ESPECIAL MINERÍA #NaturalezaAcorralada | Chile: 40 proyectos mineros cercan 16 parques y reservas nacionales

*Esta publicación forma parte del Especial #NaturalezaAcorralada en alianza con Mongabay Latam

Chile es el mayor productor y exportador de cobre a escala internacional, pero de sus suelos también se extrae oro, plata, hierro y litio, el denominado “oro blanco”, cada vez más demandado a nivel global para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y cuyas mayores reservas mundiales, el 52%, se encuentran en el salar de Atacama. 

La mayor parte de los yacimientos de todos esos minerales se encuentran en el norte del país y es por eso que allí se concentra la actividad minera. Frecuentemente esta industria se ha instalado alrededor e incluso dentro de áreas protegidas que en esta parte del país resguardan sobre todo salares, bofedales y humedales, ecosistemas frágiles donde habitan especies emblemáticas como flamencos, guanacos, vicuñas, pumas y comunidades microbianas conformadas por algas diminutas y bacterias que podrían explicar incluso el origen de la vida en la Tierra.

¿Cómo puede la minería operar dentro o alrededor de parques y reservas en Chile? A pesar de que la legislación chilena prohíbe las actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, si el presidente de la república considera que la explotación es de interés nacional, lo puede autorizar. Eso ha pasado en más de una oportunidad. A esto se suma un tema igual de preocupante y es que a pesar de que la ciencia ha demostrado ampliamente la importancia de que estas áreas cuenten con una zona de amortiguamiento, un territorio que la bióloga Cristina Torres describe como “un cinturón de protección ecológico” que reduce las influencias negativas de las actividades humanas, las áreas protegidas en Chile no cuentan con esta figura de protección.

En Colombia, Uruguay, Bolivia, Perú y otros países de la región, los parques y reservas tienen zonas de amortiguamiento, asegura Torres, quien es coordinadora del programa marino de WWF y experta en gestión ambiental. En Chile, en cambio, las zonas de amortiguamiento no están contempladas en la normativa por lo que existen casos en donde los proyectos mineros operan a escasos metros de sus límites lo que es “increíblemente peligroso”, advierte Torres.

Aunque la salida a este problema podría estar en la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que, según coinciden diversos expertos, mejoraría considerablemente la gestión de las áreas protegidas —incluyendo el tema clave de las zonas de amortiguamiento—, el proyecto lleva más de diez años en el Congreso y ha pasado por tres gobiernos sin ver la luz. 

Para poder dimensionar este problema y saber qué tan frecuentemente se superpone la minería a los territorios protegidos y sus áreas de influencia, Mongabay Latam y Ladera Sur crearon una base de datos para visualizar cuáles son los proyectos extractivos que se encuentran en los alrededores y al interior de parques y reservas nacionales de todo el país. 

Reunimos la información dispersa en los diferentes organismos de Estado que participan tanto de la supervisión ambiental de los proyectos mineros como de la administración de las áreas naturales protegidas —Corporación Nacional Forestal (CONAF), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)—, pero también sumamos información recopilada por científicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. 

Lo que encontramos fue que 40 proyectos mineros en distintas fases de desarrollo se ubican alrededor —y en algunos casos al interior— de 16 parques y reservas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE), administrado por CONAF.

Lo que dicen los datos

De los 40 proyectos identificados, solo 26 casos fueron proporcionados por los organismos estatales. De ellos, tres están dentro de áreas protegidas y aunque actualmente no se encuentran activos, al menos uno pretende reactivarse. Se trata de Choquelimpie, una mina antigua “sin actividad”, según CONAF, pero que podría volver a operar al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas. Mongabay Latam y Ladera Sur fueron hasta allá y comprobaron que aunque la empresa asegura haber concretado reuniones con líderes indígenas y establecido con ellos “acuerdos de acceso”, en la zona, a 3500 metros sobre el nivel del mar, nadie en las comunidades está al tanto de esos acuerdos. (Lee la nota en este enlace)

Los otros 23 proyectos informados por el Estado se encuentran en los alrededores y muy próximos a parques y reservas nacionales. Probablemente uno de los casos más representativos sea el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, rodeado de ocho proyectos de oro y litio. Para poder entender las implicancias de esa realidad, un equipo periodístico también viajó hasta esa área protegida donde existen mineras que operan en el corredor biológico que une las dos partes que conforman el parque y por donde transitan diversas especies. (Lee la nota en este enlace)

Pero además pudimos comprobar, accediendo a información de científicos, organizaciones de la sociedad civil, las propias comunidades que defienden sus territorios o incluso funcionarios de la institucionalidad ambiental, que existen al menos otros 14 proyectos que se ubican en las cercanías de parques y reservas, algunos a escasos metros, y que el Estado no consideró en la información proporcionada.

