Día Mundial del Agua: la urgencia de proteger las aguas subterráneas en Latinoamérica

Al abrir la llave de la regadera, al lavar los trastes, al preparar sus alimentos o al llenar un vaso, ¿se ha preguntado de dónde se extrajo esa agua? Lo más probable es que se trate de aguas que durante 100, 200, 300 o más años estuvieron resguardadas en el subsuelo. Tan bien es posible que esas aguas provengan de una zona en donde se está extrayendo más agua de la que está ingresando a ese sistema. Y es casi seguro que en su país no existan datos suficientes ni adecuados sobre cuál es la situación de las aguas subterráneas.

Estos son algunos datos que permiten visibilizar la importancia de las aguas subterráneas: representan el 99% de toda el agua dulce en estado líquido que hay en el planeta; a nivel mundial, el abastecimiento hídrico del 50% de la población urbana procede de aguas subterráneas. Y, por lo menos, 25% de toda el agua que se extrae se utiliza para riego.

Pese a que son vitales para mantener la vida humana y de muchos ecosistemas, las aguas subterráneas “se subestiman, se gestionan mal y sobreexplotan”, de acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, publicado como parte del Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo y que tiene este año como tema central: “Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible”.

¿Agua para todos?

En el Informe se destaca la urgencia de tener una gestión adecuada de las aguas subterráneas, de contar con marcos legales que contemplen la protección de zonas de extracción y recarga y que garanticen el rendimiento sostenible.

También se insiste en la necesidad de evitar la contaminación del agua subterránea provocada, sobre todo, por la agricultura y otras actividades como la minería y la industria.

Las aguas subterráneas, se remarca en el documento, son la única forma viable y asequible de extender el acceso básico al agua a las poblaciones rurales a las que aún no se les garantiza el derecho humano al agua.

En la actualidad se estima que alrededor de 2200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Además, alrededor de cuatro mil millones de personas viven en zonas que sufren una grave escasez de agua durante por lo menos un mes al año.

Ante el escenario de cambio climático, y cuando hay un ritmo anual del 1% de crecimiento del uso de agua, el informe señala que considerar a las aguas subterráneas como un bien común y no como una propiedad privada, mejoraría su gestión y traería beneficios a los seres humanos, pero también a los múltiples ecosistemas que dependen de las aguas subterráneas.

Además, se remarca, que las aguas subterráneas pueden ser la solución a las crisis hídricas si se gestionan en forma correcta.

América Latina, confiarse de la abundancia

En América Latina, una región con importantes precipitaciones, ríos y lagos monumentales, ha predominado la idea de que hay una abundancia de agua. Y aunque en parte eso es cierto, esa abundancia tiene también un límite y en algunos países podría ser solo un espejismo.

Si se compara con otras regiones del planeta, en Latinoamérica y el Caribe es menor el porcentaje de agua subterránea que se utiliza: de acuerdo con el informe, el 30% de las extracciones de agua dulce proceden de acuíferos.

En Costa Rica y México, aclara el documento, las aguas subterráneas sí abastecen al 70% de los hogares de las áreas urbanas y prácticamente satisfacen toda la demanda de las zonas rurales.

En México, además, 72% de la industria se abastece del agua subterránea; 40% de la agricultura depende de los acuíferos y 90% del agua que se usa para labores domésticas en las comunidades rurales se extrae de pozos. “De toda América Latina, México es el país en donde más se utiliza el agua subterránea. El desarrollo socioeconómico del país, que está prendido con alfileres, se ha hecho a costa de la explotación intensiva del agua subterránea”, resalta el investigador Óscar Escolero, del Instituto de Geología de la UNAM.

“Por la relativa abundancia del agua que hay en la región latinoamericana, el tema de las aguas subterráneas no se toma en cuenta como se debería”, advirtió Alberto Manganelli, director ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe (CeReGas), durante la conferencia “El estado que guarda el agua subterránea en Latinoamérica”, realizada como parte de un webinar el pasado 15 de marzo.

Las consecuencias de la falta de atención para las aguas subterráneas ya se miran en países como Chile, Perú, Argentina, República Dominicana, México y varias naciones de Centroamérica, donde han ido en aumento los conflictos sociales por la falta de agua.

