La devastación del ecosistema y el avance de la desertificación: las 22 mil hectáreas de bosque nativo que fueron taladas sin reforestar

*Esta es la primera parte de un reportaje de Fundación Terram que fue publicado en CIPER en versión completa, siendo compartido posteriormente por la ONG en Ladera Sur.

El Río Cauquenes corre desde la cordillera de la costa hacia el interior, atravesando la comuna del mismo nombre hasta llegar al Río Perquilauquén. En su andar, es fuente de vida de la agricultura y ganadería de subsistencia que caracteriza a la zona, la cual se vio amenazada durante el verano de 2020, tras secarse el río, provocando la muerte de peces y de otros animales.

Esta situación llegó a los oídos del Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes (CODAC), que agrupa a diversas organizaciones socioambientales de la provincia, quienes tras recorrer el río se encontraron con una poza artificial que retenía todo su caudal, para luego ser conducido a través de una motobomba hacia una piscina de acumulación ubicada al interior del fundo de la Viña Undurraga, a solo unos metros del lecho.

Con pala en mano, integrantes del CODAC decidieron desarmar la poza que retenía el río, iniciándose así la primera batalla entre la comunidad organizada y la Viña Undurraga, parte del Grupo Vinos del Pacífico, propiedad de José Yuraseck, militante UDI y ex presidente de Azul Azul, involucrado en dos bullados casos de corrupción, como lo fueron el caso Chispas (1997) y Corfo-Inverlink (2003).

Francisco Valdivieso, gerente agrícola de la viña, dice que esta “ha sido injustamente atacada, ya que se encuentra en regla con todas las disposiciones legales y no ha habido una conducta de parte de la empresa que la ley cuestione”, agregando que “el río se secó en algún momento donde nadie pudo extraer agua, lo cual no es responsabilidad de una empresa sino de las condiciones metereológicas de falta de precipitaciones”.

Tras una serie de liberaciones del cauce por parte del CODAC, “la viña volvía a remover las tierras del lecho para retener el agua, hasta que decidimos venir a acampar para hacer vigilancia”, dice Ricardo Palacios, integrante de la organización, lo que permitió que el río retomara su cauce natural y tras cinco días lograra por fin llegar agua a Capellanía, ubicada a unos 30 km hacia el interior del desvío. Todo esto, sin haber caído una sola gota de lluvia. Para Palacios, “si bien las lluvias han disminuido, esto demuestra que el saqueo del agua es más grande que la sequía”.

La viralización de estas acciones no solo generó una gran simpatía en la comunidad, sino que también provocó que muchas personas de sectores aledaños dieran aviso al CODAC de otras retenciones y desvíos de cauces. De esta forma, la organización comenzó a desplegarse para apoyar a las comunidades vecinas, pero en vista de que una vez realizada la denuncia en la Dirección General de Aguas (DGA) esta tiene seis meses para pronunciarse, “si bien a los vecinos se les enseña a realizar las denuncias al organismo, también se les explica cómo en Chile las leyes nos amarran de manos, para que la gente vaya comprendiendo que si no se organiza, no basta la denuncia. Y cuando los acaparamientos de aguas no son legales, se llama a la acción directa”, dice Nery Rodríguez, integrante del CODAC.

El agua acumulada por la Viña Undurraga era luego distribuida para regar 185 hectáreas de parronales. De ese total, 20,5 hectáreas fueron sembradas en 2013 tras haber talado esa misma extensión de bosque nativo de tipo esclerófilo sin la necesidad de reforestar ni un solo árbol, debido a un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a Bodegas y Viñedos Talagante International Brands Limitada, también parte del Grupo Vinos del Pacífico.

La tala de bosque nativo apuntaba a extender el monocultivo de uva en el mismo predio donde solo dos años antes, en 2011, Viña Undurraga había recibido un subsidio de 48 millones de pesos para tecnificar el riego de 107 hectáreas de cultivos desde la Comisión Nacional de Riego (CNR), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Según Fernanda Miranda, geógrafa de la Fundación Terram, los bosques y matorrales esclerófilos y espinosos, como los que taló la Viña Undurraga, “cumplen importantes funciones ecosistémicas relacionadas a la regulación del balance hídrico, a la protección de los suelos, a la absorción de contaminantes atmosféricos y a la conservación y desarrollo del hábitat de la fauna y flora silvestre, además de actuar como una barrera natural para contener la desertificación”.

