Salmoneras en el Canal Beagle: un polémico desenlace

El pasado abril la comunidad de Puerto Williams celebraba un gran acontecimiento: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogía el recurso de protección presentado por los habitantes locales y la organización Greenpeace Pacífico Sur en contra de la empresa pesquera Cabo Pilar que hoy cuenta con cuatro concesiones de salmonicultura en el Canal Beagle otorgadas en 2005. Además, dictó una orden de no innovar que significó que la Pesquera Cabo Pilar –hoy representada por Nova Austral– debió detener las faenas hasta que no se resuelva el fondo del recurso.

La medida fue acogida por la comunidad yagán y demás habitantes de la zona como una batalla ganada en esta larga lucha por preservar uno de los ecosistemas más prístinos de la Tierra y protegerlo de la amenaza que representa la industria salmonera. David Alday, presidente de la comunidad yagán, dijo al respecto que la decisión de la Corte magallánica es «una pequeña lucha que se ha ganado, que demuestra lo oscuro y turbio de cómo se han conseguido estas concesiones y cómo se han utilizado estrategias para saltarse, por ejemplo, la consulta indígena».

Sin embargo la alegría duró poco. El pasado 2 de mayo la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dejó sin efecto la orden de no innovar permitiendo que la empresa Nova Austral avance con el proyecto que considera el cultivo de 2 millones de salmones en aguas australes. Mauricio Ceballos, vocero nacional de Greenpeace explicó: «El recurso en el fondo no se baja, sino que lo único que se baja es la orden de no innovar. El recurso de protección aún está vigente». A esto añadió: «Estamos esperando a que la Subpesca se pronuncie por la caducidad de estas concesiones que a todas luces deberían ser revisadas y debería darse la razón a la comunidad de que estas concesiones se entregaron hace muchos años atrás, nunca se utilizaron, debieron haber sido caducadas y no lo hicieron. Eso es lo que estaremos presentando los próximos días».

Por su parte la Subsecretaría de Pesca ya derivó el proceso a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (la entidad con la facultad para otorgar estas concesiones de acuicultura sobre áreas de terreno de playas y porciones de agua). El pasado 3 de mayo la directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, firmó el documento dirigido a la Subsecretaría para las FF.AA donde informa que las concesiones otorgadas a Cabo Pilar se encuentran en causal de caducidad por estar 24 meses sin operación.

Antecedentes relevantes

El recurso de protección presentado por Constanza Portus, Gabriela Faraldo, Jorge Caros y la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, se basa en diversos actos arbitrarios e ilegalidades en los que ha incurrido la empresa Cabo Pilar y que afectan principalmente  los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de vivir en un medio ambiente libre de contaminación para las comunidades aledañas al proyecto.

Según lo dispuesto en el documento, la empresa habría cometido “actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”. En 2009 el Tribunal Arbitral de Osorno concedió como medida precautoria “la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”.

En el escrito agregan que “amparado en lo que la medida cautelar dispuso en el año 2009, es que el titular de proyecto justificó el que se suspendieran los plazos de caducidad, establecidos tanto en la Ley General de Pesca y Acuicultura como en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”. Es decir, con la precautoria como argumento, la empresa pudo evitar que la Subsecretaría de Pesca caducara sus concesiones, tras más de tres años sin operar. A esto añaden: “En este sentido comete no sólo un acto arbitrario respecto a cuándo cumplir y cuándo no, una medida cautelar, sino que, además, un acto ilegal, toda vez que transgrede lo dispuesto por la Subsecretaría de Pesca en las resoluciones exentas Nº432 y 1033 del año 2009 y 2010, respectivamente, vulnerando el principio de lagalidad del que gozan los actos de la administración”.

Sobre esto Mauricio Ceballos explica que, al recibir las concesiones en 2005 Cabo Pilar debía comenzar la planificación técnica de su proyecto en un plazo de 1 año, sin embargo esto nunca se llevó a cabo. Es por ello que en 2008 la situación deriva en un juicio arbitral que suspende sus operaciones. «Sin embargo, pese a esta orden, entre enero y febrero de este año, la empresa Nova Austral, que adquirió las concesiones a Cabo Pilar, comenzó con el movimiento y traslado de materiales para adelantar el inicio de sus operaciones, lo que en la práctica es una toma ilegal de mar», dijo al respecto.

Por su parte Nova Austral, principal accionista de Cabo Pilar, se excusa en que esta medida precautoria fue derogada antes del 8 de abril de 2019, día en que fue presentado el recurso de protección. En una entrevista con Salmonexpert, el gerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, afirmó que la orden de no innovar se había concretado en línea con la medida precautoria que ya fue levantada en marzo por un juez arbitral y “porque se iban a contaminar las aguas de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, ante lo cual la Corte de Apelaciones de Punta Arenas señaló que contábamos con todos los permisos ambientales requeridos para la actividad”. El ejecutivo también aseguró que actualmente están armando los centros de cultivo del Paso Picton

Sin embargo en la Subsecretaría destacan que pese a las modificaciones administrativas a las concesiones otorgadas en 2005, no no hay constancia de que la empresa haya cumplido a cabalidad con el nuevo proyecto técnico aprobado para 2016, cuando se dispusieron las modificaciones.

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