Entre los problemas que tiene América Latina cuando se habla de aguas subterráneas está la contaminación del agua, pero sobre todo la explotación no controlada: existe un subregistro de los pozos existentes y un gran número que son ilegales, destacó Manganelli.

La ausencia de los datos

Tanto el informe como investigadores coinciden en destacar que un problema a nivel mundial es la falta de datos y monitoreo de las aguas subterráneas.

En América Latina, se destaca en el documento, tanto la “protección y monitoreo de las aguas subterráneas son deficientes, lo cual ha dado pie a su explotación intensiva y/o contaminación, poniendo en peligro su sostenibilidad”.

En el documento se menciona como un problema la “escasez de datos fiables” sobre el comportamiento y estado de los acuíferos.

Un estudio publicado por CeReGas, en 2019, señala que de 19 países solo 8 cuentan con programas de estudios sobre monitoreo de sus pozos.

Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por ejemplo, no tienen una red nacional de monitoreo; solo se hace en algunas regiones o en acuíferos muy particulares.

En el caso de México no se conoce cuánta agua ingresa de manera natural a los acuíferos. El investigador Óscar Escolero señala que se tienen datos sobre cuánta agua extrae la industria y del abastecimiento urbano, pero no se tiene información real sobre el uso agrícola, porque la mayoría de las concesiones destinadas a este sector no cuentan con medidor ni pagan derechos de agua.

“El monitoreo es una sabia inversión”, señala el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, porque al “identificar los problemas en una fase temprana puede resultar muy ventajoso, ya que es posible introducir medidas de mitigación antes de que se produzca un grave deterioro de los recursos».

El informe de las Naciones Unidas señala que “los datos sobre las aguas subterráneas, recogidos con fondos públicos, deberían ser de libre acceso. Las empresas privadas deberían publicar los datos y la información importante relativa a los parámetros de las aguas del subsuelo”.

Problema en aumento

La explotación no sustentable del agua subterránea acarrea problemas en varios frentes, entre ellos el de la contaminación. Manganelli lo ilustró con el caso de Uruguay, donde tienen altos niveles de arsénico en el agua. “Gran cantidad de los pozos que se utilizan superan los 10 microgramos por litro de arsénico, límite establecido en normas internacionales”. Aunque en ese país, el límite que ahora permite la ley es de 20 microgramos por litro.

Si bien el arsénico está presente en forma natural en el agua subterránea, cuando se tiene una exposición continua y por arriba de los límites permitidos provoca graves problemas a la salud.

En el informe se resalta que en América Latina y el Caribe, los problemas más frecuentes de calidad de las aguas subterráneas están asociados a la presencia de elementos no deseados de origen natural —sobre todo arsénico y fluoruro—, y de contaminantes antropogénicos como nitratos, residuos fecales y pesticidas, así como varios compuestos de origen industrial subproductos de la minería, solventes e hidrocarburos.

De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, se estima que la contaminación provocada por la agricultura supera a la provocada por los asentamientos y la industria. Y menciona que el nitrato, procedente de los fertilizantes químicos y orgánicos, es el contaminante más extendido a nivel global en las aguas subterráneas.

La minería, la industria del petróleo y el gas también se consideran actividades que tienen un profundo impacto en la calidad de las aguas subterráneas.

El informe advierte que “la contaminación de aguas subterráneas es un proceso prácticamente irreversible”.

Bien común, no privado

En el informe también se señala que al considerar a las aguas subterráneas como un recurso privado “se hace aún más difícil el regularla y gestionarla”. Por ello, destaca que “los gobiernos tienen que asumir plenamente su función de guardianes de este recurso, considerando el carácter de bien común que tiene el agua subterránea”.

El documento no lo menciona, pero en Latinoamérica es posible mirar las consecuencias sociales y ambientales que se generan al considerar el agua subterránea como propiedad privada.

En Chile, la constitución de 1980 reconoció la propiedad absoluta sobre los derecho de agua. Así que empresas o particulares que poseen los derechos de agua tienen la propiedad sobre el bien natural, es como si fueran los dueños de una casa.

Eso ha provocado que se sobreexploten los acuíferos, que se estén agotando fuentes de agua subterránea, un sinnúmero de conflictos socio ambientales y que se estén muriendo ecosistemas, explica la abogada Verónica Delgado, directora del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción.

