¿Es suficiente? El proyecto de ley que busca exigir a las salmoneras que limpien los fondos marinos

Si hay una actividad productiva bajo el escrutinio público es la industria salmonera, la cual es responsable no solo de la descarga de alimento y heces en los ecosistemas marinos, sino también de productos como los antibióticos, generando una serie de perturbaciones en los ecosistemas marinos, partiendo por la hipoxia y anoxia (una baja o ausencia total de oxígeno disuelto), entre otros más.

En términos de la contaminación, por ejemplo, los centros de cultivo generan desechos orgánicos (como las mencionadas fecas y peces muertos) e inorgánicos (como plásticos), lo que ha despertado preocupación en distintos sectores de la ciudadanía.

Considerando ese contexto se ingresó en 2018 el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para exigir a empresas salmoneras que limpien los fondos marinos, a través de la remoción de los desechos orgánicos e inorgánicos que dejan en el entorno. Hace unos días, la Cámara de Diputadas y Diputados envió a comisión mixta la iniciativa liderada por el diputado Gabriel Ascencio, luego de rechazar algunas de las enmiendas realizadas por el Senado.

“Este proyecto, que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, fue aprobado en el año 2019 en la Cámara de Diputados, en marzo de este año en la Comisión Pesca del Senado, luego en la sala de senadores y ahora regresó nuevamente a la cámara baja, en donde resolvimos analizar en una comisión mixta algunas modificaciones que en el Senado se le hicieron a la iniciativa, como el tiempo en los que deben hacerse las limpiezas y quienes deben desarrollar los planes de recuperación de los espacios marinos contemplados en el proyecto de ley”, indicó el diputado Ascencio, según recoge el medio Chiloé al Día.

Cabe precisar que, entre otras cosas, la actual Ley de Pesca y Acuicultura establece en su artículo 74 inciso final que “la mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad acuícola, será de responsabilidad del concesionario, de conformidad con los reglamentos que se dicten”.

Además, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura indica que todo centro de cultivo deberá “adoptar medidas para impedir el vertimiento de residuos y desechos sólidos y líquidos, que tengan como causa la actividad, incluidas las mortalidades, compuestos sanguíneos, sustancias químicas, lodos y en general materiales y sustancias de cualquier origen, que puedan afectar el fondo marino”, aunque lo anterior no solo se incumpliría, sino que además no hace una referencia explícita a la remoción de los denominados “lodos”.

Por ello, el proyecto de ley busca que la ley obligue a los titulares de concesiones, o quienes tenga un derecho sobre ellas, a remover el material sedimentado que se acumula en el sustrato. Para tales efectos, tendrían que presentar ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) un plan de recuperación, que contemple el uso de mecanismos físicos, químicos o biológicos para mejorar las condiciones del área alterada; y uno de investigación del fondo marino, que alude al estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos.

Además, el proyecto considera algunas sanciones. Según detalla la moción, si el titular del centro de cultivo comete una infracción a lo dispuesto en la norma, será sancionado con la suspensión de operaciones por un plazo de dos años. Y también establece como causal de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura quien haya sido sancionado por segunda vez, en la no mantención de la limpieza y del “equilibrio ecológico” de la zona concedida.

Sin embargo, existen demandas desde la sociedad civil para cambios sustanciales y mayores exigencias a la industria.

Así lo asegura a Ladera Sur la directora Ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, para quien “la moción parlamentaria encabezada por el diputado Ascencio pareciera intentar especificar un poco más lo que establece la ley. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa legal no apunta a solucionar los verdaderos problemas de la salmonicultura, incluso plantea una salida para que esta actividad pueda seguir funcionando”.

Las tres modificaciones rechazadas

El proyecto de ley fue enviado a la comisión mixta, luego de que las y los diputados rechazaran tres de las modificaciones efectuadas por el Senado. Dos de ellas apuntaron a la eliminación del concepto “inmediato”, que estaba incorporado dentro de las acciones de remoción de desechos inorgánicos y en las sanciones aplicables al caso. En cuanto al tercer cambio, buscaba especificar lo referente al plan de recuperación, ya que la cámara alta indicó que tendría por objeto las concesiones que ya se encuentren en condiciones anaeróbicas y aquellas cuyos resultados ambientales estén dentro de los parámetros que establezca el reglamento.

No obstante, según reproduce el Diario Acuícola, Ascencio manifestó su reparo, señalando que “el camino correcto es que todas las concesiones […] deben elaborar planes de recuperación, justamente para evitar llegar a una condición de anaerobia que genere peligro para los ecosistemas marinos”.

Al respecto, Liberona destaca que “la salmonicultura es una actividad productiva de gran escala que está generando impactos severos. En el caso de los centros de cultivo en el mar, la presencia de zonas anóxicas es solo una ellas y debería ser una causal de caducidad de la concesión. El proyecto de ley plantea la necesidad de establecer planes de recuperación, pero no propone la caducidad de las concesiones que presentan estas condiciones, medida que, desde nuestra perspectiva, es la adecuada. Los planes de recuperación más bien deberían ser acciones a implementar cuando comienza a alterarse el fondo”.