En 2012, el Informe de Desertificación de la Unidad de Diagnóstico Parlamentario ya advertía del nivel de degradación de los suelos a escala nacional. Para el caso de la comuna de Cauquenes en la región del Maule, en ese entonces el 83,4% de la superficie presentaba una erosión muy severa, mientras que a escala regional, señalaba que la eliminación de la vegetación original había producido profundos cambios en la hidrología de las cuencas costeras, muchas de las cuales ya mostraban evidentes signos de desecación.

El bosque y matorral esclerófilo forma parte del ecosistema mediterráneo, uno de los que posee mayor cantidad de especies endémicas a nivel mundial, y que en el caso de Chile se extiende entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, actuando como una zona de transición entre la aridez del norte y la humedad del sur. A pesar de ello, según Miranda, “menos del 3% del área original de este ecosistema está bajo protección oficial, siendo el menos representado en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”.

Justamente para proteger este tipo de vegetación, en julio de 2008 entró en vigencia la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Esto, tras 16 años de discusión parlamentaria que coinciden con el período donde más superficie se taló bajo la aplicación del Decreto Ley Nº 701 de 1974, el cual permitía talar bosque nativo sin reforestar cuando los suelos se destinen a cultivos agrícolas. El problema fue que aún después de aprobada la ley, CONAF mantuvo la aplicación del Decreto 701. De esta forma, las 148.621 hectáreas cortadas en Chile entre 1987 y julio de 2008 bajo este mecanismo, se extendieron hasta hoy, alcanzando un total de 170.897 hectáreas de bosque nativo taladas sin reforestar para poner en su reemplazo monocultivo frutícola.

Estos planes de manejo se siguieron aprobando sin mayores cuestionamientos, hasta que tras una denuncia de vecinos de Las Cabras en la región de O´Higgins, el 15 de enero de 2019 la Cámara de Diputados aprobó crear la Comisión Investigadora de los actos de CONAF, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros órganos del Estado en relación a los procedimientos de autorización de planes de manejo forestal, motivado por la aprobación que realizó CONAF para talar 80 hectáreas de peumos, boldos y quillay de hasta 200 años de antigüedad a la Sociedad Agrícola Tralcan SpA, propiedad de Nicolás Del Río, hijo de uno de los hermanos Del Río Goudie que controlan cerca del 20% de la empresa de retail Falabella, además de participar en la industria pesquera, automotriz e inmobiliaria.

Entre otras irregularidades, la investigación demostró que previa aprobación de los planes, CONAF aceptó de manera regular y en diversas regiones la presentación de certificados de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII) para respaldar el uso de suelo requerido y con ello aprobar la tala, concluyendo la comisión que dicho certificado “no sería vinculante para determinar ningún elemento relacionado con la capacidad de uso de suelo de un terreno, ni para la aprobación de los planes de manejo por parte de la CONAF, sino que tiene una finalidad exclusivamente tributaria”, señala el informe.

El mismo mecanismo utilizado en Las Cabras se usó para aprobar 572 planes de manejo de tala de bosque nativo con fines agrícolas entre 2008 y 2018 a nivel nacional, cuya gravedad, según indica el informe, radica en que “esta situación puede ser otra de las causas de la deforestación, desertificación y erosión de los suelos que afecta a nuestro país, y que avanza perceptiblemente desde la Región de Coquimbo al sur”.

Por todo lo anterior, la Comisión solicitó a la Sala de la Cámara de Diputados extender su mandato por 60 días con el fin de investigar cada uno de los 572 planes de manejo aprobados durante los últimos 10 años junto con el funcionamiento en general de las normas legales que regulan los bosques. Sin embargo, pese a los argumentos entregados, la propuesta fue rechazada por los parlamentarios el 11 de junio de 2019.

