Argentina: Gobierno autoriza polémico proyecto de exploración offshore de hidrocarburos en costa de Mar del Plata
Pese a los compromisos asumidos por Argentina en la Cumbre de la COP26, el país se ha embarcado en un controversial nuevo proyecto de exploración offshore que busca hidrocarburos en la costa de Mar del Plata y que la administración de Alberto Fernández ha autorizado de manera inesperada a fin de año. Altos funcionarios del Gobierno hablan incluso de una riqueza de US$ 32.000 millones. Pero el proyecto ha levantado un polvorín de protestas este año mientras los ecologistas advierten sobre el impacto en la pesca, el turismo y las actividades deportivas, sociales y culturales en torno del mar. Hace un par de semanas, una movilización que convocó a miles de manifestantes se concentró en en el centro de la ciudad de Mar del Plata en respuesta a la convocatoria contra la exploración costa afuera de petróleo y gas mar adentro en línea recta a esa localidad turística de la provincia de Buenos Aires. Los convocados se congregaron bajo la consigna «Por un Mar libre de petroleras» y ya se han presentado dos recursos contra el decreto que autoriza la exploración. Mientras que, la semana pasada, el titular del Ministerio de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró que su equipo participa de manera activa en los estudios de impacto ambiental: “Es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. A partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental”.
A fin de año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le dio el visto bueno y aprobación al plan de Equinor para investigar el lecho marino del Mar Argentino a 300 kilómetros de la costa de Buenos Aires. Esta será una de las tantas campañas de exploración de nuevos recursos hidrocarburos en el país, que esta vez llegará hasta aguas profundas y ultraprofundas. Pese a los compromisos asumidos por Argentina en la Cumbre de la COP26, el país se ha embarcado en un controversial nuevo proyecto de exploración offshore en el que ya algunos altos funcionarios hablan incluso de una riqueza de US$ 32.000 millones.
La administración del presidente Alberto Fernández aprovechó el último día de actividad administrativa del año para otorgar vía del decreto 900/2021, la Declaración de Impacto Ambiental, que da autorización para el proyecto de adquisición y exploración sísmica en áreas de exploración offshore denominadas como CAN 100, CAN 108 y CAN 114, situadas en las costas norte de Argentina. Las empresas favorecidas con el permiso para la exploración son tres: la firma noruega Equinor, en sociedad con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la multinacional Shell.
Las áreas denominadas CAN 100 y 108 se encuentran ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, la ciudad turística más visitada por los argentinos, mientras que la CAN 114 está a 443 kilómetros. La decisión del gobierno ha tomado por sorpresa a muchos, incluyendo grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales (ONG), que han alzado la voz —sorprendidos— porque en las audiencias previas de consulta pública, de las que participaron unas 500 personas, entre miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y del sector petrolero, hubo un rechazo mayoritario. Pero principalmente porque resulta contradictorio con el discurso oficial del gobierno sobre el plan de descarbonización, en el marco de la transición energética a la que se ha comprometido el país para 2050.
Pero el proyecto ha levantado un polvorín de protestas este año mientras los ecologistas advierten sobre el impacto en la pesca, el turismo y las actividades deportivas, sociales y culturales en torno del mar. Hace un par de semanas, una movilización que convocó a miles de manifestantes se concentró en en el centro de la ciudad de Mar del Plata en respuesta a la convocatoria contra la exploración costa afuera de petróleo y gas mar adentro en línea recta a esa localidad turística de la provincia de Buenos Aires. Los convocados se congregaron bajo la consigna «Por un Mar libre de petroleras».
Mientras que, la semana pasada, el ministro de Ambiente se refirió a la exploración que se llevará a cabo a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. El titular del Ministerio de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró que su equipo participa de manera activa en los estudios de impacto ambiental: “Es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años. Sin embargo, a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental”.
Cabandié, hizo referencia al estudio de impacto ambiental que se realizó sobre exploración offshore en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114. Cabandié explicó que la participación de técnicos y expertos del ministerio en los estudios y la prospección en mar adentro servirá “para revisar, asistir, tener presencia física en la prospección sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.
Las actividades de exploración —que realizará un buque que recorrerá el área— se realizarán cumpliendo los más altos estándares internacionales, tomando las experiencias de Canadá y Brasil. El Plan de Gestión Ambiental aumentó medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina.
Cabandié también se refirió a la necesidad de generar una transición energética y aclaró: “No se puede cortar de la noche a la mañana el uso de hidrocarburos, gas o petróleo, porque entraríamos en un colapso social y económico inimaginable. Tenemos que profundizar la transición energética, ir hacia energías renovables o limpias”.
Por otro lado, el ministro señaló: “Si Argentina tiene sobrantes de gas, podemos exportarlo y eso puede redundar en que países que tienen su matriz energética en base a carbón reduzcan emisiones y consigamos dólares para comprar molinos eólicos”. Cabe señalar que la Contribución Determinada a Nivel Nacional que Argentina presentó en la COP 26 sobre Cambio Climático en Glasgow plantea la necesidad de promover las energías renovables y utilizar el gas natural como combustible de transición energética.
Además, el titular de la cartera de Ambiente enfatizó que “tenemos actividad hidrocarburífera desde 1970. Hoy el 17 % del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el mar argentino”. El funcionario también resaltó: “La política energética la define el Estado Nacional a través de sus órganos correspondientes, en este caso el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”.
Las actividades de exploración permitirán mejorar el conocimiento de los recursos existentes en el lecho submarino, para poder planificar el uso de los hidrocarburos en el marco de la transición justa hacia una matriz energética sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero.
Reacciones: Presentan dos recursos contra la exploración offshore en Mar del Plata
La Justicia Federal hizo lugar a dos medidas cautelares presentadas por particulares para evitar todo tipo de intento de exploración sísmica y petrolera frente a estas costas de la ciudad, acción que ataca de manera directa un proyecto que para ese tipo de emprendimiento acaba de autorizar el gobierno nacional. Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, dio curso a las acciones de amparo presentadas por un vecino de la ciudad y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.
Según se publica en el sitio oficial Fiscales, los impulsores del amparo presentaron una variedad de argumentos y coincidían por sobre todo en el reclamo de suspender o cesar la exploración submarina por el potencial riesgo ambiental sobre estas costas. Uno de los recursos reclama que se evite autorizar exploración sísmica hasta tanto se obtenga una declaración de impacto ambiental y “acceso a información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”.
El reclamo también incluye el pedido para que al respecto tomen intervención y elaboren informes técnicos, sanitarios y ambientales profesionales e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Conicet.
