Programa medioambiental del presidente electo, Gabriel Boric: expertos opinan sobre sus principales desafíos y las temáticas más urgentes a tratar

A partir del próximo 11 de marzo, el recién electo Presidente de la República, Gabriel Boric, deberá asumir las riendas del gobierno de Chile. Desde su ingreso La Moneda ese día, iniciará una administración que, durante cuatro años (2022-2026), estará llena de desafíos respecto a las políticas medioambientales y el curso que tomará el país frente a la crisis climática.

Desde el inicio de su campaña, Boric y su coalición, Apruebo Dignidad, han propuesto un ambicioso programa de transformaciones a favor de un crecimiento sostenible.

Dentro de sus principales propuestas se encuentran: garantizar el derecho humano al agua a través de la implementación de la Política Nacional de Seguridad Hídrica, la protección y recuperación de la biodiversidad, la creación de un Sistema Integrado de Observación del Océano, potenciar el bienestar animal, la creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático y profundizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, entre otros.

El programa fue construido por cientos de profesionales en un proceso que duró más de dos meses. En la segunda vuelta se sumaron más especialistas, en torno a la coordinadora ambiental por Boric. Algunos de los especialistas que aportaron en ese esfuerzo final respecto a medio ambiente son el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, la climatóloga Maisa Rojas, el geógrafo Marcelo Lagos, el experto en derecho ambiental Ezio Costa, la consultora independiente Pamela Poo y la activista Marcela Mella, entre otros.

El desafío de gobernar con un parlamento dividido y crisis económica

El presidente electo, una vez asuma el mando, se verá envuelto en un escenario complejo donde deberá enfrentar las incertidumbres de los mercados, la ansiedad de una sociedad que pide cambios profundos y la relación con un Congreso donde no tiene mayoría.

Ante esto, diversos expertos advierten que Gabriel Boric deberá conformar un gabinete y equipo asesor diverso y compuesto por personalidades que tengan experiencia en distintos ámbitos, para así lograr llevar a cabo todo lo que se propone en materias medioambiental, o al menos, gran parte de ello.

Para el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy, los programas medioambientales deben articularse en relación con otras áreas de desarrollo. “El desafío que tiene el programa de Gabriel es compatibilizar la propuesta ambiental que se posee con los desafíos en términos económicos y productivos que tiene el país. Se vienen años que van a ser complejos en términos económicos y se puede crecer siendo verde, pero eso significa un afinamiento muy preciso de cómo se van jugando las políticas macroeconómicas y  microeconómicas con el resguardo ambiental. En ese sentido, mientras menos conversen el Ministerio de Economía, Hacienda y Desarrollo Social con el Ministerio de Medio Ambiente, más problemas vamos a tener”, recalcó.

En tanto, Aníbal Pauchard, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, destaca: “A mí me parece que es bien completo el programa del presidente electo, en el sentido de que aborda varias de las iniciativas que estamos al debe en temas ambientales, desde el cambio climático hasta temas más asociados a la biodiversidad, pero también con temas asociados a la descarbonización y a la contaminación. Así que yo creo que en ese sentido es bastante completo. Y cuando uno lo lee, uno sabe que ha sido asesorado por personas que están muy bien informadas, es un programa que claramente está bien elaborado en la parte ambiental. Ahora, la pregunta que uno se hace es cuán realista va a ser lograr estas cosas en un periodo de cuatro años, cuando además depende mucho de un Congreso que puede no estar 100% de acuerdo con estos lineamientos”.

El profesor, que igualmente es presidente de la Sociedad de Ecología, agrega: “La cosa difícil para un gobierno nuevo va a ser si todos estos temas tienen un costo. Finalmente alguien tiene que pagar, ya sea porque deja de generar ingresos o porque implementar la medida significa recursos frescos. Entonces, usualmente en los temas ambientales, el problema es que nadie está en desacuerdo con la intención, pero hay que tener recursos para llevarlo a cabo”.

Por otro lado, Pamela Poo, consultora independiente en políticas publicas en materia medioambiental, agua, residuos, energía y minería, señala que “los desafíos se encontrarán en la búsqueda de apoyos, debido a que en el Congreso las fuerzas políticas están de forma equilibrada, por lo que un tema que deben fortalecer es la Segpres (Ministerio de Secretaría General de la Presidencia)”.

