Fundación Terram: El rol de CONAF en la acelerada muerte del bosque esclerófilo
Preocupación ha generado la crítica situación que atraviesa el bosque esclerófilo en Chile central. Si bien el impacto de la sequía y de la crisis climática son evidentes, hay otros factores relevantes como el cambio del uso de suelo, provocado por distintas actividades como la agricultura. La geógrafa de Fundación Terram, Fernanda Miranda, y el estudiante de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Maximiliano Bazan, abordan en la siguiente columna de opinión la regulación vigente y proponen, entre otras medidas, una reforma a la Ley de Bosque Nativo, así como proscribir y retirar los planes de manejo de corta de bosque para fines agrícolas.
Recientemente el director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), José Manuel Rebolledo, señaló que producto de los incendios y el cambio climático el bosque esclerófilo de la zona central “podría terminarse”. Una aseveración cierta, pero también incompleta, puesto que al atribuir al cambio climático la causa del problema, omite el papel que durante los últimos treinta años ha jugado la CONAF a través de la aprobación de planes de manejo de tala de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, donde las especies del bosque esclerófilo, claves para contener el avance de la desertificación, han sido las más afectadas.
Una de las principales fuentes históricas de presión sobre los bosques y matorrales esclerófilos ha sido el cambio de uso de suelo para habilitar terrenos para el desarrollo de la agricultura. En un comienzo, parte importante de dicha expansión agrícola se dio en un contexto de nula regulación. Posteriormente, a través del Decreto de Ley 701 de 1974, que regularizó dicha actividad, teniendo por finalidad la “recuperación de terrenos para fines agrícolas”. Sin embargo, el mismo D.L. 701, a pesar de que establece la obligatoriedad de reforestar bosques cortados, permitió eximir de tal exigencia al propietario del terreno para que, una vez cortado el bosque, lo destine a fines agrícolas.
En 2008, se promulgó la Ley 20.283, de protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos, cuyo espíritu era, entre otros, justamente proteger este tipo de vegetación. Sin embargo, entre los acuerdos que permitieron destrabar los 17 años de tramitación de la ley en el Congreso, estuvo el de dejar algunas áreas inconclusas, entre ellas, la relacionada con la sustitución de bosque nativo por plantaciones agrícolas. Si bien la Ley 20.283 no establece una excepción de planes de manejo sobre bosque nativo para desarrollar actividades de recuperación de terrenos con fines agrícolas, la CONAF ha seguido otorgando permisos de tala de bosques para estos fines, amparándose en lo establecido previamente en el D.L. 701, a pesar de que la ley de protección del bosque nativo tiene preeminencia legal sobre el decreto, debiéndose aplicar este último de forma supletoria siempre que no contradiga la ley específica sobre bosque nativo.
De esta manera, las 147.585 hectáreas de bosque taladas sin reforestar en el período de 1987 a 2008 –previo a la Ley 20.283-, llegaron a las 170.362 hectáreas en septiembre de 2019, de las cuales el 50% corresponde a superficie boscosa de la ecoregión mediterránea -regiones de Coquimbo y Biobío- donde predomina el bosque esclerófilo (alrededor de 84 mil hectáreas equivalentes a 11 veces la superficie del Parque Nacional La Campana), siendo justamente los 17 años de desacuerdo parlamentario el período donde más permisos de tala de bosque nativo otorgó la CONAF, el cual, además coincide con la dinamización del modelo agroexportador en la zona central del país.
Esta práctica de deforestación que camina al filo de la legalidad resulta alarmante, más aún cuando se inserta en un contexto de cambio climático, considerando la función clave que cumple la vegetación nativa y, en particular, el bosque esclerófilo en el ciclo del agua y en la conservación de los suelos, cuya tala, en pos de aumentar la superficie de cultivo de frutales destinados a la exportación, profundiza el estrés hídrico de territorios que ya ven comprometido el abastecimiento de agua para consumo humano, sus actividades económicas de subsistencia y la conservación de sus ecosistemas.
Es por ello que creemos que CONAF debe proscribir y retirar institucionalmente la aplicación de los planes de manejo de corta de bosque nativo para fines agrícolas. De lo contrario, el anuncio de su director sobre el fin del bosque esclerófilo será realidad antes de lo que él mismo prevee, y no solo producto de los incendios y del cambio climático, sino que en buena medida por esta deforestación institucionalizada que, dicho sea de paso, encontró la complicidad de un número no menor de diputados que en la comisión investigadora sobre la materia (*), a mediados de 2019, rechazaron la moción de prohibir este instrumento, como también la de extender el plazo de la misma para investigar los planes de manejo aprobados. Recordemos que, en el caso de la comuna de Las Cabras que dio origen a la comisión, se talaron más de 40 hectáreas de bosque esclerófilo para la plantación de paltos, previa aprobación de un plan de manejo con claros errores técnicos y jurídicos, que gracias a la presión de comunidades de la zona fue invalidado.
Asimismo, creemos que es urgente que se reforme la Ley de Bosque Nativo N°20.283, con la finalidad de que se adopten criterios de cambio climático y, al mismo tiempo, que se incorpore y reconozca la importancia, no tan solo de los bosques nativos, sino de otras formaciones vegetacionales como las esclerófilas y espinosas del mediterráneo en el marco del avance de la desertificación y la sequía que aquejan a la zona central del país.
(*) Comisión especial investigadora de los actos de CONAF, el Servicio de Impuestos Internos y otros órganos de la administración del Estado, en relación con los procedimientos de autorización de planes de manejo forestal en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, en los últimos 10 años.
