Proyecto Maratué es aprobado y organizaciones locales se preparan para abordar protección de Quirilluca

En la costa norte de la Región de Valparaíso, donde el viento golpea con fuerza los acantilados y el aroma del bosque esclerófilo se mezcla con la brisa marina, resiste un territorio que parece suspendido en el tiempo. Son los acantilados de Quirilluca: más de 1.000 hectáreas entre Horcón y Maitencillo que persisten como uno de los últimos relictos de biodiversidad en medio de la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, este paisaje de alto valor ecológico hoy está en el centro de una de las disputas territoriales que más ha demorado en los últimos años en el país. 

Puchuncaví ha sido, por décadas, el epicentro de una contradicción persistente. Por un lado, su estigma como zona de sacrificio debido a su historia como cordón industrial; y por otro, la existencia de los acantilados de Quirilluca, un ecosistema que resiste como el último pulmón verde de la comuna. En ese equilibrio frágil, Quirilluca se ha transformado en un símbolo y también en un punto de quiebre.

Este abril de 2026, el Comité de Ministros resolvió las reclamaciones pendientes de Maratué, de la inmobiliaria El Refugio, lo que habilita el avance del proyecto tras más de ocho años de tramitación. Para las organizaciones locales, la decisión reactivó una amenaza latente sobre un ecosistema irremplazable. Para la empresa, en cambio, representa la posibilidad de ordenar un crecimiento urbano que —aseguran— ya está ocurriendo de manera desregulada en la comuna.

Ocho años de tramitación: del ingreso al SEA a la aprobación del Comité de Ministros

El proyecto Maratué ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2015, iniciando un extenso proceso que se ha prolongado por más de ocho años y que ha estado marcado por observaciones técnicas, instancias judiciales y una alta participación ciudadana.

Desde su presentación como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la iniciativa ha debido responder a múltiples cuestionamientos. Entre los puntos más controvertidos ha estado la caracterización de la biodiversidad, la disponibilidad de recursos hídricos, los impactos acumulativos en una zona ya saturada ambientalmente y la proximidad a ecosistemas sensibles.

En 2019, el proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que permitió su aprobación inicial. Sin embargo, esta decisión fue posteriormente impugnada por organizaciones sociales, dando paso a una serie de reclamaciones administrativas que escalaron hasta el Comité de Ministros.

Uno de los hitos clave ocurrió en 2021 cuando este comité resolvió retrotraer el proceso de evaluación a etapas previas, obligando a la empresa a complementar información mediante adendas con nuevos estudios técnicos para intentar subsanar las deficiencias que la Seremi de Medio Ambiente y CONAF habían señalado previamente. Este escenario derivó también en acciones judiciales por parte de organizaciones locales ante el Segundo Tribunal Ambiental y, posteriormente, en recursos presentados ante la Corte Suprema.

Finalmente, en abril de 2026, el Comité de Ministros resolvió las reclamaciones pendientes, dejando nuevamente habilitado el proyecto para avanzar en su tramitación ambiental. Con ello, Maratué vuelve a una fase activa, aunque aún sujeto al cumplimiento de condiciones técnicas y permisos sectoriales.

¿Qué propone Maratué? Una ciudad planificada en el borde costero

El proyecto Maratué contempla la construcción de 14.180 viviendas en un predio de más de 1.000 hectáreas, con un horizonte de desarrollo de aproximadamente 45 años. Según la inmobiliaria, se trata de una propuesta de crecimiento urbano planificado que busca responder al aumento sostenido de población en la comuna de Puchuncaví.

«Maratué es un proyecto de ordenamiento territorial que propone un desarrollo urbano planificado que responda al crecimiento habitacional de la zona central bajo un enfoque integral, sostenible y de largo plazo. El proyecto contempla 70% de primera vivienda y 30% de segunda vivienda, la creación de una serie de barrios que le dan continuidad a la actual localidad de Puchuncaví, capital comunal. Incluye infraestructura, servicios, conectividad y espacios públicos de calidad, sin sacrificar naturaleza, sino que, potenciando sus atributos naturales, incorporándolos en esta planificación», explica al respecto Franco Venegas, gerente de Sostenibilidad de Maratué.

Desde la empresa, se plantea que el proyecto —que cuenta con la asesoría de la firma Foster & Partners— no busca atraer nuevos habitantes, sino ordenar un crecimiento que, aseguran, ya está ocurriendo de manera desregulada en la zona.

