¿Qué le falta a Chile en conservación y desarrollo sustentable?

Tras la reciente creación de los Parques Nacionales Pumalin y Melimoyu, gracias a la donación de predios del conservacionista Douglas Tompkins al Estado de Chile, la superficie nacional protegida alcanzó el extraordinario 20,2%. Así, Chile es el segundo país latinoamericano con mayor porcentaje de su superficie destinada a la conservación.

Pero, ¿es esto razón suficiente para celebrar? Parece ser que la escaza representatividad ecosistémica en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), una legislación inadecuada, una incierta institucionalidad ambiental que maneje el patrimonio natural, una deficiente visión e inversión estatal en el desarrollo sustentable y la priorización de actividades productivas, son la tónica país.

Las Áreas Protegidas por el Estado (APE) presentan una escasa representatividad ecosistémica. Ejemplo de ello son los humedales, cuya superficie protegida, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, no supera el 3% entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos. Además de incrementar las APE que los contengan, es de esperar que el Plan Nacional de Protección de Humedales para el periodo 2018-2022, que pretende proteger en una primera etapa 40 humedales priorizados, se implemente adecuadamente y se cumpla con una segunda etapa de priorización y protección, como lo indicó la ex ministra de Medio Ambiente, así como contar con el apoyo comprometido por los Ministerios de Bienes Nacionales y Cultura en su implementación. También, se espera la aprobación del Proyecto de Ley de Protección de Humedales Urbanos, encabezado por el senador De Urresti, que si bien aporta a la causa, se centra en los humedales urbanos sin considerar humedales periurbanos, en riesgo crítico producto de la expansión urbana, rellenos, contaminación industrial y vertederos clandestinos, ni tampoco otros humedales.

La representatividad de glaciares, fuente de agua para los ecosistemas y asentamientos humanos, incluidas las grandes ciudades, también es insuficiente en las APE. El intento por mejorar esta situación comenzó con un proyecto de ley de protección y preservación de glaciares en el 2005, tras el controversial proyecto Pascua Lama. Luego lo intentó el senador Horvath en 2006 y la Bancada Glaciar de parlamentarios en el 2014. Todas las veces la iniciativa fue rechazada. Últimamente por el ejecutivo este mismo año, producto del lobby corporativo y el poco compromiso del gobierno, amenazando así este importante sustento de vida.

Los proyectos mineros se siguen expandiendo y los glaciares están más amenazados que nunca. A los impactos industriales se suma el cambio climático, haciendo urgente su protección y el establecimiento de zonas buffer que amortiguen el efecto de estas actividades en sus cercanías, dado que el polvo en suspensión que se deposita en los glaciares y vibraciones de la actividad minera, también generan un impacto negativo. Esperemos que la última iniciativa de protección de glaciares, encabezada por el senador Girardi, quien dice que no se requiere el apoyo del ejecutivo para generar una ley de estas características, llegue a buen puerto.

En vista de lo anterior, es de esperar que una nueva legislación e instituciones aporten a la representatividad y conservación ecosistémica. Sin embargo, el proyecto de ley que pretende crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que lleva siete años en proceso de formulación, tiene un bonito nombre, pero deja mucho que desear. La falta de voluntad política y el rechazo en casi un 100% de las indicaciones de la ciudadanía, son el factor dominante en este proceso.

Este proyecto de ley propone homologar los 32 tipos de áreas con protección oficial, con la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que posee sólo 10 tipos. Como resultado, muchísimas áreas que actualmente están protegidas, serían desafectadas, marcando un claro retroceso en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados por Chile. Algunos ejemplos de estas áreas a desafectar son 64 sitios prioritarios de conservación de biodiversidad y 33 zonas de interés turístico (ZOIT), según datos de Geute Conservación Sur.

