Las alertas tras el caso de chinchillas impactadas por proyecto minero en Atacama
Una colonia de chinchillas de cola corta en peligro crítico de extinción, un proyecto minero que las amenaza y una normativa que lo permite. Esa es la combinación que dejó a dos roedores muertos y uno herido en el proceso de relocalización de esta especie andina, a cargo de la minera Gold Fields en la provincia de Chañaral. Consultamos a expertos para analizar los errores, lecciones y alertas que nos debe dejar este caso ante la desprotección de ecosistemas que se ven amenazados por megaproyectos extractivos en Chile.
Si hay algo en que los distintos expertos coinciden en este caso, es la falta de una normativa estatal que cumpla con los estándares adecuados para asegurar una correcta protección y conservación de las especies en el país, más aún frente a megaproyectos que las podrían amenazar.
Y es que transcurría el jueves 12 de noviembre de 2020, cuando la Superintendencia de Medioambiente (SMA) recibió un llamado especial en su sede regional de Atacama. Era la minera Golds Fields Salares Norte informando el deceso de un roedor andino declarado como monumento natural y en estado de peligro crítico de extinción acorde a la calificación del Ministerio del Medio Ambiente. Una Chinchilla chinchilla relocalizada y vigilada por la minera, había muerto en el corral cercado de 25 m2. Apenas pasaron cuatro días de aquello cuando la empresa informó un nuevo deceso en el mismo corral, afirmando desconocer la causa de muerte del animal que está protegido por la ley chilena y al que habían removido con autorización estatal.
El proceso de reubicación de los roedores
Ya en octubre de este año, el medio norteamericano The Atlantic advertía sobre el proyecto minero en Chile y los riesgos para la chinchilla de cola corta, generando la alerta de algunos sectores de la ciudadanía y comunidad científica.
En concreto, la mina a rajo abierto, que planea estar operando por 13 años en la provincia de Chañaral, en la Región de Atacama, intervendrá nueve roqueríos en el sector, en los cuales habitan colonias de chinchillas de cola corta en estado grave de conservación. Acorde a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera aprobado en diciembre de 2019, serían 25 ejemplares de Chinchilla chinchilla las que se ven amenazadas por el proyecto. Sin embargo, la empresa contó con el visto bueno para diseñar un plan de reubicación de los ejemplares. Estos pequeños roedores andinos de unos 30 a 38 cm, comenzaron a ser capturados con cebos de comida en 50 trampas Tomahawk y trasladados a otro sector para que la minera se pudiera asentar. Estos traslados han estado a cargo de Gold Fields con supervisión de la SMA y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Hasta el momento se desconoce si el SAG estuvo supervisando las primeras capturas y traslados de chinchillas, o si por el contrario, solo se hicieron presentes tras la alerta de la minera. Consultamos al organismo y no entregaron detalles sobre este punto, afirmando haber dispuesto todos los antecedentes a la SMA.
La empresa minera en cuestión es Gold Fields. La firma sudafricana es una de las mayores productoras de oro en el mundo, y en América del Sur cuenta con dos proyectos mineros: uno en cerro Corona en Perú y otro en el norte de Chile. El objetivo de la minera en nuestro país, acorde al Estudio de Impacto Ambiental presentado, es explotar el yacimiento Salares Norte en Atacama para la extracción de oro y plata. Estiman procesar 2 millones de toneladas al año.
La (des) protección ambiental del Estado de Chile
Cristián Bonacic, académico de la escuela de Veterinaria UC y director del laboratorio Fauna Australis, califica lo ocurrido como un proceso fallido y explica que este tipo de medidas no están centradas en la conservación de las especies. El experto advierte que las actividades de reubicar vida salvaje no están garantizadas como medidas exitosas, ya que las translocaciones tienen tasas de mortalidad que pueden ser muy altas. “En los animales silvestres es muy complejo proveer un adecuado bienestar (al reubicarlos de hábitat), porque desde el momento en que los tomas y los extraes de su ambiente, entran en un terreno de estrés crónico que los puede terminar matando”, explica Bonacic.
La Dra. Milen Duarte Muñoz, profesora de la Universidad de Chile y miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad, cuestiona la efectividad del manejo de estas especies por parte de la minera, pero apunta críticamente a que “acá la principal responsabilidad la tiene el Estado”.
