Zona costera en Chile: se acumulan impactos negativos y la urgencia de una Ley de Costas
Las crecientes presiones sobre la zona hacen urgente la creación de una Ley de Costas que establezca un marco legal e institucionalidad pública especializada para esta zona de alto valor y sensibilidad. Este fue el tema que se abarcó en el seminario “Hacia una Nueva Gobernanza Costera”, del cual nos cuentan más detalles desde el Programa Austral Patagonia.
La costa chilena vive una serie de presiones debido al rápido aumento de usos que por largos años se han desarrollado sin una adecuada regulación. Hoy, la fragmentación de la normativa y la dispersión de responsabilidades institucionales, hacen difícil lograr un manejo sostenible y resiliente de los más de 100 mil kilómetros que tiene la costa de Chile, considerando las islas y patrimonio costero nacional. Durante diciembre 2020, se llevó a cabo el seminario “Hacia una Nueva Gobernanza Costera”, organizado por el Observatorio de la Costa y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN). En él se abordaron estas problemáticas que requieren urgente una normativa que logre una gestión costera más estructurada, más participativa y democrática, y que considere los nuevos escenarios frente al cambio climático.
En el bloque sobre Normativa e Institucionalidad, uno de los invitados fue el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, quien hizo un análisis sobre las dificultades para administrar el borde costero dada la dispersión de normas y responsabilidades institucionales. El Contralor destacó la diversidad social, cultural, patrimonial, antropológica y ambiental de la costa. Señaló, además, que estas características no se reflejan en la normativa e institucionalidad: “Tenemos una tarea pendiente como Estado. La legislación está fragmentada en distintos cuerpos normativos, de rango legal y la mayor parte de rango infra legal, es decir son reglamentos; y por otro lado hay una gran antigüedad de esa normativa”.
Sobre esta antigüedad, el Contralor dio como ejemplo la regulación que se refiere al uso del borde costero a través de las concesiones marítimas, “esto es de inicios de los años sesenta, y en un contexto en que se pensaba que la costa era infinita y que las presiones actuales no iban a ser tal. A esto se suma, la dispersión de responsabilidad donde participan municipalidad, servicios regionales y ministerios”, agregó.
Y si hablamos de una mirada más amplia sobre la dimensión marina de la zona costera en el sur de Chile, David Tecklin, investigador y académico de la Universidad Austral de Chile y codirector del Programa Austral Patagonia, señaló que “no existe un marco ‘constitucional’, es decir una definicion legal de cuál es el interés público en la zona costera y quiénes están autorizados para perseguir este objetivo. Tenemos una situación donde diversas entidades sectoriales establecen objetivos según sus mandatos legales individuales. Para ejemplificar, la costa interior de la isla grande de Chiloé, está dominada por una producción intensiva de miticultura y salmonicultura que ocupa la mayoría de los espacios de canales y fiordos, entonces me pregunto, ¿hubo una deliberación pública o decisión democrática sobre si queríamos zonificar esta costa así? Lo que hubo fue la ejecución de la Ley General de Pesca y Acuicultura por parte de SUBPESCA que generó una especie de zonificación de facto y todos los otros usuarios están obligados a acomodarse a este hecho. Es la regla en gran parte de la costa”, señaló.
Los panelistas del seminario, en sus distintos bloques, reafirmaron que en un país costero como Chile hay un tremendo vacío en cuanto a una gestión integrada y que es urgente abordar, ya sea a través de una ley de costas o por medio de las reformas que está viviendo el país, las que son oportunidades trascendentales para definir un interés público nacional por conservar los ecosistemas costeros humanos y orientar los usos actuales en una forma más sustentable.
La actual política nacional de usos del borde costero, creada además en un contexto muy diferente a la actual, ha tenido una aplicación limitada y no menciona temas críticos de hoy como el cambio climático, la conservación ambiental, derechos indígenas o consuetudinarios de la costa, y menos la gestión de hacer al país más resiliente frente a los cambios globales. Y sobre este punto, Tecklin señaló la importancia de actualizar las políticas para la zona costera, completar las zonificaciones mandatadas por la política actual pero nunca terminadas, e integrar los distintos instrumentos de conservación. En el mar Patagónico en particular, existe la oportunidad de generar un sistema extraordinario de conservación en base a la integración de las distintas figuras que tienen que ver con conservación, como son las áreas de manejo bentónicos, Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), áreas marinas protegidas, y las porciones marinas de parques y reservas nacionales.
Chile-California: mellizos trans-hemisféricos
Por una parte, las costas y mares de Chile se han visto afectados por múltiples impactos negativos producto del crecimiento urbano, las actividades económicas de alto impacto y el agotamiento de recursos que no solo producen degradación ambiental, sino que también representan un aumento de conflictos sociales. Todo esto hace aún más necesario y urgente un manejo integral de la costa. Y en eso, California tiene experiencia con un marco legal que ha logrado revertir los impactos y llevar a cabo una planificación territorial eficiente y una gestión integrada de zonas costeras.
Fue la experiencia compartida en el mismo seminario por Charles Lester, investigador y director de “Ocean and Coastal Policy Center” del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California de Santa Bárbara, y quien ha colaborado en los últimos años en distintos espacios de intercambio con Chile.
En su presentación, mostró el caso de California luego de cincuenta años de gobernanza costera y cómo este modelo podría aplicarse en el manejo de costas en Chile. El programa de California se ha construido “sobre la ley, la ciencia y la democracia, tres cosas bastantes críticas para el éxito” señaló, y también destacó la importancia de contar con instituciones públicas como la Comisión Costera de California cuya misión es velar por el interés público en la zona costera. En California esto ha incluido un énfasis en garantizar el acceso público a la costa aún en áreas de altísimo interés para el desarrollo, evitar construcción en zonas de riesgo, y de conservar el carácter agrícola y rural de la costa frente a presiones de urbanización. Todo esto en el contexto de un litoral que contribuye US$45 mil millones anualmente y 368.000 empleos a la economía del estado. “Particularmente para Chile, en este momento de cambios potenciales en la nueva constitución, hay una gran oportunidad para pensar cómo estructurar las leyes públicas con relación a los recursos naturales y desarrollo económico”, indicó el investigador.
Ésta y otras actividades que se están desarrollando en gobernanza costera están impulsando la urgencia que se requiere en esta materia. Carolina Martínez, geógrafa UC, investigadora de CIGIDEN, directora del Observatorio de la Costa y quien estuvo a cargo de la organización del seminario comentó sobre la jornada “Pocas veces hemos visto a actores tan diversos del ámbito de la academia, la toma de decisiones, las comunidades y el parlamento, unidos en promover una zona costera que lleve implícito elementos clave como sostenibilidad, resiliencia, gestión integrada y el reconocimiento de su carácter público. Esta reflexión y los resultados obtenidos de ambas jornadas sin duda nos permitirán avanzar de manera rápida a una propuesta de Ley de Costas, fundamentada en ciencia y construida mediante la participación y la colaboración de todos los actores sociales involucrados”.