El proyecto Anocarire es un ejemplo de ello. Desde el 2017 una minera canadiense explora este cerro a sólo 20 metros de la reserva nacional Las Vicuñas, a pesar de que las comunidades han interpuesto recursos de protección denunciando afectación a sus sitios ceremoniales, desvío de cauces de agua y contaminación. Un punto importante sobre este caso es que no existe claridad sobre si los trabajos de exploración en este cerro, considerado sagrado por las comunidades aymaras, están o no al interior de la reserva. Para saber qué está pasando allí, Ladera Sur y Mongabay Latam viajaron hasta el lugar para contar la historia. (Lee la nota en este enlace)

También pudimos confirmar que los organismos estatales consultados no siempre cuentan con información actualizada respecto del estado de los proyectos mineros. El geógrafo, investigador y académico de la Universidad Católica, Pablo Osses, coincide en que “no existe en Chile una integración de información que sea compatible y manejable”. Por ejemplo, la información oficial señala que en los alrededores del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, los proyectos de explotación de litio, Blanco y Sales Maricunga se encuentran en operaciones, pero en el terreno pudimos confirmar que están paralizados por diferentes recursos legales presentados por las comunidades Colla.

Dada las brechas y vacíos de información, este mapeo es un primer intento por mostrar cómo la industria minera y las áreas protegidas se disputan el territorio. Si juntamos la información oficial y la proporcionada por otras fuentes, pero que fue corroborada por el equipo periodístico, podemos concluir que por lo menos existen 40 proyectos operando dentro y alrededor de parques y reservas en Chile. De ellos, 37 en total se ubican en los alrededores, de lo cuales 16 se encuentran operando, al menos cinco están aprobados aunque aún no inician actividades y otros cuatro están siendo tramitados. Por otro lado, hay seis proyectos que están inactivos, detenidos o desistidos. Sin embargo, esto no quita que algunos puedan reflotar. Así pasó con el proyecto minero y portuario Dominga, que se mantenía “rechazado” cuando comenzamos esta investigación hasta que volvió a trámite en agosto de 2021, luego de una cuestionada votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Por último, solo un proyecto está rechazado y otro está en proceso de cierre -aquel que dañó la vega Valle Ancho- y en el caso de cuatro proyectos de perforación de pozos Hidrocarburíferos no pudimos confirmar en qué estado se encuentran.

Un dato importante es que de este universo de proyectos mineros que operan alrededor de los parques y reservas, ocho han enfrentado procedimientos sancionatorios por haber afectado las fuentes de agua, así como la flora y fauna, aunque cabe destacar que muchos de estos procedimientos no aluden directamente a impactos reportados dentro de las áreas protegidas.

La gran mayoría de los procedimientos sancionatorios de este listado no culminan con sanciones, sino con caminos alternativos como los programas de cumplimiento, que corresponden al plan de acciones y metas presentadas por la empresa infractora para cumplir con la normativa ambiental y evitar así multas u otras acciones punitivas.

Ese fue el caso, por ejemplo, del proyecto Pampa Hermosa de SQM, cercano a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que enfrentó un procedimiento sancionatorio en 2016 por poner en riesgo a los puquíos o manantiales del salar de Llamara, el cual es parte de la reserva.

La ausencia de zonas de amortiguamiento

Según el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de CONAF, Ricardo Díaz, el principal recurso natural demandado por la minería es el agua que se utiliza en todas las fases de desarrollo del proyecto, es decir, durante la construcción, la operación y el cierre. Un segundo recurso demandado es el suelo, considerando la construcción de caminos, instalaciones y la extracción de los minerales. 

Es por ello que los posibles impactos de la minería se relacionan principalmente con la contaminación de las aguas, la degradación o incluso la desecación de los acuíferos como bofedales o lagunas altoandinas, lo que a su vez puede afectar a especies vulnerables que dependen de ellos. 

Ya existen casos en donde la preciada vegetación del desierto se ha secado, desplazando animales y condenando a las comunidades a una vida con menos agua. Así fue como desapareció, hace unos años, la vega altoandina Valle Ancho que es sitio Ramsar, un humedal considerado de importancia internacional, cuyas aguas son tributarias del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Así también fue como los bofedales y toda la vegetación que rodeaba el salar Punta Negra se secó o como los algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a la rudeza del desierto, se desecaron progresivamente en el salar de Atacama.  