“Las estadísticas de Puchuncaví en los últimos 20 años demuestran que ha recibido una enorme cantidad de habitantes, en un crecimiento que lamentablemente se ha dado tan rápido que ha sido inorgánico y que se puede constatar en la comuna. Esas mismas cifras adelantan que la tendencia se va a mantener o incluso aumentar en el futuro. Por tanto, Maratué no está pensado para atraer más personas, sino para responder al crecimiento que la comuna tiene y tendrá”, explica Venegas.

Uno de los ejes centrales del diseño es la incorporación de un área de conservación de más de 125 hectáreas, ubicada en la franja costera del predio, donde se concentran ecosistemas sensibles como el bosque esclerófilo y zonas de nidificación de aves, y que, según asegura el gerente de sostenibilidad, funcionaría como un parque de acceso regulado:

“Tenemos una serie de compromisos ambientales que incluyen monitoreos permanentes de los objetos de conservación y acciones de manejo, no se trata de una reserva cerrada, al contrario, ya que constantemente recibimos delegaciones de estudiantes de la comuna y universitarios, investigadores y académicos que desarrollan actividades de educación en este parque. Es un espacio que permite compatibilizar protección ambiental con educación y el acceso responsable de visitantes locales y turistas”.

Esta área contempla senderos, miradores e infraestructura de bajo impacto, además de programas de monitoreo ambiental y educación. Según la empresa, estas medidas buscan compatibilizar el desarrollo urbano con la protección del entorno natural.

“Se trata de una propuesta que combina desarrollo habitacional con resguardo del entorno natural, integración social y acceso a servicios esenciales. Se emplaza en un terreno urbano que por décadas fue intervenido con distintos usos, desde hace algunos años lo hemos estado recuperando para que las futuras áreas verdes del proyecto se basen en la flora local”, agrega Venegas.

Pese a haber obtenido la luz verde administrativa por parte del Comité de Ministros, para la inmobiliaria este hito no implica un inicio inmediato de obras, sino el ingreso a una fase de consolidación técnica y regulatoria, en la que deberán cumplir con una serie de exigencias ambientales y sectoriales.

“Durante los próximos 12 meses, el foco estará en el cumplimiento de las condiciones ambientales, la obtención de permisos sectoriales, el desarrollo de ingeniería de detalle y la planificación de las etapas constructivas. Se suma el permanente cumplimiento de los más de 300 compromisos ambientales que posee la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), entre ellos la continuidad de monitoreos de flora y fauna, y acciones de conservación”, puntualiza el gerente de sostenibilidad de Maratué.

Un hotspot de biodiversidad bajo presión

El área donde se proyecta Maratué no es un territorio cualquiera. Los acantilados de Quirilluca han sido identificados como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad en la Región de Valparaíso, debido a la singularidad de sus ecosistemas y la presencia de especies endémicas y amenazadas.

Se trata de un relicto de bosque esclerófilo costero —uno de los ecosistemas más degradados de Chile central— que alberga especies como el belloto del norte (Beilschmiedia miersii), declarado Monumento Natural, que tiene en estos acantilados sus poblaciones más cercanas al mar, además de mamíferos como el chungungo (Lontra felina), el quique y el zorro chilla.

Vale señalar que el bosque esclerófilo de la zona central de Chile no solo destaca por su belleza, sino por su singularidad ecológica. Se trata de uno de los llamados “hotspots” de biodiversidad a nivel global. Esto ya que son territorios que concentran una altísima cantidad de especies únicas —muchas de ellas endémicas— y que, al mismo tiempo, enfrentan niveles críticos de amenaza. En el caso chileno, más del 50% de las especies presentes en este hotspot no existen en ninguna otra parte del planeta, lo que convierte a estos ecosistemas en verdaderos reservorios irremplazables de biodiversidad.

Sin embargo, este ecosistema ha sido sometido a una presión sostenida durante décadas. La expansión urbana, el cambio de uso de suelo y la actividad humana han reducido y fragmentado significativamente su extensión original, dejando remanentes aislados que, aunque resilientes, presentan una alta vulnerabilidad frente a nuevas intervenciones. En ese sentido, los acantilados de Quirilluca se configuran como uno de los últimos relictos de este ecosistema que aún se conservan en la comuna de Puchuncaví.

Más allá de las especies individuales, Quirilluca funciona como un sistema ecológico integrado donde interactúan el mar, los acantilados, el bosque y las praderas. Por ello, la alteración de uno de estos componentes —como la urbanización del borde costero— podría generar efectos en cadena que impactan al conjunto del ecosistema, reduciendo su resiliencia frente a perturbaciones externas.

