Humedal de Batuco ©Áurea Argomedo
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“Si le preguntas al sector sanitario, ya llegamos al día cero. Los acuerdos con los agricultores han permitido evitar cortes. Para con el almacenamiento disponible, ya se debería haber cortado el agua hace un año y medio atrás. Si no llueve en este invierno, viene el racionamiento. Lo que me preocupa es cómo salimos de esa situación. Es muy difícil revertir y ese racionamiento se puede prolongar por mucho tiempo”, explica Ulrike Broschek una de las voces más autorizadas en el país para hablar sobre agua desde la iniciativa Escenarios Hídricos 2030. Aquí nos presenta su visión, que a estas alturas del partido no tiene nada de abstracta y donde la Convención, a su juicio, injustamente, está cargando con más responsabilidades de las necesarias.

-Según escenarios hídricos 2030, en la radiografía del agua 2018, sabemos que un 59% se ocupan en forestal, 37% agrícola y un 2% es uso humano. ¿Cuál es la realidad del escenario hídrico chileno de aquí al fin de la década?

– Lo que proyectamos fueron dos escenarios: proyectar la trayectoria que hemos tenido históricamente del recurso hídrico, un “business as usual”, tendencial y otro es un punto de inflexión en cómo gestionamos el recurso. Necesitamos una transición hídrica que nos lleva a un escenario de sustentabilidad. En el escenario tendencial, si proyectamos como venimos gestionando el agua, en la próxima década se profundiza el problema: continua la sobrexplotación hídrica, se mantiene una mirada personalista y sectorial en la implementación de soluciones, los pequeños productores tienden a desaparecer o migrar por falta de herramientas para sostenerse, en algunas cuencas se agotan los acuíferos y se proyecta una mayor competencia por el uso del agua. Y aunque el estado mejora su actuar, es insuficiente frente a la magnitud del problema, sigue siendo lenta su respuesta.

– ¿Y bajo una transición hídrica?

– Ahí todo se puede hacer de una manera diferente, desde la conservación de las fuentes de agua, evitando su sobreexplotación. Se pasa de medidas sectoriales o individuales a otras de tipo colaborativo, donde los pequeños productores pueden sostenerse con la ayuda de miradas multipropósito. El Estado garantiza los usos de agua prioritarios y toma un rol proactivo más que reactivo.

– En ese escenario de transición hídrica ¿qué tan relevante es la discusión constitucional?

– Es una base fundamental que habilita y acelera la posibilidad de alcanzar este escenario sustentable. Si miramos la trayectoria tendencial, incluyendo la reforma al código de aguas, que nos llevó 11 años, al final no fue suficiente, quedamos cortos. La mirada de la Constitución puede ahorrar bastante tiempo. En este contexto de crisis climática, avanzar en una Constitución ecológica, que al final es la base para nuestro desarrollo, nos permitiría avanzar significativamente por sobre los intereses sectoriales que siempre han primado en los poderes legislativos cuando se tramita cualquier ley o norma que tenemos en materia hídrica. 

-De acuerdo con cifras del Ministerio de Obras Públicas, son alrededor de 188 comunas a lo largo del país las que ya fueron declaradas con escasez hídrica, representando un 47,5% de la población total. ¿Estamos en el peor escenario posible?

– Sí, estamos en el peor escenario posible. Llevamos muchos años consecutivos de sequía y falta de agua que tiene superado los promedios históricos. Eso se cruza con un aumento de demanda muy importante de agua por parte de los sectores productivos, lo que acelera significativamente la crisis hídrica, que está gatillada no solamente por la sequía provocada por el cambio climático, sino que por la escasez por la sobredemanda de agua de muchos sectores productivos que han llevado a una sobreexplotación del recurso disponible.

– Se gastan 2 mil litros de agua para producir 1 kilo de palta, 169 litros por segundo para enfriar los servidores del recién instalado centro de datos de Google en Chile…

-No hemos regulado el uso del agua que tenemos y actualmente se constata en estudios que, en la región de Coquimbo, muestran que la mayor escasez se produce por la demanda productiva de agua. Esa misma conclusión la alcanzamos en 2019, cuando lanzamos la transición hídrica y planteamos que los problemas hídricos en los territorios se deben, en un 44%, a la mala gestión, una gobernanza débil, sin liderazgo y solo un 17% al cambio climático. Acá prima una mala gestión de uso del recurso por sobre el contexto de cambio climático. Ese dato es muy relevante y justifica por qué tenemos que tomar medidas estructurales para enfrentar la crisis. Necesitamos una institucionalidad hídrica descentralizada, organismos de cuenca y una combinación de soluciones que se sostengan en el largo plazo, pensando en cómo incorporamos a la naturaleza, el medio ambiente y las fuentes de agua en esa ecuación.