Dicho de otro modo, Liberona cuestiona que se sancione por no cumplir una medida reparatoria, y no por el impacto ambiental mismo, que es lo que expresan los Informes Ambientales o INFAs en condición anaeróbica. Para la organización, el proyecto pareciera velar por la producción salmonera y no por el resguardo de los ecosistemas, considerando que podrían no existir certezas de los resultados del plan de recuperación, el cual podría incluso afectar aún más el ecosistema, dependiendo de las condiciones en las que se lleve a cabo.

Otra incógnita que sale a la palestra es la remoción de los sedimentos acumulados, lo que para Terram “es una tarea que debe estar muy bien regulada y sobre la cual la moción parlamentaria no se refiere, pues surgen varias preguntas: ¿con que tecnología se hace la remoción?, ¿cómo se impide que en las tareas de remoción el sedimento no se disperse en el medio?, ¿cómo se transporta?, ¿cuál es su disposición final?, ¿cuáles son los medios físicos, químicos y biológicos que se pueden utilizar? En ese sentido, la moción parlamentaria deja muchas interrogantes abiertas”.

Los impactos de la salmonicultura

Para tener una idea, el cultivo de salmones implica una importante densidad de peces confinados en un espacio limitado. Estos animales son alimentados con pellets, lo que deriva en desechos como fecas y el alimento no ingerido, que se precipitan y acumulan en el fondo marino, donde alteran drásticamente el ecosistema. “Esto produce el aumento de la carga de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, existentes naturalmente en el medio, provocando a su vez la reducción de la disponibilidad de oxígeno en la columna de agua y en el sedimento, generando ambientes anóxicos o anaeróbicos y, potencialmente, eutrofizados”, explica Liberona.

Lo anterior tendría como consecuencia “la muerte de macrofauna y, en general, la menor riqueza de especies bajo y en zonas adyacentes a las balsas jaulas, contribuyendo a la generación de fondos marinos inertes, a lo que se suma la influencia que el exceso de nutrientes tiene en la generación de eventos de floraciones algales nocivas o FAN (marea roja o café)”.

En cuanto a este último punto, si bien las causas de las floraciones algales nocivas son complejas y multifactoriales, el exceso de nutrientes que aporta la salmonicultura puede contribuir a este fenómeno, en especial en lugares de alta concentración productiva, como el fiordo Comau que hizo noticia a principios de este año por las grandes plumas de materia orgánica descompuesta asociada al retiro de salmones muertos.

Otro aspecto de interés es el uso de sustancias como pinturas ani-incrustrantes (antifouling) en redes y otros implementos del centro de cultivo, cuya aplicación conlleva la liberación de metales como cobre y zinc, pudiendo generar efectos negativos en bivalvos, macroalgas y en la biodiversidad microbiana que es fundamental para el ecosistema marino. A esto se suma el consumo de antibióticos, “que en Chile es reconocidamente excesivo en comparación con Noruega. Se ha identificado como el principal riesgo asociado a ello la generación de resistencia bacteriana y su transmisión a humanos, a lo que se suma el potencial de disminuir la diversidad microbiana presente en el lugar, disminuyendo consecuencialmente la capacidad de descomposición de los desechos orgánicos que se acumulan en el fondo marino”.

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Por todo lo anterior, desde organizaciones como Terram buscan que se avance en regulaciones que posean una lógica preventiva y precautoria, que se hagan cargo de los impactos asociados a las salmoneras antes y no después de que se produzcan. Para ese objetivo, una de las primeras acciones que propone la fundación es definir áreas cerradas o prohibidas para la industria.

Liberona sostiene que “la salmonicultura debiera encontrarse absolutamente prohibida en toda área protegida costera acorde con las directrices recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estableciendo una franja marina de exclusión de concesiones acuícolas como buffer o zona de amortiguación, así como un mandato y plazo gradual de salida de las mismas de reservas nacionales y forestales, donde actualmente se permite su desarrollo”.

En un sentido similar, la ONG propone la desafectación de áreas establecidas por la autoridad como ‘apropiadas para la acuicultura’ (AAA) sobre ecosistemas marinos vulnerables – categoría que actualmente es reconocida por la Ley de Pesca-, así como en zonas identificadas con un alto riesgo climático y muy sensibles a perturbaciones humanas, en términos de capacidad de carga.

Por otra parte, la legislación actual no prevé mecanismos verdaderamente disuasivos para evitar que los titulares de proyectos acuícolas eviten generar condiciones anaeróbicas o anóxicas en los lugares donde se emplazan sus centros de cultivos, “por lo que sería altamente conveniente contemplar una causal de caducidad de las concesiones acuícolas ante la ocurrencia reiterada de dichas condiciones, así expresados en los denominados Informes Ambientales o INFAs”.

“Finalmente, dentro de otras propuestas que hemos venido planteando desde la Fundación Terram, se encuentran la obligación de todo nuevo proyecto de cultivo de salmones a ser evaluados mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como la posibilidad de revisar los permisos ambientales (RCA) de proyectos de cultivo antiguos por existir variaciones sustanciales en las condiciones climáticas y/o ambientales bajo las cuales aquellos fueron originalmente aprobados”, concluye.