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Lo que avanzamos, lo que retrocedimos y los desafíos pendientes en materias ambientales en 2019, según la Fundación Terram
Como todos los años, el equipo de Fundación Terram realizó su informe de balance ambiental en 2019. En esta, su 17º versión, realizaron un análisis ambiental destacando los acontecimientos ambientales más relevantes a nivel nacional, analizando la COP25 y el estallido social que atraviesa el país. En esta oportunidad, en Ladera Sur quisimos destacar una de las secciones de este informe, en el que se destacan los avances y retrocesos en materia ambiental durante 2019, así como los desafíos que tenemos pendientes desde 2020. Aquí te entregamos todos los detalles.
Desde 2002, Fundación Terram elabora un Balance Ambiental, en el que se realiza un resumen de lo acontecido en Chile en los últimos 12 meses, con el propósito de entregar un panorama general y contribuir a la discusión ambiental desde una mirada crítica y la vez propositiva, brindando información relevante para avanzar en políticas públicas y regulaciones que disminuyan la injustica ambiental.
Según explican desde Fundación Terram, el documento “Balance Ambiental 2019: del optimismo a la decepción” -el cual fue lanzado el pasado 27 de diciembre- enfatiza las emociones que provocaron a nivel ciudadano la inminente realización de la versión número 25 de la Conferencia de las Partes (COP25) en Chile y las respuestas que dio el Gobierno de Sebastián Piñera al estallido social chileno. En este sentido, la organización destaca que la crisis social y política que atraviesa nuestro país, también tiene una arista ambiental, debido a los impactos que ha generado la forma en cómo se gestionan los recursos naturales.
“En este momento en que Chile está viviendo un nuevo proceso social y político, en el que se avecinan cambios en todos los ámbitos, nos parece absolutamente necesario trabajar para que se incorporen más claramente las inquietudes ambientales dentro de las demandas del país. Es urgente que los tomadores de decisiones sean capaces de comprender la situación ambiental de Chile y el escenario de Emergencia Climática que vive el planeta, para desde allí buscar caminos de salida. Esperamos que este balance sea un aporte para avanzar en mejorar las políticas públicas y contribuya a que el proceso constituyente de 2020 avance hacia la construcción de una sociedad con menores grados de segregación y mayor justicia ambiental”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
En este artículo te resumimos 3 de los apartados de la publicación 2019 del Balance Ambiental de Terram: lo mejor del año, lo peor del año y los desafíos para el 2020 en materia ambiental.
Lo mejor del 2019
1.Finalización de la creación de la Red de Parques de la Patagonia
Esto fue gracias a la publicación del decreto que creó el Parque Nacional Kawésqar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que además incluyó la protección de las porciones marítimas del área protegida a través de la creación de la Reserva Nacional Kawésqar.
2. Reconocimiento internacional de Derechos Humanos a Rodrigo Mundaca
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), recibió el prestigioso Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg, por su destacada trayectoria de lucha por recuperar el agua como derecho humano y un bien común en nuestro país. Además, en noviembre recibió el premio de la Fundación Danielle Mitterrand 2019.
3. Fallo de la Corte Suprema en el caso Quintero-Puchuncaví
La Corte Suprema acogió por unanimidad diez recursos de protección interpuestos por organizaciones y habitantes de Quintero y Puchuncaví contra autoridades y empresas que conforman el cordón industrial en la bahía, fundados en los episodios de contaminación e intoxicaciones masivas que tuvieron lugar en agosto de 2018, revocando así el fallo desfavorable que sobre la materia dictara la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 19 de febrero del presente año.
4. Fallo de la Corte Suprema en el caso Dominga
Descartando que hayan existido vicios formales en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero portuario “Dominga”, de titularidad de Andes Iron SpA., la Corte Suprema acogió tres de los cinco recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental pronunciada en la causa, ordenándole conocer y resolver el fondo de la misma mediante un pronunciamiento que considere las materias que fueron omitidas a través de ministros no inhabilitados.
5. Fallo del Tercer Tribunal Ambiental en el caso Mina Invierno
En agosto, el Tercer Tribunal Ambiental acogió la reclamación interpuesta por la organización Alerta Isla Riesco contra la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que calificó favorablemente el proyecto “Tronaduras” de Mina Invierno en Isla Riesco, Región de Magallanes. En su sentencia acogió la solicitud de los reclamantes y anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.
6. Sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente a SQM
La SMA resolvió sancionar a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ante las seis infracciones incurridas a su RCA aprobada el año 2006. Para dar efecto a dicha resolución, se estableció un Plan de Cumplimiento que impone un plazo de seis meses a la minera para que devuelva el nivel de salmuera extraído por sobre lo autorizado y un nivel adicional a modo compensación, al mismo tiempo que le ordena ingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) todos los ajustes que deberá realizar a los planes de contingencia.