Ulrike Broschek ©EH2030
Ulrike Broschek ©EH2030

-Cuáles son los ámbitos de acción inmediato que han identificado?

-La institucionalidad hídrica, la creación de organismos de cuenca para descentralizar la toma de decisiones y acercarlas a los territorios son medidas que se pueden hacer en el corto plazo.

-Hace falta una mirada sistémica del escenario. Chile tiene 101 cuencas hidrográficas. ¿Cómo se están gestionando?

-Siempre hemos tenido una mirada centralizada en la toma de decisiones que es muy poco efectiva para 101 cuencas con distintas realidades. Somos el único país OCDE sin organismo de cuenca. Podemos aprovechar todo el conocimiento local, ancestral y de los sectores productivos para encontrar las soluciones para cada territorio. Eso gatilla todo un procedo de trabajo más acelerado y efectivo. Por otro lado, se debe avanzar materializar la reforma al código de aguas, que es el derecho prioritario para el consumo humano.

-Eso cambia el escenario. 

– Hoy estamos hablando de desarrollar plantas desaladoras para el consumo humano en la zona central, pero si nosotros acabamos de priorizar el consumo humano entre todos los usos ¿Por qué el consumo humano tiene que pagar agua desalada, que mucho más cara y los sectores productivos van a poder seguir usando agua dulce sin ninguna restricción ni regulación de uso eficiente? Priorizar el consumo humano significa un cambio de paradigma, incluso para las medidas que está planteando el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que hacer el cambio de switch. La regulación de uso del agua, con la ineficiencia que hay en distintos sectores productivos también es una necesidad de corto plazo. Soluciones basadas en la naturaleza y eficiencia hídrica son transformaciones que se pueden hacer en uno o dos años y que tienen efectos inmediatos.

Humedal de Batuco ©Áurea Argomedo
Humedal de Batuco ©Áurea Argomedo

– ¿Qué se necesita hacer, desde las autoridades a las personas, para avanzar en una transición hídrica cuando el 76% de la superficie del país esté afectada de erosión y desertificación?

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-Un proceso de transformación para una transición hídrica en el país. Un trabajo territorial donde todos los sectores puedan participar en el contexto de una política y plan hídrico país. Saber cuáles son las metas que nos vamos a trazar en conjunto. Eso no existe. Cada área de administración gubernamental ha desarrollado una estrategia, pero sin metas ni métricas. Y además han sido construidas entre cuatro paredes. Debemos generar un plan hídrico con metas y compromisos de todos los sectores, pero desde los territorios y con la debida participación de las comunidades, como lo hicimos con el tema energético, donde se creó una agenda y un plan energético al 2050 con la debida participación de todas las regiones. Con el agua se debe hacer lo mismo.  La descoordinación de tantos servicios públicos que se relacionan al final hace que sean todos, pero a la vez ninguno el liderazgo dedicado plenamente al tema.

– ¿Cómo avanzamos en eficiencia hídrica? ¿Qué alternativas hay?

-Debemos enfocarnos en los usuarios más intensivos: el sector agrícola, los predios más grandes y de mayor consumo, los monocultivos. Ahí están los mayores consumos de agua. Logrando eficiencias y ahorros de agua en el sector más intensivo de la agricultura, podemos tener seguridad alimentaria y de abastecimiento de agua potable para comunidades rurales y ciudades. En el sector forestal también se debe trabajar, porque tiene un gran consumo y debe continuar un trabajo en devolver el recurso a las aguas subterráneas, a los cursos y proteger la vegetación nativa para no irla reemplazando por plantaciones de pino y eucaliptus que también han ido generando deforestación, que ha avanzado progresivamente de la zona central al sur. También hay que actuar sobre el consumo humano. En las comunas con mayor consumo per cápita hay que cobrar una tarifa escalonada de sobre consumo. Que cueste mucho más caro hacer un consumo intensivo, que supera la media mundial 2 o 4 veces. 

– Y con la reutilización de los recursos, ¿qué se puede hacer?

