#Mapa Constituyente | La transición energética como derecho humano

La crisis climática global, la sequía que enfrenta la región Metropolitana ad-portas del racionamiento de agua, la inaceptable situación de los territorios denominados “zonas de sacrificio” y cómo se administrarán todas las alternativas de energías renovables con las que cuenta el país, forman parte de la discusión que la Convención Constitucional deberá resolver en los próximos meses. 

La Comisión de Medio Ambiente ya aprobó en general el “Estatuto Constitucional de la Energía”, donde se plantean los deberes del Estado en materia de energía e institucionalidad. En síntesis, el texto indica que es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades de subsistencia, así como desarrollar actividades domésticas que resguarden la salud, seguridad y el buen vivir. Además, se plantea asegurar la sostenibilidad, provisión y asequibilidad de los servicios energéticos a toda la población, promoviendo el uso de tecnologías limpias y eficientes, en relación con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. En la línea institucional, la norma aprobada en general sostiene que: “El Estado, por medio de la Ley, debe establecer la institucionalidad necesaria para cumplir con los deberes del Estado en materia energética, disponiendo de información actualizada y transparente, así como velar por la participación abierta e inclusiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, entre otras que la Ley determine”.

Transición energética justa

“La Convención está abordando estos temas, pero se corre el riesgo de una larga lista de derechos que puede acotar el ámbito de acción del Estado, entendiendo que hay múltiples derechos más amplios que hay revisar”, apunta Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente. Para Mena, una lista específica puede dificultar la labor para llevar a cabo esos derechos y priorizarlos en particular. “Yo más bien hablaría de reconocer la pobreza energética y los impactos ambientales que tiene más que buscar derechos muy específicos en torno al abastecimiento energético, eléctrico y de otros tipos de servicios”.

Paz Araya, investigadora de RedPE (Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile) sostiene que lo importante es entender que en la Constitución se están discutiendo dos normas, “de las cuales la propuesta es hacernos cargo de la energía como un bien común que debe cuidarse, asegurarse en vista del cuidado de nuestro entorno y la sostenibilidad. Y por otro lado la energía mirada como un derecho al cual se debe tener acceso para todos los ciudadanos”.

Rodrigo Palma, director del Centro de Energía de la Universidad de Chile enfoca la discusión desde el punto de vista que la naturaleza nos pone fronteras y también nos ofrece un tremendo potencial que, en el caso de Chile, que hay que conjugar de manera sabia, explica. “Si aprovechamos el potencial de la naturaleza a través de las energías renovables a su vez se debe tener un cuidado muy lúcido para no traspasar las cargas que puede soportar el uso energético industrial y la actividad humana en ciertos espacios territoriales”. Palma apunta a que otro concepto que se debe discutir es el de la pobreza energética. “Ahí el combo es entender cuáles son las necesidades básicas y su conexión con los derechos para poder llevar una vida digna. Ahora lo que vemos es que hay permisos que cumplir y después me desentiendo, a pesar de que existen zonas de sacrificio y situaciones que son inconcebibles para el desarrollo sostenible”.

Zonas de Sacrificio y Justicia Ambiental

Para el exministro Mena, lo cierto es que varios constituyentes traen consigo una serie de conflictos ambientales desde sus propias elecciones y es por eso que es fundamental abordar el concepto de zonas de sacrificio y su impacto en la creación de injusticia ambiental. “Una forma de abordar es permitir una descentralización del territorio que permita ejecutar descentralizadamente el uso de recursos en torno a impuestos recaudados, como los impuestos verdes. Eso es práctico y por tanto entender que el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación también debe tener un correlato con la distribución de la forma en la cual se toman y financian las decisiones”.

Paz Araya indica que “un elemento fundamental de la transición energética es la descarbonización, que implica de las centrales termoeléctricas a carbón, lo que a su vez pone fin a varias zonas de sacrificio. Pero solamente el cierre de estas centrales a carbón es insuficiente si queremos que la transición energética sea justa”.

 

La investigadora plantea tres principios fundamentales para avanzar en esa área y que ha sido reconocidos internacionalmente: la distribución equitativa de sus beneficios y externalidades negativas; que los procedimientos de desarrollo energético sean justos, participativos, transparentes, con una población informada que pueda efectivamente hacerse cargo de las decisiones y el de reconocimiento de grupos que han sido históricamente oprimidos por sistemas energéticos. Estos tres principios deben operar en distintas escalas. “Por ejemplo, a nivel global, la justicia energética significa que los países desarrollados están haciendo transiciones verdes a costa de explotar a los países del sur global, como en el caso del hidrógeno. No puede ser que el hidrógeno se desarrolle en Chile para satisfacer las transiciones verdes de Europa mientras que acá todavía no resolvemos nuestros problemas, como las zonas de sacrificio y en otra escala, los daños que están teniendo los cuerpos de las personas”.