7. Informe país 2018
Informe país: estado el medio ambiente de Chile 2018 es un documento elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile en colaboración con CEPAL, el cual entrega información independiente sobre el medio ambiente de nuestro país. Este informe cuenta con la colaboración de académicos de diversas universidades y da cuenta del deterioro ambiental de Chile.
8. Aprobación Ley Humedales Urbanos
En noviembre, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos”. Esta nueva legislación reconoce a los humedales urbanos como áreas de protección de valor natural. Además, modifica la Ley N°19.300, exigiendo evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en humedales urbanos.
9. Agenda de descarbonización
A pesar de que el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón presentado en junio de este año, no contempla un cronograma de cierre y desmantelamiento para la totalidad de las unidades termoeléctricas a carbón, durante la COP25 se anunció que dos nuevas unidades se sumarán a las ocho ya calendarizadas a cerrarse al año 2024, adelantando, en parte, el proceso de descarbonización comprometido por el gobierno.
10. Reporte científico COP 25
Cerca de 600 científicos chilenos se organizaron en siete mesas de trabajo: dos de ellas transversales – Mitigación y Adaptación – y cinco sectoriales – Agua, Biodiversidad, Ciudades, Criósfera y Antártica y Océanos. El trabajo tenía el propósito de identificar evidencia científica para contribuir con recomendaciones a la elaboración de políticas públicas en el ámbito de cambio climático, trabajo hasta el momento inédito para la ciencia chilena.
Lo peor del año
1. La negativa de Piñera para firmar el Acuerdo de Escazú
Por segundo año, el presidente Sebastián Piñera decidió no firmar el Acuerdo de Escazú, bajo la excusa de existir supuestos “problemas de cesión de soberanía”. El acuerdo es considerado como emblemático por ser el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe, promoviendo los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de establecer normas para la protección de defensores ambientales.
2. Indicación del Ejecutivo al proyecto de protección de glaciares
El Ejecutivo presentó en el mes de septiembre una indicación sustitutiva al proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares, que pretende modificarlo de manera sustantiva estableciendo mecanismos que permitan la afectación de glaciares, en especial en rocosos, los cuales cumplen un rol fundamental en zonas gravemente afectadas por el avance de la desertificación y la sequía.
3. Indicaciones al Código de Aguas
El Ejecutivo ingresó a principios de año una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas que barre con alrededor de 8 años de tramitación y discusión en torno al proyecto original, sobre todo al eliminar las prioridades de uso y mantener las características de duración, transferibilidad y no caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, con la finalidad de no afectar la certeza jurídica de los titulares sobre el recurso.
4. Proyecto de Carretera Hídrica
En septiembre ingresó a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la iniciativa de “Carretera Hídrica” de la Corporación Reguemos Chile, la que se suma a otras dos iniciativas que están a la espera de ser declaradas de “interés público”. Los proyectos han tenido una buena recepción desde el Ejecutivo, sin embargo, han sido muy cuestionados por el mundo académico, organizaciones y movimientos ambientales, producto de los posibles impactos negativos que el trasvase de agua generaría en las cuencas.
5. Embalses sin evaluación ambiental
Durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, el Parlamento aprobó la indicación enviada por el Ministerio de Agricultura que elimina la evaluación ambiental para proyectos de embalses entre 50 y 300 mil m3. Desde las organizaciones ambientales advirtieron que la indicación tiene vicios de inconstitucionalidad y que, en el contexto de megasequía, estas iniciativas sólo vendrían a agudizar la crisis climática y ecológica que se experimenta en gran parte del territorio nacional.
6. Crisis sanitaria en Osorno
El 11 de julio los habitantes de la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos, se quedaron sin agua potable producto de una serie de fallas en la operación de la planta Caipulli de la empresa Essal S.A., los que se iniciaron con el derrame de más de 1.100 litros de petróleo destinados a la generación eléctrica, contaminando además las aguas del Río Rahue. La situación de emergencia se mantuvo durante diez días, afectando a más de 140 mil personas.
7. Reducción del aporte fiscal de SNASPE
Preocupante resulta la situación del presupuesto 2020 del Sistema Nacional de Áreas de Protegidas del Estado (SNASPE), ya que, si bien el presupuesto total -aporte fiscal más ingresos de operación- muestra un aumento de un 21,2% en comparación al presupuesto del año anterior, al revisar por componente los $18.577.068 miles de pesos asignados, existe una reducción muy significativa del aporte fiscal al presupuesto para el próximo año. La disminución consignada es de un 19,2% en comparación al presupuesto general del 2019, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema pues su funcionamiento, incluido el sueldo de los trabajadores, depende mayoritariamente de los ingresos de operación, es decir, de la recaudación por corte de entradas a las áreas protegidas.
