Argentina: Plantean creación del primer «paisaje protegido fluvial» en la provincia de Jujuy, al norte del país

Hace semanas se anunció con gran entusiasmo en Argentina lo que sería la creación del «primer paisaje fluvial en Latinoamérica». La propuesta incluye la protección del cauce y riberas del río San Francisco, que transcurre en la provincia de Jujuy, al norte de este país. Se trata de un tramo intermedio entre el Río Grande de la Quebrada de Humahuaca y el Río Bermejo que recorre unos 130 kilómetros. El proyecto se dio a conocer durante un encuentro entre la Ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán; el Administrador General de la Empresa Ledesma, Federico Gatti; y el Presidente de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown.

El San Francisco es el más grande afluente del río Bermejo. Se origina en las cercanías de San Pedro de Jujuy de la confluencia de los ríos Lavayén y Grande de Jujuy. Corre en dirección noreste, en un ambiente de selva tropical. Su cuenca tiene una alta densidad de población, y en ella predominan los cultivos de caña de azúcar, especies madereras y frutales, además de la explotación forestal de la vegetación nativa. La noticia llegó de la mano del Ministerio de Ambiente local, que comunicó el proyecto en el que también tendrá participación el sector privado, principalmente la Empresa Ledesma, con más de 100 años dedicada a la producción de azúcar y papel.

Pero, ¿Qué significa un «paisaje protegido fluvial? ¿A qué ser refiere? En principio, un «paisaje protegido fluvial» es un área protegida que incluye al propio cauce del río y sus áreas riparias aledañas —que se refiere a la ribera de los cauces, especialmente la vegetación de ribera, como bosque ripario o de ribera— que conforman una unidad desde el punto de vista del funcionamiento hidrológico y de la biodiversidad asociada.

El río San Francisco es un tramo intermedio entre el Río Grande de la Quebrada de Humahuaca y el Río Bermejo (donde el San Francisco desagua). El medio argentino Página 12 destaca que, de ser aprobado el proyecto, el «área protegida abarcaría en esta primera etapa el tramo jujeño hasta la frontera con Salta en un recorrido de 130 kilómetros«.

El Ministerio de Ambiente de Jujuy evalúa incluir el propio cauce del río y los bosques ribereños o riparios que están categorizados como “rojo” en el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de la provincia hasta una distancia de 1,5 kilómetros a ambos lados, totalizando una superficie de aproximadamente 23.000 hectáreas (4.810 de río y playas y 18.157 de bosques en categoría I del OTBN).

El anuncio no ha pasado desapercibido para críticos y detractores: Algunos ven con escepticismo el proyecto y destacan que el río San Francisco cuenta desde 2009 con protección bajo leyes. El medio local Jujuy Dice cuestiona abiertamente el proyecto y sugiere que hay intereses empresariales detrás del anuncio. La explicación, plantea el medio, tiene que ver con que el río San Francisco ya cuenta con protecciones legales, que además establecen prerrogativas que prohíben su modificación o alteración. El estar incluido en la Ley Provincial N° 5676/09 y además haber sido declarado como zona roja desde el 2009 y también por la ley 6097/18, denominada «Actualización del ordenamiento territorial adaptativo de bosques nativos de la provincia de Jujuy«.

«Esta última actualización del plan de ordenamiento de bosques nativos amplio la protección a ambas márgenes del río San Francisco, y llega a más de 200 metros a cada lado. Es decir que son áreas que representan sectores de alto valor de conservación que no deben transformarse; son áreas protegidas nacionales y provinciales, áreas de protección privada y corredores ripiarios», indica una nota publicada por el medio.

De acuerdo con el medio, Jujuy es la única jurisdicción que logró actualizar el Ordenamiento Ambiental de Bosques Nativos (OTBN); cumpliendo con todo el proceso que estipula la Ley, acreditado ante la Nación y aprobado por Ley Provincial N 6097. «El estudio que quizás debería realizarse es saber el impacto de esos 500 metros que deberían solicitar o sumar al área de protección que son 1000 metros. Las preguntas serian: ¿qué implica para la empresa Azucarera esos 500 metros? Y ¿qué gana la provincia? Esos cañaverales tendrán un costo elevado si llegan a conseguir la figura de ‘paisaje protegido fluvial’? La iniciativa público-privada aparentemente buscaría otros intereses quizás rentables que no generarían beneficios para la provincia, si aparentemente para el sector privado. Con solo saber que la superficie de plantación de cañas el total en la provincia son unas 63.000 hectáreas, aproximadamente y el 50% es de la empresa Ledesma».