Estudio revela que más del 75% de las inversiones de AFP en empresas que operan en Chile corresponden a actividades extractivistas

Recientemente Fundacion SOL presentó su más reciente estudio llamado “Inversión de las AFP en las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental”, cuyo objetivo principal es aportar al esclarecimiento de los nexos entre la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) y la instalación o expansión de empresas extractivistas y de alto impacto ambiental que operan en Chile y que tienen consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la naturaleza y los territorios.

“El estudio da cuenta de cómo el ahorro previsional de los trabajadores se utiliza para capitalizar a este tipo de empresas, por medio de la compra de acciones, bonos y otros instrumentos”, señaló el investigador de la Fundación SOL y uno de los autores del estudio, Recaredo Gálvez.

La investigación señala además, que -a junio de 2020- las AFP invierten más de $15.777 millones de dólares en empresas nacionales (mediante Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas y Bonos de Empresas Privadas y Públicas), y el 56,3% del total de este tipo de inversiones las concentran 10 empresas emisoras.

La mayor parte de la inversión se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto, considerando los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones). En su conjunto, las actividades extractivistas abarcan un 75,5% de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile.

“El hecho de que las AFP, por ejemplo, estén invirtiendo más de US$1.600 millones en empresas y que operan proyectos mineros, habla también de la matriz productiva nacional. Las grandes empresas están mayoritariamente asociadas a actividades extractivistas de alto impacto ambiental, y ello ha tenido y está teniendo consecuencias no solo sanitarias para los territorios sino económicas y sociales”, agrega investigadora y también autora del estudio, Andrea Sato.

Otro dato importante que revela el estudio, es que el 56,3% del total de las inversiones se concentran en sólo 10 empresas, entre las cuales destacan Celulosa Arauco, ENAP, AES Gener, Agrosuper y ENAEX. La inversión en estas empresas, que se han involucrado en conflictos con las comunidades y con la justicia, asciende a un total de $1.575.893 millones.

División sexual del trabajo

A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo se logró determinar que la dinámica de trabajo en empresas extractivistas fomenta la distribución de las actividades remuneradas y no remuneradas entre hombres y mujeres.

La participación directa de las mujeres en actividades extractivistas es minoritaria, representando el 19,8% del empleo en actividades extractivistas a nivel nacional. No obstante, la presencia del trabajo femenino en actividades de servicios asociados o soporte, como el aseo, la alimentación y el alojamiento es significativa. 

Las principales actividades en las que se insertan las mujeres corresponden a los sectores agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, los cuales concentran el 68,6% del empleo femenino en ramas extractivistas. A estos sectores le sigue la explotación en minas y canteras, con un 15,8%. En el caso de los hombres, el 53,5% trabaja en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Al igual que en el caso de las mujeres, la segunda actividad de mayor peso es la explotación de minas y canteras, pero con mayor presencia, llegando al 28,9%. 

Tanto para hombres como para mujeres, más de la mitad del empleo en actividades extractivistas se concentra en el sector agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca, justamente actividades que son más intensivas en el uso de fuerza de trabajo. 

Calidad del empleo

Debido a la diversidad de las actividades de extracción de alto impacto, la calidad del empleo de estas se ve afectada de distintas maneras. Los siguientes datos se manejan en relación a las empresas con 11 o más trabajadores.

La rama de mayor externalización es la minería, en la cual el 18,2% de las personas se encuentran trabajando mediante subcontrato, suministro o enganche. También se observa una alta incidencia en las actividades de suministro de agua, con el 16,5% del total de las personas ocupadas. A nivel nacional, el 13,2% de las personas asalariadas en el sector extractivista se encuentran externalizadas en su conjunto.

Cabe destacar que la subcontratación ha disminuido ante el escenario de la pandemia y crisis económica a nivel nacional. Así, en el trimestre de abril-junio 2020 se redujo en un 1,8% respecto al mismo período del año pasado, llegando al 15,9%.

El investigador de la Fundación SOL, Benjamín Sáez, se refirió a la falta de contrato en el rubro extractivista. “Si se observa la carencia de contrato de trabajo se denota la precaria realidad del empleo en estas actividades, ya que el 11,8% de los trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas y de silvicultura y pesca no tiene contrato escrito. Esta cifra supera notablemente el promedio nacional, que es de 8,8% aproximadamente”, aseveró.

Zonas de sacrificio

La transformación en los territorios donde se instalan proyectos extractivos es radical, ya que se pierden y destruyen las formas previas de producción, abastecimiento y autoconsumo, se desarticula la comunidad y los hogares por las jornadas de trabajo, principalmente de los hombres. 

En cuanto a la temporalidad de los flujos del empleo y el capital extractivista, estos son mayores durante la instalación de los proyectos, sin embargo, disminuyen al paso del tiempo, junto con el patrimonio ecológico del territorio. Lo que se refleja por ejemplo, en las llamadas zonas de sacrificio.

Si a nivel nacional, un 54,8 % de las personas en edad de trabajar se encuentran ocupadas, en las llamadas “zonas de sacrificio” este porcentaje equivale a un 49,6%. La “inactividad” en estas zonas, desde el punto de vista del trabajo remunerado, alcanza un 44,3% en comparación con el 40,6% a nivel nacional.

En definitiva, se puede observar la compleja articulación entre las inversiones de las AFP y la mantención de una estructura productiva y laboral que fomenta la apropiación de los recursos con escaso valor agregado y un alto impacto ambiental. El cambio desde un sistema de ahorro forzoso en cuentas individuales a un esquema basado en la seguridad social, implica una discusión sobre la inversión de los recursos para una capitalización colectiva que no contribuya a la destrucción de los bienes comunes y la naturaleza.