Propuestas medioambientales más urgentes

De acuerdo a fuentes consultadas, el programa del presidente electo Gabriel Boric es bastante robusto respecto a la institucionalidad ambiental, sin embargo, es sabido que en la práctica es muy poco lo que se puede avanzar en un corto periodo de cuatro años. Es por ello que destacan la necesidad de identificar los proyectos y propuestas más urgentes de tratar y poner foco en ellos.

“Es muy poco lo que se puede hacer en cuatro años, pero creo que Gabriel puede dejar sembrado el tinglado para muchas cosas que se den después. Por ejemplo, temas a largo plazo como generar niveles regulatorios sobre cambio climático. El principal desafío que enfrentamos ahora, por lejos, es la adaptación al cambio climático, la adaptación de ciudades y de empresas, apoyo al pequeño agricultor, entre otros. Asimismo, el mejoramiento de la ley REP que también es un trabajo muy importante”, señala Alex Godoy.

Gabriel Boric, dentro de sus principales propuestas, indica que desarrollará una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál será consagrada en la «Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones».

Además, el programa señala que la Estrategia de Adaptación Transformadora contempla crear, con fondos existentes y parte de la recaudación del royalty, un «Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático» para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras.

Cabe destacar que, reconociendo que los cambios propuestos son profundos y difíciles de llevar a cabo, el documento indica que se buscarán establecer “comisiones de transición justa” en sectores de la economía y comunidades vulnerables a la transición ecológica. Esto con el objetivo de prever el impacto económico en los segmentos laborales que puedan verse vulnerados con el cambio a una economía más verde.

Asimismo, los expertos destacan la importancia de firmar el Acuerdo de Escazú.  «Lo primero que debería hacer Gabriel Boric es firmar el acuerdo de Escazú.  Eso es esencial porque el acuerdo de Escazú nos da una señal importante en el sentido de que estamos volviendo a los acuerdos internacionales. El acuerdo de Escazú tiene mucho que ver también con el respeto y la protección de la ciudadanía asociada a los temas ambientales y el acceso a la información, así que eso es crucial», recalca Aníbal Pauchard.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es un acuerdo internacional firmado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018 y que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Otro de los ejes más relevantes del programa de gobierno del presidente electo según los expertos son sus propuestas en torno a la protección y recuperación de la biodiversidad. El programa señala que «se necesita un rediseño institucional que logre conocer y monitorear eficientemente el estado de los ecosistemas».

Para esto, el documento establece que se impulsará la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y se iniciará una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio.

De esto, expertos destacan la importancia de la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se encargue de la conservación de la biodiversidad e integre dichas atribuciones y responsabilidad en un solo Servicio. Además, que tenga una mirada integrada de todo Chile, a lo largo de todos sus ecosistemas, tanto marinos como terrestres, dentro y fuera de áreas protegidas, y que su único foco esté en la protección de la naturaleza.

“Otro de los temas que también va de la mano con Escazú, es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Es una prioridad importante para el país contar con servicio de biodiversidad, si ese servicio después se puede mejorar con una nueva constitución perfecto, pero en este momento igual necesitamos el servicio de biodiversidad”  señala Pauchard.

Asimismo, Pamela Poo, quien también es parte del equipo asesor de medioambiente del presidente electo, agrega: «es una deuda que se tiene de años y que esta en la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados y Diputadas, este debiera ser una prioridad para los primeros 100 días de gobierno. Importante es, también, dar celeridad a proyectos como el de cambio climático con propuesta de mejoras, el retiro del TPP11 del Congreso y la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú».

Y respecto a la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) propuesto en el programa, la investigadora señala: «La reforma al SEIA es un tema que se debiera presentar en el corto mediano plazo, yo espero que se haga la presentación de dicho proyecto recogiendo lo que la sociedad civil a señalado por años».

Por último, los expertos no pueden dejar de lado la importancia del agua y la urgencia de generar medidas de mitigación ante la escasez hídrica. Si bien existe un proyecto de ley en el Congreso para llevar a cabo una reforma al código de aguas, lo más probable es que esta se termine por aprobar e implementar durante el mandato de Gabriel Boric.

«Desde mi visión los elementos que debieran tener urgencia, uno de los primeros es la implementación de la reforma al Código de Aguas, si bien este se encuentra en Comisión Mixta en el Congreso debiera pronto salir de ese espacio, por lo que quizás al nuevo gobierno o le toque promulgarlo o defenderla en el tribunal constitucional», señala Poo.

En esa línea, el gobierno de Boric se compromete a implementar una «Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas». También establece promover la  fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales.

Para ello, se propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas que sea un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa.