Argentina en vilo: Modificación de Ley de glaciares desata preocupación y campañas en el país

Los glaciares son una de las principales reservas de agua dulce del planeta y cumplen un rol clave en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de montaña. En un contexto marcado por la crisis climática y el aumento sostenido de las actividades extractivas, su protección se ha convertido en un tema central en la agenda ambiental de numerosos países.

Hoy, este debate adquiere una urgencia particular. Solo el 3% del agua del planeta es dulce, y de ese porcentaje, más del 70% se encuentra congelada en glaciares y casquetes polares. Además de almacenar agua, estos ecosistemas regulan los caudales de ríos y arroyos, estabilizan el clima al reflejar la radiación solar y amortiguan los efectos del aumento de las temperaturas. Todo ello cobra aún mayor relevancia en un contexto marcado por 2024 y 2025, considerados los años más cálidos jamás registrados, y por el acelerado retroceso del Campo de Hielo Sur, donde 48 de sus 50 principales glaciares muestran una clara tendencia a la pérdida de masa, profundizando la crisis hídrica global.

En Argentina, la ley de glaciares (Ley 26.639), aprobada en 2010, fue considerada un hito a nivel regional y mundial, al establecer un marco pionero para resguardar estos ecosistemas y el ambiente periglacial que los rodea. La normativa reconoce a los glaciares como bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua, prohíbe actividades que puedan dañarlos y ordena la elaboración de un Inventario Nacional de Glaciares, actualizado periódicamente por organismos científicos.

Sin embargo, más de una década después, este consenso comienza a resquebrajarse. El avance sostenido de la minería —particularmente de cobre, litio y oro— junto con la presión por atraer inversiones y dinamizar la economía, ha llevado al gobierno del presidente Javier Milei a impulsar una profunda modificación a esta normativa. La iniciativa busca redefinir qué glaciares y qué zonas periglaciales deben ser protegidas, abriendo la puerta a nuevas actividades productivas en áreas hasta ahora resguardadas.

El debate ha generado una fuerte reacción social y ambiental. Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una protesta pacífica en las escalinatas del Congreso, buscando visibilizar los riesgos del proyecto y exigir que se mantenga una protección estricta para los glaciares. A eso se suma un amplio rechazo por parte de organizaciones científicas, que advierten sobre los riesgos de debilitar la protección de las principales reservas de agua del país, en un escenario de creciente escasez.

«Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometida su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional», sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La votación en el Senado y el alcance de la reforma

El Senado argentino aprobó las modificaciones a la ley de glaciares con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, en una sesión marcada por intensos cruces entre oficialismo y oposición. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, obtuvo el respaldo mayoritario de legisladores de provincias con fuerte actividad minera, como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.

Durante el debate, los defensores del proyecto argumentaron que la legislación actual resulta ambigua, excesivamente restrictiva y poco compatible con el desarrollo productivo. Según esta postura, no todos los ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que una evaluación caso a caso permitiría compatibilizar protección ambiental y crecimiento económico.

Desde el oficialismo, varios senadores señalaron que la reforma busca fortalecer el “federalismo ambiental”, devolviendo a las provincias el control sobre sus recursos naturales. Sin embargo, desde la oposición y el mundo científico advirtieron que esta descentralización podría fragmentar los criterios de conservación y debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por la Constitución.

¿Qué viene ahora y cuáles son las posibles consecuencias?

Tras lo ocurrido en el Senado (la media sanción), el proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil ya preparan acciones judiciales, al considerar que la iniciativa podría ser inconstitucional y vulnerar compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú.

Diversos expertos advierten que la reforma introduce un cambio de paradigma: se pasa de una protección preventiva y amplia a una lógica selectiva, en la que solo se resguardan los glaciares que demuestren una función hídrica “efectiva”. Esto, sostienen, ignora la complejidad de los sistemas de montaña y subestima el rol ecológico del ambiente periglacial.

