El estado de la caza ilegal en Chile: el complejo escenario de la Región de Valparaíso en pandemia

Advertencia: el artículo contiene imágenes de animales heridos o muertos que pueden afectar la sensibilidad del lector.

Un complicado escenario vive la Región de Valparaíso ante la caza ilegal de fauna silvestre. Los casi 12 meses de pandemia que hemos experimentado en el país,  han traído consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad. Una de ellas ha sido el aumento de denuncias sobre animales heridos con balines a postón en aquel territorio costero. Si bien no hay registros formales, los testimonios de inspectores y guardaparques históricos de la Quinta Región manifiestan la existencia de reportes diarios de situaciones como esta. 

En cuanto a las formalidades, en nuestro país la cacería está regulada por la ley 19.473, cuya fiscalización está en manos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Mediante esta ley se prohíbe la caza de fauna nativa, pero se permite la caza de ciertas especies de manera controlada y se identifican las especies introducidas dañinas que no tienen límites para su caza”, contextualiza Beatriz Zapata, miembro del equipo de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre de Chile (AMEVEFAS). 

Sin embargo, en la práctica existen problemas de fiscalización y personas que se saltan la normativa, aprovechándose de los tiempos de confinamiento. «Ahora en pandemia la gente reporta constantemente animales heridos, muchas aves rapaces y zorros heridos por rifle a postón. Lo sé de primera línea, porque tuvimos que recibir varios animales, les dábamos los primeros auxilios y se los entregábamos al SAG”, reporta José Luis Brito, director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio y del Centro Rescate de Fauna de la zona. 

En paralelo, el profesional con casi tres décadas de experiencia en conservación comenta que “casi diariamente el museo recibe reportes por Facebook, Instagram y Whatsapp de gente que denuncia cazadores en las parcelas. Los guardaparques de CONAF en la Reserva Nacional El Yali también reportan cazadores constantemente y varios lugareños han reportado cisnes muertos». 

Junto a aquello, Luis Gutiérrez, inspector activo ad honorem del SAG en temas de cacería, recalca que los efectos de la pandemia se han hecho sentir en esta actividad. “Lamentablemente por todo este tema del estallido social y pandemia, los controles han bajado notoriamente, tanto por los entes fiscalizadores, principalmente del Servicio Agrícola y Ganadero, como Carabineros, PDI, guardaparques o nosotros los inspectores ad honorem (…) Hay menos personal. Y el poco personal que hay está dedicado a otro tipo de funciones», expone el profesional que lleva desde los 90’s realizando esta labor.

Para comprender de mejor manera lo que sucede en aquel territorio, quisimos indagar en el estado de la caza en Chile: su evolución en el tiempo, la normativa y problemas a resolver en la actualidad. 

Una mirada al pasado: “tierra de nadie”

Ser director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio y del Centro de Rescate de Fauna no ha sido la única ocupación de José Luis Brito en estas décadas. El profesional fue inspector de caza ad honorem del SAG entre 1988 y 2017. Con 29 años de experiencia en el área de fiscalización, Brito nos cuenta el complejo panorama que se vivió a finales del siglo pasado. «Perseguíamos a los cazadores en el humedal El Yali, en la laguna El Peral, la Quebrada de Córdoba, la desembocadura del Río Maipo, el estero El Sauce, Tunquén…y eran docenas de cazadores que nadie los controlaba», rememora José Luis.

El experto añade que por aquellos años se encontró “con un tema súper escabroso» en las ferias libres de San Antonio, Valparaíso y Santiago. «Vendían de todo: colas de zorro, animales embalsamados, pájaros silvestres de diversas especies en jaula, pieles de pudú, zorro, coipo, nutria, gato silvestre…Había monos a la venta», relata José Luis, añadiendo que solo en San Antonio decomisaron 48 animales a distintos circos de la época, tales como pumas, cóndores, monos araña, guanacos y osos andinos en peligro de extinción. 

Junto a él, Susan Toro coincide con el panorama descrito en aquel tiempo en la Región de Valparaíso. Toro explica que trabajó como inspectora ad honorem del SAG durante 8 años, focalizándose en los 2000. «Fue en el momento donde había mayor cantidad de caza ilegal y donde se tenía que ir a fiscalizar a terreno normalmente«, recuerda la profesional.

