Fertilización marina: los riesgos y deficiencias normativas de Chile

El cambio climático avanza a pasos agigantados, trayendo consigo consecuencias devastadoras. Tan sólo en el mes de junio, un estudio revelaba que el Polo Sur, considerado por muchos como el punto más frío de la Tierra, aumentó tres veces su tasa global de temperatura en los últimos 30 años; mismo tiempo en el que Europa ha estado viviendo las mayores inundaciones de su historia reciente y, mientras la desertificación avanza por Centroamérica, África y Asia. Ante este escenario, no han sido pocos los que creen que una manera de solucionar esta problemática, pasa por aumentar la intervención antrópica, esta vez, aplicando tecnología para combatir las consecuencias del cambio climático, aunque con efectos que aún no están muy claros para el medio ambiente.

A esto se le conoce como «geoingeniería», una disciplina relativamente reciente que puede ser definida como “la manipulación deliberada a gran escala del entorno planetario para contrarrestar el cambio climático antropogénico”. Esta disciplina aún se encuentra en una fase experimental y de ella se tienen relativamente pocos antecedentes para medir su efectividad, pero también se desconocen sus consecuencias, que podrían tener implicancias tanto a nivel medioambiental, como social, cultural y ético.

La fertilización de los mares: una técnica con consecuencias inciertas

Pero, ¿cómo se ha puesto en práctica la geoingeniería? Según indica la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, los métodos de geoingeniería pueden ser divididos en dos categorías. La primera es aquella que pretende combatir el cambio climático “reflectando” un pequeño porcentaje de la luz y el calor del sol, para enviarlo “de vuelta al espacio”. Una descripción que parece salida de un cuento de ciencia ficción, y que, a pesar de que aún se encuentra en etapas de estudio preliminares, la Universidad de Harvard ya ha anunciado que realizará un experimento para identificar los posibles beneficios y riesgos de esta técnica.

Por otro lado, la segunda categoría son técnicas que buscan remover el CO2 desde la atmósfera y almacenarlo para evitar su retorno al ambiente. Estas también son conocidas como de “remoción de dióxido de carbono” (CDR, por su sigla en inglés). Una de ellas, es la fertilización marina, que ha sido definida por el Convenio de Londres – una de las primeras alianzas internacionales para la protección del medio marino respecto de las acciones de nuestra especie – como “cualquier actividad emprendida por humanos con la intención principal de estimular la productividad primaria de los océanos”.

Según la definición, se puede suponer que esta técnica ya se ha propuesto en Chile. De hecho, era abril del año 2017 cuando una empresa canadiense llamada Oceaneos Environmental Solutions (OES) anunció su propuesta de realizar una “fertilización oceánica” en el mar del país, particularmente a 130 kilómetros mar adentro, a la altura de la localidad de Punta Lengua de Vaca, en la Región de Coquimbo. Pero, ¿en qué consistía este proyecto? Según indicó el entonces presidente de la compañía, Michael Riedjik, la idea era que, producto de la adición de compuestos químicos como el hierro en las aguas oceánicas, se podría “detener la preocupante baja actual y aumentar significativamente la biomasa de peces”, aludiendo a la conocida disminución en la cantidad de estos animales marinos que ha afectado muy duramente a la industria pesquera de Chile a principios de la década, sobre todo respecto de especies pelágicas como el jurel y la anchoveta, que producto de la sobrepesca se produjo un agotamiento de aquellos recursos.

La idea parecía sencilla. Según Riedjik, si se estimulaba la cadena alimenticia arrojando “compuestos de siembra” como el hierro, este podría alimentar y aumentar la cantidad de fitoplancton – el cual es un conjunto de microorganismos vegetales que realizan fotosíntesis y son reconocidos por ser la base de la cadena alimenticia marina-. “Este a su vez alimenta el zooplancton, que a su vez es el alimento esencial de los pequeños peces, que alimentan a peces más grandes”, indicó Riedjik en aquella oportunidad.

La iniciativa, que constaba de liberar en el contexto de un “experimento” hasta 10 toneladas de hierro al mar, en un comienzo gozó de una importante figuración en los medios de comunicación, e incluso tuvo instancias de promoción relacionada a reconocidos eventos musicales de nuestro país.

Pero al poco tiempo de ser realizado este anuncio, una parte de la comunidad científica en Chile encendió las alarmas ante las incertidumbres que planteaba la propuesta. A través de una carta titulada “Nuevos cantos de sirenas: El peligroso proyecto para fertilizar nuestro océano”, cinco académicos del Instituto Milenio Oceanográfico (IMO) se pronunciaron en contra de la labor que propuso OES, comentando que no existen pruebas concluyentes de que dicha actividad mejore los rendimientos de las pesquerías, y lo que es peor, podía tener un gran costo en el ecosistema local, lo cual fue abordado de manera detallada en otro documento del IMO.

