Cierre anticipado de termoeléctricas a carbón: organizaciones valoran el anuncio pero piden más ambición

En el marco de la COP25, realizada durante estos días en Madrid, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció el cierre adelantado de cuatro centrales de generación a carbón por casi 700 megawatts, las cuales serían reemplazadas por energías renovables, según la información emitida por la cartera. Se trataría de las centrales Ventanas 1, la que terminaría sus funciones en el año 2020, dos años antes de lo planificado; Ventana 2 el año 2022 en lugar del 2024; y dos centrales en Mejillones que cerrarían antes del 2024.

Para Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, este es un anuncio importante, en particular para comunidades como las de Quintero y Puchuncaví que han sufrido durante décadas los efectos de la contaminación que, solo el año pasado, dejaron a más de 1.600 personas intoxicadas. “Creemos que es una super buena noticia que las empresas finalmente hayan reconocido que sí podían adelantar el cierre de estas centrales. Creemos que, además, está previniendo un nuevo estallido social”, aseguró en entrevista con Ladera Sur.

En la misma línea, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, sostiene que “Chile tiene una matriz eléctrica con una capacidad instalada que casi duplica la demanda, por lo cual esto va en coherencia con lo que siempre hemos dicho de que el plan de descarbonización, que se presentó en junio de 2019, podría haber sido más exigente de lo que fue en ese momento. Entendemos que las circunstancias han cambiado y que Chile, como país que lleva la presidencia de la COP25, tiene que dar el ejemplo y en ese sentido, se ha allanado tanto el Gobierno como las empresas a anticipar el cierre de centrales termoeléctricas”.

“Cualquier avance en materia de cierre de termoeléctricas es bienvenido y cualquier avance en mejorar la situación de las zonas de sacrificio también. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta varias cosas. La primera es que los cierres y la prohibición de nuevas centrales debe quedar manifestada en una ley, la segunda es que deben adelantarse todos los cierres, para llegar sin termoeléctricas al 2030”, dice por su parte Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.

Más ambición

Actualmente, existen 28 termoeléctricas en el país, correspondientes a las empresas AES Gener, Enel, Colbún y Engie. Las centrales Ventanas 1 y 2 pertenecen a AES Gener, mientras que CTM1 y CTM2 son propiedad de Engie.

De acuerdo con el Ministerio de Energía, el 40% de la energía que se produce en Chile es con carbón, un combustible fósil que genera niveles considerables de contaminación local, así como gases de efecto invernadero. Por ello, el retiro de estas centrales constituye una parte esencial para la estrategia de Chile para ser Carbono Neutral al año 2050.

Cabe recordar que, en junio pasado, el Gobierno anunció el plan de descarbonización, el cual contemplaba el cierre de 8 termoeléctricas en un plazo de cinco años. Sin embargo, esto coincidió con el anuncio de la apertura de una nueva termoeléctrica a carbón en Mejillones, de la empresa francesa Engie, con una capacidad de 475 MW.

Frente a esto, el líder de la delegación de la Sociedad Civil por la Acción Climática en España, Samuel Leiva, afirma que recibe con moderación el anuncio de hoy “porque es una buena noticia que llega con mucha tardanza y demuestra que el plan de descarbonización ha sido insuficiente y con falta de ambición real. Esperamos que Engie no solo cierre las termoeléctricas más antiguas y contaminantes, sino que abandone definitivamente sus planes de construcción de la segunda unidad en Mejillones”.

Por su parte, Ingrid Wehr, representante de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich-Böll advierte: “Aún falta un cronograma de cierre para el resto de las termoeléctricas a carbón. El Plan de descarbonización anunciado en junio por el gobierno solamente contempla la revisión de la situación cada cinco años en mesas redondas con las empresas. Lo que debería ser un imperativo ético y político para el país que mantiene la presidencia de la COP25 se convierte así en un plan no vinculante que depende de la voluntad de las mismas empresas”.

Zonas de sacrificio

Otro de los aspectos esenciales de la descarbonización de la matriz energética son los derechos humanos involucrados, en especial aquellos de las comunidades que viven en las cinco zonas de sacrificio que existen en el país.

“Para ir de acuerdo con las exigencias tanto internas del país tras el estallido social, como las demandas que provienen de la urgencia que genera implementar acciones en relación con el cambio climático, Chile aun debería hacer algunas otras cosas. La primera de ella por supuesto tiene que ver con suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú, este es un importante acuerdo en materia ambiental y de derechos humanos para Latinoamérica y el Caribe”, recalca Liberona.

De acuerdo con un estudio realizado por KAS Ingeniería y Chile Sustentable, el país puede descarbonizar y cerrar todas las centrales a carbón al año 2030, lo que lograría – entre otras cosas – una reducción de emisiones de CO2 del orden de 30 millones de toneladas al año, al reemplazar los 3.600 MW de potencia media de generación a carbón, por tecnologías de generación renovables como la solar fotovoltaica, eólica, solar fotovoltaica con acumulación (baterías), entre otras.

“Si tú aplicas el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, lo lógico es que el sector de Energía, que es el principal emisor de CO2 en el caso de Chile – haga un esfuerzo. Que ellos, que tienen la capacidad económica y técnica, puedan hacer primero el gesto de mitigar, y por eso es que hemos señalado que son esas centrales las que tienen que hacer el gran esfuerzo, de cerrar de aquí al año 2030 o reconvertirse las que no alcancen a cumplir sus años de vida útil, para recuperar la inversión de aquí al año 2030”, subraya Larraín.

A esto se sumarían medidas de eficiencia energética por parte de las empresas que consumen el 30% de la energía, que son principalmente mineras, celulosas y cementeras.

“Si tú les pides que de aquí al año 2030 vayan siendo más eficientes en un 0,5% cada año, nosotros vamos a llegar al año 2030 con al menos una reducción del consumo de la energía de 5%, lo que implica una reducción del uso de energía y de emisiones enorme, es prácticamente el 25% de lo que requeriría reducir Chile dentro del compromiso del Acuerdo de París. Creemos que ahí hay otra medida que podrían tomar sectores como el minero, cementero y de celulosas, que hoy día tienen la capacidad económica y técnica de hacer medidas y planes de eficiencia energética”, agrega la directora ejecutiva de Chile Sustentable.

Por otro lado, el abogado de FIMA indica dos elementos relevantes para avanzar en esta materia: “Primero, observar cómo los cierres también implican un saneamiento de los territorios y nos aseguramos que la contaminación que han producido comience a recuperarse. En segundo lugar, la preocupación por la transición justa y, por lo tanto, el cuidado por los sistemas económicos y laborales en los lugares donde se cierran centrales, para que ello no signifique que las mismas personas que pagaron con su salud por una energía que fue para todos, ahora tengan que pagar con su pobreza por el fin de ese ciclo de destrucción”.

Otro de los requisitos, según la vocera de Heinrich Böll, sería que los planes de cierre vayan acompañados de planes de transición a energías renovables no convencionales (ERNC) en mesas redondas que incluyan a la ciudadanía, similar a la experiencia de la Mesa Energética para Magallanes.

Wehr concluye: “Creemos que un modelo energético más descentralizado, con participación de las comunidades y desde los territorios, que no esté controlado unilateralmente por las corporaciones y que piense la energía no como mercancía, sino desde la lógica de los derechos, es sumamente importante si queremos vincular la agenda climática con una agenda de derechos humanos”.