«Se hizo mucho en terreno, fiscalizar los fines de semana, momentos en que nadie antes hacía su trabajo (…) Acá brindó muchos frutos, porque la verdad en ese minuto era como tierra de nadie. Cazaban, entraban a lugares que estaban protegidos, no le importaban las fechas, si había polluelos, incluso el ingreso a las playas era parte de la caza ilegal que ingresaban por las dunas. Entonces todo eso fue un trabajo bien completo, porque se trabajó el tema del ingreso a las playas, se trabajó con Carabineros, y obviamente hoy en día es notorio. Al principio fue súper complejo, porque los mismos cazadores disparaban a los carteles que decían ‘prohibida la caza’. Pero con el tiempo se fueron adaptando a lo que se supone que está permitido y lo que no, que es una caza más bien responsable», expone Susan Toro. 

Panorama actual en la región

Los tres inspectores que han servido en materias de fiscalización, coinciden en que a día de hoy el escenario es muy distinto al de hace una décadas atrás. Advierten que aunque ya no hay una masiva presencia de “cazadores furtivos” o ilegales, sí siguen presentes a otra escala. «Hoy en día la gente sigue cazando, los jóvenes, los niños siguen practicando esta actividad que la ven como algo deportivo, como algo entretenido”, advierte Luis Gutiérrez, quien además de ser un inspector activo con 26 años de experiencia, es guardaparque de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. 

El guardaparques comenta que a día de hoy el problema son los cazadores  “que nosotros denominamos ‘furtivos’, que muchos de ellos no tienen licencia de caza o que de repente andan con armas no inscritas, cazan en cualquier lugar sin autorización de los dueños cuando son terrenos particulares o cuando son terrenos fiscales«.  Incluso reporta que en la propia reserva nacional ocurren estas situaciones actualmente: «Aquí la caza es más que nada de conejo y liebre, y son personas aledañas a la reserva, que viven en zona rural, y que tienen la caza inserta en sí. De hecho algunos se dedican a cazar conejos para poder venderlos, y eso es un sustento bastante importante para ellos y sus familias». 

Por su parte, el director del Centro de Rescate de Fauna de la zona explica que este tipo de cazadores se han “invisibilizado”, es decir, siguen existiendo pero han dejado de cazar cerca de la urbe como lo hacían antes. “Ya no se pasean por la ciudad disfrazados o mimetizados con gorros de zorro, sino que salen de civil en un vehículo y se disfrazan de cazadores en lugares silvestres donde nadie los vea”, detalla el profesional, quien agrega que el perfil de estas personas corresponde a menores de edad, jóvenes adultos y adultos con niños en las quebradas cercanas a los límites de las ciudades.

La ley y cambios a realizar 

Para comprender el contexto de lo que se vive actualmente, es importante entender qué está permitido y qué no en materia de caza en Chile.  “La norma vigente es la Ley 19.473 y su reglamento (Decreto Supremo N°5 de 1998 y sus modificaciones). Hoy el Artículo N°4 enlista a 778 especies de fauna silvestre en categoría de protección en todo el territorio nacional, por lo que su caza y captura no se encuentra permitida. Se han incluido especies de arácnidos, así como de insectos y caracoles, por nombrar algunas modificaciones”, explica Felipe Avendaño, jefe de la División de los Recursos Naturales Renovables del SAG.

Dicho marco legal prohíbe en todo el territorio nacional la caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas. Ante aquello, el SAG establece temporadas y zonas de caza o captura, número de ejemplares que se pueden cazar o captura por jornada, temporada o grupo etario y demás condiciones en que tales actividades pueden desarrollarse.

Avendaño menciona que junto a la ley existe un documento llamado cartilla de cazadores, el cual contiene todas las disposiciones de lo que se puede realizar en Chile en estas materias, definiciones importantes como los tipos de veda, tiempos y cotos de caza, animales y sitios protegidos y las prohibiciones asociadas a esta actividad. “Es un compendio de las normas que dicen relación directa con la actividad de caza, dado que la ley y su reglamento abarcan muchos otros aspectos relacionados a la protección de la fauna silvestre, tales como tenencia, condiciones de mantención de fauna, registros, permisos, entre otros”, puntualiza el  jefe de la División de los Recursos Naturales Renovables del organismo estatal.