La investigadora explica que todo proyecto que afecte un ecosistema debe presentar un estudio de impacto ambiental al Estado, pero advierte que esos estudios carecen de una contraparte desde las instituciones gubernamentales que permitan chequear lo que dicen. “Es una empresa privada quien hace ese estudio y lo presenta. Los servicios ambientales pueden hacer observaciones para mejorar las medidas, pero dentro del ministerio no tienen un departamento que se encargue de ser la contraparte técnica y de realizar el mismo procedimiento, para poder comparar si los resultados que obtuvieron (las empresas) son correctos o no».
Lo que sí hay – puntualiza la experta en gestión ambiental- es una fiscalización del compromiso ambiental que asume cada empresa, pero sin un estudio paralelo que verifique lo expuesto en los informes. “Y esa es una debilidad que tiene el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, sentencia.
El diagnóstico de la situación es compartido por Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental. La abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derechos Humanos, pone el acento en una falla de origen en el derecho ambiental chileno, el cual “no busca proteger el medioambiente, sino generar algunos estándares para permitir la inversión económica”. Donoso apunta críticamente a las falencias estructurales del sistema.
«Como en Chile el Estado no invierte en ciencia ni en saber sobre las especies que habitan este territorio, sucede que la información con la que se toman decisiones de carácter ambiental, es en base a la que aportan las empresas extractivas. Y sabemos que el objeto de estas empresas no es la protección del medioambiente, sino su propia inversión», problematiza la abogada. Sin ir más lejos, la experta alerta que “en plena crisis climática todavía no tenemos los mecanismos necesarios para poder resguardar los ecosistemas, que además son necesarios para la preservación de la especie humana».
Un panorama incierto para las chinchillas y otras especies de la zona
Jaime Jiménez es un ecólogo chileno con una maestría en chinchillas y académico de la University of North Texas en Estado Unidos. Él ha trabajado desde 1987 con este tipo de mamíferos pequeños y afirma que estos roedores «han sido muy poco estudiados, viven en ambientes muy extremos, son sociales y coloniales y están en un estado muy crítico de conservación».
Esto hace que el traslado a otros lugares sea muy riesgoso por la incertidumbre de adaptación. Jiménez explica que se debería revisar la normativa y que tanto el trabajo de campo como los informes realizados por las empresas privadas, financiadas por las mismas mineras, tendrían que ser «validados por pares de expertos». Además, advierte que en estas translocaciones se necesitan especialistas que tengan experiencia o criterios de manejo y conservación. «A mí me parece impresentable que se mueran dos animales en un trampeo y también que se dañen (…) Eso refleja que no hay mucha competencia en las personas que están detrás», expone.
La SMA ordenó el pasado 20 de noviembre la detención de las actividades de rescate y relocalización de los ejemplares de chinchilla por parte de la empresa minera. Esto tras considerar que existe “un posible incumplimiento grave de la empresa en la ejecución de la medida de rescate y relocalización de ejemplares”. Ya que tres de los cuatro roedores andinos relocalizados presentaron un grave detrimento: la muerte de dos de ellos y la fractura de una extremidad y lesiones en la oreja izquierda de otro.
Consultada por Ladera Sur, la minera comunicó que aún no tienen los resultados de la necropsia a las chinchillas y que están a la espera de las evaluaciones. Esto quiere decir que a casi un mes del deceso de los ejemplares, aún se desconocen las causas de muerte de estos animales.
Frente a posibles amonestaciones a la trasnacional, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) afirma que “no se ha iniciado un procedimiento sancionatorio, ya que la eventual concurrencia de infracciones es un tema aún en investigación”.
Por último, la SMA indica que en el Estudio de Impacto Ambiental de la minera, se reconocen otras especies que habitan el lugar del proyecto y que están en algún grado de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente. Estas son la perdiz de la puna Tinamotis pentlandii (catalogada en estado vulnerable), la lagartija de Rosenmann Liolaemus rosenmanni (vulnerable), el zorro culpeo Lycalopex culpaeus (vulnerable) y la vicuña Vicugna vicugna (en peligro).
En ese caso, se desconocen los reales efectos en estas especies y sus respectivos ecosistemas, a pesar de que la minera asegura que “la evaluación de impactos concluye que el proyecto no presenta impactos significativos” para estos animales.
