelos donde la conservación y el desarrollo vayan de la mano, es importante generar incentivos concretos para que las actividades compatibles con la conservación puedan desarrollarse plenamente. “En el fondo, se trata de alinear reglas e incentivos para que conservar deje de verse como una barrera y se consolide como una oportunidad real de desarrollo para las comunidades costeras”, señala Miguel Espíndola.

A modo de cierre, advierte que lo fundamental es contar con reglas claras. “Se necesita mayor certeza jurídica ambiental, no solo para los inversionistas que impulsan megaproyectos, sino que también para los territorios. Si el Estado define territorios con una vocación de desarrollo sostenible, esas reglas deben respetarse en el tiempo, evitando actividades incompatibles que pongan en riesgo los ecosistemas y las economías locales que dependen de ellos”.

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