“Existe consenso entre la comunidad científica de Chile en que este tipo de experimentos son interesantes para investigar el océano, pero cuando se hace en situaciones controladas, dentro de un laboratorio, o si se va a hacer con fines científicos, manteniendo los resguardos. Pero esa no era la finalidad de este proyecto, que más bien pretendía vender a los gobiernos un producto. De hecho, después me enteré por medio de colegas que ellos habían insistido ir a vender esta idea a otros países, como Perú y Ecuador”, indicó a Ladera Sur Cristian Vargas, investigador asociado del centro IMO y también firmante en la misiva original contra el proyecto de Oceaneos.

De hecho, en Ecuador hay registros desde el año 2007 de empresas que han intentado llevar a cabo experimentos de fertilización marina, algunas incluso cerca de las Islas Galápagos, reconocidas por su alto nivel de biodiversidad y endemismo de especies. Eso sí, es necesario precisar que, al menos según lo que indicó en ese país la empresa de geoingeniería estadounidense Planktos, el objetivo de dicho experimento era reducir la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera y no estimular la producción primaria, como lo planteaba Oceaneos.

Finalmente, el experimento en Chile no se llevó a cabo, ya que no habría sido presentada oficialmente a las agencias gubernamentales competentes, aunque la historia pudo haber sido diferente. “Se ha descubierto en otras fertilizaciones artificiales con hierro, hechas por razones científicas a una menor escala, que una micro alga tóxica llamada Pseudo-nitzschia se ve estimulada al adicionar este mineral al agua. Estos organismos tienen un compuesto que se llama ferretina, el cual le da ventaja sobre otros organismos a la hora de almacenar el hierro. Esta información hace dos décadas no era conocida. En California en el año 2015 hubo grandes problemas con esta microalga tras una gran floración que ocurrió, y que produjo la mortalidad de animales marinos, aves, también causó problemas a las pesquerías”, indicó a Ladera Sur el investigador asociado del centro IMO Peter von Dassow, quien también fue uno de los firmantes de la misiva contra Oceaneos en el año 2017.

Según von Dassow, la sustancia que es capaz de producir la diatomea Pseudo-nitzschia es el ácido domoico, el cual es una biotoxina marina que genera síntomas de envenenamiento amnésico, lo cual puede causar la muerte en animales y humanos, o bien graves daños a nivel cerebral. Es necesario recordar que las diatomeas conforman la base de la cadena trófica marina – es decir, son el alimento para muchas otras especies –. De esta manera, von Dassow comenta que una persona podría morir si consume, por ejemplo, un molusco que se hayan alimentado de Pseudo-nitzschia.

Un punto para nada irrelevante, considerando que hay zonas del norte del país con una gran industria pesquera basada en los moluscos. Tal es el caso de la industria de ostiones en Guanaqueros y Tongoy – localidad ubicada en la misma bahía que Punta Lengua de Vaca-. La situación pudo haber sido crítica, ya que según von Dassow, en el mar de ambas ciudades se ha visto una presencia relativamente más alta que el promedio nacional de Pseudo-nitzschia. “En estas localidades están al tanto de esta situación y de hecho, tienen que estar tomando muestras constantemente, aunque hasta ahora su concentración (Pseudo-nitzschia) no ha sido suficiente para causar problemas, pero imagina aparece una gran floración de ellas, puede acabar con esta industria local, puede haber mucha gente que pierda su trabajo por eso. Es poner en riesgo todo eso, por una actividad que es  completamente dudosa respecto a si puede generar algún beneficio, mientras que, por otro lado, sabemos que se puede generar un riesgo, que es bastante importante”, agregó el investigador IMO.

De haberse concretado, el experimento de la empresa canadiense habría vertido hasta 10 toneladas de hierro, una cantidad que supera con creces a otros experimentos llevados a cabo por la comunidad científica internacional. Según Vargas, es difícil medir las consecuencias de un vertimiento de esa magnitud, e incluso, sería complejo determinar hasta donde podrían haber llegado esa cantidad de partículas de hierro.

