Hacia el futuro del Acuerdo de Escazú: proponen mecanismos para avanzar en democracia, derechos humanos y conservación en América Latina

Un alarmante aumento. Alrededor de 227 defensoras y defensores ambientales fueron asesinados en el mundo en 2020, según el reciente informe de Global Witness, con la gran mayoría de las víctimas en América Latina y el Caribe. De esa manera, la región mantiene la desafortunada etiqueta como “la más peligrosa del mundo” cuando de proteger el medioambiente se trata.

Lo anterior opaca el hecho de que América Latina y el Caribe no solo es generosa en riqueza cultural, sino que también es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Su fortuna le ha significado – de cierta forma – su condena, ya que se encuentra amenazada por la sostenida sobreexplotación de sus ecosistemas y por un sinnúmero de conflictos socioambientales, que han desencadenado persecuciones y derramamiento de sangre.

Ha sido este crudo escenario el que inspiró el nacimiento del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región que busca fomentar la protección de la naturaleza y de las personas que la defienden. Aunque entró en vigor en abril de 2021, todavía falta discutir las medidas adoptadas para su implementación, sin que exista aun detalles concretos. Por ese motivo, un grupo de investigadoras e investigadores propuso mecanismos específicos y tangibles – a través de una publicación en la revista Conservation Letters– para que Escazú permita avanzar en los derechos humanos y la conservación del medioambiente.

Para ello, identificaron los tres grandes temas que forman parte del corazón de Escazú, como son la democracia, los derechos humanos y procesos habilitantes, y describieron tres tipos de mecanismos claves para cada uno de ellos, basados en la tecnología (como el acceso libre a plataformas digitales y bases de datos), en los humanos (equipos multidisciplinares y asesoramiento legal) y en la naturaleza (como la conservación transfronteriza).

“Lo que nos inspiró a escribir esta perspectiva política es que Escazú es un Acuerdo histórico, porque es el primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe conectando la importancia de la conservación de la biodiversidad con la urgencia de proteger los derechos humanos de los defensores ambientales. Esto es imprescindible en el contexto latinoamericano, donde solo en 2020 se han reportado 165  asesinatos a defensores y defensoras ambientales, la mayoría ocurriendo en Colombia y México”, asegura Sofía López-Cubillos, investigadora del Centre for Biodiversity and Conservation Science de la Universidad de Queensland en Australia, y de la Fundación Manigua desde la Tierra, de Colombia.

Recordemos que el proceso de Escazú no ha estado exento de polémicas. De partida, Chile fue uno de los impulsores, hasta que en un giro – que algunos califican de “errático” -, se negó a firmar el acuerdo al considerarlo un “inconveniente” para el país, en palabras del actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. De hecho, quienes justifican esa decisión argumentan que los tratados internacionales amenazan la soberanía, que solo generan sometimiento hacia actores externos, y que bastaría con impulsar cambios legislativos internos para resolver estos problemas.

Ante ese tipo de comentarios, la investigadora del Instituto Milenio en Socio Ecología Costera (SECOS) y de la Universidad Católica de Chile, María José Martínez Harms, responde que “el gobierno de Chile ha tenido una manera incoherente de entender los intereses del país, ya que para el caso del Acuerdo de Escazú ha decidido no firmar, justificándose en los supuestos problemas de soberanía que generaría el Acuerdo”. La también científica del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) agrega que Escazú facilita y refuerza procesos que mejoran la participación de la sociedad civil acorde a la legislación de cada país para, efectivamente, ejercer mejor su soberanía sin afectar los intereses territoriales; y que permitiría a comunidades de las denominadas “zonas de sacrificio” acudir a tribunales internacionales para avanzar hacia soluciones que no han encontrado en su propio territorio.

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Martínez añade que para el caso de otras iniciativas como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), “la posición del gobierno de Chile ha sido muy diferente, dándole urgencia a su aprobación en varias instancias. Con el tratado TPP-11 sí que perderíamos soberanía, ya que amplía las posibilidades de que Chile sea demandado en tribunales arbitrales por parte de empresas transnacionales generando también obligaciones regulatorias pensadas para favorecer a dichas empresas”.

Por lo pronto, luego de que Escazú entrara en vigor, se convocará a la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después (es decir, abril de 2022) para discutir las medidas adoptadas para la implementación del Acuerdo. Frente a esa gran oportunidad, es que las y los investigadores presentaron los mecanismos y ejemplos de iniciativas, para que puedan ser tomadas en cuenta en la elaboración de las recomendaciones de los Estados participantes.

