Ladera Sur Parlamentarios presentaron Proyecto de Acuerdo para la firma del Acuerdo de Escazú  
Parlamentarios presentaron Proyecto de Acuerdo para la firma del Acuerdo de Escazú   

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Parlamentarios presentaron Proyecto de Acuerdo para la firma del Acuerdo de Escazú  

Nueve diputados se sumaron al llamado de jóvenes, académicos y organizaciones de la sociedad civil, ingresando un Proyecto de Acuerdo solicitando al Presidente de la República “ser responsable” y firmar el Primer Acuerdo Ambiental de América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, antes del 26 de septiembre de este año. Acá te contamos más detalles.

Chile no ha firmado ni ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, razón por la que un grupo de nueve diputados, en apoyo a múltiples organizaciones, académicos y representantes de la sociedad civil, presentó un Proyecto de Acuerdo a la Cámara de Diputados para solicitar la firma del presidente Sebastián Piñera de este tratado internacional.

La acción se concretó este martes 28 de julio, con las firmas de los diputados Félix González (PEV), Jaime Naranjo (PS), Diego Ibañez (CS), Vlado Mirosevich (PL), Matías Walker (DC) y Víctor Torres (DC) y las diputadas Catalina Pérez (RD), Cristina Girardi (PPD) y Marcela Hernando (PR).

En el proyecto, los parlamentarios señalan que “las y los jóvenes comprometidos con el medio ambiente, organizados en la campaña de Escazú Ahora Chile, junto con múltiples organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace, Chile Sustentable, Fundación Terram, ONG FIMA, MODATIMA, Espacio Público, Amnistía Internacional y  CODEFF, entre otras, han instado al Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú y elevar los estándares medioambientales de la República. Demanda de la que esta Cámara, en cuanto órgano democrático representante de sus ciudadanos y ciudadanas, hace eco, y por lo que las y los abajo firmantes vienen a proponer el siguiente proyecto de acuerdo”.

Al respecto, la diputada y presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, señaló que “las desigualdades del modelo económico se han expresado también en la ausencia de justicia ambiental en un país con territorios relegados a constituirse como zonas de sacrificio. Chile mantiene una deuda pendiente con sus habitantes, sus ecosistemas y con los efectos del cambio climático, y desde esa perspectiva asegurar el acceso a la información, participación y justicia ambiental es un mínimo indispensable que está hoy en manos del Gobierno”.

En tanto, el diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, declaró que hoy tenemos el desafío generacional de frenar el aumento de la temperatura global, lo que significa una batalla por superar una economía que privatiza el bienestar y socializa la devastación. En esa batalla hay comunidades y liderazgos territoriales cuya defensa es condición para cualquier democracia social y ambiental. “Firmar el acuerdo de Escazú es una obligación para cualquier gobierno que se toma en serio la emergencia climática de la que somos responsables como humanidad. La participación pública y el acceso a la información son claves para proteger el derecho a vivir sin contaminación y preservar los sistemas ecológicos que nos permiten existir. De eso se trata la firma del Acuerdo de Escazú, de dejar la hipocresía y materializar el discurso”, puntualizó el diputado.

Por su parte, el activista y Champion por CEPAL del Acuerdo de Escazú, Sebastián Benfeld, emplazó al Presidente de la República: “Hoy el Presidente Sebastián Piñera tiene una oportunidad única para recapacitar y hacer algo bien en materia de Derechos Humanos y medio ambiente anunciando la firma de Escazú en la cuenta pública de este viernes. Estamos en un momento de nuestra historia que exige hacernos cargo de lo que vaya a pasar mañana, la pregunta es: ahora que tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones, ¿nuevamente cometeremos los mismos errores que nos trajeron hasta acá o recapacitaremos y tomaremos decisiones que nos encaminen hacia un Chile más justo, transparente y armónico con la naturaleza?”.

En esa misma dirección, la activista ambiental de SCAC Magallanes, Gabriela Simonetti-Grez, manifestó que la firma del Acuerdo de Escazú no sólo sería un paso clave para avanzar en “dar un entorno seguro a defensoras y defensores ambientales que nos vemos amenazados diariamente, sino que también nos reconocería como actores clave para lograr un desarrollo sostenible, siendo posible sólo con la participación de toda la ciudadanía”.

Por último, la representante electa del público para la firma de Escazú, Andrea Sanhueza, comentó el contexto regional y señaló que “sólo faltan 2 ratificaciones para que el Convenio entre en vigor. La semana pasada, Escazú ingresó al Congreso colombiano para su ratificación. Chile debe ponerse al día firmando el Convenio de Escazú y debe recuperar su liderazgo internacional en democracia ambiental”.

De esta forma, todavía falta no solo la firma, si no que también la ratificación de este acuerdo por parte de Chile. Una razón por la que este Proyecto de Acuerdo se presenta como una forma de presionar para que Chile avance en esta materia. Sobre los pasos siguientes, el diputado Félix Gonzalez comentó que lo que se espera es que el gobierno ratifique el tratado para luego adecuar la normativa ambiental a los principios de justicia ambiental, participación vinculante y protección de los activistas ambientales: “Los pasos a seguir están un poco complejos porque ahora sólo podemos presionar al gobierno porque, de acuerdo a la Constitución, son ellos quienes tienen que dar el siguiente paso”.

Sobre el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es un tratado de medio ambiente y derechos humanos impulsado por Chile desde el año 2011, que tiene como objetivo garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y a tener justicia ambiental. Sus pilares son: acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia y protección de defensores ambientales.

El texto final de este tratado fue acordado por 20 países de la región el año 2018 en la ciudad de Escazú Costa Rica (desde donde deriva su nombre) y, aunque Chile hizo un llamado a todos los países de América Latina y el Caribe a firmar y ratificar, a último minuto se desistió de hacerlo.

En entrevista con Bárbara Tupper para Ladera Sur, Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, explicó que Chile no firmará esta acta hasta que exista un análisis acabado de los efectos que esto podría tener en el territorio nacional: “Uno se siente muy angustiada de no poder avanzar en el tema de Escazú de manera más relevante, pero el acuerdo está escrito de una manera muy amplia que genera que conflictos internos puedan ser llevados antes tribunales internacionales, afectando certezas jurídicas y soberanía. Ya que este acuerdo no admite reserva, se ha solicitado un completo análisis de los efectos que esto podría tener en todo el territorio nacional”.

Al respecto, agregó que existen mecanismos de justicia ambiental como los tribunales ambientales, entre otros, y que Chile se puede adscribir en cualquier momento al tratado y que el plazo para que nuestro país firme no vence en septiembre.

Tanto Benfeld como Sanhueza cuestionan estos argumentos. Sobre el tema de la soberanía, el Champion por CEPAL del Acuerdo de Escazú, dice que esto se refiere a artículos específicos que ya se encuentran en tratados por Chile, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mientras tanto, la representante del público comenta que, sobre el tema de la justicia ambiental, la legislación ambiental es débil: “Tenemos Tribunales Ambientales, pero eso no apunta a lo que dice Escazú”.

Para que el tratado entre en vigor, es decir, que se realice la primera Conferencia de las Partes, se necesita que 11 países lo ratifiquen. Hasta el minuto 9 lo han hecho. Por lo tanto, dicen las organizaciones que presionan para que Chile ratifique, la firma de este tratado por parte del presidente, es una oportunidad para “dar una prueba del compromiso con la democracia ambiental y la vida de quienes defienden el medio ambiente”.