En 2019 Chile superó los 18 millones de hectáreas de áreas protegidas, resultando en 21,5% de su superficie terrestre bajo alguna figura de protección. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) hoy está compuesto por 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 17 monumentos naturales, y la mayor parte de estas áreas protegidas, se encuentran en las tres regiones de la Patagonia chilena: Los Lagos, Aysén y Magallanes. Tenemos también un poco más de 40% de nuestros mares protegidos.

El nivel de lo protegido nos ha posicionado a la delantera en términos de conservación, pero no así en términos de gestión y financiamiento. Como país no hemos estado a la altura del tesoro que cuidamos: invertimos menos de 2 dólares por héctarea, una de las más bajas tasas de inversión a nivel mundial y contamos con un contexto tributario que hace prácticamente imposible a los privados y sociedad civil aportar en esta tarea al Estado.

El estudio Targeting global conservation funding to limit immediate biodiversity declines (Focalizando el financiamiento de la conservación mundial para limitar la disminución inmediata de la biodiversidad) ubicó a Chile en el puesto número 9 entre los países más desfinanciados, estimando una diferencia respecto a lo esperado de 55,44 millones de dólares anuales adicionales, este aporte significaría alcanzar aproximadamente los seis dólares por hectárea. Los primeros 10 países en este ranking son: Iraq, Yibuti, Angola, Kirguistán, Guyana, Islas Salomón, Malasia, Eritrea, Chile y Algeria.

El documento además advierte a los formuladores de políticas públicas particular preocupación por países con financiación insuficiente que administran gran cantidad de biodiversidad amenazada. Estos fueron Chile, Malasia, las Islas Salomón y Venezuela.

En vistas de la COP25, Chile tiene la oportunidad de liderar con señales claras en el cuidado de nuestro planeta, avanzando hacia un servicio de áreas protegidas robusto, con más recursos y atribuciones, y una ley de Filantropía Ambiental que fomente el aporte que hacen las organizaciones de nuestra sociedad civil, los ciudadanos y el sector privado en su protección.

Para más información sobre el financiamiento de área protegidas y la conservación, revisa nuestro estudio: Parques Nacionales: oportunidades e impacto socioeconómico.

Comenta esta nota

Comenta esta nota

Responder...