Un desastre poco visibilizado: Más de la mitad de accidentes con vehículos con cargas peligrosas en el Altiplano de Arica y Parinacota han sido en los últimos dos años

El 2026 no empezó bien para el Altiplano de la Región de Arica y Parinacota. 

El miércoles 7 de enero, la Corporación Nacional Forestal informó que activó los protocolos ambientales tras un volcamiento de camión en el kilómetro 140 de la Ruta 11-CH, en el bofedal Las Cuevas, dentro del Parque Nacional Lauca. El hecho provocó un derrame de petróleo del vehículo que llevaba una carga de 600 litros. 

El viernes 9 de enero, se informó sobre otro accidente al costado de la misma ruta, en el kilómetro 190, antes de entrar al área protegida. Transportaba 33 mil litros de diésel que, según se reportó, no alcanzaron quebradas ni cursos de agua.

El 10 de enero, más abajo del bofedal Las Cuevas, otro camión se dio vuelta. Freddy Medina, biólogo y presidente del Foro Indígena sobre Cambio Climático (FICC) comenta que, aunque se comunicó oficialmente que no había sucedido vertimiento, sus visitas al terreno sí constataron derrame de hidrocarburos. Sin embargo, no tienen cómo calcular cuánto combustible cayó. 

Lamentablemente, los volcamientos, derrames y desplazamientos de vehículos con carga peligrosa en la ruta internacional que une Chile y Bolivia (11-CH), en pleno Altiplano, son una realidad que continúa. El caso más reciente y famoso es el del lago Chungará, donde más de 20 mil litros de aceite de soya fueron vertidos en un importante y delicado ecosistema de humedal.

La Fundación Aka Pacha, dedicada a la conservación socioambiental del altiplano y la precordillera de la Región de Arica y Parinacota, ha tomado este tema como una bandera de lucha. En este contexto, reunieron y solicitaron, vía Transparencia a Carabineros, información sobre accidentes con cargas peligrosas en la zona. Con ello, más investigación con testimonios y registros en prensa, lograron concluir que desde 2010 han sucedido 55 accidentes de cargas peligrosas en la Ruta 11-CH. De esos, casi el 53% histórico se concentra en los años 2024 y 2025. Pero la cifra podría ser mayor.

“Estos datos no corresponden al total de accidentes ocurridos en los últimos años. Esto se debe a la existencia de un vacío de información y a una falta de sistematización por parte de las distintas instituciones, por lo que es probable que esta cifra sea considerablemente mayor”, comenta Sebastián Vidal, ingeniero en Conservación de Recursos Renovables de la Fundación Aka Pacha, agregando que parte de su trabajo ha sido ir actualizando la información. 

La ruta internacional

La gran mayoría de estos vehículos protagonistas de los accidentes cuentan con patente boliviana. Transitan a través de la Ruta 11-CH, un camino internacional que atraviesa el altiplano chileno y que conecta el océano Pacífico y Bolivia, teniendo 192 km de longitud. Desde sus inicios ha sido parte de un corredor bioceánico. Esta conexión es clave para el transporte de carga entre países y se estima que por la zona pasan diariamente 530 camiones. 

Su trazado pasa por Áreas Protegidas del Estado, como el Monumento Natural Quebrada Cardones y el Parque Nacional Lauca, en medio de la Reserva de la Biósfera Lauca. De esta forma, atraviesa ecosistemas altoandinos frágiles con baja capacidad de recuperación, como bofedales y cursos de agua que son esenciales no solo para el equilibrio ecológico del lugar, sino también para las comunidades indígenas que ahí habitan, la agricultura y el turismo. 

Su construcción empezó en la segunda mitad del siglo XX y ha sido una importante ruta de conexión desde ese entonces. Sin embargo, no ha estado exenta de accidentes que involucran cargas peligrosas. Los primeros se empezaron a reportar en los 90 y muchos de ellos han quedado fuera de los registros oficiales. Los mayores reportes empezaron en 2010 y su aumento los últimos años ha sido especialmente preocupante. 