Si bien la situación es más grave al norte de Chile, los problemas también se miran en el sur —donde llueve, pero los pozos también se están secando— y en el centro del país. “Hay lugares en donde la gente no tiene agua de sus pozos, pero al lado tiene cerros llenos de campos de paltos (aguacates) y cítricos que se exportan. Ellos (los dueños de esas empresas) tienen los derechos de agua”, explica Delgado.

En enero de 2022, se aprobó una reforma al Código de Aguas en donde se establece que los nuevos derechos de aprovechamiento de agua ya no serán indefinidos, sino temporales hasta 30 años. Mientras que los derechos existentes continuarán vigentes y sólo podrán caducar por no usarlos o no inscribirlos. Además, se reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Estas reformas, explica Delgado, abren la puerta a que se pueda reservar aguas para el mantenimiento de la población en el futuro y para limitar los derechos de agua cuando esté en juego la sustentabilidad de los acuíferos. “El código se humanizó, pero también se ambientalizó”, porque se prohibió hacer pozos en lugares donde hay ecosistemas, como los humedales, los cuales dependen de las aguas subterráneas.

Verónica Delgado confía en que en los próximos meses, con la llegada a la presidencia de Gabriel Boric, se tengan reformas más profundas para que Chile pueda tener una gestión integral de cuencas, un organismo autónomo del agua y se pueda avanzar en un sistema unificado de información hídrica.

“Se requiere —remarca Delgado— crear una autoridad nacional del agua que sea autónoma y descentralizada, que ayude técnica y financieramente a los organismos de cuenca que deberían reemplazar a las organizaciones de usuarios en donde están sólo aquellos que tienen derechos de agua. Que se puedan tomar decisiones más democráticas para todos los que estamos en la cuenca”.

Una gestión ecológica

Verónica Delgado insiste en que Chile es un ejemplo de las consecuencias de invisibilizar las aguas subterráneas y tener una extracción no sustentable.

En países como México, el sistema de concesiones de los derechos de agua también ha llevado a que este bien natural se maneje como si fuera un recurso privado. Incluso, en algunas zonas del país desde hace tiempo funciona una especie de mercado negro de concesiones de agua.

El investigador Óscar Escolero, del Instituto de Geología de la UNAM, recuerda que fue a partir de 1992 —al entrar en vigor la actual Ley de Aguas Nacionales— cuando el sistema de concesiones se dejó sujeto a las leyes del mercado.

En México, a diferencia de Chile, se creó un sistema mixto y además de concesiones también se tiene asignaciones, figura que se utiliza para entregar agua de uso urbano a los municipios, las cuales no pueden transferirse ni están sujetas a las leyes de mercado.

El gran problema es que muchas de las concesiones y asignaciones se entregaron sin tener información precisa sobre cuánta agua subterránea es la que se renueva de manera natural en los sistemas. “En México hay zonas del país, donde hay más agua concesionada de la que se regenera de manera natural. Ahí es donde se generan los problemas de explotación, donde se rebasa la capacidad natural de los sistemas”. De los 653 acuíferos que tiene el país, por lo menos, 157 presentan una situación de sobreexplotación.

Desde hace diez años, México tendría que haber aprobado una nueva Ley que contemple el derecho humano al agua. “Urge una actualización de la ley, porque hay que dejar muy claro que no toda el agua debe ser sujeta a concesionarse. Se debe dar prioridad al derecho humano al agua y se debe reservar un volumen de agua para la naturaleza”.

Ni el sistema de México, el de Chile o el de muchos países, destaca Escolero, tomaron en cuenta cuánta agua requiere la naturaleza, cuánta agua se debe conservar para que no se afecte a los acuíferos ni a los ecosistemas.

“No podemos extraer más agua de lo que el acuífero recarga. Tenemos que respetar a la naturaleza. Tenemos que reservar las aguas subterráneas”, dice también la especialista en derecho ambiental, Verónica Delgado.

Tanto el geólogo como la abogada tocan un tema que cada vez se escucha más entre activistas que defienden el derecho humano al agua, académicos y aquellos que trabajan en la conservación de los espacios hídricos: el hacer una gestión ecológica del agua, “que respete los límites de la naturaleza”.

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