Frente a este escenario, desde la empresa sostienen que la conservación del bosque esclerófilo —y en particular del belloto del norte— es un eje central del proyecto: “El bosque de belloto del norte es un bosque esclerófilo que es el área núcleo, el corazón del área de conservación, y como tal su valor es una condición esencial para Maratué. Desde hace años que realizamos acciones para su conservación, antes era costumbre cortar los árboles para usarla como leña, e incluso era transitado por vacas, esto ya no ocurre y vemos cómo el bosque se está recuperando. Estamos mejorando los senderos para ordenar la visitación y evitar el ‘pisoteo’, instalamos una estación meteorológica en su interior para medir sus condiciones climáticas específicas y así tomar acciones de conservación, tenemos identificados a los ejemplares de belloto del norte y realizamos constantes monitoreos a su salud”.

En esa misma línea, la inmobiliaria afirma que el proyecto incorpora seguimiento científico continuo y apertura a colaboración académica: “Por cierto. El proyecto contempla un monitoreo ambiental permanente, con participación de especialistas, que permite verificar el estado de los ecosistemas y asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales en todas sus fases. Asimismo, estos resultados son sistematizados y reportados periódicamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Vamos a crear una Fundación con una gobernanza abierta a la comunidad, académicos, universidades y centros de investigación. Actualmente el bosque es constantemente visitado por delegaciones que son guiadas por nuestros guardaparques, y estudiantes que realizan actividades de educación ambiental con sus profesores; vamos a realizar acciones para que esta área de conservación se consolide como un espacio de educación”, agrega Venegas.

Sin embargo, desde la organización Salvemos Quirilluca —agrupación local compuesta por vecinos, profesionales y organizaciones socioambientales que desde hace años impulsa la protección de este territorio— cuestionan la efectividad real de estas medidas en un escenario de urbanización de gran escala. Advierten que la experiencia en otros territorios muestra que los compromisos ambientales muchas veces no logran sostenerse en el largo plazo, especialmente en proyectos que se extienden por décadas y que implican un aumento significativo de población. En ese sentido, plantean que la presión acumulativa —derivada del tránsito humano, la fragmentación del hábitat y la expansión urbana— podría superar la capacidad de las medidas de mitigación propuestas, comprometiendo progresivamente la integridad del ecosistema.

En ese contexto, otro de los puntos más sensibles —y uno de los principales focos de tensión del proyecto— es la presencia de una de las pocas colonias reproductivas de piquero común (Sula variegata) en el territorio continental y la más grande de Chile central, cuya estabilidad depende de condiciones muy específicas del acantilado.

En el caso de las aves marinas, la evidencia científica ha mostrado que incluso perturbaciones aparentemente menores —como el aumento del tránsito humano, el ruido o la presencia de mascotas— pueden generar efectos significativos en el éxito reproductivo, provocando abandono de nidos o disminución en la supervivencia de las crías.

Desde la empresa, en tanto, aseguran contar con más de una década de estudios sobre la especie y haber incorporado esa información en el diseño del proyecto:

“Este trabajo incluye la realización permanente de censos, permitiéndonos contar con una importante base de datos y conocimiento sólido de la especie en el área. Las zonas de nidificación se ubican en el acantilado, en el extremo norte del área de conservación, están claramente identificadas y fueron un insumo central en el diseño del proyecto, definiendo a partir de ello dónde y a qué distancia es posible desarrollar. En términos concretos, en el sector sur del área de conservación, en donde no hay colonias de piqueros, se estableció un distanciamiento mínimo de aproximadamente 200 metros desde el borde del acantilado, mientras que en el sector norte —donde se concentra la nidificación— este rango va entre 500 metros y 1,5 kilómetros”, puntualiza Venegas.

Sin embargo, desde la organización Salvemos Quirilluca advierten que uno de los principales problemas radica en la información de base utilizada para diseñar estas medidas, particularmente en lo que respecta a la distribución real de la colonia y la presencia de otras especies en el área. En esa línea, sostienen que existirían omisiones relevantes en la evaluación ambiental que podrían comprometer la efectividad de las medidas de resguardo propuestas.

Así lo señala Ricardo Quero, vocero de la organización Salvemos Quirilluca y ex concejal de la comuna de Puchuncaví: “Una de las cosas más importantes es que la colonia de piqueros tiene una distribución distinta a la que ellos declararon en su evaluación ambiental. Eso desencadena una serie de consecuencias debido a la normativa local que regula la posibilidad de edificaciones en las cercanías a las zonas donde nidifica y descansa el Piquero. Hay que entender que es un ave que es fácil de perturbar con ruidos, vibraciones y luces, debido a ello hay que tomar los resguardos necesarios. El diseño inmobiliario tuvo un desarrollo obviando esa información. Otra especie que se omitió fue la abeja caupolicana, de la cual existen registros en la zona. Sin embargo, no se declaró su presencia en la zona”.