Muchos de estos 572 planes de manejo aprobados por CONAF beneficiaron a grandes grupos económicos, como ocurrió con los dos planes aprobados a la Sociedad Agrícola y Ganadera Río Negro S.A., propiedad del grupo Luksic, los que le permitieron talar 7,3 hectáreas de bosque nativo en 2010 para cultivar parte de la producción de la Viña Tabalí, y 38 hectáreas en 2011 para el cultivo de nogales, ambos en el mismo predio ubicado en la comuna de Río Hurtado en la región de Coquimbo. Entre las especies sacrificadas se encontraban espinos (Acacia caven), chañares (Geoffroea decorticans), maitenes (Maytenus boaria), pimientos (Schinus molle), arrayanes (Luma apiculata), sauces (Salix), huinganes (Schinus polygamus) y romeros (Rosmarinus officinalis).

En el informe técnico de la autorización es posible identificar una serie de riesgos que se repiten en distintos planes de manejo, como la erosión de los suelos y el aumento de las temperaturas. Observaciones similares se plantearon en el informe técnico del plan de manejo aprobado en 2010. En ambos casos, los planes de manejo presentados no detallan las medidas de protección a tomar. Frente a ello, CONAF solo se limitó a recomendar que se hiciera mantención continua a los sistemas de riego para evitar erosión.

Según Francisco Squeo, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y parte del Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo, la vegetación nativa provee distintos servicios ecosistémicos, pero hay uno que es muy importante: la regulación del clima. “El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, se puede compensar o regular justamente con la vegetación”, indica Squeo.

Por esta razón, aún manteniendo los sistemas de riego, como recomendó CONAF, el sólo hecho de que se reemplace una vegetación que no pierde las hojas en invierno por una que sí, como los cultivos de nogales o viñas, provoca que el suelo se caliente más, aumentando la temperatura y contribuyendo al calentamiento global y un mayor riesgo de incendios.

De todas las especies que Río Negro pretendía talar, CONAF sólo rechazó parcialmente la corta de 250 algarrobos (Prosopis chilensis), especie catalogada en estado de conservación vulnerable en el Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile de 1989, y por el Ministerio del Medioambiente (MMA) en 2012 bajo la misma categoría.

A pesar de ser hoy una especie catalogada como vulnerable, las poblaciones de algarrobos fueron muy afectadas a medida que se fueron instalando los monocultivos de uva en las regiones de Atacama y Coquimbo. Para que esta y otras especies continúen su proceso evolutivo, necesitan mantener poblaciones viables, para lo cual se requieren de polinizadores y otras especies que compartan el mismo polinizador y que permitan completar el ciclo de alimentación de los insectos. Por ello, “no basta la protección de un árbol o un conjunto de árboles dentro de una gran extensión de monocultivo, lo que se debe hacer es mantener comunidades o ecosistemas viables con superficie lo suficientemente grandes para que continúen su evolución”, afirma Squeo.

Si bien la Comisión Investigadora puso el foco en aquellos planes de manejo aprobados a partir de certificados de avalúos del SII, producto de la irregularidad administrativa que ello representa, el problema tanto jurídico como ambiental asociado a la deforestación del bosque nativo no se acota a estos planes, sino que se extiende a los 1.362 planes de manejo aprobados entre el 31 de julio de 2008 y marzo de 2020, según información de CONAF obtenida a través de Transparencia, los cuales permitieron talar 22.281 hectáreas de bosque nativo, siendo las provincias de Melipilla, Colchagua y Cauquenes las más afectadas, concentrando el 45% de las hectáreas taladas a nivel nacional.

Antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora rechazó por cuatro votos contra tres ingresar a trámite una moción parlamentaria para prohibir los planes de manejo para recuperación de terrenos con fines agrícolas respecto de las especies protegidas por la Ley Nº 20.283 de Bosque Nativo, mientras no se reemplace la institucionalidad y legislación forestal en su integridad. Los votos en rechazo corrieron por cuenta de los diputados Iván Norambuena (UDI), Leonidas Romero (RN), Ramón Barros (UDI) e Ignacio Urrutia (Partido Republicano, ex UDI). Este último, sin embargo no se abstuvo pese a tener conflictos de interés, pues es dueño del 15,48% de la Agrícola Palomar Ltda., equivalentes a 743 millones; socio de la Agrícola Mira Ríos S.A. a través de Agrícola y Ganadera Villa Rosa Ltda.; y de la Agrícola Cuñao Ltda., a través de Inmobiliaria e Inversiones Villa Rosa Ltda. Todas estas, empresas cuya participación está consignada en el Diario Oficial pero no en su declaración de patrimonio.