Al respecto, Sebastián comenta que la falta de monitoreo en el tiempo ha hecho imposible cuantificar el impacto ambiental de los vertimientos: “La acumulación y el decantamiento de sustancias nocivas en ecosistemas altoandinos podrían generar efectos en cadena, cuyos impactos aún no han sido determinados con certeza”. 

Sin embargo, agrega que sí existe información técnica sobre los sitios de vertimiento, impactos a las comunidades y costos asociados para el Estado, entre otros antecedentes, lo que ha sido entregado a autoridades: “Esta información no se ha traducido en acciones efectivas de prevención, lo que evidencia una falta de acción. En muchos casos, existe una normalización de estos eventos, delegando la respuesta principalmente a las empresas aseguradoras (en el caso de los hidrocarburos), sin implementar medidas preventivas que eviten la ocurrencia de nuevos accidentes”. 

En la misma línea, Freddy advierte que muchas veces suceden accidentes que no están en las listas oficiales, pero que las comunidades sí presencian: “Como no son todos reportados, no podemos determinar a ciencia cierta el riesgo y las probabilidades de accidentes. Lo que queremos hacer es que disminuyan al máximo este tipo de accidentes, y eso se hace con datos y monitoreo constante”. 

De acuerdo información de bomberos y carabineros, recopilada por Aka Pacha, las principales causas de los accidentes son por falta de responsabilidad vial, es decir, exceso de velocidad, omisión de señaléticas, conducción en estado de ebriedad y tránsito de vehículos antiguos que no cumplen con la normativa. 

Dentro de toda la ruta, el kilómetro 117 es el punto crítico, seguidos por el 141, 102, 48 – 50 y 162. Para Marisol Huanca, concejala de Putre y habitante de Socoroma, esto se debe a la presencia de una curva en el km más afectado, además de que los camiones están transitando más de noche: “Hay que buscar alternativos de paso, quizás a través de tren o la ruta por Tacora; salidas que no sean la ruta 11-CH”.

Impactos que aún cuesta enfrentar 

Según las cifras de Aka Pacha, el 75% de los accidentes generan vertimientos con sustancias líquidas contaminantes para los ecosistemas. Principalmente, la mayor concentración se da en petróleo, es decir, un hidrocarburo. Al respecto, los impactos son variados y afectan a componentes bióticos (peces, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y la flora en general) y abióticos (agua y suelo). A eso les siguen los derrames de aceites vegetales, soya y semillas, entre otros. En todos los casos, las consecuencias a corto y largo plazo dependen de la naturaleza del vertimiento, aunque hay algo claro: sin duda hay efectos inmediatos y otros que dependen de la respuesta microbiana a largo plazo. 

En consecuencia, y en relación con las comunidades locales, también se ven afectados los servicios ecosistémicos que proveen los lugares, como aprovisionamiento, apoyo o soporte y regulación; así como también la economía, lo que se relaciona principalmente a la agricultura y ganadería.  

“Las personas somos parte del territorio, donde estamos unidos a lo físico, lo abiótico y lo biótico. Por ello, esto también nos afecta a nosotros como aymara”, comenta Freddy, ejemplificando que el último caso del lago Chungará, afectó también un bofedal cercano del cual se alimentan camélidos y otros animales. 

Ese derrame, sucedido en noviembre, ha sido uno de los que más atención mediática ha tenido. Aunque se ha avanzado en la respuesta de la crisis, expertos han apuntado a consecuencias poco claras en un ecosistema frágil.

Dentro de las últimas novedades al respecto, la Delegación Presidencial Provincial de Arica y Parinacota realizó una última actualización. En ella, se detalló que actualmente se encuentran supervisando la segunda etapa del trabajo que viene desarrollando desde los inicios la empresa Spill Tech. En esta labor, según explican, han extraído el 70% del derrame y realizan un retiro “técnico y fino” de los excedentes de aceite acumulados. Agregaron que detectaron el retorno de aves (principalmente taguas) que habían migrado y que se ha trabajado en la rehabilitación de la fauna afectada. 

