OPINIÓN | América Latina ante la ONU: hablar de energía no basta para impulsar una transición justa

El debate general de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas reunió en Nueva York a líderes de todo el mundo para exponer sus prioridades ante la comunidad internacional. Fue también una oportunidad para conocer qué lugar ocupa la crisis climática en la agenda de América Latina. Tras revisar las intervenciones de once países de la región, la respuesta resulta preocupante: el clima apareció poco y, cuando se habló de energía, predominó su valor económico por sobre la necesidad de una transición justa.

Cada gobierno llegó a la Asamblea con sus propias urgencias. La seguridad, la desigualdad, los conflictos y las dificultades económicas requieren respuestas. Sin embargo, la crisis climática atraviesa todos esos desafíos. Las sequías, las inundaciones y la pérdida de biodiversidad ya afectan la vida y los medios de subsistencia de millones de personas en América Latina. Dejar el clima al margen de los grandes discursos políticos no lo vuelve menos urgente.

Entre las intervenciones revisadas hubo diferencias importantes. Brasil denunció el retroceso de la agenda climática internacional, pero al mismo tiempo defendió la exploración de nuevas reservas petroleras. Esa contradicción muestra los límites de un liderazgo que reconoce la crisis sin renunciar a expandir las actividades que la alimentan.

Chile, en cambio, abordó la transición energética desde el potencial estratégico del litio. Es cierto que minerales como este tienen un papel en las tecnologías necesarias para reducir emisiones. Pero extraerlos no equivale, por sí solo, a construir una transición justa. También importa cómo se protege el agua, qué ocurre con los ecosistemas y de qué manera participan las comunidades de los territorios donde se desarrollan estos proyectos.

Argentina ofreció otro ejemplo de la dirección que puede tomar el debate energético: su intervención promovió Vaca Muerta como una oportunidad de inversión. En otros discursos, los impactos del cambio climático o la protección de la naturaleza aparecieron de forma puntual, sin traducirse en una propuesta clara sobre el futuro energético de la región.

No todos los países dijeron lo mismo, ni cabe reducir sus posiciones a una sola postura. Pero el conjunto de las intervenciones deja una pregunta que América Latina necesita enfrentar: ¿queremos participar en la transición global únicamente como proveedores de energía y materias primas, o queremos definir también las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales ocurrirá?

La respuesta no puede limitarse a sustituir unas fuentes de energía por otras mientras se mantienen las mismas desigualdades. Una transición justa debe reducir la dependencia de los combustibles fósiles, proteger los ecosistemas y garantizar que las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan sus territorios. Debe considerar, además, a quienes ya están viviendo las consecuencias de la crisis climática y necesitan recursos para adaptarse.

América Latina cuenta con condiciones para desempeñar un papel decisivo: potencial de energías renovables, una biodiversidad extraordinaria y una sociedad civil que lleva años impulsando soluciones. Pero ese potencial no se convertirá automáticamente en liderazgo. Requiere una hoja de ruta y compromisos capaces de sostenerse más allá de los discursos y la voluntad de discutir las tensiones entre crecimiento, extracción de recursos y protección de la vida.

Rumbo a la COP31, la región tiene la oportunidad de llevar esa conversación al centro de la agenda internacional. Para hacerlo con credibilidad, sus gobiernos deben ir más allá de presentar la energía como una oportunidad económica. La pregunta que dejó la Asamblea General sigue abierta: ¿qué futuro está ayudando a construir América Latina y quiénes podrán beneficiarse de él?

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