Esto implica que proyectos propensos a generar impactos ambientales negativos en estas áreas ya no tendrán que someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Si actualmente ocurren situaciones como la severa contaminación ecosistémica e intoxicaciones masivas en la zona de sacrificio de la Región de Valparaíso, llámese Quintero, Ventanas, Puchuncavi y alrededores, donde la normativa de emisiones se ha diseñado para beneficio de las empresas, a costa de la salud de la población y ecosistemas aledaños ¿qué podemos esperar que ocurra en estas áreas protegidas desafectadas?

A este retroceso en la conservación, se suma en el SBAP, una visión de las compensaciones por daños ambientales como una herramienta de conservación, a través de entidades financieras como bancos de compensación. Vale decir que se validarían los impactos negativos en un ecosistema, compensando en otro lugar. Este doble estándar también puede homologarse al mal uso del esperado por muchos Derecho Real de Conservación. En esta ilógica forma de entender la conservación, cualquiera que tenga recursos suficientes puede generar daños ambientales.

La situación se empeora al pensar que, de ser aprobado el proyecto de ley, el servicio estará al alero del Ministerio de Medio Ambiente, ministerio sujeto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, al que poco le importan las temáticas ambientales, enfocándose en el modelo de desarrollo productivo de la vieja escuela. Es de esperar que todos estos puntos sean reconsiderados y se generen modificaciones al proyecto de ley.

Finalmente, cabe preguntarse que, dado la complejidad e importancia de la conservación y que esta no solo atañe a las áreas protegidas ¿no sería más lógico crear un servicio de biodiversidad y aparte un servicio de áreas protegidas?

Es comprensible que toda sociedad apunte al desarrollo, pero este puede ser sustentable en vez de basarse en antiguos modelos. En este sentido, el turismo bien planificado e implementado es una excelente herramienta que permite compatibilizar la conservación con el desarrollo, y Chile, gracias a sus atractivos paisajes y áreas protegidas, está en una situación privilegiada para el turismo sustentable, particularmente de intereses especiales.

Sin embargo, a la hora de compararnos con la labor realizada por otros países, resulta evidente la escasa importancia que el Estado le ha dado a esta actividad. Como consecuencia, y a pesar de haber sido elegido como el mejor destino de aventura del Mundo en 2017, recibimos menos visitas internacionales y menos ingreso por visitante que Argentina y si nos comparamos con Nueva Zelanda (NZ), la diferencia es abismal.

Hace 300 millones de años, en el supercontinente llamado Pangea, Chile y NZ estaban extremadamente próximos, causando que actualmente, tras la deriva continental, compartamos gran cantidad de géneros de especies, por ejemplo, el género nothofagus, representado en Chile por robles, raulíes, lengas, ñirres y coihues, entre otros, y una latitud y geomorfología similar. Entonces, teniendo especies y paisajes similares, ¿en que radica la diferencia?

Según el Reporte de Competitividad de Turismo y Viajes 2017 del World Economic Forum (WEF), Chile tiene 32% más visitas que NZ, sin embargo, recibe 82% menos de ingreso por visitante, o sea, NZ sin amenazar su capacidad de carga genera muchísimos más ingresos que Chile. Además, el aporte del turismo al producto demográfico bruto es un tercio más alto que el que aporta esta actividad en Chile. Esto podría explicarse con el ranking del WEF, que manifiesta que, de 136 países analizados, Chile se encuentra 61 puestos más abajo que NZ en la priorización del turismo e inversión país en la materia, 43 puestos más abajo en las competencias de los trabajadores del turismo y orientación de servicio, 37 puestos más abajo en infraestructura para el turismo y 50 puestos más abajo en la sustentabilidad ambiental, dada por el bajo rigor y aplicación efectiva de las regulaciones ambientales, ratificación de tratados ambientales, sustentabilidad de la industria, especies amenazadas, sustitución de bosques, estrés sobre el agua, presión por extracción de organismos costeros y material particulado, entre otras.