Finalmente, Lino Antezana, director regional de Conaf aclaró que, una vez retirado el aceite en enero, la empresa entregará un diagnóstico de los residuos y la condición del lago para que luego se pueda desarrollar un monitoreo a corto plazo para los tipos de contaminantes. Olga Tesla Camp, delegada presidencial provincial, fue enfática en aclarar que el trabajo está a cargo del gobierno y que no están solicitando voluntarios ni dinero a terceros.  

Desde la ciudadanía, Freddy explica que, si bien es positiva la presencia en terreno, todavía hay muchos aspectos a tener en consideración: “Desde el punto de vista ecológico, aunque hayan vuelto aves, no significa que estén en su comportamiento habitual. El derrame puede haber alterado la concentración de oxígeno y favorecido el florecimiento de invertebrados y otros organismos que están en menor proporción en la condición normal del lago. Nuestra invitación como Foro Indígena sobre Cambio Climático es a fiscalizar con peritos externos independientes de CONAF. El punto es hacer una fiscalización robusta. Para ver mejoras tenemos que ver la proporción y de microorganismos en el nitrógeno y para eso hay que hacer estudios. La primera etapa debería ser contención, luego un diagnóstico y el desarrollo de un plan de remediación. Con las condiciones actuales, no se puede hacer eso”.

Por ello, actualmente se encuentran en una campaña de monitoreo socio – ecológico Salvemos Chungará, que busca realizarse hasta marzo de 2026, y que tiene como objetivos documentar la presencia de hidrocarburos en agua y sedimento; realizar análisis acreditados en laboratorio; monitorear y apoyar la atención de fauna afectada; mantener cadena de custodia y registro georreferenciado; y garantizar transparencia pública mediante informes y auditoría técnica si corresponde.

Aka Pacha, por su lado, recomienda impulsar a corto plazo, servicios de limpieza, planes para evitar recontaminación en periodo de lluvia, muestreos de seguimiento y relevamientos de biodiversidad. A mediano plazo, planea metas como diagnóstico técnico que evalúe impactos a nivel subsuperficial. Finalmente, a largo plazo, proponen la creación de un puerto seco en Visviri, mantenimiento y utilización de las redes ferroviarias y modificar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 —que establece el tránsito comercial entre países — para adicionar cláusulas asociadas a la mitigación y rehabilitación ambiental de impactos no previstos.

Ciudadanía en movimiento

El fin de semana del 16 de enero, organizaciones marcharon en Arica para exigir la declaratoria de zona de Catástrofe Ambiental en el lago Chungará, además de alertar por la falta de protocolos y pedir acciones urgentes del Estado, entre otros asuntos. Para los presentes, es importante actuar y prevenir futuras catástrofes en el altiplano. Además, realizaron la intervención “Ahí tienen su orina”, con el fin de visibilizar la contaminación silenciosa de desechos humanos y plásticos en rutas altiplánicas. 

En un ámbito más general, unos días antes, Aka Pacha presentó ante la Comisión de Zonas Extremas del Congreso, nuevamente, los datos que han recopilado para posicionar la problemática en los ecosistemas altoandinos como amenaza urgente. 

Entre ellos, presentaron una línea de tiempo que resume algunos casos emblemáticos, como el derrame de 32 mil litros en la Quebrada de Coaquilla (2010), 33 mil litros de petróleo (2012); 32 mil litros de petróleo 117 cerca de Socoroma (2016); 30 mil de petróleo, cerca del lago Chungará (2019); 33 mil litros en la Pampa de Chucuyo (2022), y unos meses después 30 mil de diésel más en el mismo kilómetro; volcamiento de 14 mil litros en Socoroma (2024), 26,4 mil litros de aceite de soya unos meses después. En 2025, el lago Chungará coronó el asunto con 25 mil litros de aceite de soya.

“La presentación de una línea de tiempo ordenada, con una lógica clara y basada en datos obtenidos íntegramente a través de la Ley de Transparencia, permitió que se oficiara a las instituciones públicas con competencias en esta problemática. Esto con el fin de aumentar y hacer más estrictas las fiscalizaciones a camiones de procedencia boliviana que transportan sustancias peligrosas por la Ruta 11-CH”, finaliza Sebastián.

Finalmente desde el FICC impulsan la Campaña Solidaria Salvemos Chungará, donde recaudan fondos para un monitoreo independiente.