– Cortar los emisarios submarinos que descargan al mar las aguas servidas en ciudades costeras. Estamos botando 8 mil litros por segundo de agua servida al mar. Esa agua deberíamos tratarla, porque además contaminan, y devolverlas a las cuencas para su uso. En las zonas rurales también deberíamos tratar y reutilizar las aguas servidas para la pequeña agricultura. Hemos visto casos donde ha habido gran impacto en economías circulares.

Aguas Constitucionales

– La crisis hídrica tiene un origen en la crisis climática global, pero también en el sobreuso del agua, con derechos sobre otorgados, sobreexplotados, que tienen a los ecosistemas con pocas posibilidades de regenerarse. ¿Cómo incide ahí lo que se está planteando en la discusión constitucional?

-Primero en valorar los recursos hídricos como recurso natural y también por la conservación y protección del medio ambiente. Declarar el agua como un bien nacional de uso público es fundamental y luego darle al estado las atribuciones para que pueda regular adecuadamente el uso y proteger las fuentes naturales. Darle facultades al estado para restringir, reglar, priorizar y conservar el uso del agua, es fundamental para resolver la crisis hídrica que tenemos.

-El mundo privado ha cuestionado el avance en el órgano constituyente de la norma que acaba con la propiedad del agua en nuestro país.

– Hay que esperar. Debemos diferenciar lo que se define en el pleno y logra los 2/3 de las iniciativas, de ciertos grupos que tienen determinados intereses. Es importante la discusión que se está dando y que eso permita llegar a un óptimo.

-La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó, en general, modificaciones al actual estatuto de los derechos de aguas. Con ello, ahora las aguas serían “bienes comunes naturales”, no susceptibles de apropiación y custodiadas y administradas -directamente o a través de permisos limitados- por el Estado. ¿Qué implica eso?

-Me parece que es muy relevante que existan priorizaciones de uso, que se plasme el agua como un bien de uso público, que existan suficientes facultades para regular su uso y proteger fuentes naturales. Ahora, los sistemas y mecanismos bajo los cuales va a operar cada parte de la gestión, creo debiese estar recogido en la legislación. En la Constitución debiésemos tener los principios relevantes. Es importante que se mencione una institucionalidad del agua. Se está discutiendo crear una autoridad o agencia nacional del agua, la descentralización en las cuencas. Ese tipo de temas es muy relevante y que los mecanismos como operan deben analizarse caso a caso y eventualmente ir optimizando. Entonces, si queda plasmado a nivel constitucional, puede ser que luego sea muy difícil modificarlo y lo que tenemos que hacer es ir mejorando nuestro sistema de gestión, que claramente llegó a techo y no es suficiente y termina generando esta discusión. No podemos ser un péndulo que va de un extremo al otro. Tenemos que analizar en profundidad qué es lo que funciona bien, mal y que hay que mejorar. Las discusiones son válidas y necesarias, pero debemos buscar un óptimo para que no nos demoremos demasiado. Si vamos a estar discutiendo esto durante mucho tiempo o no somos capaces de hacernos cargo de las implicancias de la norma constitucional, podemos retroceder en vez de avanzar.

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-Escenarios hídricos y otros especialistas plantean la necesidad de introducir una autoridad o agencia nacional del agua, materia que fue presentada en la Comisión de Justicia y Órganos Autónomos. ¿Qué tan relevante sería este órgano para enfrentar la crisis?

-Esa es una gran oportunidad, porque se demostró que hay una tremenda transversalidad frente a una autoridad o agencia nacional del agua para Chile. Existiendo ese consenso y definiéndolo dentro de la Constitución, nos puede ayudar a avanzar en una discusión que se puede hacer eterna en otros espacios. Hay que recordar que hoy tenemos una propuesta de subsecretaría de recursos hídricos en el MOP, que es una muy mala propuesta. Pero va a ser difícil, pues se está tratando de imponer eso por sobre el bien común y la opinión transversal. Es muy importante que una autoridad nacional del agua esté en la Constitución, porque va a obligar a avanzar en esa línea sin trabarnos en otras discusiones.

– O sea que la creación de esta autoridad del agua puede ser más relevante que lo que se diga respecto al agua como derecho común?

-Ambos son relevantes. Todo lo que se pueda introducir, que no sea detallado ni con demasiadas bajadas, es positivo. Lo que se pueda hacer respecto a declarar el agua como bien nacional, buscar que el estado deba garantizar y tener facultades para gestionar adecuadamente el recurso, que se protejan las fuentes naturales, que se defina una institucionalidad, todo eso cabe y sería importante, dada la crisis que tenemos. Los mecanismos de cómo se hace eso operativo, no deberían quedar demasiado detalladas para evitar errores o que después tengamos que estar cambiando. Necesitamos cierta flexibilidad para movernos dentro de lo fundamental. 

