¿Debería la naturaleza tener derechos? La propuesta que reflotó ante la posibilidad de redactar una nueva Constitución

El Chocó se emplaza en Colombia, en una de las regiones más biodiversas del planeta. En él serpentea el río Atrato, el cual nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar caribeño. Con sus 750 kilómetros, Atrato ha sido el sostén de una exuberante biodiversidad y de múltiples comunidades indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, el conflicto armado y el narcotráfico tiñeron su caudal con sangre. La búsqueda de oro llevó a las dragas de la minería a rasgar su lecho, y sus aguas han sido envenenadas con mercurio y otras sustancias. Los peces comenzaron a agonizar junto al Atrato, hasta que miembros de la comunidad interpusieron una demanda, derivando en una sentencia histórica en 2016, cuando la Corte Constitucional declaró al río Atrato como sujeto de derechos. Este no es un caso único. Ya ha ocurrido lo mismo con el Ganges en la India y con el Whanganui en Nueva Zelanda.

Estos son algunos de los ejemplos del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, una idea que busca que se le considere como un sujeto y no como “objeto”, comprendiendo que nuestra especie es una más entre un sinnúmero de otros seres que habitan el planeta, donde cada uno tiene derecho a vivir y ser respetado.

Han sido varios los países y localidades en el mundo donde se han reconocido a través de distintos instrumentos legales y normativos, mientras que distintos colectivos en Chile han acariciado esta idea, la cual ha reflotado ante la posibilidad de redactar una nueva Constitución.

“Evidentemente la discusión sobre los derechos de la naturaleza va a ser compleja, porque para el derecho este es un tema novedoso y no abordado ni siquiera en sus lógicas esenciales. Creo que es precisamente por eso que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos ha tenido impacto. Reconocimos el medio ambiente como derecho humano, pero no es suficiente para resguardar una mínima integridad del mismo, ahora avanzamos por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos porque pareciera ser una forma en que el derecho logre resguardarla. A mi juicio es una herramienta complementaria a varias otras, si sólo hacemos este reconocimiento, vamos a quedar donde mismo. Pero siendo complementaria es igualmente muy necesaria, para reconocerle un valor que va más allá de su uso por parte nuestra”, señala Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile.

Así lo concibe también Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile: “Yo destacaría los avances que hay en materia del reconocimiento del derecho de la naturaleza como un derecho autónomo, que tiene cómo estipular a la naturaleza y sus componentes, de modo que relativiza la noción antropocéntrica del derecho, y básicamente, la epistemología antropocéntrica que regula toda nuestra vida. Pensar en los derechos de la naturaleza implica un profundo cambio cultural, entendiendo cultura en su más amplio sentido, de cómo nosotros concebimos la vida en el planeta, y que por lo tanto no tiene a los seres humanos en la cúspide de la pirámide evolutiva, sino que asume que la biodiversidad del planeta la componemos todos, con otros seres naturales. En definitiva, la protección del planeta y de los elementos que la componen tiene un sustento ético en sí mismo”.

Aunque estos derechos han sido reconocidos en otras partes del planeta, un hito en la humanidad ha sido la Constitución del año 2008 de Ecuador, el primer país en el mundo en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza.

Para hacerse una idea, la carta magna ecuatoriana fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente para reemplazar la antigua Constitución de 1998, inspirándose en la noción clásica de la naturaleza y en la visión de los pueblos indígenas sobre la Pachamama y el “Buen Vivir” o Sumak kawsay. En su artículo 71 reza que la Naturaleza o Pachamama “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

A esto se suman otros casos, como la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada en Bolivia en el año 2010, donde se reconoce los derechos de la Madre Tierra, y estipula las obligaciones y deberes del Estado plurinacional boliviano, así como de la sociedad, para garantizarlos.

En los casos mencionados de los ríos en Colombia, India y Nueva Zelanda, Costa puntualiza que “han sido el resultado de fallos judiciales. Los jueces también están buscando maneras de proteger el medio ambiente, porque al igual que el resto de nosotros, ven con impotencia cómo las distintas regulaciones fallan en lograrlo”.

