OPINIÓN | Desafíos y oportunidades de la conservación privada de la naturaleza: un debate necesario

La necesidad de impulsar la conservación privada de la naturaleza explica la promulgación de la ley del Derecho Real de Conservación (DRC) en Chile en 2016. Esta norma tiene características particulares: es simple, concisa y flexible. Fue creada así para responder al sinfín de realidades en las que se genera conservación privada en nuestro país.

Lamentablemente, estas características también dan cabida al uso del DRC en iniciativas que tienen fines distintos a la protección de la naturaleza, poniendo en riesgo su efectividad.

Hablamos de proyectos sostenidos sobre acuerdos de DRC débiles que no protegen valores ambientales o establecidos por períodos de tiempo sin impacto alguno en el cuidado de la naturaleza; acuerdos firmados junto a titulares (o garantes) con claros conflictos de intereses; o incluso, proyectos que usan comunicacionalmente el DRC para legitimar iniciativas que degradan y fragmentan nuestros ecosistemas.

En 2020, a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, y junto a Así Conserva Chile, elaboramos los “Estándares para la Conservación Privada en Chile”, que incluyen tres condiciones necesarias para crear acuerdos de DRC robustos y efectivos.

La primera es la perpetuidad, es decir, que las condiciones establecidas en un acuerdo de DRC sean válidas para siempre, en línea con el tiempo de los procesos naturales. La segunda, es la necesidad de regular los usos de la tierra para resguardar su valor ecológico y controlar sus amenazas. Y, finalmente, que el titular del DRC sea una organización sin fines de lucro ni conflictos de interés con la capacidad técnica necesaria para velar por el respeto de las condiciones que rigen el acuerdo.

Convertir la ley del DRC en una norma rígida para evitar malas prácticas puede dejar fuera mútiples necesidades de conservación. Sin perjuicio de esto, es importante fortalecer la regulación vigente sobre quiénes pueden ser titulares o garante de conservación. Proponemos elevar estas exigencias para que solo organizaciones calificadas puedan ejercer este rol e impulsar acuerdos que cumplan con los más altos estándares de conservación.

Promovemos la creación de sellos diferenciadores e incentivos apropiados para las iniciativas de conservación privada que sí aportan a la protección de la biodiversidad. Esta es una oportunidad para el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que reconoce su importancia. No lo pasemos por alto. Las más de 25,000 hectáreas que hemos protegido a perpetuidad gracias al compromiso de familias, organizaciones y comunidades que se han dedicado por años al cuidado de la naturaleza, refuerzan esta convicción.

La conservación privada contribuye a proteger los paisajes irremplazables de Chile, complementando la labor del Estado. Avancemos con fuerza y responsabilidad para promoverla.

Victoria Alonso, Directora Ejecutiva de Fundación Tierra Austral. Organización Garante de Conservación.