¿Qué opinas? Presupuesto 2027 redistribuye recursos del MMA y propone recortar fondos clave de cambio climático y programas ambientales

El pasado 30 de septiembre, el presidente José Antonio Kast presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuestos 2027, que plantea cambios importantes para el financiamiento ambiental. Aunque el presupuesto total del Ministerio del Medio Ambiente aumenta un 0,3% respecto de la Ley de Presupuestos vigente para 2026, los recursos se distribuyen de manera desigual entre sus distintos programas.

Desde el Ministerio sostienen que estos cambios responden a una reorganización presupuestaria orientada a mejorar la eficiencia del gasto y que no implican la eliminación de programas ambientales. Por su parte, organizaciones ambientales advierten sobre sus posibles efectos.

En ese sentido, el presupuesto de la Subsecretaría del Medio Ambiente registra una disminución de un 0,4% para 2027. Este organismo es el colaborador directo del ministro en la gestión técnica y administrativa de la cartera y tiene entre sus funciones coordinar y ejecutar las políticas ambientales del país. A la vez, aumenta el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental en un 4% y el Servicio de Biodiversidad en un 20,7%.

Dentro de sus programas, destacan las bajas en Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el que cae en un 57,2%, de acuerdo al documento de DIPRES. Estos recursos financian el trabajo ministerial para cumplir los compromisos climáticos del país. Desde el MMA apuntan a que ese porcentaje corresponde a una asignación específica y no al programa completo de cambio climático: «La disminución es de un 3% respecto de la Ley Vigente 2026».

Junto a ello, explican que el presupuesto de cambio climático se orienta al cumplimiento de las obligaciones de la Ley Marco de Cambio Climático y fortalecimiento de la implementación de los Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC). Asimismo, señala que la estrategia considera concentrar el gasto en iniciativas de mayor impacto institucional y aquellas exigidas por la normativa, además de complementar los recursos fiscales con financiamiento de organismos internacionales y fondos climáticos.

Mientras, el Fondo de Protección Ambiental (FPA), que se destina a organizaciones sociales y comunitarias del país, presenta una reducción de un 31,4%. Sus recursos cumplen un rol en el financiamiento de proyectos impulsados por organizaciones comunitarias y sociales, que desarrollan iniciativas relacionadas con educación ambiental, gestión de residuos, protección de ecosistemas, entre otras. De esta manera, cualquier modificación en estos fondos puede tener efectos en la capacidad de las comunidades para desarrollar acciones ambientales en sus propios territorios.

Otra de las variaciones corresponde al programa de Desarrollo Productivo Sostenible, cuya asignación registra una disminución del 100%. Esta iniciativa busca impulsar un crecimiento económico que incorpore dimensiones sociales y ambientales. No obstante, el Ministerio sostiene que los programas que aparecen con un presupuesto de cero en determinadas líneas no necesariamente desaparecen, sino que pueden pasar a financiarse mediante otros subtítulos presupuestarios.

Sobre el último punto, desde el MMA explican que «la adecuación no implica la eliminación de acciones orientadas al trabajo con pueblos indígenas» y que «las iniciativas de participación y educación ambiental continuarán desarrollándose a través de instrumentos regulares del FPA, ajustando la cantidad de proyectos financiados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria».

Por otra parte, la desaparición de algunas líneas presupuestarias que anteriormente aparecían de manera diferenciada e individual dificulta identificar cómo se financiarán determinadas áreas de gestión ambiental durante el próximo año.

Esto ocurre en materias como la conservación de especies y la protección de humedales, que requieren acciones de monitoreo constante, gestión y coordinación entre distintas instituciones para enfrentar distintas amenazas sobre estos ecosistemas.  En el proyecto para 2027, ambas dejan de aparecer individualizadas como transferencias en el subtítulo 24, correspondiente a transferencias corrientes, y pasan al subtítulo 22, destinado a bienes y servicios de consumo. Según el Ministerio, esto significa que se incorporan a la operación permanente de la Subsecretaría y que sus funciones continuarán contando con financiamiento.

La cartera agrega que los montos para 2027 están identificados y que su ejecución se organizará mediante priorización, reprogramación y coordinación con otros organismos. Sin embargo, reconoce que algunas de estas líneas presentan disminuciones presupuestarias y requerirán priorizar o reprogramar actividades, mientras que otras registran aumentos. También indica que parte de las variaciones se explica por el traspaso de atribuciones y recursos al SBAP.

En este contexto, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, advierte sobre los efectos que podrían tener los recortes en distintas áreas de la gestión ambiental. «No son solo los recortes en el Ministerio de Medio Ambiente, que por ejemplo dejan de lado a las zonas de sacrificio, sino también en ministerios como Vivienda, donde se está eliminando la inversión en infraestructura verde. Lo mismo pasa con las reducciones en cambio climático, donde la prioridad debiera ser generar condiciones de vida seguras y estables», señala.

El proyecto tampoco contempla una asignación explícita para implementar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único que establece medidas específicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. De acuerdo al MMA, el próximo año se financiará a través de recursos para gobernanza nacional, regional, procesos participativos y consultas indígenas.

Sobre el alcance de estos cambios, Costa agrega que «los recortes y eliminaciones en el presupuesto 2027 son un reflejo de la falta de comprensión del gobierno en temas ambientales y la falta de compromiso con la calidad de vida de las personas».

De esta manera, el proyecto combina incrementos presupuestarios para algunos servicios con reducciones en determinadas asignaciones y una reorganización de otras líneas de trabajo. Mientras el Ministerio defiende estos cambios como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del gasto y mantener las funciones ambientales, las variaciones en los recursos disponibles y la necesidad de priorizar actividades plantean interrogantes sobre el alcance de las iniciativas que podrán ejecutarse durante el próximo año.

La partida del Ministerio del Medio Ambiente será discutida ahora en la subcomisión mixta de Presupuestos, antes de pasar a las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Al tratarse de un proyecto de ley, sus cifras todavía pueden modificarse durante la tramitación.

*Todas las cifras y variaciones presupuestarias presentadas anteriormente fueron obtenidas del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, elaborado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

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