Marcelo Mena, CEO de The Global Methane Hub, proyecto internacional que engloba a 110 países y que se focalizará en reducir las emisiones de la extracción de gas natural y petróleo, la producción agrícola y ganadera, además la generación de residuos orgánicos cree que el principio de justicia intergeneracional y ambiental son muy importantes, como el hecho de tener una participación ciudadana vinculante, más acceso a la información ambiental oportuna y de calidad. “Con una descentralización territorial y administrativa tienes la oportunidad de financiar impuestos verdes, que vendrían a remediar las zonas de sacrificio. Estos principios se enmarcan en lo que debería ser algún tipo de ley o programa de recuperación ambiental, siguiendo lo que ha sido el ejemplo de Superfund en Estados Unidos u otros en donde se haga una remediación real. Puchuncaví, Huasco y Coronel han tenido programas de recuperación ambiental que han contemplado las medidas que la misma comunidad ha considerado vitales para remediar los impactos. Esa es una forma de poder partir. El programa de recuperación ambiental y social de las zonas de sacrificio”.

La esperanza y el desafió: las Energías Renovables

Para Rodrigo Palma, quien además es académico del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile, es fundamental no perder de vista la gran riqueza de energías renovables disponibles en Chile. “La más importante por su potencial, que ya ha sido medido, es la solar, que sola puede superar en 80 veces el requerimiento energético de consumo del país proyectado, pero que obviamente tiene el elemento que de noche no hay sol y cómo gestionar esa demanda es el desafío”. Palma apunta también a la energía hidráulica, “que tiene impacto ambiental por los embalses, pero es un gran recurso que tenemos y que está siendo impactado por el cambio climático y ahí hay una alarma. Chile llegó a abastecerse en algún momento en un 90 por ciento con esa energía. No hay que olvidarlo pues ha sido parte importante de nuestro desarrollo, está presente y hay que ver cómo utilizarla bien. Tenemos energía eólica con gran potencial, geotérmica”.

El director del Centro de Energía explica que hoy tenemos 30 giga watts de potencia instalada en las máquinas que fabrican electricidad. “De eso, hoy cerca de 5, 5 son solares, cerca de 4 son eólicas, otros 4 son hidráulicos, de geotermia tenemos apenas 40 megawatts y también en es una gran oportunidad; tenemos la biomasa y la energía del océano, que es la más incipiente en todas sus formas y que todavía no tiene un aprovechamiento eléctrico como tal, pero que podrían venir algunos desarrollos tecnológicos disruptivos que puedan superar las barreras de costos que tienen esas tecnologías”.

Pero más allá de las inmensas posibilidades con las que cuenta el país para generar un desarrollo sostenible, una pregunta relevante para la discusión constitucional es cómo se logrará introducir la justicia ambiental en la nueva Carta Magna y cómo la ciudadanía podría vivenciarla en la práctica.  Paz Araya apunta a que la justicia ambiental significa no ir en desmedro de un territorio o de la salud de las personas por sacar adelante un proyecto de carácter productivo industrial. “La RedPE habla de cinco principios para tener un debate sobre energía en la Constitución y en la toma de decisiones de políticas públicas y lo que vamos a enfrentar en el contexto de crisis ecológica: Principio al derecho a la energía, justicia ambiental, justicia territorial, justicia intergeneracional y derecho a una vivienda digna que sea eficiente. Se debe lograr una regulación fuerte que garantice estándares de producción de energía que no sean contaminantes”.

“En todos los lugares donde haya una actividad industrial o productiva que tiene impacto, como tiene toda actividad humana sobre el territorio, debiera estar dentro las fronteras que nos pone la naturaleza, con rangos donde se pueda coexistir. Eso es central en la transición justa”, indica Rodrigo Palma. “Lo otro es el cambio de switch, que podemos efectivamente pasarnos a un tren de energías renovables. Eso no significa ser irresponsables y hacer un uso indiscriminado, porque siempre va a haber impactos, pero permitiría descarbonizar la matriz, y cumplir los compromisos y la apuesta planetaria de tratar de limitar el aumento de las temperaturas y el impacto del cambio climático para bajar los niveles de adaptación a los que vamos a estar sometidos en un país que está especialmente vulnerable frente a estos fenómenos”. 

Para Palma la transición justa a la que Chile aspira “no puede ser a costa de la naturaleza ni de las personas, con una sensación de desigualdad. La gracia es que las energías renovables y esta transición ofrecen grandes oportunidades. A veces se presenta esto como un tremendo costo que tenemos que pagar y los estudios muestran que efectivamente hay que hacer una inversión inicial, pero que después los frutos son gigantes. Es un tema generacional: quién toma la bandera para que futuras generaciones puedan disfrutar y sostener un desarrollo en función de ese paso que hay que dar, esa inversión que se complica con todo lo que estamos viviendo. Yo lo veo optimistamente. Son muchas más las oportunidades que los costos de esta transición justa”.