En cuanto a los seres que componen el planeta, algunos podrán pensar en otras demandas ciudadanas como los derechos animales. Si bien Costa lo entiende como algo aparte de los derechos de la naturaleza, considera importante reconocer a los animales como seres sintientes de forma autónoma. “Me parece razonable discutir su incorporación y sobre todo tener esa discusión de fondo. La Constitución es tanto un instrumento que delinea la manera en que queremos vivir como sociedad y también que sirve de contrapeso a los poderes que crea o permite, en ambos sentidos, la discusión sobre la relación entre humanos y animales es una parte importante”, indica.

Por otro lado, los derechos de la naturaleza sí han abarcado a elementos que no son definidos tradicionalmente como “vivos”, ya que pueden incluir a ríos, montañas, bosques, glaciares o lagos, entre otros que son considerados seres sintientes o sagrados por diversas culturas.

Sin embargo, muchos aseguran que es necesario apuntar más allá, hacia una Constitución ecológica.

Así lo señala Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Reconocer los derechos de la naturaleza, desde una perspectiva más biocéntrica y no tan antropocéntrica, me parece super bien, pero no sé si es la solución, partiendo porque en varios países que lo han hecho no se han solucionado todos los problemas. En Ecuador están super reconocidos y sigue habiendo una destrucción increíble, y nadie se ha ido preso por asesinar el río y por destruir la selva. Si bien están orgullosos de la Constitución, al final te puedes quedar con regias sentencias que no son implementables, y se empiezan a construir jurisprudencias que no necesariamente te sirven”.

No obstante, los derechos de la naturaleza constituyen, más bien, un impulso para transitar desde el antropocentrismo actual hacia el eco o biocentrismo, un camino inevitable, según autores como Eduardo Gudynas, que lo califican como fundamental para el “Buen Vivir”, o sumak kawsay en kichwa y suma qamaña en aymara.

Del divorcio hacia la cosmovisión indígena y latinoamericana

No cabe duda de que el Antropoceno, así como el “divorcio” del Homo sapiens con el resto de la naturaleza, han generado múltiples crisis, que han cristalizado no solo en la pandemia que nos confina, sino también en el cambio global, crisis climática y en la alarmante pérdida de biodiversidad.

Como es de esperarse, también es un desafío en la región. Desde la colonización europea, las poblaciones de especies de las Américas han disminuido en un 30%, y de seguir igual, se reducirían en un 40% para el 2050, según un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES).

Además, la ávida mirada de las sociedades latinoamericanas hacia los países del hemisferio norte, calificados con altisonancia como “desarrollados” y del “Primer Mundo”, han inspirado un concepto de “desarrollo” que muchas veces atenta contra la biodiversidad local y sus comunidades, en especial las más vulnerables.

“Partiendo de lo global, estamos en un contexto en que los cambios a los sistemas de vida se basan en decisiones económicas avaladas por un poder político totalmente coordinado con las mega intervenciones a nuestro planeta (guerras, energía, agroindustria, cambio de uso de suelo, entre otros). Esta es una primera gran barrera a tener en cuenta y que supedita el control de los mal llamados países ‘desarrollados’ sobre los países ‘subdesarrollados’, concepto erróneo y perverso”, replica Tomás González, ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Máster en Espacios Naturales Protegidos, y asesor en Santuarios de la Naturaleza del Cajón del Maipo.

“Los países ‘desarrollados’ son los que mayor impacto tienen sobre el planeta y están llevando, o exigiendo, a través del modelo económico (ej. transnacionales) a los países ‘arrollados’ a vivir el mismo estilo de vida que nos tiene en crisis e imposibilita desarrollarse a un ritmo propio. Lamentablemente, los países pobres venden barato, lo que genera una dinámica de consumo, desigualdad y crecimiento poblacional insostenibles”, agrega.

Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que las Américas alimentan con plantas y animales domésticos a un sinnúmero de países en el mundo, lo que obviamente ha sido a expensas de la salud de los ecosistemas locales.

Por otro lado, los mismos informes elaborados por investigadores de diversos países para IPBES han resaltado las experiencias exitosas de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, algunas llevadas a cabo por pueblos indígenas y comunidades locales.