«Pretender modificar esta ley, es destruir por completo el concepto presupuestos mínimos que tiene esta normativa, que es una protección uniforme, a lo largo de todo el territorio nacional, de los glaciares y del ambiente periglaciar. Y que esta protección pase a ser definida por las provincias, quiere decir que van a ser ellas las encargadas de decidir qué glaciares y qué ambiente periglaciar, merece ser protegidos y defendidos», afirma Agostina Rossi Serra, bióloga, especialista en biodiversidad, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino.

«La reforma, obviamente, es inconstitucional, porque va en contra del artículo 41 que dice que es la nación quien debe dictar los presupuestos mínimos. Atenta, sobre todo, contra nuestras reservas de agua dulce que son los glaciares y el ambiente periglaciar. Así que, en mayor o menor medida, nos vamos a ver afectados todos los argentinos por la carencia de agua que esto va a implicar en un corto plazo», agrega.

En esta línea, también se advierte que glaciares pequeños, glaciares de escombros y suelos congelados almacenan grandes volúmenes de hielo —entre un 35% y un 70% en algunos casos— y sostienen hasta la mitad del caudal de ríos en zonas áridas durante los períodos de sequía. Su destrucción implica la pérdida irreversible de agua en regiones donde este recurso ya es escaso.

La preocupación se intensifica al considerar que Argentina cuenta con cerca de 17 mil cuerpos de hielo distribuidos en 12 provincias, los cuales alimentan 36 cuencas hídricas que cubren más de un millón de kilómetros cuadrados. Más de siete millones de personas viven en territorios que dependen directamente del aporte glaciar y periglacial. Estudios recientes muestran, además, un retroceso acelerado del hielo en las últimas décadas, producto del cambio climático, una tendencia que podría profundizarse si se suman nuevas presiones antrópicas.

El impacto regional y el espejo chileno

El debate argentino resuena con fuerza en Chile, un país que concentra cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica y que aún no cuenta con una ley específica para su protección. Durante años, diversos proyectos han intentado avanzar en esta dirección, pero las diferencias políticas y la oposición de sectores productivos han trabado su aprobación.

Uno de los puntos más conflictivos en el Congreso chileno ha sido, precisamente, la definición y protección del ambiente periglacial, un ecosistema clave que rodea a los glaciares y regula el flujo de agua. Desde la Fundación Glaciares Chilenos han subrayado reiteradamente que intervenir estas zonas no solo afecta indirectamente al hielo, sino que también pone en riesgo la calidad y cantidad del recurso hídrico.

Actualmente, en Chile se registran 26.169 glaciares en el territorio, que cubren un área de 21.009 km², sin embargo, estos cuentan con una protección fragmentada a través de diversas normativas, como la Ley de Bases del Medio Ambiente, la Ley de Bosque Nativo y la reforma al Código de Aguas de 2022. Sin embargo, casos emblemáticos como Pascua Lama, en la región de Coquimbo, o Los Bronces, en la Región Metropolitana, evidencian que estas salvaguardas han sido insuficientes para evitar impactos significativos.

Por lo mismo, la aprobación de la reforma en Argentina ha reactivado las alertas en el país, especialmente considerando que ambas naciones comparten cerca de 20 cuencas hidrográficas andinas, abarcando alrededor de 60.000 km², principalmente en la Patagonia. Muchas de ellas son dependientes del aporte glaciar. Debido a esto, eventuales modificaciones en la protección del lado argentino podrían tener efectos directos sobre la disponibilidad de agua en territorio chileno.

Durante el último proceso electoral, desde la Fundación Glaciares Chilenos expresaron su preocupación por la posibilidad de que Chile adopte un camino similar al argentino. En declaraciones a medios nacionales, señalaron que replicar un modelo de flexibilización ambiental podría conducir a un retroceso significativo en la conservación de estos ecosistemas estratégicos.

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