Y pese a que la ley y el reglamento dejan muy claro el rango de acción, aún quedan cabos sueltos según las fuentes consultadas. Para frenar situaciones como las descritas en Valparaíso, los inspectores ad honorem apuntan a que es necesario regular el uso extendido de rifles de aire comprimido o armas a postón, las cuales son adquiridas sin mayor trámite o autorización por las personas. “Si son capaces de atravesar un blindaje menor, imagínese lo que le pasa a un esqueleto de un zorro, de un águila, de un peuco cuando lo impacta uno de estos tiros de estos rifles de aire comprimido, que se venden en Chile como si fueran juguetes y tienen un alcance efectivo de más de 150 metros. Lo destrozan», advierte Brito. Además el rifle a postón es más silencioso y desarmable con facilidad, lo que hace más difícil su detección al fiscalizar. 

Por otro lado, José Luis Gutiérrez apunta a la falta de fiscalización y al tipo de penas asociadas por incumplir la ley, junto con la falta de agravantes al cazar ilegalmente en zonas de interés ecológico. “Cazar en la vía pública, en un terreno privado o dentro de un área silvestre protegida, tiene la misma sanción. No tiene un agravante», advierte el experto. Además, comenta que las multas van desde 1 a 5 UTM. «Si te llegan a pillar, lamentablemente las sanciones son mínimas. La gente que se dedica al negocio, ni le va ni le viene, ya que sale al otro día, junta la plata y paga la multa», puntualiza. 

También los profesionales afirman que se debe prohibir el uso de «guachis»; lazos de metal que se clavan al piso para atrapar conejos vía ahorcamiento. El problema, además de afectar a estos animales, es que atrapan a otras especies de fauna silvestre como el zorro culpeo o el gato güiña. «Mucha fauna termina mutilada, porque los zorros cuando caen en un guachi se desesperan y dan vueltas sobre sí mismo. Cada vez que tira se aprieta más el diente», advierten. 

La cacería: ¿una actividad legítima?

Ya ha habido varios escándalos en la última década sobre celebridades o autoridades públicas, a nivel mundial, que han sido registradas cazando. Ejemplo de ello fue la indignación general que desató el rey emérito de España, Juan Carlos I, al revelarse su participación en un safari de cacería de elefantes en Botsuana durante el 2012. 

Y es que pareciera que al pasar los años, cada vez son más los sectores de la ciudadanía que repudian la cacería, ya sea bajo cualquier circunstancia o solo en su vertiente deportiva/recreativa. Beatriz Zapata, integrante del equipo profesional de AMEVEFAS, ha reflexionado largamente sobre la dimensión ética de esta actividad. A lo largo de su carrera en el mundo de la conservación, Zapata ha sido testigo de la caza ilegal de distintos animales, como alpacas y guanacos en nuestro país. 

Si bien repudia fuertemente la cacería ilegal o furtiva, Zapata advierte que la caza bien regulada “no se puede prohibir, porque a través de ésta se pueden implementar programas de manejo activo de fauna silvestre, como el control de fauna invasora que amenaza la fauna nativa, como es el caso del castor, la cabra en Juan Fernández o los visones. También en ciertos casos, a través de cosechas controladas, la caza permite regular poblaciones de fauna nativa que por distintas razones aumentan produciendo desbalances en el ecosistema, como es el caso de la población de guanacos en la Isla Grande de Tierra del Fuego”, explica la profesional.

Consultada sobre si la caza deportiva debería prohibirse en el país, la experta nos entrega una detallada reflexión sobre lo que ella considera frente a dicho cuestionamiento, abarcando incluso una dimensión sobre la protección de la vida animal ante el consumo humano.

«Si la vida de un animal es lo que se considera importante, sería válido también preguntarse si es legítimo que el sacrificio de animales para consumo se siga permitiendo, sin embargo, esta pregunta no se realiza muy a menudo y se sacrifican a diario billones de pollos en el mundo ¿Será que la vida de un animal silvestre vale más que la de un pollo?», expresa en uno de sus cuestionamientos la experta de AMEVEFAS.

Pero cualquiera sea el escenario que impere en la realidad, Zapata advierte que se deben extremar las medidas para que la cacería se mantenga dentro del marco de la ley, fortaleciendo la fiscalización de la autoridad y aumentando las denuncias ciudadanas ante hechos que estén fuera de la normativa.

Si eres testigo de caza ilegal, puedes denunciar el hecho ante los siguientes organismos:

• Servicio Agrícola y Ganadero – SAG- (+56223451100 / contactos oficinas regionales)
• Carabineros de Chile 
• Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural -BIDEMA- de la PDI (+562 2 7082372 / bidema@investigaciones.cl)