González, quien también es integrante de la Coordinadora Ríos del Maipo, Red Ríos Libres y #SomosMaipo, ejemplifica con “los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCAS), las eco-aldeas rurales y urbanas, los huertos urbanos, los espacios naturales protegidos gestionados de forma eficaz y también los pueblos y ciudades en transición (moneda y productos locales, trueque y autosuficiencia). Sudamérica y Chile tienen un potencial gigante para lograrlo, lo que se fortalece a que en nuestros países ‘en desarrollo’ aún hay pueblos originarios de los que podemos aprender muchísimo para adaptarnos a la tan necesaria nueva realidad de los sistemas socio-ecosistémicos”.

En ese sentido, los derechos de la naturaleza podrían inspirarnos a rescatar elementos ancestrales y locales, ya que varias de las propuestas legislativas en otros países se fundamentan, precisamente, en las cosmovisiones indígenas, lo que cobra especial relevancia en el escenario sudamericano.

Así lo ha observado Jens Benöhr, antropólogo, activista de la Red por los Ríos Libres, miembro de las Bestias del Sur Salvaje, y estudiante de ecología de la Universidad de Múnich, quien reside actualmente en Alemania. Asegura que los argumentos de la naturaleza como un sujeto con derechos podrían ser interesantes en Europa,  donde por cierto existen iniciativas en esa línea, pero no harían tanto sentido como a los pueblos americanos.

En el caso de Chile, Benöhr sostiene que “la influencia aymara, licanantay, mapuche, selknam y yámana, su profunda relación con la naturaleza, y la forma en que se relacionan con ella como sujeto y no como objeto, han inspirado a generaciones en Chile, entre ellas estamos nosotros, donde la naturaleza tiene valor en sí misma, donde nosotros somos naturaleza, más que en qué medida es útil para el humano”.

“Europa es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ellos destruyeron todo, y ahora se están dando cuenta de que tienen que restaurarlo. Son 300 o 400 años de destrucción que significan 3.000 o 4.000 años de restauración, es decir, no vamos a ver esa restauración, vamos a simplemente a vivir el inicio. En Chile tenemos la posibilidad de conservar, todo lo que en Europa lo destruyeron aquí aun lo tenemos”, agrega Benöhr, quien junto a González y otros activistas han abogado durante años por los derechos de los ríos en Chile.

Río persona en la tierra y en los cielos

Los ríos son las arterias de la Tierra y son claves para la vida en ella. No en vano han surgido iniciativas para reconocer sus derechos, como ocurrió en Nueva Zelanda, donde se le otorgó en 2017 el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes, quienes se conciben como sus kaitiaki (guardianes) y stewards (administradores), y no como sus “propietarios”. El parlamento firmó un acuerdo para que el río tenga los mismos derechos que una persona y asignó a la comunidad Whanganui como su administrador legal.

Otro hecho similar ocurrió en India, unos días después, cuando el Alto Tribunal de Uttarakhand declaró a los ríos Ganges y Yamuna como entidades vivas con derechos legales, aunque la decisión fue impugnada en mayo de ese mismo año por la Corte Suprema, luego de que los gobiernos central y del estado de Uttarakhand apelaran, aduciendo a que no podía considerarse como una “entidad viviente” por ser insostenible en la ley y no implementable.

Por otro lado, en Sudamérica han surgido iniciativas similares frente a las amenazas. Así ha ocurrido en Colombia con el mencionado río Atrato, y con otro caso acaecido en el municipio de Cajamarca en 2017, cuando los habitantes votaron en un plebiscito en contra de la explotación aurífera en sus territorios, bajo el lema “el agua vale más que el oro”. De esta manera, se opusieron al proyecto minero La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti, el cual ponía en riesgo a 161 ríos que abastecen a 27 municipios del Tolima.

¿Y en Chile?

La situación de los ríos no es alentadora. Han sido secados, contaminados o intervenidos con infraestructura de tal manera, que se han generado numerosos impactos socioambientales. “El panorama ideal es que a todos los ríos se les reconozcan derechos, es decir, que todos los ríos son personas”, asevera Benöhr, quien agrega que, si tuviera que elegir, postularía al río Biobío, no solo por su alto grado de vulnerabilidad, sino también por el significado que tiene para las comunidades.