Pese a todas las medidas que ha planteado la inmobiliaria, desde el mundo científico y organizaciones locales advierten que el problema de fondo no se resuelve únicamente con estrategias de mitigación, sino con la escala misma del área protegida. En ese sentido, señalan que la conservación efectiva de este ecosistema requiere una superficie significativamente mayor a la propuesta por el proyecto.

Mientras la inmobiliaria ofrece 125 hectáreas, desde la organización Salvemos Quirilluca sugieren que para mantener la viabilidad ecológica de la flora y fauna —incluyendo procesos clave como la conectividad y la resiliencia del sistema— se requiere un mínimo de 367 hectáreas.

Más allá de la biodiversidad: Las otras capas del conflicto

El conflicto en torno a Quirilluca también se despliega en otras dimensiones menos visibles, pero igualmente críticas, como la disponibilidad hídrica, la calidad del suelo y la presión antrópica sobre el territorio.

En ese escenario, uno de los principales focos de preocupación levantados por comunidades y expertos es el acceso al agua, en una comuna que arrastra desde hace años problemas de abastecimiento y donde los sistemas rurales dependen en gran medida de napas subterráneas. Una situación que, además, se ve agravada por un contexto mayor: la megasequía que afecta a la zona central de Chile desde hace más de una década —una de las más prolongadas registradas en el país— y que ha intensificado el estrés hídrico en cuencas ya sobreexigidas.

En este contexto de escasez estructural y avance de la desertificación, el origen del agua para abastecer a una población proyectada de 50.000 personas se convierte en uno de los puntos más álgidos del conflicto. Para las organizaciones locales y los habitantes de sectores rurales aledaños, existe el temor de que la magnitud del proyecto termine por colapsar las napas subterráneas; reservorios que hoy no solo aseguran el consumo humano básico de las comunidades locales, sino que funcionan como el soporte vital que mantiene el delicado equilibrio del ecosistema de Quirilluca.

“Hay que ser justos y reconocemos los avances. El proyecto original era absolutamente irresponsable. En esa época ellos pretendían construir una desaladora y toda la salmuera echarla en la playa Quirilluca ¿Cómo se les ocurre plantear eso? Cuando lo denunciamos públicamente decidieron buscar alternativas y la solución que plantean hoy es abastecerse con agua del río Aconcagua, a través de un contrato con ESVAL. Aquello sigue dejando dudas en algunos organismos como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quienes en su momento solicitaron explicaciones porque la proyección de disponibilidad hídrica marcaba un déficit”, comenta Ricardo Quero. 

Frente a esto, la empresa sostiene que el abastecimiento será gestionado por sanitarias reguladas: “El abastecimiento de agua no depende de una estimación propia del proyecto, sino que es definido por entidades externas bajo regulación. La factibilidad sanitaria es otorgada a través de un proceso riguroso supervisado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que establece cómo y en qué condiciones las sanitarias pueden asegurar el suministro. En el caso de Maratué, el proyecto cuenta con una concesión de Aguas Santiago Norte, que a su vez se interconecta con ESVAL. Estas empresas tienen planes de desarrollo aprobados por la autoridad, que hoy permiten abastecer en una primera etapa del orden de 4.000 viviendas, y son ellas las responsables de ir ampliando y ajustando esa capacidad en el tiempo”. 

En ese contexto, el resguardo frente a un eventual estrés hídrico no recae en una sola decisión inicial, sino en un sistema regulado donde las sanitarias, bajo supervisión de la autoridad, deben asegurar en cada etapa que existe disponibilidad real y sustentable del recurso antes de avanzar.

Frente a las críticas por la presión sobre el acuífero, desde la inmobiliaria aseguran que su planificación no contempla la explotación de fuentes subterráneas en las cercanías del predio, apostando en cambio por una estrategia de diseño que, según afirman, buscaría imitar el ciclo hidrológico natural para no alterar las reservas existentes.

“Por otro lado, el manejo de aguas lluvia es un eje central del proyecto. Mantener el balance hídrico natural del territorio es clave en su desarrollo, por lo que hemos sumado al equipo a la empresa Allard Partners en el diseño de la ecología del paisaje y las soluciones de drenaje. Esto permite que las aguas se infiltren y escurran de manera similar a las condiciones originales del terreno, evitando impactos sobre las napas y los sistemas existentes«, puntualiza Venegas.