8. Adulteración de datos de mortalidad de salmones por la empresa Nova Austral S.A (caso “Salmon Leaks”)
A partir de la revisión de una serie de documentos y correos electrónicos con información reservada, el medio digital El Mostrador reveló que la empresa Nova Austral S.A. durante años manipuló sus estadísticas de mortalidad de salmones con el objeto de ocultar las verdaderas cifras al Sernapesca, generando por años una doble contabilidad -mortalidad “real” y “declarada” – para evitar multas, mantener sus utilidades y conservar su imagen de empresa “verde”.
9. Esfuerzos de la industria salmonera por instalarse en aguas de la Reserva Nacional Kawésqar en la Región de Magallanes
Al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del decreto que creó el Parque Nacional Kawésqar y la Reserva Nacional del mismo nombre (30 de enero de 2019), Fundación Terram constató el ingreso y admisión a trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de diversos proyectos de cultivo de salmónidos que pretenden emplazarse en las aguas de la Reserva, en abierto incumplimiento a la legislación ambiental aplicable, pues pretenden hacerlo vía Declaración de Impacto Ambiental y no vía Estudio como establece la ley.
10. Infraestructura Energética Mejillones
Durante este año entró en funcionamiento la nueva y más grande central a carbón construida en nuestro país, Infraestructura Energética Mejillones (IEM), de la firma francesa Engie, con un total de 375 MW de potencia. La empresa, pese a señalar públicamente que no construirá la segunda unidad de iguales características que tiene aprobada mediante RCA, a la fecha no ha desistido formalmente a su permiso ambiental vigente.
11. Sobreexplotación de los salares
Existe gran preocupación por el apoyo que ha brindado el Gobierno a proyectos que pretenden más que duplicar la producción nacional de litio al año 2023. Entre las iniciativas que está promoviendo el Gobierno se encuentran Minera Salar Blanco, la ampliación de SQM, la producción de sales Maricunga y la planta La Negra Fase 3. Asimismo, existen cerca de 250 mil hectáreas de concesiones que involucran 15 proyectos de explotación de litio y otras sales que pertenecen a las empresas SQM, Albemarle, Lithium Chile y Wealth Minerals, localizados en las comunas de San Pedro de Atacama y Ollagüe.
12. Resultados de la COP25
El no lograr los acuerdos necesarios para cerrar la discusión sobre la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene por objetivo regular los mercados de carbono, fueron percibidos como un gran fracaso e instalaron las dudas sobre la capacidad de Chile de liderar la Cumbre del Clima. La extensión en dos días de las negociaciones, la presentación de textos que fueron rechazados y los reclamos sobre cambios en el lenguaje acordado, marcaron la jornada de cierre y dejaron a la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, en una mala posición frente a la comunidad internacional. A esto se suman los cuestionamientos de los países latinoamericanos a la presidencia, por no fortalecer alianzas con sus vecinos y la poca relevancia otorgada a temas de derechos humanos en materia climática.
Los desafíos para 2020
1. Firma del Acuerdo de Escazú
El país tiene enormes desafíos respecto al fortalecimiento de los llamados Derechos de Acceso (a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales), además de la urgente necesidad de contar con mecanismos para proteger a los defensores ambientales.
2. Nueva Constitución
Nos encontramos frente a la gran oportunidad de avanzar hacia la elaboración de una nueva Constitución Política para el país. Por lo mismo, es fundamental que en ella sean incorporados principios de justicia ambiental y un enfoque de derechos humanos, lo que significará el punto de partida para abordar los conflictos socioambientales nacionales desde un marco que tenga como prioridad la protección de la naturaleza, los territorios y sus habitantes.
3. Regular contaminantes no normados y cumplir estándares OMS
El país debería en el más breve plazo actualizar la normativa existente de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, por otra parte, regular contaminantes que no están normados como arsénico, cadmio, compuestos orgánicos volátiles y dioxinas, sólo por mencionar algunos.
4. NDC de acuerdo a la ciencia
Durante 2020, Chile debe presentar, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC), la que debería estar de acuerdo a lo que ha señalado la ciencia, es decir, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar los 1,5°C de temperatura media mundial hacia fines de siglo. Además, considerando la vulnerabilidad de Chile a los efectos del cambio climático, esta debería incorporar acciones de adaptación y contar con un presupuesto adecuado para su implementación.
