OPINIÓN | La cuenta corriente de nuestro capital natural
Diego Luna
A través de esta columna, nuestro colaborador Diego Luna Quevedo, nos plantea un debate sobre qué entendemos por riqueza y qué estamos dispuestos a sacrificar para crecer. El especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences señala que buscamos aumentar el PIB mientras agotamos acuíferos, degradamos suelos, perdemos bosques y destruimos humedales. Sin embargo, el capital natural no es un obstáculo para el desarrollo; sino que es parte de la cuenta corriente que hace posible nuestro futuro.
Nuestra región atraviesa una transformación política que tendrá consecuencias mucho más allá de las urnas. Esto no solo está modificando los equilibrios electorales, sino que también está disputando algo más profundo: el sentido común sobre el papel del Estado, la regulación y especialmente, nuestra relación con la naturaleza.
La pregunta de fondo es: ¿debemos entender la naturaleza como un patrimonio que sostiene nuestro desarrollo o como una reserva de recursos que debe ser liberada para acelerar el crecimiento? En buena parte de la región, incluyendo Chile, parece estar ganando terreno la segunda visión.
La promesa es conocida: menos regulaciones, menos permisos, menos burocracia y más inversión. En nombre de la urgencia por crecer, se plantea que la protección ambiental se ha convertido en un obstáculo que ralentiza proyectos, encarece inversiones y limita el aprovechamiento de los recursos naturales.
Está claro que los Estados deben ser capaces de aprobar proyectos de manera oportuna, reducir burocracia innecesaria y entregar certezas. Pero una cosa es hacer más eficiente la regulación y otra muy distinta es asumir que la regulación ambiental, por definición, es el problema.
La naturaleza no está fuera de la economía. Es parte de ella, los bosques regulan el agua y el clima, los humedales reducen riesgos de inundación, los suelos sostienen la producción agrícola y los océanos alimentan comunidades y economías. La biodiversidad permite servicios ecosistémicos fundamentales y los glaciares almacenan agua. Todos ellos son, en términos económicos, parte del capital natural que sostiene nuestra capacidad de producir y prosperar.
Un país puede aumentar su PIB mientras agota sus acuíferos, degrada sus suelos, pierde bosques, destruye humedales o reduce sus poblaciones de peces. Puede registrar crecimiento económico mientras, silenciosamente, se descapitaliza ecológicamente.
Convertir patrimonio natural en ingresos no es crear riqueza. Esta distinción resulta especialmente relevante frente al avance de una agenda política que presenta la protección ambiental como una imposición de élites, burócratas o grupos de interés, mientras la extracción de recursos es presentada como una expresión de libertad económica y sentido común.
Esta reacción contra las políticas ambientales no es exclusivamente latinoamericana. En distintos lugares del mundo se ha documentado un creciente green backlash: una resistencia política a las políticas climáticas y ambientales que ha encontrado en las fuerzas políticas populistas uno de sus principales vehículos. Su fortaleza radica, precisamente, en que no surge de la nada. Se alimenta de frustraciones reales: el costo de la energía, la pérdida de empleos, la sensación de abandono de territorios rurales, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de que algunas políticas ambientales se diseñan lejos de las comunidades que deben asumir sus costos.
Ignorar esas razones sería un error, pero también lo es responder a ellas debilitando las instituciones ambientales, reduciendo la participación ciudadana o relativizando los estándares que protegen bienes que nos pertenecen a todas y a todos.
Hay una segunda dimensión asociada a esta nueva hegemonía política: el debilitamiento de la gobernanza. Cuando la evaluación ambiental, la participación ciudadana, la fiscalización o el acceso a la información son presentados como obstáculos al desarrollo, lo que está en juego no es solamente una regulación específica. Es la capacidad de la sociedad para decidir colectivamente qué quiere proteger, qué está dispuesta a transformar y qué costos considera aceptables. Y esa es una discusión profundamente democrática.
La verdadera disyuntiva hoy no está en crecimiento versus medio ambiente. Esto es una falsa dicotomía. La discusión está entre dos modelos de crecimiento: uno que considera la naturaleza como un stock infinito que puede consumirse para generar ingresos en el presente y otro que entiende que conservar el capital natural es una condición paransostener la prosperidad futura.
Necesitamos inversión, empleo, energía, infraestructura y crecimiento, de eso no hay dudas. Es precisamente por eso que necesitamos conservar los sistemas naturales que hacen posibles esas actividades. No se trata de elegir entre economía y naturaleza, sino de reconocer que una economía que destruye sistemáticamente su base ecológica termina destruyendo también sus propias posibilidades.
El desafío político de los próximos años será, por tanto, mucho más profundo que defender o cuestionar determinadas normas ambientales. Será decidir qué entendemos por riqueza. Si el desarrollo consiste simplemente en convertir patrimonio natural en ingresos, podemos crecer durante un tiempo, pero estaremos gastando aquello quenecesitamos para seguir creciendo.
La cuenta corriente de nuestro capital natural puede quedar en rojo y si eso ocurre, no podremos financiar nuestro futuro gastando el patrimonio que necesitamos para llegar a él.
Diego Luna Quevedo es Especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences y representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano.