López sostiene que “nosotros nos enfocamos en los mecanismos de implementación por dos razones. Primero porque 12 países ya lo ratificaron, por lo tanto, mostrar mecanismos en una etapa temprana del Acuerdo puede facilitar su implementación a lo largo de los años. La segunda razón también era para mostrar todos los beneficios, a través de ejemplos de iniciativas que ya están implementándose en la región, en materia de democracia ambiental y derechos humanos. De esta manera queremos mostrar que el Acuerdo no es ajeno y que puede, por lo contrario, impulsar dichas actividades a mayores escalas, buscando así inspirar a los países que faltan por firmar – como Chile – y ratificar – como Colombia – a que se unan”.

Desde bases de datos hasta la conservación más allá de las fronteras

La termoeléctrica que enferma al entorno y sus habitantes, la minera que arrasa con la biodiversidad en su búsqueda de oro, y las comunidades desoídas que resisten en medio de la adversidad, son parte de una historia bastante repetida en territorios latinoamericanos.

Por este motivo, Escazú considera tres elementos fundamentales, como son la información, la participación y la justicia. Siguiendo ese espíritu, y tal como lo mencionamos previamente, la publicación en Conservation Letters propone tres mecanismos (basados en tecnologías, humanos y naturaleza) para avanzar en la democracia socioambiental, en derechos humanos y en procesos habilitantes. De igual forma, identifican una serie de iniciativas ya existentes y replicables que muestran oportunidades para la implementación exitosa de Escazú.

Como punto de partida está la democracia, la cual implica la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, así como la generación y acceso adecuado a la información. De ese modo, es posible aumentar la calidad del conocimiento proporcionado por expertos y comunidades locales, mejorar la conciencia pública y permitir la implementación de planes ambientales.

Para avanzar en esta senda, los mecanismos basados en tecnologías son de gran utilidad, como el establecimiento de plataformas y bases de datos gratuitas (incluyendo por ejemplo inteligencia artificial), que ojalá sean de fácil uso y acceso. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Global Fishing Watch que permite el monitoreo del tráfico de embarcaciones para combatir la pesca ilegal; o el uso de imágenes satelitales por parte de organizaciones para monitorear la deforestación en Brasil.

Asimismo, los mecanismos humanos son fundamentales ante la necesaria acción de comunidades locales, universidades, organizaciones, sector privado y gobiernos. “Por ejemplo, en las Islas Granadinas, varias instituciones académicas, gubernamentales y locales (capital humano) se reunieron para hacer mapas que mostraran áreas prioritarias para la conservación de manera conjunta (conocido como mapeo participativo), los cuales fueron posteriormente transformados en material digital como Sistemas de Información Geográfica (tecnológico), lo cual puede fomentar la distribución de dicho conocimiento”, ejemplifica López.

El segundo gran tema aborda los derechos humanos, que vienen de la mano con el acceso a la justicia y respeto a los derechos de las y los defensores ambientales. En ese sentido, se hace urgente tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones que sufren. Por todo esto, una de las tareas más apremiantes es el fortalecimiento de las actuales instituciones públicas, con el fin de evitar conflictos socioambientales y sobre todo para proteger a las personas que arriesgan su vida con tal de resguardar la naturaleza en sus diversas formas.

En este punto hay varias acciones asociadas, que pueden ir desde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza hasta la asesoría legal de equipos multidisciplinarios, y el cumplimiento de protocolos que garanticen la protección de los defensores ambientales, como una reciente resolución ministerial de Perú y un manual de Colombia que persiguen ese mismo fin.

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Al respecto, López detalla que “una iniciativa reciente es una resolución ministerial desarrollada en Perú, la cual establece un protocolo para la protección de líderes ambientales. También hay múltiples organizaciones nacionales e internacionales que ofrecen servicios de asistencia a líderes, como lo es la Asociación Interamericana de Derechos Ambientales. Un mecanismo tecnológico importante en derechos humanos es la base de datos abierta llamada Tierra de Resistentes, el cual reporta los ataques a líderes sociales en varios países latinoamericanos según el tipo de violencia (amenaza, ataque directo, etc.) y estado del caso (por ejemplo, investigación, sentencia, entre otros)”.

La relevancia de esas bases de datos radica en que pueden mostrar los (pocos) avances que se han tenido en los países ante la judicialización a los ataques, y también para encontrar factores sistemáticos en las agresiones.