5. Protección de glaciares
Nuestro país necesita con urgencia una ley de protección de glaciares que considere el contexto de cambio climático que nos señala la ciencia. Es necesario que esta legislación se haga cargo de los daños que están generando la minería y otras actividades antrópicas en estas reservas de agua, que otorgue el lugar que corresponde a los glaciares de roca y glaciaretes y que, por supuesto, incluya los ambientes periglaciares.
6. Protección de suelos y bosques
Sólo el 9% de los suelos del país no posee algún grado de erosión, mientras que la erosión severa y muy severa alcanzan al 24% del territorio nacional. Asimismo, cada año se pierden alrededor de 20 mil ha. de bosque nativo y se degradan otras 40 mil. Es urgente avanzar en una ley de protección y conservación de suelos que, entre otras cosas, regule las plantaciones agrícolas en laderas.
7. Acceso al agua como Derecho Humano y priorización de usos
Es esencial que en una posible nueva Constitución se reconozcan el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano, y que además se aborde la importancia de las funciones ecosistémicas asociadas. Junto con ello, se debe trabajar en una nueva legislación que establezca criterios de priorización de usos de los recursos hídricos que se sujeten a los estándares de derechos humanos y a sus funciones ecosistémicas.
8. Mejorar criterios de sustentabilidad de las pesquerías
Considerando la situación actual de sobreexplotación de los principales recursos pesqueros, resulta imprescindible mantener la definición de las cuotas globales de captura basada en criterios científicos. El aumento de cuotas de captura a través del incremento del porcentaje de riesgo, y la consiguiente reducción del tiempo de recuperación de las pesquerías, es una medida peligrosa que no debe repetirse, pues contraviene el principio precautorio y podría conducir al colapso de las pesquerías.
9. Creación de nuevas áreas marinas protegidas en el borde costero
En línea con la actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC) y lo comprometido por el país en materia de océanos, es necesario avanzar en la creación de nuevas áreas marinas protegidas, especialmente en las zonas costeras y marinas de Chile central. Asimismo, se debe progresar en la elaboración y una adecuada implementación de los Planes Generales de Administración (PGA) para las áreas marinas protegidas ya existentes.
10. Ley de Cambio Climático
La ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, anunció que en enero del 2020 ingresará al parlamento el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, cuyo anteproyecto fue sometido a consulta pública durante junio de este año. En teoría, esta legislación permitirá establecer cierta institucionalidad para hacer frente a los efectos del cambio climático, y es de esperar que durante su tramitación se generen los espacios de discusión necesarios para poder perfeccionar este instrumento.
11. Acelerar cierre de centrales termoeléctricas
Uno de los desafíos para el próximo año lo puso el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, al declarar que se estarían dando las condiciones en el país para que se adelante el proceso de cierre de termoeléctricas a carbón. Si bien en la COP25 se anunció el cierre de dos nuevas unidades – que se sumarán a las ocho ya fijadas por el cronograma de descarbonización al 2024 – es de esperar que Chile esté alineado con el último Informe de Climate Analytics que señala que los países debiesen eliminar completamente el uso del carbón al 2030 y no al 2040 como el cronograma pretende hacerlo.
12. Impuesto verde
Durante 2020, el parlamento seguirá discutiendo la denominada “modernización tributaria”, dentro de la que se espera exista un mayor énfasis por parte del Gobierno al impuesto verde, gravamen que el próximo año -según recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono- debe situarse entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2. De esta manera, se abrirá la posibilidad de desincentivar el uso de combustibles fósiles, contribuyendo a la descarbonización y limpieza de nuestra matriz energética.
13. Ley de costas
Existe una urgente necesidad de contar con una nueva regulación de la zona costera con un enfoque de cambio climático, riesgos naturales, participación pública y justicia ambiental. Sin dudas, este es uno de los desafíos que más urge realizar a nivel normativo, pues la propuesta presentada por el Ejecutivo hacia una nueva regulación del borde costero no considera estos aspectos y posee evidentes elementos regresivos, siendo necesario entrar a discutir de manera transversal una nueva propuesta que se plasme en una ley de costas para Chile.
El informe
En el Balance Ambiental 2019 de la Fundación Terram también se realiza descripción de los principales acontecimientos ambientales del período, agregando un análisis crítico de cada área temática abordada, entre las cuales están: Desertificación, sequía y gestión del agua; Glaciares; Áreas Protegidas terrestres y marinas; Minería; Energía; Institucionalidad ambiental; Jurisprudencia relevante; Zonas de Sacrificio; Contaminación; Cambio Climático; Pesca y Salmonicultura. Junto a esto, entregaron su premios al Aporte Ambiental, a la Contaminación, a los Ambientalistas del Año, de Insustentabilidad y Colusión del Año. Puedes leer el informe completo aquí.