Humedal de Batuco ©Áurea Argomedo
Humedal de Batuco ©Áurea Argomedo

-La Comisión de Medio Ambiente también acordó que, al aprobarse la nueva Constitución, se extinguirá la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua vigentes y derogar todas las normas del Código de Aguas. ¿A usted le parece entonces que esas normas no deben estar en la Constitución?

-Es un poco forzado que estén en ese espacio, pero es así por el contexto en el que estamos y por la oportunidad que hay, por cómo está compuesta la constituyente para también, creo, negociar algunos puntos. Hay una discusión que subyace que tiene que ver con nuestro modelo hídrico, derechos de agua, cómo se entregaron y cómo se revierte eso. Y eso tiene que ser parte de una conversación mucho mayor en la que estamos al debe. Forzarlo en este espacio puede ser no del todo adecuado. Es muy probable que esto se rechace en el pleno y se pierda la oportunidad de discutirlo. En la medida que no tenemos ese espacio, nos vamos a los extremos, cuando en realidad debemos buscar un óptimo dentro de lo que tenemos. Todos van a tener que ceder. ¡Acabamos de acordar una reforma al código de aguas que es insuficiente y no es retroactiva! Estamos hablando que los nuevos derechos de agua duran 30 años, pero los que ya se entregaron, que se estima son un 90%, son perpetuos. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Caducamos todos o hacemos prioridades de uso? Una forma de soslayar el  mercado de derechos de agua que tenemos es asignar prioridades de uso, y eso lo tienen otros países. Prioridad de consumo humano, caudales ecológicos, comunidades vulnerables y con eso, el resto de los derechos de agua se podría prorratear. ¿Cuál de todos los mecanismos debemos tener?, es una discusión que se debe dar, pero en la medida que hemos ido cerrando espacios y no hemos tenido ese análisis serio, esto se va a seguir manifestando en distintos espacios y vamos a tener nuevos estallidos sociales ahora por el agua, queriendo desprivatizar y nacionalizar. A nivel mundial hay sistemas operados a nivel público y con concesiones, los dos modelos. No hay uno que funcione mejor o peor. Lo importante es cómo se gestiona.

– ¿Qué oportunidades plantea la Convención y una nueva Constitución para hacer un cambio de paradigma? Otros países ya han transitado ese camino.

– Tengo la esperanza que, dado el contexto de crisis climática e hídrica que estamos viviendo, se genera una oportunidad para plasmar en la nueva constitución estos ámbitos, de manera de poder abordarlos a futuro correctamente. Una Constitución ecológica, que pone en valor el agua y las fuentes naturales es sumamente valiosa. Después tenemos un tremendo desafío como país para operativizar eso. Nos hemos demorado demasiado tiempo en llegar a buenos acuerdo y trabajar en este tema seriamente. Injustamente estamos desplegando todas las expectativas y esperanzas en la Constitución, que efectivamente nos puede adelantar varios espacios en la discusión. La magnitud de la crisis no da para que sigamos ocupando 11 años en ajustes y reformas. Necesitamos hacer un cambio sensato, robusto y trascendental. Depende de nosotros y el tipo de discusión que vamos a tener. Va más allá de la Constitución, que es una vía de mediano y largo plazo, que va a tomar tiempo implementar. Lo que se haga ahora es materia de gestión hídrica y en salir de la inercia es importante.

-La complejidad es que el agua está completamente conectada con la matriz de desarrollo que decidamos.

-Eso está mal y tenemos que desacoplarlo, al igual que con todos los recursos naturales. No podemos tener acoplado nuestro desarrollo con el uso de los recursos naturales, porque sabemos que son limitantes y ahora decrecientes. Debemos generar incentivos y regulaciones para desacoplarnos del uso de los recursos naturales. Producir más con menos agua y suelo. Los sectores productivos en Chile, al no tener regulaciones, han sido subsidiados y eso ha afectado la modernización de sus procesos productivos. Los países con buenas regulaciones tienen conversaciones completamente distintas. Les ha permitido incluso ser más productivos. Si no avanzamos en eso, vamos a colapsar como país. La desertificación, la erosión y la migración de la actividad productiva al sur está por terminar con los últimos territorios que van quedando con agua. 

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