 

Por otra parte, el diputado Urrutia no sólo participa de empresas y sociedades agrícolas, si no que también su hermana, Rebeca Urrutia, está casada con Pablo Guilisasti Gana, cuya familia es la principal accionista de la Viña Concha y Toro S.A., controlando el 27,9% de la empresa que ocupa el tercer lugar entre las que más han talado bosque nativo en Chile desde la promulgación de la ley de bosque nativo, según información de CONAF obtenida por Transparencia.

Entre 2008 y 2020, esta sociedad agrícola taló un total de 584 hectáreas de flora nativa, equivalentes a más de mil canchas de fútbol, de las cuales 327 fueron cortadas en Cauquenes, comuna que presenta la mayor tala durante el período de vigencia de la ley.

Pero Concha y Toro no es la única empresa que presenta extensas superficies de bosque nativo taladas a través de este mecanismo desde que se aprobara la Ley Nº 20.283. A ella, se suma una gran cantidad de empresas que orientan su producción a la exportación, concentrándose el 32% del total deforestado entre 2008 y 2020 en solo 20 propietarios, entre los que destacan poderosos grupos económicos: Agrícola Alcones, propiedad de la familia Lecaros Menéndez; Agroreservas de Chile, propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Forestal Mininco, propiedad de la familia Matte; Agrícola La Reserva de Llancay, propiedad de las familias Kassis y Said; y Viña Santa Rita, propiedad del grupo Claro.

Las 20 empresas que más talaron bosque nativo entre 2008 y 2020:

Tras el término de la Comisión Investigadora sobre los actos de CONAF, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), junto a Sergio Donoso, en representación de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría respecto de la legalidad de los planes de manejo con fines agrícolas aprobados por CONAF, cuya respuesta vio la luz el 16 de marzo de 2020, a través del Dictamen Nº 6271, donde Contraloría señaló que “resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, por lo que la CONAF deberá adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”.

Tras ello, y a través de la Resolución Nº 203 del 03 de abril del presente año, la CONAF acató el dictamen, instruyendo el término de los ingresos de solicitudes de planes de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas.

Pero tanto el dictamen de Contraloría como la resolución de CONAF, no cayeron bien en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la principal organización gremial del empresariado agrícola que a través de su presidente, Ricardo Ariztía de Castro -reconocido empresario de la zona central y director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) durante el primer gobierno de Piñera- interpuso un Recurso de Protección en contra de ambos organismos, a quienes acusa de pasar a llevar, a través de los mencionados dictámenes, los derechos constitucionales de libertad económica y propiedad privada de sus representados, defendiendo con ello la vigencia del DL Nº 701 de 1974.

En el texto, la SNA fundamenta que “el mejoramiento de la calidad del aire por la gran cantidad de CO2 absorbido por los árboles frutales y la renovación del oxígeno es un hecho conocido y cuantificado que debe tenerse en cuenta al comparar un suelo perdido y rescatado por un plan de recuperación de suelos para la agricultura, con un suelo abandonado por causa de la burocracia, de la falta de conocimiento o de comprensión o, en fin, por causa de concepciones ideológicas fundamentalistas que prefieren el estancamiento al avance, prefieren el espino al palto”.

Para Fernanda Miranda, “no es un hecho que las plantaciones de frutales absorban una gran cantidad de CO2, ya que las investigaciones existentes no conducen a valores representativos de huella de carbono”. Sumado a ello, la geógrafa afirma que “las plantaciones en monocultivos empeoran la calidad de los suelos, como ocurre con los paltos, donde las tasas de erosión hídrica son hasta 650 veces mayores en los sectores con camellones en comparación con el suelo sin intervención, mientras que los bosques espinosos de Acacia caven posibilitan la recuperación del bosque esclerófilo, además de presentar un potencial elevado para aumentar el almacenamiento de carbono orgánico del suelo, a pesar de ser considerados de bajo valor de conservación”.

Pero esta práctica de deforestación, difusamente legalizada en beneficio del gran empresariado agrícola, no corre sola, sino que encuentra su complemento en otra política pública cuyo alcance la comisión tampoco alcanzó a investigar: los millonarios subsidios a las obras de riego que entrega la Comisión Nacional de Riego (CNR), muchos de ellos en los mismos predios deforestados (ver segunda parte).