Otro punto crítico es la contaminación histórica del suelo. Diversos estudios han documentado la presencia de metales pesados —como arsénico, cobre y plomo— en la zona, producto de décadas de actividad industrial en el cordón Quintero-Puchuncaví.

“En esta instancia hay dos elementos cruciales que queremos plantear: la falta de medidas de mitigación y gestión por la presencia de arsénico en cantidades peligrosas que se encuentran en el suelo donde pretenden construir viviendas, y por otro lado la deficiente información ambiental que declararon respecto a la presencia y distribución de algunas especies que habitan en el sector”, agrega el vocero de Salvemos Quirilluca.

En este contexto, la presencia de metales pesados como el arsénico adquiere especial relevancia. Este tipo de contaminantes puede permanecer durante décadas en el suelo sin generar exposición directa, pero su remoción —como ocurre en procesos de urbanización y movimiento de tierras— puede reactivarlos, facilitando su dispersión en el aire o su incorporación a cadenas biológicas.

Desde la ecología, este tipo de tensiones suele abordarse bajo el concepto de capacidad de carga, que refiere al límite de presión que un territorio puede soportar sin comprometer el equilibrio de sus sistemas naturales. En territorios frágiles o altamente intervenidos, como el borde costero de Puchuncaví, este umbral puede ser especialmente bajo, lo que vuelve más compleja la incorporación de nuevos desarrollos de gran escala.

En esa línea, desde la organización Salvemos Quirilluca advierten que el problema no se limita únicamente a los impactos ecológicos directos, sino también a la capacidad real de fiscalizar y gestionar el uso humano del territorio en un escenario de crecimiento masivo.

“Hoy la normativa establece los acantilados como una Zona Especial Natural. Está regulado lo que se puede o no se puede hacer allí. Y en general hay restricciones contundentes. El problema que genera el proyecto es cómo fiscalizar el cumplimiento de aquello, considerando que al término de su carta Gantt habrían 50.000 nuevas personas muy cerca de estas áreas. Creemos que no ha existido una respuesta satisfactoria a ese escenario, al cual incluso se suma la situación de capacidad de carga en las playas, las cuales son muy sensibles debido a la presencia de aves que nidifican allí, como el pilpilén, y algo sobre lo que no se habla mucho para para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta es que también se vería afectada las actividades de la Playa Luna, la única playa nudista con una suerte de autorización tácita para practicar el naturismo. No hay certeza alguna de que una vez lleguen todas esas personas, acepten esta práctica que se realiza hace más de 20 años en el sector”, añade el vocero de la agrupación.

Organizaciones se unen para conservación de la zona

De esta forma, más allá de los aspectos técnicos, el conflicto en torno a Maratué refleja una tensión más profunda: cómo compatibilizar el desarrollo urbano con la conservación de territorios ecológicamente sensibles. Desde la empresa, el proyecto se presenta como una solución a la expansión desordenada. Mientras que desde las organizaciones sociales, la postura es clara: el proyecto es incompatible con la conservación del ecosistema. 

Pese a la reciente resolución del Comité de Ministros, el futuro de Maratué aún no está completamente definido. Organizaciones locales ya han que preparan nuevas acciones legales ante el Segundo Tribunal Ambiental, abriendo un nuevo capítulo en esta disputa. Y en paralelo, han impulsado la declaración de Quirilluca como Santuario de la Naturaleza, una figura de protección que podría cambiar el destino del territorio. 

“Estamos en plena campaña de donaciones para poder llevar la causa a la justicia ambiental. Es por ello que vamos a organizar un bingo y actividades en torno a la naturaleza para poder recaudar fondos. El jueves 23 de abril tendremos una reunión abierta a la comunidad junto a la ONG Defensa Ambiental donde vamos a comentar las implicancias de la votación del Comité de Ministros y cómo las personas pueden participar en este proceso”, agrega el vocero de Salvemos Quirilluca. 

Durante los próximos meses, el proyecto deberá avanzar en permisos sectoriales, cumplimiento de compromisos ambientales y definición de su cronograma de ejecución. En paralelo, la discusión sobre el futuro de Quirilluca sigue abierta, en un contexto donde las decisiones que se tomen podrían marcar un precedente sobre cómo Chile enfrenta la tensión entre crecimiento urbano y conservación en zonas de alto valor ecológico. 

Mientras los papeles administrativos avanzan, los piqueros siguen anidando en los acantilados y el bosque de bellotos espera, en silencio, conocer cuál será su destino final en el mapa de la zona central de Chile.

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