“El Biobío es un río muy importante a nivel cultural y espiritual para el pueblo mapuche. Biobío, también conocido como Butaleubú o ‘gran río’ de la Tierra, tiene como todo en la cosmovisión mapuche, su contraparte en el cielo, el Huenu Leufu o ‘río del cielo’, de la vía láctea. Este río ha tenido mucho significado, por bastante tiempo fue la frontera entre el pueblo mapuche y los españoles, y siempre ha tenido importancia para los mapuche que lo han navegado durante mucho tiempo. También es el segundo más largo, y de una de las cinco cuencas más caudalosas, así que es super importante entender que tiene un significado ecológico, espiritual y también un significado histórico muy importante”, relata el antropólogo.

El problema es que el río Biobío se encuentra muy degradado, entre otros motivos porque – a pesar de la oposición de comunidades mapuche – se han construido allí tres hidroeléctricas: Ralco, Pangue y Angostura. Además, se pretende construir más centrales como Rucalhue, e incluso el proyecto de la carretera hídrica, impulsado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil. En ese sentido, Benöhr alude a una hipotética aplicación retroactiva de los derechos del Biobío para su restauración, y que se le asignen guardianes o un consejo, como en Whanganui.

Aunque González también reconoce que todas las cuencas desde donde nacen los ríos son igual de relevantes, destaca que existen algunas más estratégicas en el sentido de los usos humanos, como sucede con la cuenca del río Maipo.

“Un ejemplo es la cuenca del Maipo de la que depende el agua potable para el 40% de la población de nuestro país, el 90% del agua de riego de la Región Metropolitana y mantiene uno de los últimos ecosistemas mediterráneos del mundo, con gran vulnerabilidad ante el cambio climático. La decisión de darle derechos de existencia, de restauración y de mantener su flujo natural de cordillera a mar (sin mega intervenciones como lo es la hidroeléctrica Alto Maipo o el mega puerto en San Antonio) podría beneficiar nuestra propia sobrevivencia”, asegura.

Para González, uno de los grandes problemas es el Código de Aguas de 1981 e ideas “perversas”, como la afirmación – emitida por autoridades y empresarios – de que “el agua de los ríos se pierde en el mar”, pese a que los ríos libres transportan nutrientes, sedimentos y otros elementos fundamentales para las playas, bancos de arena y la zona costera. En definitiva, para toda la biodiversidad.

“Es muy importante entender que vivimos en un sistema en que si se afecta un punto de la cuenca alejado de donde vivimos, igual las consecuencias llegarán a nuestro hogar. No es posible que la gestión de los ríos esté en manos de empresas que principalmente ven el agua como un negocio rentable, y no como fuente de vida y base de un territorio”.

Por este motivo, apuntan a una nueva Constitución que incorpore los derechos de la naturaleza, incluyendo a los ríos. También proponen una Ley de Ríos Salvajes y medidas como revalorar, proteger y defender localmente los territorios a partir de redes de colaboración a niveles de cuenca.

La gran interrogante es, ¿basta este reconocimiento para proteger de forma efectiva a la naturaleza?

La averiada sala de máquinas

Cuando se discutía en Ecuador el reconocimiento constitucional de la naturaleza como un sujeto, muchos cuestionaban la aplicabilidad de esta medida, considerando que la Pachamama no puede presentar un documento en la corte. Fue ahí cuando se usó como analogía los derechos de los niños, los cuales requieren de la tutoría de un adulto para cualquier acción legal. Por ende, los ciudadanos pueden transformarse en tutores y representar a un ecosistema que se quiera proteger.

Algo similar se impulsó en la ciudad costera de Santa Mónica, en Estados Unidos, con una ordenanza en 2013 con el fin de establecer los derechos a la sostenibilidad para sus residentes y el medioambiente. La medida incluye los derechos de las comunidades naturales y ecosistemas, para los cuales los vecinos pueden iniciar acciones legales en su nombre. Pese a ello, la implementación no ha estado exenta de obstáculos, ya que litigar involucra una serie de operaciones y gastos en abogados que no resultan del todo sencillas para el ciudadano de a pie.