Cabe destacar que, de acuerdo a este ranking, Chile está incluido dentro del 10% de los países que presentan peores condiciones en lo que refiere a especies amenazadas y estrés sobre el agua. Así también, se encuentra entre el 21% de los países que menos prioriza el turismo y el 15% de aquellos con menos caminos, lo que va en desmedro de su conectividad y acceso a la naturaleza.

Tanto la conservación como el desarrollo sustentable basado en el turismo, se ven amenazados por la desconsiderada y poco visionaria actitud estatal, manifestada, entre otras cosas, en el descuido de nuestras áreas protegidas, donde el Estado ni siquiera financia la totalidad de los sueldos de los guardaparques del SNASPE, sueldos que dependen de los ingresos operacionales, producto de las entradas de los visitantes. A esto se suma que el 20% de las áreas del SNASPE ni siquiera cuentan con guardaparques. De infraestructura, mantención de senderos, señalética, control de incendios y procedimientos de rescate, ni hablar. Como consecuencia, no es poco frecuente que la ciudadanía manifieste la molestia de no haber podido acceder a una de estas áreas o parte de ellas. Los cierres no son poco usuales y se han manifestado claramente en el Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña, realizada por Fundación Plantae. Se repiten las malas experiencias en parques nacionales tan icónicos como Conguillio, Mocho Choshuenco y Villarrica o la reservas como Río Cipreses.

Entonces, ¿qué se puede esperar de las áreas protegidas más desconocidas? La solución del Estado parece ser una escasa inversión en áreas protegidas, conservación y turismo, traspasando la responsabilidad a la ciudadanía y distrayendo con pomposos anuncios de miles de hectáreas de nuevos parques. Las concesiones a privados en áreas protegidas del Estado surgen como la respuesta de un Estado que no ha sido capaz de entender el potencial del turismo para la conservación y el desarrollo sustentable. Esto se ha hecho a través de licitaciones de Conaf y últimamente en el parque priorizado, Radal 7 Tazas, por una concesión liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaria de Turismo.

No es que las concesiones sean una mala idea, su implementación bien regulada puede ser beneficiosa, un método mixto público-privado, mejor aún. Pero entendiendo el potencial del turismo y el objetivo de conservación de las áreas protegidas, ¿no debiera ser el Estado quien se hace cargo de cuidarlas, planificarlas, financiarlas, administrarlas y desarrollarlas? Y la manera de  hacer esto es fomentando el desarrollo territorial con involucramiento y beneficios para la comunidad, generando participación, apego y cuidado por parte de los pobladores locales, educando a la ciudadanía y visitantes de estas áreas para generar una cultura de naturaleza y asegurándose de no sobrepasar la capacidad de carga de estos ecosistemas.

Siguiendo con la problemática, cabe preguntarse ¿qué pasa con el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal? La respuesta es que no pasa nada. Este proyecto de ley esta desalineado con el SBAP y también con la ley de turismo, aún no está claro quien administrará qué, por lo que hemos de esperar un buen tiempo aún.

Si esta es la situación en áreas protegidas terrestres, ¿qué podemos esperar de las menos conocidas áreas protegidas marinas? Chile posee más de un millón de km2 de estas áreas, alcanzando, según la UICN, el quinto puesto de superficie marina protegida a nivel mundial. Pero, ¿qué estamos haciendo por esas áreas? y ¿qué es lo que estamos dejando de hacer por aquellas que no están protegidas, como el borde costero, excesivamente explotado y abierto a licitaciones?

En vista de que el Estado no toma las riendas, esperemos que Chile firme y ratifique en septiembre de este año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, que busca proteger el derecho de la ciudadanía de participar activamente en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano, teniendo implicancias directas en la conservación ecosistémica. Esperemos que este acuerdo permita una participación ciudadana vinculante, para que el esfuerzo de todos aquellos que están intentando día a día cambiar la triste realidad de Chile, no sea en vano.