“El daño es a simple vista (…) no ves nada de vegetación”,  le dijo a Mongabay Latam, en junio de 2021, Amanda Barrera, presidenta de la comunidad indígena de Peine sobre el salar Punta Negra. La mayoría de los flamencos que ahí habitaban, precisa, se fueron y hoy “hay menos de la mitad”. 

Esos impactos pueden ocurrir tanto si las actividades mineras están dentro de las áreas protegidas como si están a su alrededor, aseguran los expertos. Es por eso que en numerosos países los parques y reservas cuentan con una zona de amortiguamiento también llamada buffer que son “clave” para asegurar la conservación de las áreas protegidas, asegura Cristina Torres de WWF. 

Una de las razones es porque “se sabe que las especies no son estáticas”, dice la experta. Muchos animales necesitan moverse más allá de los límites de los parques o reservas para reproducirse con individuos de su misma especie que habitan otros espacios y que pertenecen a otras familias. Ello les permite asegurar una descendencia más fuerte en términos genéticos y menos expuesta, por ejemplo, a enfermedades. “Lo que ofrece una zona de amortiguamiento es justamente eso”, dice Torres, “que las especies puedan sobrevivir fuera del área natural protegida”. Es por ello que las zonas de amortiguamiento cumplen un rol clave, pues funcionan también como corredores biológicos que permiten asegurar la conectividad entre las especies. 

La bióloga y doctora en ciencias naturales, Cristina Dorador, especialista en microbiología de los salares, explica que, de hecho, la interconectividad en los ecosistemas del altiplano es tal que “así como se ha hecho en el sur con las propuestas de redes de parques de la Patagonia, también aquí en el norte debiésemos tener una protección de redes de parques del altiplano”.

Además, las zonas buffer permiten a las comunidades locales beneficiarse de las áreas protegidas sin que tengan que explotar sus recursos para mejorar su calidad de vida, explica la experta. 

Que en Chile las zonas de amortiguamiento no estén contempladas en la normativa se debe, en opinión de Torres, a que “se ha dado mucha prioridad a la explotación de recursos naturales”.

Para intentar solucionar el problema de la ausencia de zonas de amortiguamiento, desde el 2017 CONAF se encuentra implementando un nueva metodología de planificación que incluye el desarrollo de actividades de conservación y de prevención con las comunidades que habitan en las áreas más próximas o zonas de influencia de las áreas protegidas. 

Ricardo Quilaqueo, jefe del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de la Gerencia Áreas Silvestres de CONAF, explica que con esta nueva metodología, si por ejemplo una comunidad contamina el río aguas arriba de un parque, “tenemos que trabajar con esas comunidades para que nos puedan ayudar en el control de esa amenaza”. Sin embargo, cuando se trata de minería el panorama se complejiza.  “Nosotros nos sentimos muy amenazados como administradores de las áreas silvestres por la minería y no tenemos muchas herramientas para poder actuar conforme al mandato que tenemos que es la conservación de la naturaleza”, asegura Quilaqueo.

Alrededor de la Reserva Nacional Los Flamencos, por ejemplo, identificamos al menos ocho proyectos, de los cuales tres estarían en operación, dos en trámite, dos desistidos y uno rechazado aunque la empresa presentó un recurso de reclamación, por lo que ahora está en manos del Comité de Ministros. Todas las iniciativas – en su mayoría de litio – se emplazan en el Salar de Atacama, en la misma cuenca de la reserva, que no cuenta con un cinturón de protección o zona de amortiguamiento. 

Lo que se sabe es que la operación de los proyectos de litio podría repercutir en el descenso de los niveles de agua de las napas subterráneas, considerando que “cuando se está explotando litio, se está explotando agua”, explica el hidrogeólogo y jefe del Centro de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O’Higgins, Christian Herrera.  “Son tan delicados los equilibrios de los humedales, sobre todo en áreas de salares, que incluso descensos de centímetros pueden implicar que una parte de esta vegetación de humedales se seque”, asegura el científico. 