Además, los derechos no han librado a la naturaleza de presiones y amenazas. Pese a su estatus constitucional en Ecuador, el marco legal también permite actividades de alto impacto como la minería a gran escala. El río Atrato en Colombia sigue sufriendo los embates de la acción humana, mientras que Evo Morales también ha sido cuestionado por haber mantenido un modelo extractivista durante su mandato, paralelo a la ley alusiva a la Madre Tierra.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile señala que “los derechos de la naturaleza tienen el mismo problema que los derechos fundamentales en general. Tener una carta de derechos preciosa no significa que se van a respetar, entonces hay que tener cuidado con estas miradas que dicen que no vale la pena reconocerlo porque hay problema de eficacia. Eso lo que demuestra, como dicen algunos autores, preocúpese de los derechos, pero también preocúpese de la sala de máquina”.

Yáñez se refiere con “sala de máquina” a la institucionalidad que posee las competencias para garantizar los derechos, que debería interpretar la norma o nueva Constitución del modo como fue concebida por sus autores. Por ello, subraya la necesidad de contar con órganos judiciales autónomos y conformados con la mayor diversidad posible, que no sea cooptado por los grupos de interés. “Si las instituciones siguen siendo un reflejo de la hegemonía de ciertos grupos de poder, de nada sirve el derecho a la vida. No solo el derecho a la naturaleza. No cabe ninguna duda de que van a interpretarlo del modo que sea funcional a sus intereses hegemónicos”.

Además, la abogada agrega que la consagración de los derechos de la naturaleza debiera servir de parámetro para establecer moratorias a la extracción de ciertos elementos en determinados territorios, como por ejemplo la cada vez más escasa agua dulce en la zona norte y centro del país.

Ortúzar, por su parte, señala que “claramente el problema está con la actividad económica, esa es la pelea que se está dando en el patio del colegio, y donde hay uno que le tiene la pata encima al otro. Llevamos años y años en que la naturaleza está literalmente subsidiando los negocios, entonces ya se nos acabó el crédito, hace rato. Ya es hora de que la naturaleza sea lo primero, lo más importante. Tenemos ahora una tremenda oportunidad de cambiar hacia una Constitución ecológica, que es algo que se necesita hace demasiado tiempo”.

Por ello, la abogada de AIDA apuesta por una nueva carta magna “que incluya a la naturaleza en todo, como pilar fundamental, más que tirarse un artículo donde se le dan derechos. Necesitamos una Constitución que sea ecológica, verde completa, que gire en torno a la ecología. No es suficiente darle derechos a la naturaleza”.

En ese sentido, el director ejecutivo de FIMA coincide con que “una nueva Constitución, para ser ecológica, tiene que plantearse desde la armonía con el medio ambiente y eso debe ser parte de su espíritu, tiene que estar en todas sus partes. Reconocer que la comunidad jurídico-política que constituye a Chile no puede existir sin su soporte material, que es el medio ambiente. La Constitución debiera tener un entramado de derechos del que hemos hablado, límites más fuertes a la propiedad, reconocimiento de los bienes comunes como el agua y las funciones ecosistémicas, una organización del poder que esté pensada desde los territorios y los ecosistemas”.

En definitiva, si bien los derechos de la naturaleza no solucionan las adversidades, su valor apunta a inspirar un cambio de paradigma donde el humano vuelva a concebirse con humildad como parte de ella. Respecto al otorgamiento de derechos, Yañez señala que “no es una bala de plata en la medida en que su consagración normativa no logra el cambio cultural, que implica modificar las conductas, pero también es cierto que, en la medida de que vamos avanzando en esa línea, como contrapartida, tampoco deberíamos retroceder en ese reconocimiento, y la falta de eficacia de esa normativa no debería ser razón para echar pie atrás, sino que por el contrario”.

“Los derechos de la naturaleza dialogan adecuadamente con una comunidad plurinacional, en donde se generan condiciones para un dialogo intercultural de saberes, una ecología de saberes. Yo por eso esperaría una Constitución ecológica, plurinacional y feminista”, remata.