“Además, estamos hablando de un elemento que es utilizable, que interactúa con el medio, no es inerte. No sabes las transformaciones que van a ocurrir a través de la ruta de movimiento del hierro. Si bien aún falta conocer información, si uno realizara un proyecto de fertilización marina de tipo comercial en una zona costera con una plataforma somera -sin mucha profundidad- se podría producir una gran cantidad de materia orgánica, y parte de ella podría integrarse a la cadena trófica y ser consumida por los peces. Pero podría haber una parte importante de esta que no será consumida, y, por tanto, se hundiría hacia el fondo, donde las bacterias comenzarían degradar, produciendo variaciones en los niveles de oxígeno del mar debido a que ocupan este compuesto para realizar el proceso”, agregó Vargas.

Una disminución en el oxígeno que podría empeorar el actual proceso de desoxigenación que afecta a los mares de nuestro planeta, producto de la contaminación por nutrientes y el cambio climático. De hecho, según un estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el año 2019 se identificó 700 lugares marinos que tenían problemas de hipoxia (falta de oxígeno), una cifra que es más de 14 veces mayor a los 45 lugares con hipoxia que se identificaron en la década de los 60´s.

Entre otros efectos negativos que, de haberse llevado a cabo – pudo haber provocado el experimento se encuentra la acidificación de las aguas profundas – bajo los 100 metros -, un proceso por el cual cambia el pH de las aguas, debido a la descomposición de materia orgánica que ha sedimentado desde la superficie. Producto de la remineralización, componentes como el carbono pueden regresar en forma de CO2 al mar. Al mismo tiempo, a mayor cantidad de producción primaria – el cual era el objetivo de la empresa Oceaneos-, podría haber mayor cantidad de CO2 acidificando las aguas profundas.

“En una situación donde hay exceso de CO2 se hipotetiza que las aguas allí se vuelvan más ácidas. Quienes se verían más afectados por la acidez del mar son todos los organismos que tienen estructuras calcarias, esto es, que tienen carbonato de calcio en sus paredes. El carbonato de calcio (CaCO3) al entrar en contacto con una sustancia de ph ácido se disocia, y por tanto, los organismos que lo utilizan no pueden formar su esqueleto, lo que les provoca la muerte”, precisó a este medio la bióloga marina e investigadora del Laboratorio de Algas Marinas de la Universidad de Valparaíso Pilar Muñoz.

De hecho, Muñoz cree que este tipo de experimentos puede ser una especie de “ruleta rusa” en donde, al ser básicamente un experimento de “abono del mar”, se podría hacer surgir cualquier especie de fitoplancton, ya sean venenosos (con en el caso mencionado de la Pseudo-nitzschia) o incluso alguna otra especie que no sea alimento de peces, lo cual sería contraproducente con los objetivos iniciales planteados por la empresa canadiense Oceaneos, que anunciaban este proyecto como una solución al bajo rendimiento que estaban teniendo las pesquerías. Un diagnóstico que no es compartido por los científicos del IMO ni por Muñoz.

“La pesca en Chile de la sardina, jurel y otras especies ha disminuido por una razón concreta: la sobrepesca. No es que se les haya acabado el alimento. Además, este tipo de experimento ya se ha realizado, y el resultado ha sido que, efectivamente, donde echaron esta gran cantidad de hierro si se vio que aumentó la producción primaria en esa zona, pero el “bloom” – o momento de proliferación de micro algas – es mucho más pequeño que en condiciones naturales. Esto se captó a través de imágenes satélite en donde se mide la clorofila “A” que tienen estos organismos; además, este efecto de aumento de producción primaria desapareció mucho más rápido, ya que se realizó en zonas donde había muy pocos nutrientes, entonces el zooplancton – el principal consumidor de estas algas – se lo comió muy rápido”, enfatizó.

Los tres científicos concuerdan en que, si bien falta estudio respecto de la efectividad de esta tecnología, esta no tiene el enfoque que deben tener las acciones que pretendan restaurar los recursos marinos. “Lo que tenemos que hacer es explorar ecosistemas y protegerlos para que se recuperen y funcionen naturalmente. Para restaurar el funcionamiento del océano se deben tomar medidas como la protección grandes zonas del mar para permitir su recuperación y fortalecer su resiliencia frente a los cambios que se están viviendo. Además, es clave evitar que más contaminantes lleguen al mar y evitar el arrojo de la basura, lo cual es muy efectivo. Y sin duda es clave la disminución de la presión pesquera”, agregó von Dassow.

Una puerta aún abierta: el vacío legal de la legislación chilena

Si bien, este tipo de experimentos comerciales de fertilización marina no han sido abundantes en Chile, se ha demostrado que pueden generar importantes consecuencias a nivel medioambiental, un peligro que no cuenta con una normativa adecuada que controle los impactos.