Pero, además, la falta de información también vuelve más vulnerables a las áreas protegidas. El hidrogeólogo advierte que actualmente “muchas napas y acuíferos en reservas nacionales se desconocen”, puesto que los sondeos que realiza la minería tienen como objetivo saber cuánta agua se puede extraer. “En cambio, en un área natural, donde no habrá retorno para las inversiones, simplemente (esos análisis) no se hacen”, explica el experto. Aunque los guardaparques realizan monitoreos en parques y reservas, incluyendo por ejemplo mediciones en ecosistemas acuáticos (como humedales), faltan recursos para generar información detallada y de largo plazo que permita evaluar a cabalidad los potenciales riesgos e impactos de las actividades mineras sobre estas áreas, asegura Herrera. Es decir, no se sabe si la extracción de agua alrededor de un parque o reserva por parte de los proyectos mineros, está generando un impacto en las fuentes disponibles dentro del área protegida.

La contaminación atmosférica por material particulado provocada por el uso del suelo, como el tránsito de camiones, por ejemplo,  también podría afectar a las áreas protegidas de distintas maneras. “Hay que pensar en lo que ocurre con los glaciares en zonas mineras andinas, de montaña, en que todo el polvo que se levanta de las faenas va a caer arriba de glaciares  generando en éstos una superficie opaca”,  dice Pablo Osses, geógrafo, investigador y académico de la Universidad Católica. Según explica el experto, “esa opacidad determina que el glaciar se derrita más rápido”. 

Actualmente, la única posibilidad de impedir que la minería se instale en los límites de las áreas protegidas “es a través de la fuerza ciudadana, no hay ninguna otra posibilidad”, reconoce Quilaqueo. Es así como comunidades indígenas y locales han interpuesto recursos de protección y han logrado detener ciertos proyectos. Las historias de las comunidades colla en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y aymaras en el cerro Anocarire, que contamos en dos de los reportajes de esta investigación, son ejemplo de ello. 

Un proyecto de ley clave atrapado en el Congreso

Aunque la Convención de Washington, de la cual Chile es firmante, establece que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales, dicha Convención no impide que el Código de Minería establezca un permiso especial para ejecutar en ellos labores mineras, explica la bióloga de la organización Chile Sustentable, María Isabel Manzur. “Lo cierto es que actualmente resulta posible ejecutar labores mineras en un parque nacional, mediante el permiso del intendente respectivo o del Presidente de la República en su caso, el cual a su vez constituye un permiso ambiental sectorial”, asegura el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio Medio Ambiente, Juan José Donoso. 

“La incertidumbre legal tampoco ha sido zanjada por los tribunales de justicia, quienes en algunas ocasiones han aplicado directamente la Convención de Washington prohibiendo, por ejemplo, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas dentro de un parque nacional, pero en otras ocasiones han declarado que dicha Convención es de orden programático”, agrega Donoso, por lo que finalmente se han otorgado concesiones para explotar recursos al interior de las áreas protegidas.

Por esto, Manzur argumenta que “es necesario y urgente promulgar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)” y que lleva años tramitándose en el Congreso. Según la bióloga, dicho servicio no solo unificaría la gestión de las áreas protegidas que actualmente dependen de cinco ministerios, sino que consagraría en el ordenamiento jurídico la disposición de la Convención de Washington para que la explotación de recursos naturales con fines comerciales en parques nacionales quede prohibida.

Dicho servicio también podría entregar herramientas para que se establezcan zonas de amortiguamiento, asegura Torres. “Actualmente hay mucha dispersión (de funciones entre distintos organismos) y cuando se tiene mucha dispersión y poca coordinación, algunas cosas se caen, entre ellas las zonas de amortiguamiento que no están incluidas en un manejo efectivo”, señala Torres.

El período presidencial de Sebastián Piñera probablemente termine -como ha pasado hace diez años- sin que el SBAP se concretara por lo que será uno de los grandes desafíos del futuro presidente Gabriel Boric.

Pero para Dorador, quien es también miembro de la comisión que en Chile se encuentra redactando la nueva constitución, la creación del SBAP tampoco es suficiente. “Podemos hacer un montón de acuerdos legales, pero aún así no nos estamos haciendo cargo del problema más profundo y es que Chile vive en base a la destrucción de la naturaleza”, señala la científica. Por ello, en su opinión la nueva constitución será clave para “cambiar la ética de las relaciones que tenemos con la naturaleza”, y agrega que aunque “muchos han querido caricaturizar esas ideas como extremas, creo que es lo más sensato que existe ante la crisis climática que estamos viviendo. No hacerlo eso sí es extremo porque es quedarse anclado en formas de ver un planeta que ya no existe”.