Durante los últimos años hemos visto cómo desde el gobierno y el sector privado se ha impulsado la agenda del ‘hidrógeno verde’, como una bala de plata en materia de desarrollo nacional y descarbonización global, esperando situar a Chile como líder en materia de acción climática y transición energética. La ambiciosa meta planteada por los gobiernos es convertirnos en líder y productor global de H2V por electrólisis al 2030.

Actualmente la agenda del hidrógeno está siendo encabezada por los ministerios de Energía, Economía y Hacienda, bajo el argumento de cumplir con los compromisos climáticos y catalizar la economía del país, lo que ha conllevado a comprometer desde el nivel central y entre cuatro paredes a las regiones de Antofagasta y Magallanes como los próximos “campeones del hidrógeno verde”, dejando atrás toda promesa de descentralización energética contenida en la Política Energética 2050.

En el último tiempo se han exhibido latamente los potenciales beneficios del desarrollo de dicha industria, sin colocar sobre mesa la problematización que significa para los territorios en donde pretende establecerse, por ende se ha omitido de manera manifiesta los potenciales impactos socioambientales en los territorios que concentrarían dicha infraestructura para “ayudar a la autonomía estratégica europea”, tal como señaló el viernes 14 de julio el presidente del gobierno de España, con motivo de la gira que realiza en Europa el presidente Gabriel Boric.

La gran escala de esta industria, involucra miles de kilómetros cuadrados de gigantescos aerogeneradores y parques fotovoltaicos, desalinizadoras de agua y plantas de hidrólisis, construcción de puertos, plataformas, caminos, líneas de alta tensión y barcos cargados de amoníaco navegando en costas y bahías. Lo anterior conformaría la nueva fisonomía de aquellas regiones ungidas como polos de desarrollo del H2V, afectando gravemente la biodiversidad y los estilos de vida de quienes habitan el territorio.

Así, siguiendo la misma línea de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde propuesta por el ex presidente Sebastián Piñera, el gobierno actual sin ningún cuestionamiento, ha hecho suyas las metas y objetivos de dicha política. Para ello, el gobierno se ha concentrado en impulsar esta estrategia en la cual pareciera buscar elevar su alicaído capital político, ya que ha movilizado todos los recursos disponibles, con el fin de establecer una serie de “condiciones habilitantes para el desarrollo de dicha industria: financiamiento internacional, oferta de uso de suelo e incentivo a la inversión de manera gratuita a través del concesiones de terrenos fiscales e incluso se ha adquirido deuda pública para el beneficio de un negocio 100% privado”.

El modelo de desarrollo de hidrógeno verde impulsado por el gobierno que estamos cuestionando, viene a perpetuar la distribución desproporcionada entre cargas y beneficios socioambientales, traspasando las externalidades negativas directamente a los territorios donde se concentrarían los proyectos de generación y exportación. En otras palabras, el desarrollo del hidrógeno, tal como está propuesto, profundiza escenarios de injusticia ambiental, y consecuencialmente de conflictos socioambientales y judicialización.

Las fallas del modelo propuesto involucran problemas tanto de forma como de fondo. Lo anterior se hace evidente en la narrativa propuesta por la supuesta “transición energética justa”, la que lamentablemente no ha significado un reforzamiento en las verdaderas condiciones para el resguardo de los territorios: participación debidamente informada, regulación ambiental robusta; líneas de base públicas; ordenamiento territorial; acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas o asociatividad.

Por otro lado, si el objetivo es lograr una transición energética justa, no podemos ignorar la necesidad de reducir las brechas de pobreza energética a nivel nacional, así como avanzar en materia de descentralización y generación distribuida para asegurar mejores niveles de seguridad energética a lo largo del país, como también ocuparse de la protección de los ecosistemas claves para la adaptación y el “desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza”, como nuestras costas, bosques, humedales, y tantos otros claves para la subsistencia de nuestra biodiversidad.

Es por ello que nos parece necesario como compromiso del gobierno con el resguardo de las comunidades y el medio ambiente, que someta el Plan de Acción de Hidrógeno Verde a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), con el fin de identificar y hacerse cargo, de forma integral, de los potenciales riesgos socioambientales de la implementación de esta industria, como también que se incorpore un enfoque de derechos humanos en la búsqueda de resguardarlos de forma íntegra, aplicando los compromisos internacionales como por ejemplo el Acuerdo de Escazú.

Las personas y organizaciones firmantes emplazamos al gobierno a que haga un esfuerzo en enmendar el rumbo de manera urgente, ratificando nuestra convicción de que las medidas propuestas son posibles y necesarias, y que son la única vía para posicionar a nuestro país como un verdadero líder en materia de acción climática y transición energética justa.

A continuación, las organizaciones que firmaron:

5 Comentarios

5 Comentarios

  1. Luis

    Si tantos problemas encuentran, entonces también aportar soluciones

  2. Tomas

    Si seguimos pescando a estos wns vamos a terminar con taparrabos, no les den ni tribuna

  3. Beca

    Buena parte de la solución esta en la petición están los indicadores a considerar, seguiremos regalando nuestras riquezas a los privados y a países extranjeros, entonces con suerte en el 2100 los chilenos podrán hacer uso de los beneficios del H2V…. Mientras vemos como algunos incrementan sus fortunas.

  4. Sebastián

    Disculpen, cual la propuesta? Existe algún documento o petitorio para poder entender un poco más su descontento?

  5. Mallz

    Primero hablaron en otro medio que eran 40 organizaciones, en otro medio dijeron que eran 60 y ahora aquí dicen que son 70…..a quien le creemos???

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