Reactivan permiso ambiental de Dominga mientras crece incertidumbre por protección del pingüino de Humboldt

Un nuevo capítulo se suma a la extensa y compleja historia judicial del proyecto minero-portuario Dominga, iniciativa de la empresa Andes Iron emplazada en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Esta vez, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, quienes respaldan el proyecto, y suspendió los efectos de su propia sentencia dictada el pasado 20 de febrero, que había rechazado la iniciativa.

«Dominga fue rechazado por el Comité de Ministros y después el Tribunal Ambiental revisó parte de esto y anuló ese rechazo. Esa anulación a su vez fue anulada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Eso fue la semana pasada. ¿Qué pasó eh ayer? Frente a esta anulación de la anulación del rechazo, Dominga presentó recursos de casación para que la Corte Suprema revise si lo que hizo la Corte de Apelaciones está bien o no. Eso es lo normal de cualquier procedimiento judicial. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuando se presentan los recursos de casación, puede suspender el fallo respecto del cual se está discutiendo. Entonces, suspendió esa orden que se había dado de anular la anulación. Como se suspendió la orden de anular la anulación, entonces la anulación como que vuelve a la vida del derecho por un rato. Vuelve hasta que se termine de conocer el procedimiento frente a la Corte Suprema», explicó en sus redes Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

La decisión implica, en la práctica, restablecer de manera temporal la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga, devolviéndole vigencia mientras el caso es elevado a la Corte Suprema. Será este tribunal el que deberá pronunciarse de forma definitiva sobre el fondo del conflicto, en un proceso que ya se extiende por más de una década y que se ha transformado en uno de los casos emblemáticos de judicialización ambiental en Chile.

El proyecto —valorado en cerca de US$2.500 millones— ha generado una fuerte controversia debido a sus potenciales impactos sobre el ecosistema marino de la zona, particularmente por su cercanía a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un área de alta biodiversidad y clave para múltiples especies.

Desde Alianza Humboldt, organización que ha seguido de cerca el caso, advierten que la resolución debe interpretarse con cautela:

«Esto es un procedimiento esperable. No es especial ni de mayor relevancia. En concreto, la anulación se suspende mientras la Corte Suprema revisa los recursos de casación y eso deja todo en el aire; todo lo que ha pasado queda ahora en suspenso. Ahora se está a la espera de una resolución de la Corte Suprema que, lo más probable, es que declare inadmisible los recursos y vuelva al estado de rechazo como corresponde. Ahora bien, el proyecto Dominga no cuenta con los permisos para empezar a construirse, y podría seguir con algunos trámites mientras la Corte Suprema termina de ratificar el rechazo».

«La Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió los efectos de su sentencia hasta que la Suprema resuelva los recursos de casación. Es una medida formal, no implica nada de fondo. Por su parte, la Corte Suprema ha tenido un criterio uniforme respecto a declarar la inadmisibilidad de los recursos de casación en estos casos», comentó por su parte Maximiliano Proaño Ugalde, exsubsecretario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.

Por su parte, desde el sindicato de pescadores que impulsó el recurso, su presidente, Raúl Julio, manifestó su frustración frente a la prolongada tramitación del proyecto. “Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental”, señaló en un comunicado, insistiendo en la necesidad de avanzar y poner fin a lo que consideran una burocracia excesiva.

Este escenario se produce en un momento especialmente sensible para la conservación marina en la zona norte del país, particularmente para el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), una especie emblemática de la corriente del mismo nombre y de las costas de Chile y Perú.

Actualmente, el pingüino de Humboldt se encuentra clasificado En Peligro de Extinción en Chile —categoría en la que fue recientemente reclasificado— y como Vulnerable a nivel internacional según la Lista Roja de la UICN. Sus poblaciones han mostrado una disminución sostenida debido a diversas amenazas, entre ellas la pérdida y degradación de su hábitat, la interacción con pesquerías, la presencia de especies invasoras y los efectos del cambio climático.

En este contexto, durante febrero de 2026 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó su declaratoria como Monumento Natural, una figura de protección que busca resguardar directamente a la especie en todo el territorio nacional, tanto en ambientes terrestres como marinos.

Esta categoría implica, entre otras medidas, la prohibición de capturar, dañar o perturbar a los individuos, y fortalece las herramientas legales disponibles para su conservación, complementando instrumentos ya existentes como la veda extractiva y el plan RECOGE.

No obstante, este avance en materia de protección ambiental enfrenta hoy un nuevo grado de incertidumbre. El pasado 12 de marzo, José Ignacio Vial Barros, el actual subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, ingresó un oficio para retirar del trámite de toma de razón más de 40 decretos supremos de la cartera, incluyendo la declaratoria del pingüino de Humboldt como Monumento Natural.

La medida no solo afecta a esta especie, sino también a una serie de iniciativas clave para la conservación en Chile. Entre los decretos retirados se encuentran la creación de nuevas áreas protegidas, como los parques nacionales Las Parinas, Lagunas Bravas, Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II, además de la Reserva Nacional Salar de Pedernales y la Reserva de Región Virgen Pisacas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, comunicaron lo siguiente al respecto: «Con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores. A su vez, este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. Nuestro propósito es que cada acto administrativo emanado del Ministerio del Medio Ambiente cumpla con los más altos estándares de calidad jurídica, resguarde el cuidado de las personas y proteja efectivamente el patrimonio natural del país».

«En este caso se suma un antecedente: el gobierno saliente ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión. El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y la buena administración», agregaron.

Este retiro abre un escenario de incertidumbre respecto al futuro de estas medidas, ya que su implementación queda, por ahora, en pausa. En paralelo, la reactivación temporal del proyecto Dominga vuelve a tensionar el debate sobre los impactos ambientales en una zona considerada crítica para la biodiversidad marina del país.

Así, mientras la Corte Suprema se prepara para resolver uno de los casos más emblemáticos de la institucionalidad ambiental chilena, también se instala una discusión más amplia sobre el rumbo de las políticas de conservación y el equilibrio entre desarrollo y protección de ecosistemas altamente sensibles.