Pero, ¿qué implicancias tiene esto? Para graficarlo de una manera más simple, si una empresa de fertilización marina quisiera llevar a cabo otro proyecto en nuestro país, lo primero que tendría que hacer es acogerse al Decreto Supremo 711 de “Control de Investigaciones Marinas” por medio del cual, el proyecto en cuestión queda bajo el control que ejerza la autoridad, en este caso, el Instituto Hidrográfico de la Armada. El problema, es que la solicitud para poder llevar a cabo esta empresa se debe realizar por medio del relleno de un formulario, el cual si bien incluye aspectos formales del experimento como la identificación del equipo científico, los propósitos que tiene la investigación, así como la locación a la cual se acudirá y el tiempo que se estará, se excluye todo tipo de medición de impacto medioambiental que se pueda producir.

Un vacío que, según indicó a este medio Samuel Leiva, consultor en políticas públicas ambientales de fundación Terram, tampoco estaría cubierto por la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual desde un punto de vista evaluativo, no posee instrumentos de evaluación de impacto medioambiental para proyectos que no sean de inversión.

“Hoy en día, Chile se encuentra en una posición de riesgo ante cualquier iniciativa de geoingeniería marina, y no tenemos la capacidad ni legal ni técnica de hacer frente o evaluar los riesgos que podrían significar el desarrollo de estas actividades”, indicó Leiva, aunque agregó que existe una solución al problema, y aquella estaría en el anteriormente mencionado Convenio de Londres.

Esto, debido a que en el año 2010, las partes de este convenio internacional – entre las cuales se encuentra Chile-, preocupadas ante el avance de las tecnologías de fertilización marina, crearon precisamente un marco de evaluación para regular el impacto de la geoingeniería marina. Ese marco, según Leiva, puede resumirse más o menos en cuatro partes. La primera es una evaluación inicial, para ver si la propuesta cumple con la definición de fertilización oceánica. Luego, establece una evaluación ambiental completa, identificando entre algunos puntos, el problema que motiva el experimento. Tras esto se tiene que identificar donde va a ser desarrollado el experimento y cuál será la exposición – que se refiere al movimiento de sustancias agregadas/redistribuidas en el mar. Finalmente, se procede a una caracterización de los riesgos que conlleva el experimento.

Si bien este nuevo marco de evaluación del Convenio de Londres tuvo un carácter de “recomendación” los años posteriores a su redacción en 2010, ahora sería vinculante. Esto, por una resolución de los países miembros del Convenio de Londres, la cual fue adoptada el 2013 y que Chile firmó.

“El hecho de haber firmado supone estar de acuerdo con el texto por parte de los delegados que representaron a nuestro Estado. Aunque para que eso se convierta en ley nacional aún falta el proceso de ratificación a través de un trámite legislativo nacional. Sin embargo, ese texto está hoy en día en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esa institución la que tiene que pedirle a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) que ingrese esto como un proyecto de ley”, aclaró Leiva.

 

Pero, ¿en qué situación se encuentra la enmienda? Hasta ahora, como mencionó Leiva, el trámite aún permanece en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero podría estar cada vez más cerca de conseguirse su ratificación. Según se indicó a este medio desde la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (DIRECTEMAR), la polémica generada por el caso de la empresa canadiense Oceaneos hizo que durante el año 2018 se generara interés por el tema, lo cual dio pie a diversas consultas por parte de parlamentarios e instituciones internacionales.

“Y finalmente este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores encomendó a la DIRECTEMAR la elaboración de un informe técnico-jurídico respecto de los aspectos que puedan considerar la ratificación  de esta enmienda. Para este propósito se está llevando acabo una revisión de los aspectos técnicos del marco evaluativo que propone el Protocolo de Londres y, a través del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), un trabajo de actualización de los aspectos científicos con apoyo de destacadas instituciones científicas”, señaló el Jefe Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático de la DIRECTEMAR, Enrique Vargas.

Entre las instituciones científicas que estarían trabajando en el informe, destacan el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), el Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), el Núcleo Milenio Centro para el estudio de forzantes múltiples sobre sistemas socio-ecológicos marinos (Musels), el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. También es importante agregar que dichas instituciones que ya han participado en el pasado de la elaboración de un documento advirtiendo los peligros de la práctica de fertilización marina y la necesidad de regularla.

“Recalco que este procedimiento no implica la decisión sobre si se va aprobar o no la enmienda, sino que es un insumo para que el ministerio comience un trabajo más profundo, que pueda considerar la participación de otros actores”, concluyó Vargas, quien aseguró que dicho documento será entregado el mes de septiembre.