¿Por qué necesitamos más áreas protegidas en la zona central de Chile?

Por cuatro días, más de 2.500 expertos, líderes ambientales, representantes indígenas, académicos, tomadores de decisiones, ONGs, estudiantes y gestores de la conservación, se reunieron para dialogar y reflexionar en torno a las áreas protegidas (AP) como soluciones para el bienestar y el desarrollo sostenible en el III congreso de AP de Latinoamérica y el Caribe celebrado en la ciudad de Lima, Perú. El encuentro, que se realiza cada 10 años y es el más importante de su tipo en nuestra región, ha reforzado y validado desde sus contenidos y discusión la solicitud ciudadana, firmada por más de 185.940 personas, que exigen al ejecutivo declarar el primer gran Parque Nacional de la RM.

Las áreas protegidas son tan diversas en ecosistemas, biodiversidad y realidad sociocultural, como perspectivas y visiones hay en cuanto a su modelo de gestión y gobernanza. A pesar de aquello, todos los enfoques presentes en el congreso concuerdan en algo: las áreas protegidas son una herramienta real y concreta para combatir la actual crisis climática y socio-ambiental. A tal punto que, en la Declaración de Lima 2019, se plantea alcanzar una cobertura integral, con planes de manejo efectivos, del 30% para espacios terrestres y marinos al año 2030. También se plantean ambiciosas estrategias para amplificar la resiliencia social a escala territorial y para que la forma de trabajar sea desde lo multisectorial con enfoques y escalas de paisaje, dejando atrás la visión de AP como una “isla” donde lo único que importaba es la conservación de una especie o ecosistema -herméticamente custodiado- y el uso público.

Asimismo, se reconocen con fuerza los liderazgos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes y de los gobiernos locales, todos quienes plasman en declaraciones oficiales del Congreso su fuerte compromiso con la conservación y las áreas protegidas.

En ese contexto, ¿Qué pasa en Chile? ¿Estamos haciendo uso de esta herramienta y estos liderazgos? ¿Las autoridades comprenden o se interesan por estos nuevos enfoques y paradigmas? Nosotros creemos que no.

Primero, Chile fue el país con menor y casi nula representación estatal y de gobierno de Sudamérica en el congreso en Perú por lo que se restó de firmar el acuerdo de Lima -al igual que en el caso de Escazú- para trabajar en las metas antes mencionadas. Por otra parte, y como se ha demostrado estos últimos días, existe una escasa capacidad de las autoridades políticas electas para buscar reales caminos de salida a las demandas ciudadanas básicas.

Frente a esto ¿Qué podemos esperar con la conservación de la naturaleza? Bien poco. Pero no todo es negro, mientras los organismos de Estado pierden foco y confiabilidad, son cada día más las ONGs, fundaciones e iniciativas privadas y filantrópicas que están tomando escena en la transformación socioambiental. En Perú así fue, fueron estos actores quienes realmente representaron a Chile.

En el último tiempo, Chile ha declarado gran cantidad de áreas protegidas -parques y reservas nacionales- en el extremo sur del país, principalmente por la donación de Fundación Tompkins. Eso nos alegra a pesar de que el presupuesto fiscal para su administración haya disminuido en el último año -una baja de un 12% respecto del 2018-.

Pese a esto, los ecosistemas de la zona central y su conservación han sido postergados en la toma de decisión y con ello se ha generado una enorme e injusta brecha, que si bien, no se compara a las injusticias en derechos básicos que se están peleando actualmente, son una consecuencia más de nuestro actual modelo económico y que repercute directamente con la calidad de vida de quienes habitan estos territorios.

En esa línea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha sido categórica en plantear ante la crisis planetaria el enfoque de “Soluciones basadas en la Naturaleza” (SbN) y las áreas protegidas toman ahí gran relevancia dado que articulan 3 ejes muy importantes, la Mitigación, la Adaptación y la Gestión del Riesgo. La zona central de Chile – o mejor dicho sus autoridades- han desconocido totalmente esto, fomentando la industria y la sobreexplotación, y dejando en último plano el  bienestar social de sus habitantes y la resiliencia de estos territorios.

Veamos…

Santiago, en momentos de sequía, se abastece en cerca de un 60% de agua aportada por glaciares. De estos, los predios fiscales Colorado-Olivares albergan alrededor del 50% de todos los glaciares de la cuenca del río Maipo, principal río que surte agua a la ciudadanía y a las actividades económicas de la Región Metropolitana. Es cierto que los glaciares se están derritiendo de manera acelerada como consecuencia del cambio climático, pero es un hecho que la minería y otras industrias cercanas a estos ecosistemas, aceleran aún más este fenómeno al generar material particulado y “black carbón”, que al mismo tiempo y  depositándose sobre ellos, pone en riesgo la calidad del agua.

Eventos de esta naturaleza ya han ocurrido con claras responsabilidades y negligencias del sector productivo en el país.  Por lo demás, la importancia de cuidar el agua, y su fuente primogénita en la Cordillera de los Andes, también se relaciona con la seguridad alimentaria de la población, por cuanto garantiza la provisión de servicios y bienes ecosistémicos necesarios, como agua limpia y en un régimen hidrológico adecuado para la agricultura aguas abajo.

Las zonas de montaña dado su relieve, sus laderas empinadas, la erosión producto de  ganadería extensiva, y el propio clima de montaña -más aún en un escenario de cambio climático- generan condiciones de riesgo y desastres naturales, que pueden ser manejadas desde un enfoque de “Adaptación basado en Ecosistemas” (AbE), es decir, con una planificación adecuada del paisaje y territorio, y con el uso de infraestructura combinada verde y gris. Acá nuevamente vemos que la declaración de las cuencas de los Ríos Colorado Olivares como Parque Nacional, es una ventaja y una solución para reducir la vulnerabilidad de las comunidades aledañas y de Santiago.

Las razones biológicas o de biodiversidad son también innegables. Basta mencionar que solo el 1,5% del territorio entre Coquimbo y Biobío es Área Protegida del Estado, lo que deja extremadamente sub-representado al bosque esclerófilo, bosque y bofedal andinos, y la reciente confirmación de la presencia del gato andino (Leopardus jacobita) en la zona del futuro parque, que según la UICN se encuentra en peligro de extinción, pudiendo configurarse esta zona como el hábitat más austral de su distribución.

Finalmente, las áreas protegidas son reconocidas mundialmente como espacios que brindan bienestar y beneficios espirituales y recreacionales a las personas. En el contexto actual, es un acto de justicia social y ambiental, que el Presidente Piñera declare el Parque Colorado Olivares, convirtiendo esta demanda urgente en un gran legado y en una señal clara de que el bienestar social toma por fin el lugar que le corresponde en la agenda política. La gran Metropolis, que concentra la mayor cantidad de población de Chile, no cuentan con ningún Parque Nacional y las dos áreas protegidas que existen (Reserva Nacional Río Clarillo y Monumento Natural el Morado) no alcanzan a sumar 14.000 hectáreas (0,002 hectáreas por persona) y esta última por diferentes razones ha tenido la puerta cerrada de forma recurrente. Somos muchos los que esperamos que las autoridades anuncien el parque como una de las soluciones a la crisis socio-ambiental.