Ecólogas llaman al Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú
El próximo 26 de septiembre vence el plazo para la firma del Acuerdo de Escazú, el cual fue cuestionado en las últimas horas por el Canciller Andrés Allamand, quien desestimó la adhesión del país por considerarlo “inconveniente para Chile”. Por ello, integrantes del Instituto de Ecología y Biodiversidad llaman a firmar este pacto latinoamericano, para así fortalecer y asegurar una mayor justicia y democracia socioambiental, la cual – aseguran – es débil en nuestro país, ya que los beneficios y costos ambientales se distribuyen de manera desigual, entre otras falencias. Conoce sus argumentos a continuación.
Chile le está dando la espalda al primer pacto Latinoamericano que busca garantizar el acceso a información, participación pública en la toma de decisiones y justicia en asuntos ambientales: el Acuerdo de Escazú, cuyo plazo para firmar vence este 26 de septiembre, sin contar, de momento, con la ratificación de nuestro país.
Este acuerdo -que también apela a combatir la desigualdad, promover el desarrollo sostenible y asegurar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano-, fue cuestionado por el Canciller Andrés Allamand en las últimas horas, quien desestimó la adhesión a éste, por considerarlo “inconveniente para Chile”.
Pese a que Chile lideró las negociaciones para sumar a otras naciones a este tratado, el rechazo del Ejecutivo ya venía tejiéndose desde 2018, cuando el Presidente Sebastián Piñera se negó al firmar, con el argumento de que el acuerdo podría ocasionar problemas de soberanía frente a eventuales conflictos territoriales. A esto, hoy se suman otros temores como la posibilidad de que, firmado Escazú, Chile pueda ser llevado a tribunales internacionales.
Esta negativa ha generado alarma en movimientos ciudadanos, la comunidad científica, parlamentarios de oposición, ONGs y otros sectores, quienes han cuestionado los argumentos del Gobierno, promoviendo al mismo tiempo la adhesión urgente a este pacto, que busca fortalecer la democracia medioambiental.
Nélida Pohl, directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y Presidenta de ACHIPEC, se refiere a ello. “Es insólito que se hable de soberanía, cuando este Gobierno se abre por completo a los intereses económicos, vengan de donde vengan. ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria cuando se vulnera la producción nacional con acuerdos de libre comercio como Mercosur? Los supuestos beneficios ciudadanos de las industrias del sector extractivista y energético, por ejemplo, nunca se reparten a todas y todos, sino a los mismos poderes económicos. Los costos ambientales relacionados al desarrollo industrial tampoco se reparten de modo equitativo. Los beneficios ambientales se los quedan las empresas, y los costos ambientales se los quedan siempre los desposeídos, las comunidades rurales, los pobres, parafraseando a Los Prisioneros “los que sobran”. Lograr la justicia socioambiental es justamente lo que busca Escazú, y es por eso que amenaza al gobierno de Chile, no a las chilenas y chilenos”, asegura la comunicadora científica y Doctora en Ecología.
En ese contexto, Pohl realizó un llamado a las autoridades para que Chile reconsidere su actual postura y se una a este acuerdo que, hasta la fecha, tampoco ha sido firmado por Venezuela, Cuba, El Salvador y Honduras. “Conmino al Gobierno de Chile se adhiera a la voluntad de la ciudadanía y firme el Tratado de Escazú”, declaró. Este llamado también ha sido formulado por Greenpeace Chile, a través de su plataforma ciudadana “Hagamos Eco”, que ha conseguido el apoyo de más de 16 mil chilenos, solicitando al Presidente Sebastián Piñera, unirse a esta alianza Latinoamericana.
Puntos críticos
Si bien el Gobierno no ha asegurado que podría cambiar de opinión, en sus últimas declaraciones el Canciller Allamand señaló que aún se deben evaluar cuatro puntos críticos. Estos son: los cambios que el acuerdo traerá en la legislación ambiental chilena; cuál es el alcance interpretativo de algunos principios; qué tipo de obligaciones y compromisos Chile podría adquirir tras la firma y, por último, evaluar la posibilidad de que el país pudiese ser sometido a la justicia internacional.
Respecto a este último punto, Pohl enfatiza: “Nuestra democracia sigue siendo débil, y ambientalmente, los habitantes de Chile no tienen poder, ni voz para frenar la destrucción de nuestra casa, porque los ecosistemas son nuestra casa. Me parecería necesario que al menos, internacionalmente, se trate de proteger los intereses de las y los chilenos, algo que nuestro Estado no está haciendo. Ya vemos lo que sucedió con Augusto Pinochet. La democracia de Chile era demasiado débil como para juzgarlo dentro de nuestras fronteras. Por tanto, es relevante que los tribunales internacionales operen para intentar hacer justicia”.
Por su parte, Alejandra Troncoso, investigadora del IEB y de la Universidad de La Serena, comenta que la falta de compromiso con Escazú es una amenaza grave para nuestro país, que a su vez puede contribuir a acrecentar la brecha social.
“La crisis ambiental que sufrimos no tiene color político. Es una amenaza presente para el diálogo social. Y en la medida que un gobierno no muestra compromiso, ni coherencia entre el discurso y la acción, eso trae un costo político también. Hoy existe una fragilidad social y fractura interna muy delicada, y en ese sentido, me parece éticamente cuestionable y peligroso no darle el peso a las dimensiones que estas decisiones pueden traer”, comenta Troncoso.
En esa misma línea, Pohl añade que debemos mirar con suspicacia a un Gobierno que se niega a firmar un tratado que busca asegurar transparencia, en este caso la necesidad de transparentar los datos ambientales.
¿Por qué es tan importante Escazú?
En marzo de 2018, comenzó a dibujarse Escazú (Costa Rica), Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, negociaciones que estuvieron lideradas por Chile y Costa Rica. El tratado, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), es un instrumento jurídico pionero en protección ambiental y de derechos humanos, y sus beneficiarios son la población de nuestra región, particularmente, los grupos y comunidades más vulnerables.
Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
En ese marco, el Acuerdo otorga justicia en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de biodiversidad, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, entre otros aspectos. Del mismo modo, los países firmantes también se comprometen a dar protección a las defensoras y defensores del medioambiente y de la tierra.
Avanzar en este campo, podría ser crucial para abordar los conflictos socioambientales que traen, por ejemplo, la existencia de “zonas de sacrificio”, territorios mayormente sometidos a una fuerte actividad extractiva que trae consigo efectos dañinos en la salud y calidad de vida de la población y de nuestra biodiversidad.