El tercer gran tema que se desprende de Escazú son los procesos habilitantes, que se relacionan con la colaboración y creación de capacidades de distintos actores locales. Lo último puede traducirse, por ejemplo, en el fortalecimiento y capacitación en temas socioambientales de los equipos e instituciones de justicia de cada país, con el fin de que entiendan los conflictos a cabalidad y que adquieran más herramientas para la judicialización.

Además, los procesos habilitantes también se centran en la cooperación entre países, lo cual es fundamental para la conservación de la naturaleza, dado que América Latina comparte una rica biodiversidad, así como ecosistemas y especies que no saben de fronteras políticas. Las cuencas y sus ríos, y los animales migratorios o con amplios rangos de hábitat (como las aves, guanacos, pumas, entre varios más), son una muestra de aquello.

En esa línea, los mecanismos basados en la naturaleza y humanos son de gran utilidad. Una iniciativa existente que sirve de inspiración es el proyecto “Putumayo Tres Fronteras”, desarrollada en la cuenca del río Putumayo – que es compartida por Colombia, Perú y Ecuador -, y que incluyó la capacitación de autoridades, y de comunidades campesinas e indígenas para hacer sus cadenas productivas más sostenibles y así cuidar la biodiversidad de la zona.

Pero más al sur de Sudamérica también hay un caso con gran potencial, como es la Patagonia que “se caracteriza a nivel mundial por su biodiversidad única y por presentar extensas áreas en estado aún silvestre compartidos por Chile y Argentina. En esta región existe un gran porcentaje de cuencas de cabeceras binacionales que contribuyen a grandes ríos que desembocan en los fiordos de la Patagonia chilena. Incentivos para la colaboración binacional Chile-Argentina en conservación en la Patagonia, traducido en mayor colaboración y manejo coordinado entre ambos países, puede traer impactos positivos para la biodiversidad de la región”, puntualiza López.

Martínez, quien también es investigadora del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, destaca además “varias estrategias innovadoras de conservación y co-manejo lideradas por comunidades locales, que están en curso en la región, y que incluyen la gestión integrada de parques terrestres y marinos, áreas protegidas de múltiples usos y estrategias de conservación biocultural a través de la asignación de derechos de acceso y gestión sobre los recursos naturales a las comunidades indígenas entre otras estrategias”.

Para Martínez, el liderazgo de pueblos originarios y el diálogo intercultural deberían ser una prioridad en América Latina y el Caribe, al ser determinantes no solo en los derechos humanos, sino también en la conservación local y global. Así lo corrobora la evidencia disponible, ya que las tierras bajo tutela o administración indígena se superponen con alrededor del 40% de las áreas protegidas y paisajes intactos o en buen estado del mundo, tales como bosques boreales y tropicales.

“Un ejemplo concreto que resaltamos en el artículo, es el caso en Chile de la ley 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos para los Pueblos Originarios (ECMPO). En estas áreas se asignan derechos de acceso y gestión sobre áreas marinas a comunidades indígenas en Chile a fin de mantener las tradiciones y los usos de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”, añade la científica del Instituto SECOS.

Sin embargo, los mecanismos tecnológicos no se quedan atrás en este punto, pues los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ser muy útiles también, al ayudar en la difusión del conocimiento de especies que traspasan fronteras y así fomentar su protección de manera coordinada. Además, las iniciativas desarrolladas en una nación pueden proporcionar esquemas para fortalecer las instituciones o los marcos legales en territorios vecinos.

Al igual como ocurre en la naturaleza, la colaboración es primordial para Escazú.

En definitiva, la implementación del Acuerdo ofrece una histórica oportunidad de mejorar la justicia ambiental en la región, “al promover mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos socio ambientales, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar conflictos y establecer mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita a personas o grupos en situación de mayor vulnerabilidad”, subraya Martínez.

Inclusive, las investigadoras aseguran que sería una poderosa herramienta para la acción climática con enfoque en los derechos humanos, en especial de los grupos más vulnerables.

Para la investigadora del IEB, al asegurar la información, participación y el acceso a la justicia, “el Acuerdo se enfoca explícitamente en la gobernanza ambiental basada en los derechos humanos, tales como el acceso al agua, a la tierra, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a no ser desplazados forzadamente. En el Acuerdo de Escazú, los Estados se obligan a garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a temas ambientales, reconociendo a todos los actores interesados en aportar en los procesos de toma de decisiones, y beneficiando a quienes más necesitan defender sus derechos”.